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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR AGRARIO LA COMUNIDAD LACANDONA,
CONSTITUIDA CON BASE EN UN ENORME FRAUDE AGRARIO Son casi 126 ejidos los que se encuentran junto o dentro de Montes Azules, y la mayoría cuenta con resolución presidencial (entre 1972 y 1989); otros no tienen resolución pero son antiguos. El gobierno foxista ha hablado de medio centenar de comunidades "ilegales"; es decir, que afectan las 614 mil 321 hectáreas propiedad de los lacandones. Un latifundio que algunos autores consideran "enorme fraude agrario". Ahora, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, reconoce que el problema es ante todo agrario y anuncia que la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), y no su dependencia, encabezará las eventuales negociaciones. En su informe Montes Azules, ejemplo del reiterado fracaso de la política "conservacionista" de las áreas rurales en México y de los intereses creados que se esconden detrás de ello (2003), la organización civil de observación ambiental Maderas de Pueblo recuerda que la llamada Comunidad Lacandona se constituyó en marzo de 1972 por resolución presidencial de Luis Echeverría Alvarez, con "base en un enorme fraude agrario, mediante el cual se crea dolosamente un latifundio comunal para favorecer a tres poblados (dos de los cuales ni siquiera estaban allí) y únicamente a 66 familias de mayas caribes (falsamente llamados 'lacandones'), violando el derecho agrario previo de 47 poblados indígenas y 4 mil familias tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales, tan mayas como los caribes, asentadas en ese territorio desde los años 50 y 60, de las cuales 17 ya contaban con resolución presidencial". Dichos pueblos han sido periódicamente amenazados de desalojo, acusados primero de "invasores" del "territorio lacandón", y luego de "depredadores" de un área natural protegida. "La finalidad del fraude agrario llamado Comunidad Lacandona -prosigue el documento- en esos tiempos fue la explotación de maderas semi preciosas". Según Maderas del Pueblo, el decreto de José López Portillo que crea en 1978 la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules (Rebima) "no detuvo ni impidió la explotación maderera de Cofolasa, ni la expansión de ganadería en toda su zona de amortiguamiento. Siendo la primera reserva de la biosfera en México, tardó 22 años en contar con un plan de manejo (2000), el cual nuevamente ignora la realidad sociopolítica de la región". En los años pasados continuaron las acciones agrarias oficiales de dotación de ejidos sobre la "comunidad lacandona" y la propia Rebima, con el apoyo sistemático de una política de colonización y apoyos para la ganadería extensiva. Denominada mesa agraria-ambiental en tiempos de Zedillo-Albores (para atender el problema ya entonces candente de Montes Azules), con el cambio a Fox y Salazar quedó sólo en ambiental, donde las instituciones federales y estatales siguen abordando la cuestión desde un punto de vista ambiental-autoritario, presto al desalojo "violento si es necesario", en nombre de una conservación que trae aparejados intereses privados. SÍ
HABRÁ DESALOJOS EN MONTES AZULES, PERO SIN VIOLENCIA, AFIRMA LA SRA Este año se apagará el "foco rojo" de la reserva de la biósfera de Montes Azules y se resolverá la parte crítica, pero será hasta 2004 cuando quede totalmente resuelto el conflicto, sostuvo el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame. Precisó que las "reubicaciones" de los residentes de asentamientos irregulares están consideradas, pero se harán "sin violencia". Entrevistado al concluir la instalación del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario, precisó que antes de hacer los desalojos se localizarán las tierras para que la población tenga una propiedad social que le permita tener mejores condiciones de vida. Ayer mismo se instaló la mesa de negociaciones en Tuxtla Gutiérrez, en la que participarán funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación y la propia SRA, así como el gobierno de Chiapas, indicó. Dijo que el propósito es realizar un reordenamiento puntual de la selva Lacandona, revisar las posesiones de los diferentes grupos agrarios para definir quiénes fueron dotados y quiénes son irregulares pero tienen antigüedad de 20 años o más, así como de los que tienen menos tiempo para establecer un proceso de negociación que permita preservar la biósfera y respetar los derechos adquiridos por los núcleos agrarios. ANUNCIA SRA INSTALACIÓN
DE COMISIÓN PARA RESERVA Con el fin de "apagar" en un máximo de seis meses el foco rojo de los conflictos generados por las invasiones ayer quedó instalada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una comisión interinstitucional para la Reserva de la Biosfera Montes Azules, informó Florencio Salazar Adame, Secretario de la Reforma Agraria. Dijo que todas las instituciones de los Gobiernos federal y de Chiapas aprobaron el plan de acción en la zona lacandona que tiene un plan específico para resolver los 200 conflictos que existen y atender demandas de 72 grupos. Salazar Adame externó que la Secretaría de la Reforma Agraria tiene contemplado un soporte presupuestal de 150 millones de pesos para invertir este año en la solución del problema, dinero que se complementaría con 15 millones de euros que obtuvo como donación el Gobierno de Chiapas para resolver el problema de Montes Azules. En cuanto a la primera etapa de atención a la reserva, el titular de la SRA dijo que en los próximos seis meses se sentarán las bases de negociación y conciliación. Añadió que la dificultad es mayor al considerar que se trata de una gran extensión territorial en la que hay muchos intereses de por medio, con presencia de muchas organizaciones sociales, no gubernamentales y ambientalistas, más la presencia del poder público. El proyecto para solucionar las invasiones en la reserva ecológica contempla la reubicación de los asentamientos irregulares más recientes a través de la negociación y evita el uso de la fuerza pública. Gilberto Hershberger, subsecretario de Reordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, será el encargado de la comisión para Montes Azules que también integran representantes del Gobierno de Chiapas y de las Secretarías de Gobernación y Medio Ambiente, entre otras dependencias. APROVECHAN EMPRESARIOS
AGRÍCOLAS LA NECESIDAD CAMPESINA: UCD Las cifras que maneja la Secretaría de la Reforma Agraria en materia de privatización de tierra ejidal no coinciden con la realidad, pues mientras la dependencia asegura que menos del uno por ciento de la propiedad social ha pasado a manos privadas, cientos de hectáreas con arrebatadas por empresarios agrícolas que se aprovechan de la necesidad campesina. Así lo denunció José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), ante el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, durante la instalación del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario. Manifestó que la realidad obliga tanto a las organizaciones campesinas como a los funcionarios federales a revisar el marco jurídico-agrario. A este respecto, el titular de la SRA, Florencio Salazar, se comprometió a revisar el marco jurídico, por lo que destacó que se solicitará la intervención y asesoramiento de especialistas en el tema, para evitar males mayores. EN JUICIO POLÍTICO AL
JEFE DIEGO CITARÁN A DECLARAR A 25 PERIODISTAS Apoyado en pruebas que incluyen recortes y grabaciones periodísticas, e incluso con la previsión de llamar a comparecer a 25 reporteros de la fuente legislativa, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados interpuso ayer demanda de juicio político contra el senador panista Diego Fernández de Cevallos. El fundamento lo refieren en términos de que el legislador ha incurrido en violaciones graves a la Constitución, a leyes federales y usurpación de funciones, que implican destitución del cargo e inhabilitación, amén de alguna sanción pecuniaria. De las causales de la demanda, radicada con la firma de doce legisladores del PRD ante la Secretaría General de la Cámara Baja, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta estableció que Fernández de Cevallos es responsable de conductas "que encuadran dentro de los supuestos a los que se refiere el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos". Entre los casos imputables al senador en la figura de conflicto de intereses, señalan la defensa del Grupo Anáhuac, el litigio de la familia Ramos Millán contra la Secretaría de la Reforma Agraria y el de la empresa Jugos del Valle, que obligó a la Secretaría de Hacienda a devolver mil 800 millones de pesos por concepto de IVA; la defensa de los ex banqueros Carlos Cabal Peniche, Ángel Isidoro Rodríguez y Jorge Lankenau Rocha. TODO INDICA QUE EL
GOBIERNO VIOLENTA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS ÉTNIAS El gobierno mexicano violenta los derechos humanos de las etnias del país, aseveró aquí Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los pueblos indios. Sin embargo, manifestó que corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del organismo emitir una resolución y recomendación. Durante un encuentro con los ocho gobernadores tradicionales yaquis, en la guardia tradicional de la comunidad indígena de Tórim, encabezados por Octaviano Jécari Espinosa, Stavenhagen conoció la situación que impera en esta etnia. Los yaquis, en voz del gobernador Jécari Espinosa, plantearon que fueron despojados de unas 40 mil hectáreas de territorio mediante un decreto expropiatorio en 1997, emitido por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Jécari dijo que con ese decreto se beneficiaron importantes grupos empresariales y políticos de la región, entre los que destaca Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora y secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, quien se favoreció con unas 2 mil 500 hectáreas de lo que hoy constituye su rancho. Luego de conocer la situación de los yaquis, Stavenhagen dijo que existe una clara visión de que se están violentando los derechos humanos de esta etnia sonorense y los de otros grupos del país. Los yaquis confiaron en que con la recomendación que emitiría la Comisión de Derechos Humanos de la ONU puedan resolverse sus problemas históricos, principalmente los de tenencia de la tierra. Huicholes de Jalisco y Durango y grupos civiles de Chiapas plantearan diversos conflictos al relator especial Las autoridades huicholas de Jalisco y Durango lograron convencer al relator especial para Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rodolfo Stavenhagen, de que los visite este viernes en la comunidad Ocota de la Sierra, Jalisco, y no en Mesa del Tirador, como pretendía hacerlo, luego que en una misiva le plantearon que si no acudía a la asamblea en Ocota, mejor que no fuera a la sierra. Por otra parte, organismos no gubernamentales (ONG) de derechos humanos de Chiapas informaron que entregarán a Stavenhagen -durante su estancia en esa entidad, del 11 al 14 de junio- un documento en el que aseguran que los cuerpos policiacos chiapanecos utilizan la intimidación y la tortura como práctica cotidiana. En la denuncia que se entregará a Stavenhagen en Chiapas, el Centro de Derechos Indígenas, la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, entre otros, afirman que los cuerpos policiacos atentan contra la libertad, con arrestos y privaciones arbitrarias, así como contra la integridad personal, mediante torturas, lesiones, daños y robos en propiedad ajena. ORGANIZACIONES CAMPESINAS
MANEJO ELECTORERO
DEL ACUERDO PARA EL AGRO: CAMPESINOS Dirigentes campesinos hicieron ayer un llamado al presidente Vicente Fox para que deje de hacer un ''manejo electorero'' del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), ya que el anuncio que realizó el miércoles en Sonora -donde habrá elecciones-, de la restructuración de la cartera vencida por alrededor de 20 mil millones de pesos, es parte de las acciones inmediatas acordadas con las agrupaciones agrarias y que quedaron establecidas en ese documento. El mismo Banrural informó en un comunicado que ese programa de apoyo a los productores del campo era parte del cumplimiento de los compromisos establecidos por el Ejecutivo en el ANC, pero ahora la medida fue anunciada por el mandatario como ''una concesión graciosa'', consideró Max Correa, coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP). REACTIVAR AL AGRO
REQUIERE RECURSOS, NO DE ACUERDOS MIGRATORIOS: QUINTANA Cada día 600 hombres del agro deben renunciar a ser campesinos y emigrar. Una muestra de ello es que tan sólo en Chihuahua, entre 1995 y 2001, la población ocupada en el sector primario disminuyó casi 10 por ciento, al pasar de 19.4 a 8.9 puntos", señaló Víctor Quintana, asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), al ofrecer un ejemplo de uno de los derechos humanos que son vulnerados en el agro nacional. Al participar en la presentación del documento Pensar en el campo desde los derechos humanos, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Quintana manifestó, acerca de la migración campesina, que un acuerdo sería "un tanque de oxígeno para un moribundo", porque lo que se necesita es reactivar al campo con más presupuesto. Acerca de la violación al derecho de seguir siendo campesinos, Edgar Cortez, director del Prodh, resaltó que durante los "tres sexenios más recientes las medidas anticampesinas se han sucedido unas a otras, y como consecuencia la polarización de la desigualdad y la profundización de la pobreza se han extendido por todo el mundo rural". Entonces, agregó, el derecho a elegir y ejercer la profesión y vocación campesina, como medio para asegurarse una subsistencia decorosa y como forma de aportar en el proyecto de nación, no existe, porque el país carece de las condiciones para que los campesinos hagan efectivo ese derecho. ESTADOS CHIAPAS NIEGAN ALENTAR LAS
INVASIONES El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé De las Casas", que dirige el Obispo Samuel Ruiz, rechazó las acusaciones de la Profepa que lo señalan como promotor de los nuevos grupos invasores de la Reserva de la Biósfera Montes Azules. Francisco González, vocero del organismo, dijo que la participación del Centro en el tema de Montes Azules se limitó a acompañar a la comunidad de Nuevo San Rafael cuando ésta les pidió observadores y en recibir denuncias de algunas comunidades -como la desalojada de Arroyo San Pablo- porque el Gobierno incumplió su promesa de entregarle tierras. Para resolver el conflicto de Montes Azules, señaló, el Gobierno tiene que arreglar la problemática agraria de Chiapas. "Nuestra exigencia al Gobierno estatal ha sido entrar al fondo en la solución de los problemas agrarios. Las comunidades (invasoras) demandan que se les de tierra. Consideramos que no pueden ser expulsados por la fuerza sin atender el problema de fondo, que si consideran desalojarlos se atiendan antes los problemas que empujaron a los campesinos a entrar a la zona lacandona. ...
SECTOR AGRARIO LA COMUNIDAD LACANDONA,
CONSTITUIDA CON BASE EN UN ENORME FRAUDE AGRARIO Son casi 126 ejidos los que se encuentran junto o dentro de Montes Azules, y la mayoría cuenta con resolución presidencial (entre 1972 y 1989); otros no tienen resolución pero son antiguos. El gobierno foxista ha hablado de medio centenar de comunidades "ilegales"; es decir, que afectan las 614 mil 321 hectáreas propiedad de los lacandones. Un latifundio que algunos autores consideran "enorme fraude agrario". Ahora, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, reconoce que el problema es ante todo agrario y anuncia que la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), y no su dependencia, encabezará las eventuales negociaciones. En su informe Montes Azules, ejemplo del reiterado fracaso de la política "conservacionista" de las áreas rurales en México y de los intereses creados que se esconden detrás de ello (2003), la organización civil de observación ambiental Maderas de Pueblo recuerda que la llamada Comunidad Lacandona se constituyó en marzo de 1972 por resolución presidencial de Luis Echeverría Alvarez, con "base en un enorme fraude agrario, mediante el cual se crea dolosamente un latifundio comunal para favorecer a tres poblados (dos de los cuales ni siquiera estaban allí) y únicamente a 66 familias de mayas caribes (falsamente llamados 'lacandones'), violando el derecho agrario previo de 47 poblados indígenas y 4 mil familias tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales, tan mayas como los caribes, asentadas en ese territorio desde los años 50 y 60, de las cuales 17 ya contaban con resolución presidencial". Dichos pueblos han sido periódicamente amenazados de desalojo, acusados primero de "invasores" del "territorio lacandón", y luego de "depredadores" de un área natural protegida. "La finalidad del fraude agrario llamado Comunidad Lacandona -prosigue el documento- en esos tiempos fue la explotación de maderas semi preciosas". Según Maderas del Pueblo, el decreto de José López Portillo que crea en 1978 la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules (Rebima) "no detuvo ni impidió la explotación maderera de Cofolasa, ni la expansión de ganadería en toda su zona de amortiguamiento. Siendo la primera reserva de la biosfera en México, tardó 22 años en contar con un plan de manejo (2000), el cual nuevamente ignora la realidad sociopolítica de la región". En los años pasados continuaron las acciones agrarias oficiales de dotación de ejidos sobre la "comunidad lacandona" y la propia Rebima, con el apoyo sistemático de una política de colonización y apoyos para la ganadería extensiva. Denominada mesa agraria-ambiental en tiempos de Zedillo-Albores (para atender el problema ya entonces candente de Montes Azules), con el cambio a Fox y Salazar quedó sólo en ambiental, donde las instituciones federales y estatales siguen abordando la cuestión desde un punto de vista ambiental-autoritario, presto al desalojo "violento si es necesario", en nombre de una conservación que trae aparejados intereses privados. SÍ
HABRÁ DESALOJOS EN MONTES AZULES, PERO SIN VIOLENCIA, AFIRMA LA SRA Este año se apagará el "foco rojo" de la reserva de la biósfera de Montes Azules y se resolverá la parte crítica, pero será hasta 2004 cuando quede totalmente resuelto el conflicto, sostuvo el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame. Precisó que las "reubicaciones" de los residentes de asentamientos irregulares están consideradas, pero se harán "sin violencia". Entrevistado al concluir la instalación del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario, precisó que antes de hacer los desalojos se localizarán las tierras para que la población tenga una propiedad social que le permita tener mejores condiciones de vida. Ayer mismo se instaló la mesa de negociaciones en Tuxtla Gutiérrez, en la que participarán funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación y la propia SRA, así como el gobierno de Chiapas, indicó. Dijo que el propósito es realizar un reordenamiento puntual de la selva Lacandona, revisar las posesiones de los diferentes grupos agrarios para definir quiénes fueron dotados y quiénes son irregulares pero tienen antigüedad de 20 años o más, así como de los que tienen menos tiempo para establecer un proceso de negociación que permita preservar la biósfera y respetar los derechos adquiridos por los núcleos agrarios. ANUNCIA SRA INSTALACIÓN
DE COMISIÓN PARA RESERVA Con el fin de "apagar" en un máximo de seis meses el foco rojo de los conflictos generados por las invasiones ayer quedó instalada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una comisión interinstitucional para la Reserva de la Biosfera Montes Azules, informó Florencio Salazar Adame, Secretario de la Reforma Agraria. Dijo que todas las instituciones de los Gobiernos federal y de Chiapas aprobaron el plan de acción en la zona lacandona que tiene un plan específico para resolver los 200 conflictos que existen y atender demandas de 72 grupos. Salazar Adame externó que la Secretaría de la Reforma Agraria tiene contemplado un soporte presupuestal de 150 millones de pesos para invertir este año en la solución del problema, dinero que se complementaría con 15 millones de euros que obtuvo como donación el Gobierno de Chiapas para resolver el problema de Montes Azules. En cuanto a la primera etapa de atención a la reserva, el titular de la SRA dijo que en los próximos seis meses se sentarán las bases de negociación y conciliación. Añadió que la dificultad es mayor al considerar que se trata de una gran extensión territorial en la que hay muchos intereses de por medio, con presencia de muchas organizaciones sociales, no gubernamentales y ambientalistas, más la presencia del poder público. El proyecto para solucionar las invasiones en la reserva ecológica contempla la reubicación de los asentamientos irregulares más recientes a través de la negociación y evita el uso de la fuerza pública. Gilberto Hershberger, subsecretario de Reordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, será el encargado de la comisión para Montes Azules que también integran representantes del Gobierno de Chiapas y de las Secretarías de Gobernación y Medio Ambiente, entre otras dependencias. APROVECHAN EMPRESARIOS
AGRÍCOLAS LA NECESIDAD CAMPESINA: UCD Las cifras que maneja la Secretaría de la Reforma Agraria en materia de privatización de tierra ejidal no coinciden con la realidad, pues mientras la dependencia asegura que menos del uno por ciento de la propiedad social ha pasado a manos privadas, cientos de hectáreas con arrebatadas por empresarios agrícolas que se aprovechan de la necesidad campesina. Así lo denunció José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), ante el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, durante la instalación del Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario. Manifestó que la realidad obliga tanto a las organizaciones campesinas como a los funcionarios federales a revisar el marco jurídico-agrario. A este respecto, el titular de la SRA, Florencio Salazar, se comprometió a revisar el marco jurídico, por lo que destacó que se solicitará la intervención y asesoramiento de especialistas en el tema, para evitar males mayores. EN JUICIO POLÍTICO AL
JEFE DIEGO CITARÁN A DECLARAR A 25 PERIODISTAS Apoyado en pruebas que incluyen recortes y grabaciones periodísticas, e incluso con la previsión de llamar a comparecer a 25 reporteros de la fuente legislativa, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados interpuso ayer demanda de juicio político contra el senador panista Diego Fernández de Cevallos. El fundamento lo refieren en términos de que el legislador ha incurrido en violaciones graves a la Constitución, a leyes federales y usurpación de funciones, que implican destitución del cargo e inhabilitación, amén de alguna sanción pecuniaria. De las causales de la demanda, radicada con la firma de doce legisladores del PRD ante la Secretaría General de la Cámara Baja, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta estableció que Fernández de Cevallos es responsable de conductas "que encuadran dentro de los supuestos a los que se refiere el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos". Entre los casos imputables al senador en la figura de conflicto de intereses, señalan la defensa del Grupo Anáhuac, el litigio de la familia Ramos Millán contra la Secretaría de la Reforma Agraria y el de la empresa Jugos del Valle, que obligó a la Secretaría de Hacienda a devolver mil 800 millones de pesos por concepto de IVA; la defensa de los ex banqueros Carlos Cabal Peniche, Ángel Isidoro Rodríguez y Jorge Lankenau Rocha. TODO INDICA QUE EL
GOBIERNO VIOLENTA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS ÉTNIAS El gobierno mexicano violenta los derechos humanos de las etnias del país, aseveró aquí Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los pueblos indios. Sin embargo, manifestó que corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del organismo emitir una resolución y recomendación. Durante un encuentro con los ocho gobernadores tradicionales yaquis, en la guardia tradicional de la comunidad indígena de Tórim, encabezados por Octaviano Jécari Espinosa, Stavenhagen conoció la situación que impera en esta etnia. Los yaquis, en voz del gobernador Jécari Espinosa, plantearon que fueron despojados de unas 40 mil hectáreas de territorio mediante un decreto expropiatorio en 1997, emitido por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Jécari dijo que con ese decreto se beneficiaron importantes grupos empresariales y políticos de la región, entre los que destaca Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador de Sonora y secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, quien se favoreció con unas 2 mil 500 hectáreas de lo que hoy constituye su rancho. Luego de conocer la situación de los yaquis, Stavenhagen dijo que existe una clara visión de que se están violentando los derechos humanos de esta etnia sonorense y los de otros grupos del país. Los yaquis confiaron en que con la recomendación que emitiría la Comisión de Derechos Humanos de la ONU puedan resolverse sus problemas históricos, principalmente los de tenencia de la tierra. Huicholes de Jalisco y Durango y grupos civiles de Chiapas plantearan diversos conflictos al relator especial Las autoridades huicholas de Jalisco y Durango lograron convencer al relator especial para Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rodolfo Stavenhagen, de que los visite este viernes en la comunidad Ocota de la Sierra, Jalisco, y no en Mesa del Tirador, como pretendía hacerlo, luego que en una misiva le plantearon que si no acudía a la asamblea en Ocota, mejor que no fuera a la sierra. Por otra parte, organismos no gubernamentales (ONG) de derechos humanos de Chiapas informaron que entregarán a Stavenhagen -durante su estancia en esa entidad, del 11 al 14 de junio- un documento en el que aseguran que los cuerpos policiacos chiapanecos utilizan la intimidación y la tortura como práctica cotidiana. En la denuncia que se entregará a Stavenhagen en Chiapas, el Centro de Derechos Indígenas, la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, entre otros, afirman que los cuerpos policiacos atentan contra la libertad, con arrestos y privaciones arbitrarias, así como contra la integridad personal, mediante torturas, lesiones, daños y robos en propiedad ajena. ORGANIZACIONES CAMPESINAS
MANEJO ELECTORERO
DEL ACUERDO PARA EL AGRO: CAMPESINOS Dirigentes campesinos hicieron ayer un llamado al presidente Vicente Fox para que deje de hacer un ''manejo electorero'' del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), ya que el anuncio que realizó el miércoles en Sonora -donde habrá elecciones-, de la restructuración de la cartera vencida por alrededor de 20 mil millones de pesos, es parte de las acciones inmediatas acordadas con las agrupaciones agrarias y que quedaron establecidas en ese documento. El mismo Banrural informó en un comunicado que ese programa de apoyo a los productores del campo era parte del cumplimiento de los compromisos establecidos por el Ejecutivo en el ANC, pero ahora la medida fue anunciada por el mandatario como ''una concesión graciosa'', consideró Max Correa, coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP). REACTIVAR AL AGRO
REQUIERE RECURSOS, NO DE ACUERDOS MIGRATORIOS: QUINTANA Cada día 600 hombres del agro deben renunciar a ser campesinos y emigrar. Una muestra de ello es que tan sólo en Chihuahua, entre 1995 y 2001, la población ocupada en el sector primario disminuyó casi 10 por ciento, al pasar de 19.4 a 8.9 puntos", señaló Víctor Quintana, asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), al ofrecer un ejemplo de uno de los derechos humanos que son vulnerados en el agro nacional. Al participar en la presentación del documento Pensar en el campo desde los derechos humanos, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Quintana manifestó, acerca de la migración campesina, que un acuerdo sería "un tanque de oxígeno para un moribundo", porque lo que se necesita es reactivar al campo con más presupuesto. Acerca de la violación al derecho de seguir siendo campesinos, Edgar Cortez, director del Prodh, resaltó que durante los "tres sexenios más recientes las medidas anticampesinas se han sucedido unas a otras, y como consecuencia la polarización de la desigualdad y la profundización de la pobreza se han extendido por todo el mundo rural". Entonces, agregó, el derecho a elegir y ejercer la profesión y vocación campesina, como medio para asegurarse una subsistencia decorosa y como forma de aportar en el proyecto de nación, no existe, porque el país carece de las condiciones para que los campesinos hagan efectivo ese derecho. ESTADOS CHIAPAS NIEGAN ALENTAR LAS
INVASIONES El Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé De las Casas", que dirige el Obispo Samuel Ruiz, rechazó las acusaciones de la Profepa que lo señalan como promotor de los nuevos grupos invasores de la Reserva de la Biósfera Montes Azules. Francisco González, vocero del organismo, dijo que la participación del Centro en el tema de Montes Azules se limitó a acompañar a la comunidad de Nuevo San Rafael cuando ésta les pidió observadores y en recibir denuncias de algunas comunidades -como la desalojada de Arroyo San Pablo- porque el Gobierno incumplió su promesa de entregarle tierras. Para resolver el conflicto de Montes Azules, señaló, el Gobierno tiene que arreglar la problemática agraria de Chiapas. "Nuestra exigencia al Gobierno estatal ha sido entrar al fondo en la solución de los problemas agrarios. Las comunidades (invasoras) demandan que se les de tierra. Consideramos que no pueden ser expulsados por la fuerza sin atender el problema de fondo, que si consideran desalojarlos se atiendan antes los problemas que empujaron a los campesinos a entrar a la zona lacandona.
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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