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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN PLAZA
PÚBLICA ...
MOLINO
DEL REY ...
YOSOTATU:
ENTRE LA VIOLENCIA Y LA INDOLENCIA ...
SECTOR
AGRARIO DEMANDA LA SRA A LA
SUPREMA CORTE REVISAR EL CASO DE SANTA ÚRSULA COPA ...
APORTACIONES AL SECTOR
AGRARIO ...
SECTOR
AGROPECUARIO REQUIERE EL GOBIERNO PODA
Y SACUDIDA EN SUS
ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS ...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO IMPLICAN A DOS EX
FUNCIONARIOS DE INVASIÓN EN HUIXQUILUCAN ...
PLAZA
PÚBLICA Tierra ensangrentada Desde
que en 1997 obtuvo una resolución favorable en un tribunal agrario,
la comunidad de San Pedro Yosotatu, en la Mixteca oaxaqueña, ha
sufrido embates armados de habitantes de San Sebastián Nopalera, el
último de los cuales hizo desaparecer a varias personas, apenas el 24
de noviembre. El subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural
de la Secretaría de la Reforma Agraria, Gilberto J. Hershberger, se
ha reunido tres veces ya, a partir de julio, con representantes de la
comunidad de San Pedro Yosotatu, pero no ha surgido de sus encuentros
ninguna solución a su problema. Apenas
el domingo en Chiapas fueron acribilladas ocho personas, el procurador
de Justicia Mariano Herrán Salvatti explicó que se trata de
rencillas derivadas de un litigio por posesión de tierras. En
Oaxaca, están en curso 656 conflictos agrarios. Eso consta en un
reporte oficial fechado en 2001. De ellos, 53 están clasificados como
"de atención especial". De aquel total, 167 conflictos
ocurren en la Mixteca. Involucran a 332 comunidades indígenas, de 130
municipios. La suma de las superficies en disputa alcanza casi 100 mil
hectáreas. Son problemas añejos, el más reciente de los cuales data
de un lustro, el promedio de antigüedad es de 40 años, y hay por lo
menos uno que se ha extendido alrededor de dos siglos. En
San Pedro Yosotatu hay tierras ejidales y comunales. Estas fueron
tituladas por resolución presidencial del 28 de abril de 1953, y
miden mil 357 hectáreas. Aquéllas suman casi 500 hectáreas, la
mayor parte de las cuales fueron dotadas el 16 de abril de 1931 (y sólo
seis en 1948). Pero los ejidatarios de San Sebastián Nopalera han
pugnado por la posesión de esas superficies, en la pretensión de que
les pertenecen. Más de una vez, aun antes de la titulación, pero
sobre todo después de ella, ocurrieron choques por la posesión. A
partir de 1999, las cosas han ido de mal en peor. A partir de julio,
las autoridades de la comunidad agraviada se han reunido tres veces
con el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA,
Gilberto J. Hershberger. Pero ningún resultado brotó aún de esos
encuentros. Y es que, se quejan los ofendidos, las autoridades locales
y la federal pretenden que los invadidos presenten propuestas de
solución, en vez de cumplir su deber, que sin más consiste en hacer
valer la ley. MOLINO
DEL REY Durante
la presente reunión de alcaldes realizada en Morelia, la empresa
Millot Etudes Poliques, hizo una encuesta ente los cientos de
asistentes, sobre quienes son sus favoritos para las gubernaturas que
se disputarán en 2004. Entre los resultados de este ejercicio:
Guerrero, Florencio Salazar, 28%. YOSOTATU:
ENTRE LA VIOLENCIA Y LA INDOLENCIA El
24 de noviembre pasado, ejidatarios de San Sebastián Nopalera,
fuertemente armados y protegidos desde las altas esferas de la política
por Salomón Jara Cruz y Rafael Bautista Mejía -dirigentes de la Unión
Campesina Democrática de Oaxaca-, atacaron el ejido de San Pedro
Yosotatu, en la Mixteca oaxaqueña, mientras la comunidad levantaba su
cosecha de las pocas tierras que los invasores les dejaron desde 1998,
año en que comenzaron a invadir sus tierras, legalmente tituladas. La
agresión dejó un saldo de cuatro ejidatarios desaparecidos, cuyo
paradero se desconoce. El
ataque fue un acto largamente anunciado por los agresores y denunciado
por las víctimas, sin que ninguna autoridad estatal o federal hiciera
algo por impedirlo. Los ejidatarios de San Pedro Yosotatu pasaron años
ante diversas autoridades, federales y estatales, denunciando los
despojos de sus tierras y las agresiones a mano armada, pero quienes
los atendieron no resolvieron el problema. Lo
último que hicieron fue llevar el asunto ante la Secretaría de la
Reforma Agraria, pero ahí, como en otras dependencias
gubernamentales, pidieron a los agraviados que plantearan alternativas
de solución cuando ésta no era otra que aplicar la ley: la restitución
de su derecho y castigo a los invasores para que la calma pudiera
imperar en la región. Pero no lo hicieron. El Estado abdicó de su
responsabilidad de brindar seguridad a sus ciudadanos que se la exigían;
como consecuencia de esa omisión, se generó un clima de impunidad
que envalentonó a los agresores, lo cual agravó el problema hasta
llegar a la situación en que hoy se encuentra, en la cual tenemos que
lamentar la desaparición de cuatro personas, cuya única culpa fue
esperar que las autoridades aplicaran la ley que les garantiza su
derecho a la tierra. Para
desgracia de las comunidades indígenas, estos hechos se están
volviendo algo cotidiano en la Mixteca oaxaqueña. Estamos
ante una grave situación que espera el concurso de todos, si no
queremos que siga creciendo hasta convertirse en un problema social.
Tenemos el deber moral de contribuir a que la violencia deje de ser el
método cotidiano de solución de los conflictos. La responsabilidad
final es de los tres niveles de gobierno, obligados por ley a
encontrar la solución. A las autoridades, que no resolvieron el
problema a tiempo, corresponde abrir caminos de entendimiento para
lograrlo. Ojalá no lo olviden, pues si los agravios se acumulan
pueden desatar la ira popular. Por lo pronto tienen obligación de
encaminar sus esfuerzos a que las cuatro personas desaparecidas de San
Pedro Yosotatu aparezcan antes de que otra cosa suceda. DEMANDA LA SRA A LA
SUPREMA CORTE REVISAR EL CASO DE SANTA ÚRSULA COPA El
caso de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán y
manejado por el despacho jurídico de Diego Fernández de
Cevallos está plagado de corruptelas y es necesario que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación revise la sentencia de amparo que
obliga a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a pagar mil 200
millones de pesos, declaró Gilberto Hershberger, subsecretario de
Ordenamiento de la Propiedad Rural. La
persona que inició el juicio de daños y perjuicios –Armando Bernal
Estrada-, explicó el funcionario, no es el mismo que lo ganó, y el
segundo no es el representante legal, para poder ser beneficiario del
fallo que dictó a favor del dueño del predio el Juzgado Décimo de
Distrito en 2001 tendría que ser el representante legal. Previamente
el procurador agrario, Isaías Rivera entregó los premios del octavo
premio de estudios agrarios y del sexto certamen de investigación
agraria a Ubaldo Dzib y a Juan Manuel Ramírez Garibay, presentados en
ambas categorías. APORTACIONES
AL SECTOR AGRARIO El
procurador agrario, Isaías Rivera Rodríguez, encabezó junto con el
subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto
Hershberger Reyes, representante personal del titular del ramo,
Florencio Salazar Adame, la ceremonia de entrega de reconocimientos a
los ganadores del VIII Premio Estudios Agrarios y VI Certamen
Investigación Agraria 2003, con los que se promueve la participación
ya aportación de ideas de investigadores, con los que se promueve la
participación y aportación de ideas de investigadores y servidores
del sector sobre la cuestión agraria del país. REQUIERE EL GOBIERNO PODA
Y SACUDIDA EN SUS
ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS El
gobierno federal requiere ''una poda y una sacudida'' en las
estructuras administrativas, a fin de que éstas cumplan cabalmente
con sus objetivos, señaló Juan Antonio Fernández Ortiz, director
general de Apoyos de la Secretaría de Agricultura. Lo
anterior lo expresó al referirse a la eventual desincorporación de
16 organismos, de los cuales ocho tienen vinculación con los sectores
agropecuario y de medio ambiente; entre las dependencias citadas por
el Ejecutivo en su proyecto presupuestal para 2004, destacan los
institutos de Investigación Forestal, de Capacitación a Productores,
así como la Comisión de Zonas Aridas. El
funcionario indicó que en los primeros tres años del gobierno
foxista, el énfasis ha sido optimizar recursos, toda vez que para el
próximo año se solicitaron 108 mil millones de pesos para el sector
rural, cifra similar a la ejercida al cierre de este año. Agregó
que en el caso de los esquemas de apoyo a la comercialización -cuyo
eje es el Procampo- ''el balance es un cambio de carril... es decir,
no podemos hablar de una tarea concluida, pero sí que hemos actuado
con honestidad y transparencia''. ESTADO
DE MÉXICO IMPLICAN A DOS EX
FUNCIONARIOS DE INVASIÓN EN HUIXQUILUCAN Dos
ex funcionarios de Huixquilucan están involucrados en las invasiones
de predios, acusados de abuso de autoridad y falsificación de
documentos. La
Procuraduría mexiquense informó que Humberto Rocha, ex director de
Desarrollo Urbano; y Salvador Villegas, ex director jurídico de la
misma dependencia, tienen giradas ordenes de aprehensión bajo la
causa penal 188/2003-2. El
Subprocurador de Tlalnepantla, Rogelio Figueroa, dijo que el Juez
Segundo Penal con sede en Barrientos giró las órdenes de aprehensión
el 31 de julio; pero los funcionarios no fueron detenidos a pesar de
que estuvieron en el cargo hasta el 17 de agosto. A
los empresarios se les imputan delitos de despojo por la demanda que
interpuso Bastida, uso de documentos falsos, y falsificación la firma
de Beatriz González de Muciño en la venta del 52 por ciento del
terreno que realizó en 1927. El
Procurador de Justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete, dijo
que se demostró que los ex funcionarios municipales se habían
coludido con los inmobiliarios para falsear títulos de propiedad y
sustraer documentos oficiales. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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