Sábado 16 de marzo de 2002 Sábado 16 de marzo de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • La Jornada • El Día
Milenio Diario • Unomásuno • El Sol de México
VUELVEN
A APLAZAR AUDIENCIA SOBRE ATENCO.
Almendra Vázquez Bravo, El Universal, página 19, sábado 16 de marzo.
El juez sexto de Distrito, José Antonio Sánchez Castillo, pospuso por cuarta
ocasión la audiencia constitucional para el núcleo agrario de San Salvador
Atenco, que asesora el jurista Ignacio Burgoa Orihuela.
IMPIDEN
EN ATENCO INSPECCIÓN DE PARCELAS.
Javier Salinas y René R. Alvarado, La Jornada, página 16, sábado 16 de marzo.
Campesinos en resistencia de San Salvador Atenco impidieron que peritos del
Poder Judicial accedieran a sus poblados
para realizar una inspección en sus parcelas, presuntamente para realizar
pruebas periciales en materia de agronomía y en materia de valuación, derivado
del proceso generado por la demanda de amparo que el ejido de Acuexcomac
interpuso en juzgados de Nezahualcóyotl.
PRIMERO
MUERTOS QUE DEJAR LAS TIERRAS, REITERAN.
Javier Muñoz Flores, El Día, página 8, sábado 16 de marzo.
Los ejidatarios de San Salvador Atenco empuñarán de nueva cuenta los machetes
para defender sus tierras, hasta las últimas consecuencias, si los gobiernos
federal y estatal pretenden adueñarse de ellas para la construcción del nuevo
aeropuerto en terrenos del ex lago de Texcoco.
SE
ALISTAN FUERZAS DE SEGURIDAD PARA DESALOJAR 35 COMUNIDADES DE LA RESERVA MONTES
AZULES.
Hermann Bellinghausen, La Jornada, página 15, sábado 16 de marzo.
El operativo de desalojo-reubicación de las comunidades ubicadas en los
codiciados extremos de la reserva de la biosfera Montes Azules está prácticamente
en marcha. Aprovechando el tiempo de secas, la fuerza pública federal e incluso
el Ejército se estarían preparando para entrar a la selva y sacar a los
pobladores de cuando menos 35 comunidades indígenas asentadas ahí. Esta vieja
obsesión del zedillismo se ha vuelto un asunto de seguridad, ya no nacional,
sino internacional. Para el gobierno federal, se trata de un serio problema de
"ingobernabilidad".
ULTIMÁTUM
DE TEPEHUANOS A COMUNEROS DE ZACATECAS.
Juan Carlos Rodríguez, Milenio Diario, página 9, sábado 16 de marzo.
Los indígenas tepehuanos duranguenses, quienes incluso, afilan ramas para
utilizarlas como lanzas, dieron un ultimátum a los ejidatarios de Bernalejo de
la Sierra, Zacatecas, para que a más tardar el próximo lunes se retiren del
lugar, de lo contrario “serán desalojados por nuestra comunidad”, señala
un documento que hicieron llegar a los zacatecanos.
PREVÉN
CHOQUE ENTRE CAMPESINOS E INDÍGENAS, POR DISPUTA DE TIERRAS.
Nota informativa, Unomásuno, página 6, sábado 16 de marzo.
Diputados zacatecanos de todos los partidos advirtieron ayer del riesgo de
enfrentamientos armados y derramamiento de sangre entre campesinos de Zacatecas
e indígenas tepehuanos de Durango, por la inacción del gobierno federal ante
un conflicto por la tenencia de los terrenos forestales, detrás del cual hay
intereses de poderosas compañías madereras y que dejaría a la primera de
ambas entidades sin cinco mil 474 hectáreas de su territorio.
REDUCEN
ASENTAMIENTOS EN ECATEPEC.
Gabriel Xantomila, El Sol de México. página 4, sábado 16 de marzo. También
se publica en Unomásuno.
Para reducir el índice de asentamientos irregulares que existen en el municipio
de Ecatepec y otorgar seguridad jurídica a las familias que habitan el
territorio, serán regularizadas más de 168 hectáreas de los ejidos de San
Cristóbal y Santa María Tulpetlac, informó María Elena Rábago Echegoyen,
titular de la Procuraduría Municipal de la Tenencia de la Tierra.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
VUELVEN
A APLAZAR AUDIENCIA SOBRE ATENCO.
Almendra Vázquez Bravo, El Universal, página 19, sábado 16 de marzo.
El
juez sexto de Distrito, José Antonio Sánchez Castillo, pospuso por cuarta
ocasión la audiencia constitucional para el núcleo agrario de San Salvador
Atenco, que asesora el jurista Ignacio Burgoa Orihuela.
El
motivo fue porque las autoridades federales aún no presentan la totalidad de
las pruebas que justifiquen la utilidad pública de la expropiación de 1054
hectáreas ejidales.
José
Antonio Morales Domínguez, integrante del Despacho Burgoa, informó en
entrevista que la audiencia fue diferida ayer y se cambió la fecha para el próximo
19 de abril.
Recordó
que a mediados de febrero el jurista presentó una ampliación de demanda en
favor del núcleo de San Salvador Atenco, para que las autoridades expliquen por
qué presentaron una serie de estudios en idioma inglés para demostrar la
viabilidad de construir el aeropuerto en los ejidos; además argumentó motivos
de inconstitucionalidad en la decisión del gobierno federal.
"El
gobierno federal no ha remitido la totalidad de pruebas, ni presentado el
informe justificado de la ampliación de demanda que realizó el doctor Burgoa a
mediados de febrero", dijo Morales Domínguez. Burgoa Orihuela solicitó a
las autoridades federales otros documentos donde expliqué por qué la
"urgencia" de construir el aeropuerto en fechas próximas si el
decreto expropiatorio señala que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
será insuficiente "a futuro"; es decir, todavía le quedan varios años
de vida útil, señaló el abogado.
También
requirió que se entregue el estudio del Programa Universitario del Medio
Ambiente para decidir por Texcoco como el sitio idóneo para instalar el
aeropuerto.
IMPIDEN
EN ATENCO INSPECCIÓN DE PARCELAS.
Javier Salinas y René R. Alvarado, La Jornada, página 16, sábado 16 de marzo.
Campesinos
en resistencia de San Salvador Atenco impidieron que peritos del Poder Judicial
accedieran a sus poblados para realizar una inspección en sus parcelas,
presuntamente para realizar pruebas periciales en materia de agronomía y en
materia de valuación, derivado del proceso generado por la demanda de amparo
que el ejido de Acuexcomac interpuso en juzgados de Nezahualcóyotl.
Este
viernes los peritos sobrevolaron en helicóptero la zona expropiada por el
gobierno federal y por unos instantes pudieron descender entre los ejidos de
Nexquipayac y Acuexcomac. Sin embargo, cientos de labriegos se opusieron a que
realizaran cualquier recorrido.
Los
peritos se presentaron en Acuexcomac debido a que en el proceso de la demanda de
amparo de este ejido, el ex presidente del comisariado ejidal, Lorenzo de la
Rosa Pineda, había solicitado -sin la autorización de la asamblea- la
intervención de peritos para que fueran valuadas sus parcelas.
Una
vez que De la Rosa fue destituido del cargo por diversas acciones de negociación
contrarias a los intereses de los ejidatarios, esta situación se hizo pública.
Las
nuevas autoridades ejidales de Acuexcomac, encabezadas por Gerardo González
González, ya promovieron ante los juzgados quinto y sexto de Nezahualcóyotl el
desistimiento de las pruebas de inspección pericial en materia de agronomía y
valuación, para evitar que los funcionarios recorrieran sus parcelas, e
indicaron que no quieren negociación alguna sobre la venta de sus tierras.
A
pesar de que los juzgados aseguraron a los campesinos de Acuexcomac que se
desecharía la solicitud de las anteriores autoridades ejidales, el compromiso,
señalaron, no se cumplió y este viernes los peritos de la Policía Judicial se
presentaron en el lugar.
En
tanto, los nuevos representantes ejidales se presentaron este día ante los
juzgados quinto y sexto de distrito con sede en Nezahualcóyotl, con el propósito
de ratificar a cada uno de los jueces del cambio de los integrantes de la mesa
directiva del comisariado ejidal.
Por
su parte, la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales (Cabin) inició un
recorrido esta semana por los ejidos de Huexotla, Santiago Cuautlalpan y Santa
María Chimalhuacán, donde aplicó cuestionarios a los presidentes de los
comisariados ejidales y a un representante de cada parcela.
La
intención fue realizar el avalúo de los bienes ajenos a la tierra, y a cada
propietario se le interrogó sobre asuntos como: si la tierra es de riego o
cultivo, si hay construcciones, si cuenta con corrales para animales, si hay
cableado de energía eléctrica, si cuenta con pozos de agua potable, canales de
riego o qué tipo de siembra realizan comúnmente.
Los
cuestionamientos fueron efectuados con el apoyo de empleados de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA).
PRIMERO
MUERTOS QUE DEJAR LAS TIERRAS, REITERAN.
Javier Muñoz Flores, El Día, página 8, sábado 16 de marzo.
Los
ejidatarios de San Salvador Atenco empuñarán de nueva cuenta los machetes para
defender sus tierras, hasta las últimas consecuencias, si los gobiernos federal
y estatal pretenden adueñarse de ellas para la construcción del nuevo
aeropuerto en terrenos del ex lago de Texcoco.
Uno
de los dirigentes del Movimiento de Resistencia en la localidad, Jorge Martínez,
aseguró que también se violaría las garantías de amparo que tienen los
campesinos, por lo mismo el Congreso de la Unión debe intervenir para proceder
al desafuero por desacato a la Constitución.
Asimismo,
reconoció, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha podido emitir
un fallo a este respecto, porque el mismo gobierno federal no ha entregado las
pruebas necesarias.
CHIAPAS
SE
ALISTAN FUERZAS DE SEGURIDAD PARA DESALOJAR 35 COMUNIDADES DE LA RESERVA MONTES
AZULES.
Hermann Bellinghausen, La Jornada, página 15, sábado 16 de marzo.
El
operativo de desalojo-reubicación de las comunidades ubicadas en los
codiciados extremos de la reserva de la biosfera Montes Azules está prácticamente
en marcha. Aprovechando el tiempo de secas, la fuerza pública federal e incluso
el Ejército se estarían preparando para entrar a la selva y sacar a los
pobladores de cuando menos 35 comunidades indígenas asentadas ahí. Esta vieja
obsesión del zedillismo se ha vuelto un asunto de seguridad, ya no nacional,
sino internacional. Para el gobierno federal, se trata de un serio problema de
"ingobernabilidad".
En
los niveles de decisión federal y estatal se manejan ya los pasos a seguir para
tal maniobra. La punta de la madeja está en el paquete de denuncias presentadas
a modo, el 12 de septiembre pasado, por Margarito Chanka Yun Yuc, Pablo López
Rodas y Fidencio Martínez, representantes de tres comunidades lacandonas (en
total son seis), en contra de los pobladores de 16 comunidades. La acusación,
que hasta hoy sigue su curso legal, es por "despojo, daños a la ecología
y los que resulten". En Chiapas son delitos graves, del fuero federal, no
alcanzan fianza y la pena puede ser hasta de 8 años de prisión.
Un
día después, el 13 de septiembre, se instaló en Tuxtla Gutiérrez la Mesa
Ambiental, presidida por el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y con la
participación de instancias estatales y federales. En tanto se iniciaban las
averiguaciones previas contra los 16 poblados, la citada Mesa acordó actuar ya
en algunas comunidades de Montes Azules. (Hace una semana, el 7 de marzo, el
delegado de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), miembro
de la Mesa, declaró que ésta ya había avanzado "90 por ciento" en
sus trabajos, que incluyen la "reubicación" de las comunidades).
Desde
entonces han habido reuniones y cabildeos en diversos centros de decisión
nacional e internacional. Las comunidades zapatistas y de la ARIC Independiente,
que son las amenazadas por el desalojo, han denunciado desde diciembre pasado
incursiones del Ejército, sobrevuelos a baja altura y amagos de inminente
desalojo.
Según
declaró hace cuatro meses el titular de la Profepa, Ignacio Campillo García,
el gobierno federal "tiene detectados nueve puntos de alta
ingobernabilidad"; de éstos, dos son prioritarios: Montes Azules y El
Vizcaíno (reserva de ballenas en el mar de California). Estos puntos fueron
elegidos "como las regiones de mayor prioridad para instaurar el orden y el
estado de derecho", precisó el funcionario (El Universal, 25 de
diciembre de 2001), a la vez que aceptaba la probable participación del Ejército
federal "en la medida que sea necesario. Vamos a requerir que nos apoyen en
los operativos, y después en las labores de operación y
vigilancia".
La
"alta ingobernabilidad" en estas regiones ya había sido señalada en
noviembre por el entonces consejero nacional de Seguridad y hoy representante de
México en el Consejo de Seguridad de la ONU, Adolfo Aguilar Zinser.
En
el caso de Chiapas, la Mesa Ambiental, encargada de "aceitar" la
gobernabilidad, está conformada por Semarnat, Profepa y Conafor, como
instancias federales; y por parte del gobierno chiapaneco, las secretarías de
Gobierno, Desarrollo Agrario y de Pueblos Indios, así como el Instituto de
Historia Natural y Ecología, la Sedeso estatal y la Procuraduría de Justicia.
El
Plan Puebla-Panamá
Muchas
cosas se dan por hecho en las esferas gubernamentales, en la medida en que
existe la determinación de que el Plan Puebla-Panamá se implemente pase lo que
pase. Por lo pronto ya está, a punto, la que será ruta de maquiladoras entre
Benemérito de las Américas y Palenque, a lo largo de toda la franja norte de
la selva Lacandona. En los próximos meses echarán a andar diversas industrias,
y todo está listo para convertir en autopista de cuatro carriles la de por sí
flamante carretera fronteriza, que pasa a escasos kilómetros de Montes Azules.
También
avanzan los proyectos para una presa monumental en la barranca Boca del Cerro, a
costa de las aguas del río Usumacinta y tierras silvestres, incluso los
poblados, propiedad de millares de indígenas. Un proyecto hidroeléctrico
trasnacional, en territorios mexicano y guatemalteco, ambicioso y cargado de
promesas de inversión.
Precisamente
a los inversionistas se refería la pasada Navidad el titular de la Profepa, al
decir que el gobierno federal debe ofrecerles "una infraestructura fuerte,
bien aceitada". Campillo García declaraba tranquilamente que esto sucederá
"en la medida en que podamos ofrecer un marco jurídico de inspección y
vigilancia adecuado", para que los inversionistas nacionales y extranjeros
estén "dispuestos a poner más recursos", y mencionaba como primer
ejemplo Montes Azules. De acuerdo con observadores independientes, las
autoridades "quieren limpiar la selva de pueblos".
De
acuerdo con diversas denuncias, existen 49 comunidades en peligro. Por lo
pronto, contra 16 ya corre la cuenta regresiva de las averiguaciones previas:
Primero de Enero, Nuevo Caracol, Nuevo Chamizal, San Antonio Miramar, Nuevo
Aguadulce, Ranchería Corozal, San Francisco, San Gregorio, Nuevo Guadalupe
Tepeyac, Nuevo Israel, El Semental, Salvador Allende, Santa Cruz, Primera y
Segunda Ampliación San Antonio Miramar, Sol Paraíso y Arroyo Cristalina.
DURANGO-ZACATECAS
ULTIMÁTUM
DE TEPEHUANOS A COMUNEROS DE ZACATECAS.
Juan Carlos Rodríguez, Milenio Diario, página 9, sábado 16 de marzo.
Los
indígenas tepehuanos duranguenses, quienes incluso, afilan ramas para
utilizarlas como lanzas, dieron un ultimátum a los ejidatarios de Bernalejo de
la Sierra, Zacatecas, para que a más tardar el próximo lunes se retiren del
lugar, de lo contrario “serán desalojados por nuestra comunidad”, señala
un documento que hicieron llegar a los zacatecanos.
En
un escrito enviado la tarde del pasado jueves, los indígenas tepehuanos piden
“de manera respetuosa” a los ejidatarios que comiencen a preparar todos sus
bienes para retirarse de manera voluntaria de la comunidad de Pajaritos, la cual
tienen en su poder desde el pasado 21 de febrero.
Y
agregan “se les da la oportunidad que se acomoden de esta fecha al próximo
lunes 18 de marzo del año en curso, para que se retiren de manera definitiva de
estas tierras que son nuestras, de lo contrario serán desalojados por todos los
comuneros de nuestra comunidad”.
Por
su parte el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, lamentó la situación
y urgió a las autoridades federales su intervención a fin de evitar algún
problema grave entre los indígenas duranguenses y los ejidatarios zacatecanos.
PREVÉN
CHOQUE ENTRE CAMPESINOS E INDÍGENAS, POR DISPUTA DE TIERRAS.
Nota informativa, Unomásuno, página 6, sábado 16 de marzo.
Diputados
zacatecanos de todos los partidos advirtieron ayer del riesgo de enfrentamientos
armados y derramamiento de sangre entre campesinos de Zacatecas e indígenas
tepehuanos de Durango, por la inacción del gobierno federal ante un conflicto
por la tenencia de los terrenos forestales, detrás del cual hay intereses de
poderosas compañías madereras y que dejaría a la primera de ambas entidades
sin cinco mil 474 hectáreas de su territorio.
ESTADO
DE MÉXICO
REDUCEN
ASENTAMIENTOS EN ECATEPEC.
Gabriel Xantomila, El Sol de México. página 4, sábado 16 de marzo. También
se publica en Unomásuno.
Para
reducir el índice de asentamientos irregulares que existen en el municipio de
Ecatepec y otorgar seguridad jurídica a las familias que habitan el territorio,
serán regularizadas más de 168 hectáreas de los ejidos de San Cristóbal y
Santa María Tulpetlac, informó María Elena Rábago Echegoyen, titular de la
Procuraduría Municipal de la Tenencia de la Tierra.
Tal
medida, dijo la funcionaria, favorecerá a las comunidades enclavadas en lugares
como El carmen, Ampliación La Monera, Ejido 10, Las Huertas, Ejido San Andrés,
Ejido de San Cristóbal y La Nacional.
Los
trabajos se realizarán de manera coordinada con la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), con el fin de lograr la
expropiación y regularización de los terrenos, comprendidos dentro del régimen
ejidal y así poder otorgar un título de propiedad que dé legitimidad a las
personas asentadas en estos lugares.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx