Jueves 14 de marzo de 2002 Jueves 14 de marzo de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Sol de México • El Diario de México • El Día
El Universal • La Jornada • El Economista
SECTOR
AGRARIO
YA
SE ENTREGARON 400 MIL CERTIFICADOS DE DERECHOS EJIDALES.
Lorena Gaona, El Sol de México, página 4, jueves 14 de
marzo.
La secretaria de
la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, aseveró
...
APOYARÁN
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES.
J. Armando Téllez Flores, El
Diario de México, página 4, jueves 14 de marzo.
Información relacionada con la puesta en marcha del programa se publica también
en El Día, página 3.
Por
primera vez, el sector agrario pondrá en marcha un programa de financiamiento a
proyectos productivos
...
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
VIOLA
GOBIERNO DERECHOS DE EJIDATARIOS: LA ONU.
Almendra Vázquez Bravo, El
Universal, página 14, jueves 14 de marzo.
El
relator especial de la ONU en asuntos de Vivienda, Miloon Khotari, concluyó
...
ACATARÁ
EL GDF FALLO DE LA CORTE SOBRE EL AEROPUERTO.
Elia Baltasar, La
Jornada, página 38, jueves 14 de marzo.
El
gobierno capitalino dio marcha atrás en su pretensión de emprender la batalla
legal ante instancias nacionales e internacionales en contra de la construcción
del aeropuerto alterno en Texcoco
...
CHIHUAHUA
DESPOJAN
CACIQUES Y NARCOS A TARAHUMARAS DE SUS TIERRAS.
Carlos Coria y César
Peralta, El Universal, página 9-B, jueves 14 de marzo.
Alrededor
de 150 indígenas tarahumaras y varios chabochis (mestizos) del ejido San Carlos
y anexos, municipio serrano de Balleza, denunciaron
...
ADMITEN
EXISTENCIA DE 250 MIL ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
José Luis Flores, El
Universal, página 3, jueves 14 de marzo.
Entre
85 mil y 100 mil familias están asentadas en zonas de protección ecológica
ubicadas en ocho delegaciones
...
DURANGO
ZACATECAS
NEGOCIAN
EL DESALOJO DE 100 HA.
Ángel
Amador Sánchez, El Universal, página 9-B, jueves 14 de marzo.
Autoridades
del sector agrario federal y del gobierno de Durango continuaban en pláticas
con los tepehuanos que mantienen invadidas más de 100 hectáreas
...
EN
PIE DE GUERRA, TEPEHUANOS QUE INVADIERON ZACATECAS.
Irma Mejía, El Economista, página
39, jueves 14 de marzo.
Los
tepehuanos de Santa María de Ocotán, Durango, se negaron a retirarse de
Bernalejo de la Sierra
...
DESALOJAN
INDÍGENAS EJIDO DE BERNALEJO.
Agustín Herrera, El Sol de México,
página 2-B, jueves 14 de marzo.
Como
una muestra de respeto al estado de derecho, los representantes legales de la
comunidad indígena de Santa María de Ocotán, aceptaron retirarse
...
YA
SE ENTREGARON 400 MIL CERTIFICADOS DE DERECHOS EJIDALES.
Lorena Gaona, El Sol de México, página 4, jueves 14 de
marzo.
La secretaria de
la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, aseveró que de lograrse los
avances que requiere el proceso de certificación permitirá la conclusión en
los próximos cinco años de 46 millones de hectáreas de las 103 millones que
representa la propiedad social del país.
La funcionaria
indicó que hasta el momento han sido entregados 400 mil certificados de
derechos ejidales, para beneficiar a 217 mil familias campesinas. 
APOYARÁN
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES.
J. Armando Téllez Flores, El
Diario de México, página 4, jueves 14 de marzo.
Información relacionada con la puesta en marcha del programa se publica también
en El Día, página 3.
Por
primera vez, el sector agrario pondrá en marcha un programa de financiamiento a
proyectos productivos, dirigido a mujeres indígenas y jóvenes campesinos, con
un fondo inicial de 20 millones de pesos, anunció la Secretaría de la Reforma
Agraria.
Este
programa iniciará hoy en Silao, Guanajuato durante una gira de trabajo de la
titular de la SRA, María Teresa Herrera Tello, quien entregará recursos económicos
para estos proyectos.
El
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) tiene previsto apoyar
con recursos de hasta 150 mil pesos a los grupos de mujeres que lo soliciten, y
hasta con 80 mil pesos a los grupos de jóvenes.
La
SRA informó que las tasas de interés a aplicarse son inferiores hasta en un 50
por ciento a las que se manejan comercialmente. Estos préstamos se pagarán en
plazos de dos a tres años, y puede considerarse un año de gracia para el pago
de capital.
Cabe
señalar que para el financiamiento no se requiere aval ni garantías.
En
el caso de las mujeres, es requisito que sean mayores de edad, sujetas de
derecho agrario, que habiten en zonas rurales con presencia indígena, y que se
encuentren organizadas en grupos de trabajo o en figuras asociativas con un mínimo
de cinco integrantes.
En
cuanto a los jóvenes, se atenderá a ejidatarios, comuneros o avecindados, así
como a sus hijos, organizados en grupos de trabajo o en cualquier figura
asociativa con un mínimo de seis integrantes, que tengan edades entre los 16 y
los 24 años.
La
SRA destacó que el ofrecimiento de oportunidades a estos sectores es realizado
por las instituciones agrarias, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y en
el Programa Sectorial Agrario 2001–2006.
Con
dicho programa, el sector agrario pretende impulsar el trabajo mediante la
constitución de figuras asociativas reconocidas por la ley; integrar a las
mujeres indígenas y a los jóvenes campesinos en actividades de su localidad.
Asimismo,
apoyar el desarrollo de proyectos productivos; participar en los mercados
regionales y aprovechar los recursos naturales de las regiones.
VIOLA
GOBIERNO DERECHOS DE EJIDATARIOS: LA ONU.
Almendra Vázquez Bravo, El
Universal, página 14, jueves 14 de marzo.
El
relator especial de la ONU en asuntos de Vivienda, Miloon Khotari, concluyó que
en el asunto de la construcción del nuevo aeropuerto el gobierno mexicano ha
violado los derechos humanos de los pobladores de Atenco y Texcoco en lo que se
refiere a la consulta, acuerdo mutuo e información, y sugirió a los afectados
que "eleven sus voces a la comunidad internacional".
Khotari
sostuvo una reunión con afectados de la zona expropiada. Un grupo de 70
ejidatarios llegó a la sede de la ONU, en Masarik 29, colonia Polanco, pero sólo
ingresó una comisión de 20 personas al encuentro con el relator.
Miloon
Khotari escuchó las experiencias de los habitantes de Atenco, La Magdalena
Panoaya, San Miguel Tocuila, San Francisco Acuexcomac, Nexquipayac, Santa Isabel
Ixtapan, Francisco I. Madero, respecto de las violaciones que, aseguran, comete
el gobierno federal al expropiarles más de 5 mil 400 hectáreas y en éstas
construir una terminal aérea.
El
relator de la ONU dijo a los pobladores que "han sido violados sus derechos
a la información, a la consulta, al acuerdo mutuo, según los resultados que da
este proyecto del aeropuerto... (por eso) es importante que eleven sus voces a
la comunidad internacional y que el gobierno mexicano responda ante sus
obligaciones por (la defensa de) los derechos humanos".
Khotari
fue invitado por los ejidatarios a visitar sus tierras, a lo que contestó:
"Yo he solicitado que se me permita visitar el área de ustedes, estoy
esperando que (el gobierno federal) acepte la petición", y en ese caso
acudiría a la zona el próximo viernes.
Dijo
que rendirá un informe ante las Naciones Unidas sobre el caso de Atenco y las
denuncias expuestas por los pobladores y su negativa de construir el aeropuerto.
"Su
presencia aquí en México para nosotros es una esperanza, le pedimos que haga
una recomendación al gobierno federal para que recapacite y vea que se equivocó
(en su decisión del aeropuerto)... que le pida al mandatario Vicente Fox que
reflexione y dé la cara porque a cuatro meses con 17 días (de publicar el
decreto expropiatorio) no lo hemos visto de frente", aseveró Ignacio del
Valle al relator.
Los
pobladores entregaron fotografías y videos de la zonas afectadas, así como los
documentos presentados ante diversas dependencias donde exponen los argumentos
sobre su oposición al proyecto aéreo.
ACATARÁ
EL GDF FALLO DE LA CORTE SOBRE EL AEROPUERTO.
Elia Baltasar, La
Jornada, página 38, jueves 14 de marzo.
El
gobierno capitalino dio marcha atrás en su pretensión de emprender la batalla
legal ante instancias nacionales e internacionales en contra de la construcción
del aeropuerto alterno en Texcoco, y acatará la resolución que emita la
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la controversia
constitucional que interpuso por la decisión federal.
El
jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que no
recurrirá ya a ningún foro nacional o internacional para interponer algún
recurso legal en contra de la construcción de la terminal aérea en Texcoco, y
se comprometió a respetar la decisión del Poder Judicial, "porque a éste
corresponde decidir.
"Aunque
hay cosas que no nos gustan, es necesario ajustarnos a la legalidad para hacer
valer el estado de derecho, porque si no respetamos las decisiones de la SCJN,
entonces sí entraríamos de lleno en la anarquía y el desorden, y eso no le
conviene a nadie", advirtió López Obrador.
No
obstante, en su conferencia de prensa matutina el jefe de Gobierno insistió en
la necesidad de corregir la decisión del gobierno federal de construir el
aeropuerto en Texcoco.
Ya
se volvió un asunto complicado, dijo, pero "yo seguiré insistiendo con el
presidente Vicente Fox en la necesidad de buscar opciones". Para el
gobierno capitalino, agregó, la mejor alternativa es Tizayuca, pues de ese modo
incluso se llegaría a un acuerdo con los gobiernos locales para que el
aeropuerto se construya muy pronto.
En
todo caso, aclaró, el gobierno capitalino actuará en el marco de la ley y
esperará la decisión de la SCJN en torno de la controversia. Aclaró que el
recurso interpuesto por el gobierno capitalino no es el único, pues otras
partes también recurrieron al Poder Judicial, entre ellos los ejidatarios de
San Salvador Atenco.
El
jefe de Gobierno del Distrito Federal también expresó su deseo de conciliación
en torno de la construcción del tren suburbano, proyecto en el que participarían
la Federación, el estado de México y la administración de la ciudad de México.
"Estamos
avanzando, vamos con ganas de conciliar y no de tener pleito, aunque ellos lo
quieran", dijo. Si bien aseguró que no rechaza el proyecto, insistió en
la necesidad de acordar los recursos que aportarán las tres instancias.
Queremos
saber, dijo, cuánto aportarán los gobiernos federal y del estado de México
para nosotros dar lo que nos corresponde. "Lo que no se puede es construir
una obra para toda la zona metropolitana con cargo al presupuesto de la
administración capitalina", expresó.
Estamos
a favor de la obra, insistió, siempre y cuando se resuelva lo del
financiamiento. Pero que no nos quieran encasillar al decir que nosotros nos
oponemos.
El
gobierno capitalino, incluso, tiene reservada una partida de 100 millones de
pesos para la construcción del tren suburbano, aseguró. "Pero yo quiero
ver dónde está el dinero de las otras partes, porque si no se vuelve esto puro
güiri güiri."
López
Obrador se mostró satisfecho con la actuación de la secretaria de Medio
Ambiente de su gobierno, Claudia Sheinbaum, luego del encuentro convocado por el
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor
Lichtinger, en torno de la construcción del segundo piso en el Periférico y el
Viaducto.
Acerca
de la actitud asumida por el funcionario federal respecto del tema, el jefe de
Gobierno comentó: "Sabemos distinguir cuando hay cuestionamientos
fundados, de buena fe, y cuando hay motivaciones de tipo político. Pero en
ambos casos seremos respetuosos".
Advirtió
que "son muy torpes" quienes pretenden "apretar" en el caso
de los segundos pisos, pensando que su gobierno cederá en otros temas.
Dijo:
"Han intentado buscarle por ahí, me mandan gente para arreglarnos,
negociar y decir que si aceptamos una cosa ellos dejarán pasar otra. Al viejo
estilo, pero "esto no es un toma y daca".
DESPOJAN
CACIQUES Y NARCOS A TARAHUMARAS DE SUS TIERRAS.
Carlos Coria y César
Peralta, El Universal, página 9-B, jueves 14 de marzo.
Alrededor
de 150 indígenas tarahumaras y varios chabochis (mestizos) del ejido San Carlos
y anexos, municipio serrano de Balleza, denunciaron ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH), la Coordinadora de la Tarahumara y la Secretaría de
Gobierno, que caciques y narcotraficantes se apoderan de sus tierras para
sembrar mariguana y sobreexplotar el bosque.
Desde
la noche del lunes, más de un centenar de indígenas de la sierra Tarahumara
del municipio de Balleza se instalaron en la Plaza Hidalgo, frente al palacio de
gobierno, exigiendo a las autoridades estatales una pronta intervención para
resolver sus problemas, ante el temor de ser desalojados de sus tierras, o en el
peor de los casos, asesinados por los caciques y narcotraficantes.
Revelaron
su temor de regresar a sus comunidades indígenas, retiradas muchas de ellas a más
de 10 horas de la capital del estado, y que las autoridades no intervengan para
desalojar a los caciques y a los narcotraficantes, ya que al enterarse que los
denunciaron, sin duda, "empezarán una matazón", aseguró Porfirio
Bustillos, tarahumara que dirigía al comisariado ejidal de San Carlos.
Inicialmente,
algo tímidos, los indígenas denunciaron que dos personas, Aurora Aguirre y el
ingeniero Manuel Ontiveros Sánchez, se nombraron comisariados ejidales, pero de
una forma irregular, con el objetivo de apoderarse de las tierras y explotar
indiscriminadamente el bosque.
Añadieron
que otro grave problema, y por el que tienen más temor, es el que los
narcotraficantes se apropian de sus tierras para sembrar mariguana y a ellos los
corren amenazándolos de muerte.
Sin
decir nombres de los narcotraficantes, pero asegurando que son gente conocida de
la región, sobre todo por los agentes de la policía estatal, solicitaron la
presencia del Ejército en sus comunidades a fin de sacar a dichos delincuentes.
"Si
no va el Ejército, nosotros no vamos a regresar a nuestras comunidades, porque
es seguro que nos matan", indicó Porfirio Bustillos.
Agregó
que tan solo en el ejido San Carlos son más de 400 comuneros quienes viven con
el constante temor de ser asesinados por los caciques o los narcotraficantes,
por lo que tomaron la decisión de acudir a la capital, ante el gobernador del
estado a solicitar su intervención.
ADMITEN
EXISTENCIA DE 250 MIL ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
José Luis Flores, El
Universal, página 3, jueves 14 de marzo.
Entre
85 mil y 100 mil familias están asentadas en zonas de protección ecológica
ubicadas en ocho delegaciones, según informes de la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente y Protección Ecológica.
Son
en total mil 250 asentamientos irregulares ubicados en las delegaciones Tlalpan,
Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón
y Miguel Hidalgo.
De
acuerdo con la información de esa instancia legislativa, partidos como el PRI y
el PRD han sido promotores de tales invasiones a cambio de apoyo político.
En
el Ajusco medio, de la delegación Tlalpan, personajes como la diputada local
del PRD, Susana Manzanares, y el ex diputado federal Hipólito Bravo aparecen
como promotores del voto corporativo a cambio de apoyo político para la invasión
de terrenos, de acuerdo con la información de la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente.
Arnold
Ricalde, presidente de esa comisión, sostuvo que los antecedentes de ambos
perredistas están documentados en denuncias presentadas ante la Asamblea
Legislativa por el ex secretario de Medio Ambiente del gobierno capitalino,
Alejandro Encinas, dos años atrás.
La
información es congruente con la denuncia hecha el martes pasado por la
dirigencia del PAN capitalino y diputados de ese partido, durante un recorrido
por esa zona.
NEGOCIAN
EL DESALOJO DE 100 HA.
Ángel
Amador Sánchez, El Universal, página 9-B, jueves 14 de marzo.
Autoridades
del sector agrario federal y del gobierno de Durango continuaban en pláticas
con los tepehuanos que mantienen invadidas más de 100 hectáreas en el ejido
zacatecano de Bernalejo de la Sierra, a fin de convencerlos de que desalojen la
superficie y esperen a la resolución del Tribunal Unitario Agrario en torno a
su disputa con los ejidatarios por 5 mil 465 hectáreas.
Arturo
Nahle García, secretario general del gobierno de Zacatecas, informó que desde
las 11:55 de ayer miércoles las autoridades iniciaron su diálogo con alrededor
de 400 indígenas apostados en Bernalejo, municipio de Valparaíso. Precisó que
en las negociaciones no participa ningún funcionario de Zacatecas, pues no hubo
invitación.
Conforme
a sus reportes, las autoridades arribaron a la zona de conflicto en un avión
Cessna, con la finalidad de "invitar" a los indígenas a retirarse del
lugar. Según Nahle, los líderes de los tepehuanos ya aceptaron de inicio que
el asunto se dirima en los tribunales y sólo restaba que las bases accedieran.
El
secretario confió en que los tepehuanos salgan de Bernalejo de la sierra en las
próximas horas. De concretarse este hecho, descartó que el gobierno de Ricardo
Monreal Ávila envíe más elementos de la policía ministerial a resguardar la
zona. "Estaremos sólo atentos al desarrollo del juicio que se ventila en
el Tribunal Unitario Agrario", dijo.
El
eventual regreso de los indígenas a sus comunidades de Santa María Ocotán y
Xoconostle, sería el primer paso para destrabar el problema y representa también
el retorno al marco de la ley, del que en ningún momento se ha salido el
gobierno de Zacatecas ni los 64 ejidatarios de Bernalejo, resumió Nahle García.
Por
otro lado, José Escobedo Domínguez, diputado local del PRD, advirtió que un
grupo de legisladores están dispuestos a manifestarse públicamente en la
ciudad de Monterrey, durante la cumbre mundial sobre financiamiento para el
desarrollo, para denunciar el caso de Bernalejo y la "lentitud" con
que ha actuado el gobierno del presidente Vicente Fox.
EN
PIE DE GUERRA, TEPEHUANOS QUE INVADIERON ZACATECAS.
Irma Mejía, El Economista, página
39, jueves 14 de marzo.
Los
tepehuanos de Santa María de Ocotán, Durango, se negaron a retirarse de
Bernalejo de la Sierra, municipio de Valparaíso, Zacatecas, y amenazaron con
apoderarse hoy de las tierras con el refuerzo de 2,000 indígenas coras.
Ante
ello, Arturo Nahle García, secretario general de Gobierno de Zacatecas, solicitó
a la Secretaría de Gobernación que intervengan urgentemente las fuerzas de
seguridad pública federal.
El
funcionario advirtió al gobierno federal que en caso de que no se establezca la
vigilancia que se ha requerido desde el 6 de marzo, y si no se logra conciliación
entre los tepehuanos y los ejidatarios, entonces las autoridades judiciales de
Zacatecas procederán al desalojo.
El
martes, la comisión oficial había acordado con algunos tepehuanos, que los
comuneros se retiraran de Bernalejo hasta que el Tribunal Unitario Agrario
emitiera la resolución.
Ayer,
a las 11:35 horas, arribó a Bernalejo de la Sierra la Comisión Oficial
integrada por Alfredo Montes García, Alfonso García y Arturo Hernández, por
arte del gobierno de Durango; así como Salvador Ricalday, representante de la
Secretaría de la Reforma Agraria; Jesús Montoya Vera y Guillermo Alvarado,
delegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agraria en Durango,
respectivamente.
Los
funcionarios dialogaron con unos 5,000 tepehuanos hasta las 15:00 horas, quienes
trataron de explicar el por qué jurídicamente no era posible que invadieran
los terrenos del ejido de Bernalejo. Sin embargo, la decisión final de los
tepehuanos, encabezados por Faustino Reyes Flores, presidente del Consejo de
Vigilancia de Santa María de Ocotán, fue que no abandonarían las tierras y
que solicitarían el apoyo de “sus hermanos” indígenas coras. Hoy podrían
llegar entre 1,000 y 2,000 para comenzar a construir casas y labrar las tierras.
Los
tepehuanos están fabricando unas lanzas con palos aproximadamente de dos metros
de largo.
Por
tal situación, Nahle García solicitó de manera urgente a Ramón martín
Huerta, subsecretario de Gobernación, que intervenga la fuerza de seguridad pública,
porque cada día empeora el problema.
Se
lee: “por falta de respuesta a las repetidas solicitudes que hemos formulado a
usted, a la Onceava Zona Militar, a la Secretaría de la Reforma Agraria, a la
procuraduría y Tribunal Agrario, incluso se solicitó la intervención de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
DESALOJAN
INDÍGENAS EJIDO DE BERNALEJO.
Agustín Herrera, El Sol de México,
página 2-B, jueves 14 de marzo.
Como
una muestra de respeto al estado de derecho, los representantes legales de la
comunidad indígena de Santa María de Ocotán, aceptaron retirarse del ejido
Bernalejo, Pajaritos, para continuar con su exigencia hasta encontrar la solución
definitiva, acordando ubicarse ahora en el lindero de la comunidad y el ejido,
explicó el secretario general de Gobierno, José Miguel Castro Carrillo, al
culminar en esta ciudad las pláticas en este delicado problema.
En
dichas pláticas estuvo Héctor René García Quiñones, subsecretario de la
reforma agraria y Gilberto Hershberger, subprocurador agrario, quienes
juntamente con el secretario de gobierno escucharon a los representantes de la
comunidad indígena que aceptó esperar ahora el resultado que se obtenga de las
pláticas en el estado de Zacatecas, en donde se propiciará una reunión con
ambos núcleos agrarios para someter a su consideración las posibles
alternativas de solución procurando que esta reunión se realice en los límites
del ejido y la comunidad.
Los
antecedentes del caso son de carácter histórico y jurídico, según expresó
Castro Carrillo ya que por resolución presidencial del 19 de agosto de 1936 se
restituyó a la comunidad indígena de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle
municipio de Mezquital, estado de Durango, una superficie de 421.139-00-00 hectáreas.
En
dicha resolución se consideró que la superficie mencionada ha estado en su
posesión desde el siglo 16, habiéndose confirmado la posesión que disfrutaban
el 15 de mayo de 1705 por el señor Luis Ruiz de Guadiana, teniente gobernador y
capitán general de la Nueva España y ratificado por mandamiento del 10 de
julio de 1712 expedido por la real audiencia de la Nueva España.
La
resolución presidencial referida fue ejecutada el 5 de febrero de 1937.
Con
fecha primero de abril de 1953 los vecinos del poblado Bernalejo de la Sierra,
municipio de Valparaíso, estado de Zacatecas, solicitaron dotación de tierras
existiendo como resultado de esta petición mandamiento del gobernador de
Zacatecas de fecha 30 de junio de 1955 en sentido positivo.
Se
les concedió una superficie de 5.465-00-00 hectáreas que se tomaron de la
hacienda de San Juan Capistrano, propiedad de Salvador Soto, dotación
provisional que fue ejecutada el 14 de julio de 1955, este procedimiento culminó
con la respectiva resolución presidencial de fecha 10 de febrero de 1956 la que
fue ejecutada el primero de noviembre de 1956.
Obran
en poder del secretario general de gobierno, los documentos más antiguos de los
indígenas duranguenses y no obstante la sucesión de hechos señala que la
resolución presidencial que benefició al ejido Bernalejo de la Sierra,
contempla la afectación de los terrenos de la hacienda San Juan Capistrano,
ubicada en Valparaíso, este mandato se ejecutó materialmente dentro de los
terrenos que los comuneros de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, han venido
poseyendo desde tiempo inmemorial, cuando aún no existía la división política
territorial actual.
Por
esto de que existan dos resoluciones presidenciales emitidas al amparo de una
ley federal debe ser tratado como un conflicto eminentemente de carácter
agrario y no como un conflicto de límites entre estados, como lo pretende
aparecer el gobierno del estado de Zacatecas.
A
partir de la ejecución de la resolución presidencial que favoreció al ejido
Bernalejo de la Sierra, los comuneros indígenas emprendieron acciones
tendientes a reclamar la superficie de 5.465-00-00 hectáreas de que consideran
fueron despojados, acentuándose el problema cuando como medidas de presión
invadieron el ejido Bernalejo y otros predios ubicados en el estado de Durango.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx