Lunes 21 de enero de 2002 Lunes 21 de enero de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • Reforma
• Diario de México
El Universal • México Hoy • Excelsior • Unomásuno
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
MOTIVOS
DE AMISTAD.
Jesús Aranda, La Jornada, página
10, lunes 21 de enero.
La ministra Olga Sánchez Cordero se
declaró legalmente impedida para ser ponente en la controversia constitucional
1/2002 interpuesta en contra del decreto expropiatorio de las tierras de San
Salvador Atenco para la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Con esta
decisión la juzgadora tampoco tomará parte en la discusión y aprobación de
las otras controversias relacionadas con este asunto. 
REALIZARÁN
GUARDIAS NOCTURNAS EN SAN SALVADOR ATENCO.
Javier Salinas e Isabel Dávila, La Jornada, página 10, lunes 21 de
enero./Información también publicada en El Universal, página A13.
La asamblea ejidal de San Salvador
Atenco determinó iniciar este domingo guardias nocturnas por sus propiedades, a
fin de evitar cualquier acto que haga efectiva la expropiación; además, acordó
multar con 100 pesos a campesinos del núcleo agrario que no participen en estas
acciones. Por otra parte, los agricultores en resistencia fueron objeto de una
nueva agresión a manos de familiares del alcalde Margarito Yánez.
LLAMA ROBLES A
RECHAZAR EL AEROPUERTO.
Erika Hernández, Reforma, página 9A, lunes 21 de enero. Información
relacionada con el tema también se publicó en La Jornada, página 3; El
Universal, página A12, y La Crónica de Hoy, página 5.
Al arrancar su campaña Rosario Robles,
ex jefa de Gobierno del Distrito Federal y candidata a la dirigencia nacional
del Partido de la Revolución Democrática, convocó ayer a la sociedad y a los
perredistas a no permitir que se construya el nuevo aeropuerto.
PREPARAN REGRESO
AL CAMPO.
Érika Hernández, Reforma, Sección Estado, página 15, lunes 21 de enero.
Un total de 311 ejidatarios de San
Salvador Atenco decidieron ayer iniciar guardias nocturnas en sus parcelas, a
fin de evitar cualquier acto que haga efectiva la expropiación de mil 78 hectáreas
para construir el nuevo aeropuerto capitalino.
DEFENDEREMOS
LA TIERRA CON LA VIDA.
Mario Antonio Núñez, México Hoy, página
8, lunes 21 de enero.
“La tierra es nuestra madre, no la
vamos a negociar”, “¿Quién de ustedes negociaría a su madre?...””¡Defenderemos
la tierra con nuestras vidas si es necesario!”, así lo expresó un ancianito
de caso 90 años, quien al pedirle su nombre, respondió: “Ya se me olvidó”.
BAJA
CALIFORNIA SUR
DENUNCIAN INVASIÓN
EN ZONA FEDERAL DE BCS.
Ruth Rodríguez, El Universal, página 19, lunes 21 de enero.
Después de cinco años de luchar por la
vía judicial para poder tomar posesión física y real de una concesión de 600
metros de superficie ubicados en la playa El Médano, en Los Cabos, Baja
California Sur, Germán Valencia, inversionista del lugar, lamentó la falta de
transparencia con que actúan autoridades de la Dirección General de la Zona
Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa), por proteger los bienes nacionales.
CHIAPAS
TRASNACIONALES, DETRÁS
DE LA GUERRA EN CHIAPAS:DESMI.
Hermann Bellinghausen, La Jornada, página 7, lunes 21 de enero.
"Es evidente que la guerra que se
vive en Chiapas está basada en los intereses económicos de las trasnacionales.
Desde el TLC con Estados Unidos y Canadá están previstos los mecanismos para
la apropiación de energéticos, fundamentados en el proceso de privatización y
en los condicionamientos de la política agraria", afirma la organización
civil Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), que
lleva más de 30 años trabajando en las zonas indígenas de la entidad.
DISTRITO
FEDERAL
DISPUTA POR EL AGUA
EN EL VALLE DEL ANÁHUAC.
Carlos González, Suplemento Ojarasca, La Jornada, página 3, lunes 21 de enero.
Lleva siglos que los tres valles más
importantes del centro del país, el del Anáhuac, el de Toluca y el de
Cuernavaca-Cuautla, se desarrollan a despecho y por encima de los pueblos indígenas
originarios que los habitan.
ESTADO
DE MÉXICO
SOLICITAN
CAMPESINOS EL CAMBIO DE USO DE SUELO.
Atlante Carlos Muñoz, Diario de México,
página 12, lunes 21 de enero.
Ejidatarios del municipio de La Paz
exigen el cambio de uso de suelo del ejido Corte San Gregorio, a efecto de
construir una unidad habitacional, porque ya no son rentables las tierras de
cosecha, aseveró Aurelio Espinosa Ortiz, asesor del Comisariado Ejidal de Los
Reyes y su barrio Tecamachalco.
TRAMITAN
REGULARIZACIÓN DE 7 MIL PREDIOS EN NAUCALPAN.
Nota Informativa, Diario de México,
página 12, lunes 21 de enero.
Alrededor de siete mil predios asentados
de manera irregular en este municipio podrían tener este año certeza jurídica,
con el convenio de coordinación que están por firmar el ayuntamiento y la
Comisión para la Regularización del Suelo del Estado de México (CRESEM), en
donde se exentan los 3 mil 500 que se encuentran en terrenos federales de CNA,
Ferrocarriles, CFE y PEMEX, considerado como de alto riesgo.
LÍDERES
DEL PRI Y PSM TRAFICAN CON TERRENOS.
Arturo Tlatelpa, México Hoy, página
19, lunes 21 de enero.
Líderes del PRI y del Partido
Socialista de México iniciaron la venta ilegal de terrenos en el predio federal
de 40 hectáreas conocido como El Agostadero. De acuerdo con la versión del
presidente municipal, Luis Enrique Martínez Ventura y del director de gobierno,
José Luis Pérez Torres, no existe autorización para fraccionar para uso
habitación la franja señalada considerada como una reserva territorial para
construir la Universidad del Valle de Chalco y un hospital de primer nivel.
SECTOR
AGROPECUARIO
PREPARA BANRURAL
EL SEGURO AGRÍCOLA.
Romina Román Pineda, El Universal, página 3D, lunes 21 de enero.
Banrural incorporará, una vez que se
transforme en el banco de las cajas rurales, nuevos instrumentos como seguro agrícola,
coberturas de precios y contratos a futuro.
AYUDA DIVERSA PARA
LOS CAMPESINOS, PIDE EL CNA AL GOBIERNO FEDERAL PARA REACTIVAR EL AGRO.
Mario Peralta, Excélsior, página 22-A, lunes 21 de enero.
Al tiempo de hacer un llamado a la
unidad de las organizaciones agrarias para impulsar el campo mexicano, Jesús
Vizcarra Calderón, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pide al
Gobierno Federal a través del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, ayuda
económica, técnica y moral para que los campesinos hagan producir la tierra y
la dependencia alimentaria del exterior, sea cada día menor para los mexicanos.
OPINIÓN
¿GASTO
SUFICIENTE PARA 2002?
Miguel Hernández Labastida, Unomásuno,
página 5, lunes 21 de enero.
Tras la intensa lucha política en la Cámara
de Diputados y en el Senado donde después de haber aprobado las reformas a las
leyes de Derechos, Impuesto sobre la Renta y de Impuestos Especiales sobre
Productos y Servicios, en que hubo cambios en las votaciones de los legisladores
con vaivenes hacia donde más los presionaban, se aprobó finalmente el
Presupuesto de Egresos para el año 2002.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
MOTIVOS
DE AMISTAD.
Jesús Aranda, La Jornada, página
10, lunes 21 de enero.
La ministra Olga Sánchez Cordero se
declaró legalmente impedida para ser ponente en la controversia constitucional
1/2002 interpuesta en contra del decreto expropiatorio de las tierras de San
Salvador Atenco para la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Con esta
decisión la juzgadora tampoco tomará parte en la discusión y aprobación de
las otras controversias relacionadas con este asunto.
En un escrito dirigido al pleno de la
SCJN el 10 de diciembre pasado, la ministro argumentó que debido a sus
relaciones de amistad con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro
Cerisola -quien es uno de los demandados en las controversias como uno de los
actores fundamentales del proyecto-, el 14 de enero pasado el pleno en sesión
privado determinó que las causales expuestas por Sánchez Cordero eran válidas.
Aun cuando el trámite procesal de la
controversia 1/2002 continúa de manera normal, la presidencia de la SCJN
designará esta semana al nuevo ministro ponente del asunto. 
REALIZARÁN
GUARDIAS NOCTURNAS EN SAN SALVADOR ATENCO.
Javier Salinas e Isabel Dávila, La Jornada, página 10, lunes 21 de
enero./Información también publicada en El Universal, página A13.
La asamblea ejidal de San Salvador
Atenco determinó iniciar este domingo guardias nocturnas por sus propiedades, a
fin de evitar cualquier acto que haga efectiva la expropiación; además, acordó
multar con 100 pesos a campesinos del núcleo agrario que no participen en estas
acciones. Por otra parte, los agricultores en resistencia fueron objeto de una
nueva agresión a manos de familiares del alcalde Margarito Yánez.
Con la participación de más de 300
campesinos de San Salvador Atenco, la asamblea ejidal de esta localidad determinó
a puerta cerrada multar con 100 pesos a los labriegos que no participen en
recorridos y guardias nocturnas, con el objetivo de evitar acciones que
pretendan hacer efectiva la expropiación de las hectáreas en las que se
pretende construir la terminal aérea.
Se determinó que los primeros en
realizar la guardia nocturna serán los miembros del bloque de parcelas San
Francisco. También se emitió una convocatoria para iniciar la siembra de
parcelas expropiadas, pues desde el pasado 22 de octubre muchos campesinos han
abandonado sus tierras.
Del mismo modo, acordaron que no
permitirán al ayuntamiento invertir más de 5 millones de pesos en la
rehabilitación del Parque de los Ahuehuetes, que se encuentra bajo resguardo de
los agricultores.
Los labriegos en resistencia denunciaron
que la madrugada de este domingo fueron agredidos nuevamente por familiares del
alcalde Margarito Yánez. Señalaron que Pablo Daniel Yánez, pariente del edil,
destrozó la parte posterior de la vivienda de la familia Brugada Ponce,
localizada en la calle Palma, en el centro del municipio.
Afirmaron que el agresor intentó
penetrar a la casa y amenazó desde afuera a la familia, la cual ha participado
en el movimiento de resistencia, para que desistiera de las denuncias penales
que ha presentado contra la esposa del alcalde, María Pastené.
En Toluca, Alfonso Navarrete Prida,
procurador de Justicia estatal, informó en conferencia de prensa que están por
terminar de integrarse las averiguaciones previas contra ejidatarios de Atenco.
"Es evidente que están buscando
provocar a la procuraduría (mexiquense), que al irse a presentar a la
subprocuraduría de Texcoco con machetes, lo que quieren es que el procurador
reprima, y tener mártires y tener víctimas, pero desde luego no vamos a caer
en una estrategia de provocación, ni vamos a permitir que se vulnere el estado
de derecho cuando lo que están haciendo constituye un delito", afirmó.
Aseveró que no retirará de la zona a
los 600 elementos de la Policía Ministerial desplegados y resaltó que se ha
reforzado la seguridad en la región, "porque si no han tomado la
subprocuraduría, no ha sido por buenas gentes".
LLAMA
ROBLES A RECHAZAR EL AEROPUERTO.
Erika Hernández, Reforma, página 9A, lunes 21 de enero. Información
relacionada con el tema también se publicó en La Jornada, página 3; El
Universal, página A12, y La Crónica de Hoy, página 5.
Al arrancar su campaña Rosario Robles,
ex jefa de Gobierno del Distrito Federal y candidata a la dirigencia nacional
del Partido de la Revolución Democrática, convocó ayer a la sociedad y a los
perredistas a no permitir que se construya el nuevo aeropuerto.
Durante un acto de proselitismo en
Texcoco, afirmó que "la decisión de construir el aeropuerto sin tomar en
cuenta a quienes defienden a su tierra habla de que hoy, más que nunca, los
perredistas unidos tenemos que rescatar nuestra patria, tenemos que levantar la
mira, tenemos que parar la entrega de nuestro país.
"Inicio mi campaña en Texcoco
porque es un símbolo de resistencia y de lucha; los ejidatarios de los 14
ejidos", dijo Robles, aunque en realidad son 13, "son expresión fiel
de la resistencia contra la imposición del autoritarismo".
Afirmó que los perredistas vienen de
una tradición donde las expropiaciones se reivindicaron con Lázaro Cárdenas
del Río, cuando les regresó a los mexicanos su petróleo.
"Nosotros no estamos de acuerdo en
lo que acaba de hacer el actual Gobierno, que se use el decreto expropiatorio
para garantizar jugosas ganancias para unos cuantos, quitándoles sus tierras a
los campesinos; por eso vamos a levantar con firmeza y fuerza nuestra voz",
aseguró la candidata a la presidencia nacional del PRD.
PREPARAN
REGRESO AL CAMPO.
Érika Hernández, Reforma, Sección Estado, página 15, lunes 21 de enero.
Un total de 311 ejidatarios de San
Salvador Atenco decidieron ayer iniciar guardias nocturnas en sus parcelas, a
fin de evitar cualquier acto que haga efectiva la expropiación de mil 78 hectáreas
para construir el nuevo aeropuerto capitalino.
En sesión privada con la tercera parte
de los mil 482, los inconformes acordaron que aquellos campesinos que no
participen en la vigilancia, que se hará de 22:00 a 06:00 horas, tendrán una
sanción económica que será de 100 pesos.
Esta acción se aprobó luego de que
varios ejidatarios reclamaron a sus compañeros la apatía por cooperar con el
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes realizan las movilizaciones y
sostienen un plantón en el Palacio Municipal, pues poco a poco, durante estos
tres meses de protesta, los campesinos han dejado de participar en los actos de
inconformidad de los labriegos.
Los primeros en realizar la guardia serían
los campesinos del bloque de parcelas denominado San Francisco, y después
continuaran los otros 33 grupos que integran el núcleo ejidal.
"Necesitamos reactivar el
movimiento, porque son ellos (los que sostienen el plantón) quienes están
viendo por nosotros y si se logra revocar el decreto, por el esfuerzo de unos
cuantos vamos a ganar todos, así que hay que reactivar el movimiento",
dijo David Pájaro, uno de los inconformes.
También se hizo una convocatoria para
iniciar la siembra de las parcelas expropiadas, pues decenas de ejidatarios han
abandonado sus labores en el campo por dedicarse a la defensa de la tierra.
Los ejidatarios acordaron que no
permitirán que el Ayuntamiento invierta más de 5 millones de pesos en la
rehabilitación del Parque de los Ahuehuetes, el cual es símbolo para los
lugareños, pues afirmaron estar en contra de la Alcaldía, por lo que ellos se
harán cargo de la reforestación.
Hasta el cierre de esta edición, José
Elías Martínez, presidente del Comisariado Ejidal de Atenco, informaba a los
campesinos que para continuar con el proceso legal para la revocación del
decreto de expropiación, que está en manos del jurista Ignacio Burgoa
Orihuela, los mil 482 ejidatarios deben pagar los 300 pesos que les solicitaron,
pues sólo una tercera parte ha cumplido con este requisito y necesitan dinero
para pagar el bufete del abogado.
Y aunque se había dicho que eran 500
mil pesos los que cobraría el abogado, ayer Martínez informó que el catedrático
aún no define el monto de sus honorarios.
CENSURA ROBLES
La ex jefa del Gobierno del DF y
candidata a la dirigencia nacional del PRD, Rosario Robles, convocó ayer a la
sociedad y a los perredistas, durante un mitin proselitista en Texcoco, a no
permitir que se construya el nuevo aeropuerto en las parcelas de los campesinos.
"La decisión de construir el
aeropuerto sin tomar en cuenta a quienes defienden a su tierra habla de que hoy,
más que nunca, los perredistas unidos tenemos que rescatar nuestra patria,
tenemos que levantar la mira, tenemos que parar la entrega de nuestro país.
"Inicio mi campaña en Texcoco, que
son símbolo de resistencia y de lucha; los ejidatarios de los 14 ejidos",
dijo Robles, aunque en realidad son 13, "son expresión fiel de la
resistencia contra la imposición del autoritarismo".
Robles afirmó que los perredistas
vienen de una tradición donde las explotaciones se reivindicaron con Lázaro Cárdenas
del Río, cuando les regresó a los mexicanos su petróleo.
"Nosotros no estamos de acuerdo en
lo que acaba de hacer el actual gobierno, que se use el decreto expropiatorio
para garantizar jugosas ganancias para unos cuantos quitándoles sus tierras a
los campesinos, por eso vamos a levantar con firmeza y fuerza nuestra voz",
reafirmó.
DEFENDEREMOS
LA TIERRA CON LA VIDA.
Mario Antonio Núñez, México Hoy, página
8, lunes 21 de enero.
“La tierra es nuestra madre, no la
vamos a negociar”, “¿Quién de ustedes negociaría a su madre?...””¡Defenderemos
la tierra con nuestras vidas si es necesario!”, así lo expresó un ancianito
de caso 90 años, quien al pedirle su nombre, respondió: “Ya se me olvidó”.
Este es el sentir de los campesinos de
San Salvador Atenco, principalmente de los de mayor edad, quienes se sienten
despojados de sus tierras por el decreto expropiatorio del 22 de octubre pasado
con el que se dictaminó la construcción del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México en el ex vaso de Texcoco, Chimalhuacán y San Salvador Atenco.
Los habitantes del municipio de San
Salvador Atenco manifiestan su inconformidad y se niegan a vender sus tierras lo
que desencadenó que crearan un movimiento de resistencia entre los ejidatarios
que se niegan a vender sus tierras y molestos porque el alcalde priísta de la
localidad, Margarito Yánez no usó el recurso de la controversia constitucional
contra el decreto expropiatorio que le obligara a vender sus predios, cerraron
el palacio municipal.
El Gobierno del Distrito Federal
interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), para revocar la decisión de construir el nuevo aeropuerto
alterno al de la ciudad de México en el ex Lago de Texcoco y anular la
expropiación de tierras a ejidatarios mexiquenses y los municipios de Texcoco y
Acolman., Estado de México, ya se adhirieron a la misma.
El gobernador capitalino, Andrés Manuel
López Obrador, al igual que los alcaldes de Texcoco y Acolman, coinciden en sus
argumentos sobre el recurso que interpusieron contra el decreto presidencial,
pues aseguran que el Gobierno Federal violó el articulo 115 constitucional al
cambiar de ipso el uso de suelo del área expropiada para el aeropuerto, entre
otras atribuciones que sólo competen al municipio.
Los tres gobiernos están de acuerdo en
que se suspenda todo intento de construcción del aeropuerto mientras se
resuelven los litigios.
En tanto ejidatarios del poblado de la
Magdalena dieron a conocer que este 21 de enero comenzarán la siembra en las 24
hectáreas expropiadas por el gobierno federal para la construcción del
aeropuerto, con el fin de confirmar que no permitirán la ejecución del
decreto.
Por otra parte, se presume que miembros
del ex comisariado, que dejó de funcionar el 17 de noviembre de 2001, existen
involucrados en la compreventa de terrenos ejidales, la cual “se disparó”
en los tres últimos años, expresa el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel
Portugués.
La desestabilidad en esta localidad está
de manifiesto y lo que pueda ocurrir en los próximos meses es una incógnita.
El alcalde priísta de San Salvador
Atenco, Margarito Núñez Ramos hace un llamado al Gobierno Federal para que
intervenga y ponga fin a la ingobernabilidad y la violencia que existe en el
municipio desde el 22 de octubre pasado, fecha en que se dio a conocer el
decreto expropiatorio de tierras en la localidad, San Salvador Atenco, Texcoco y
Chimalhuacán para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
El edil señaló que desde el 22 de
octubre pasado no lo ha apoyado, ya que los campesinos inconformes de Atenco
tomaron las instalaciones para inconformarse por el decreto expropiatorio que
los deja sin sus tierras, por lo que requiere su intervención.
Cabe recordar que el alcalde priísta
dio a conocer que abriría, el lunes 14 del presente, las instalaciones del
Palacio Municipal de San Salvador Atenco, pero como en otras ocasiones no lo
hizo.
Yánez Ramos rechazó que se vendió a
los gobiernos federal y estatal al no presentar la controversia constitucional
contra dicho decreto, pues argumentó que “nunca” fue notificado sobre la
construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Integrantes de los Pueblos Unidos por la
Defensa de la Tierra (PUDT) llamaron “traidor” al alcalde Margarito Yáñez
Ramos, por no encabezar las demandas de los pobladores de San Salvador Atenco,
por lo que determinaron desconocerlo como la máxima autoridad municipal, junto
con los miembros del ayuntamiento local.
“¡La tierra es nuestra madre, no la
vamos a negociar!”, señalan, “no nos sentaremos a platicar con las
autoridades”, en tanto no se revoque en su totalidad el decreto expropiatorio
de sus tierras, las cuales no son negociables.
Y anunciaron que el próximo 23 del
presente mes se trasladarán en caravana hacia la ciudad de Toluca acompañados
de organizaciones sociales, civiles y campesinos, organismos sindicales y
estudiantiles del Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Distrito
Federal, entre otros, para demostrarle al gobernador, Arturo Montiel Rojas, que
“no somos 80 personas los que estamos en esta lucha par la defensa de nuestra
tierra”.
En un manifiesto al grupo de resistencia
de campesinos de Atenco dan a conocer que los ciudadanos de los Pueblos de
Acuexcomac, Nexquipayac, Ixtapan, Francisco I. Madero, Zapotlán, La Pastora y
El Salado, que forman parte del Municipio de San Salvador Atenco “reiteramos
nuestra postura de rechazo total al decreto de expropiación de fecha 22 de
octubre de 2001, que pretende despojarnos de nuestras tierras y de nuestra única
forma de subsistencia (patrimonio).
Asimismo, manifiestan que no olvidan la
traición del ciudadano Margarito Núñez Ramos, del ayuntamiento en general
“y de aquellas personas que se prestaron a su juego por haber ocultado
información sobre el aeropuerto”.
También lo consideran traidor porque no
presentó la controversia constitucional, cuando se dio a conocer el decreto
expropiatorio, pues hubiera servido “para defender a nuestro municipio a sus
habitantes”, y lo que hizo fue confabularse con el gobierno federal y estatal,
lo cual consideran que es un claro atentado contra la patria. Además lo acusan
de intentar por todos los medios la división y enfrentamiento entre “pueblos
hermanos”, de este municipio. Por lo anterior, deciden desconocer a Margarito
Yáñez Ramos y al ayuntamiento en general “como nuestras autoridades”.
BAJA
CALIFORNIA SUR
DENUNCIAN
INVASIÓN EN ZONA FEDERAL DE BCS.
Ruth Rodríguez, El Universal, página 19, lunes 21 de enero.
Después de cinco años de luchar por la
vía judicial para poder tomar posesión física y real de una concesión de 600
metros de superficie ubicados en la playa El Médano, en Los Cabos, Baja
California Sur, Germán Valencia, inversionista del lugar, lamentó la falta de
transparencia con que actúan autoridades de la Dirección General de la Zona
Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa), por proteger los bienes nacionales.
Con documentos que revelan los años de
lucha por obtener una prórroga de su concesión, Arroyo Valencia dijo que la
falta de autoridad y vigilancia por parte de estas dos dependencias adscritas a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha provocado
que hoteleros y restauranteros instalen sus establecimientos en playas
federales, sin contar con los permisos correspondientes. Al referirse a su caso,
dijo que desde hace cinco años entabló una denuncia en contra de Matthew
William Parr Bennett, propietario del hotel Hacienda del Cabo S.A. de C.V.,
quien se apropió de 8 mil metros de playa, en la que se incluye la superficie
de la que él es concesionario, sin contar con título de concesión alguno.
Mencionó que hasta la fecha las
autoridades antes mencionadas no han actuado en contra de este inversionista
extranjero quien se ha defendido promoviendo amparos, los cuales en repetidas
ocasiones ha perdido porque no tiene argumentos válidos qué presentar ante los
juzgados. Sin embargo, agregó, su establecimiento no ha sido cerrado por parte
de la Profepa y de la Zofemat.
Incluso, recordó que la Profepa realizó
una inspección a este hotel (16 de marzo del 2000), en donde dictaminó que
este establecimiento presentaba irregularidades al detentar ocupaciones de
terrenos ganados al mar, además de que no presentaba autorización en materia
de impacto ambiental para la construcción en zona federal marítimo terrestre
de un edificio de dos pisos.
De igual forma consideró que la
instalación de camastros, sombrillas y letreros alusivos que dicen
"propiedad privada" hasta más allá de pleamar, obstruían el acceso
y tránsito de las personas.
Ante la gravedad de los actos de ocupación,
edificación y explotación ilícita de los bienes nacionales, en dicho dictamen
se giraban instrucciones para que la Profepa presentara una denuncia ante la
Procuraduría General de la República, independientemente de las acciones que
en este mismo sentido realice la Dirección General de Zofemat.
Sobre este punto, Arroyo Valencia comentó
que la subdelegada jurídica de la Profepa en Baja California, Verónica Romero
Camacho, no acató estas instrucciones en el momento y fue hasta un año después
cuando presentó la denuncia ante el Ministerio Público "pero, para esas
fechas el propietario de la Hacienda del Cabo ya estaba amparado".
Recordó que el jefe de la unidad jurídica
de este organismo, Mario Medina le condicionó su apoyo "siempre y cuando
yo firmara una carta en la que renunciaba a mis derechos como concesionario: sólo
así me daría la prórroga de mi concesión con el número DZF-468/91".
Arroyo Valencia, concesionario de 600 metros de superficie, comentó que su caso
ha llegado a los más altos niveles de la Secretaría de Medio Ambiente, sin que
haya sido resuelto su problema.
CHIAPAS
TRASNACIONALES,
DETRÁS DE LA GUERRA EN CHIAPAS:DESMI.
Hermann Bellinghausen, La Jornada, página 7, lunes 21 de enero.
"Es evidente que la guerra que se
vive en Chiapas está basada en los intereses económicos de las trasnacionales.
Desde el TLC con Estados Unidos y Canadá están previstos los mecanismos para
la apropiación de energéticos, fundamentados en el proceso de privatización y
en los condicionamientos de la política agraria", afirma la organización
civil Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), que
lleva más de 30 años trabajando en las zonas indígenas de la entidad.
Entre otros documentos e informes del
organismo que aparecen en el libro Si uno come, que coman todos,
presentado aquí esta semana, Desmi da a conocer un diagnóstico de la situación
de guerra que viven las comunidades: "Desde 1992 la modificación del artículo
27 de la Constitución puso las bases para la privatización de las tierras
ejidales y comunales... como parte de la política privatizadora del Estado a
favor del modelo económico neoliberal."
La Declaración de la Selva Lacandona
del EZLN (1994) "se refiere a esta situación de muerte, porque en dicho
modelo no existen posibilidades de una vida digna para los campesinos y los indígenas
de todo el país", agrega el análisis.
"Como parte de esta guerra se da la
destrucción de la estructura productiva de las comunidades, para quitarles
fuerza y capacidad de resistencia. Los recursos que se deberían destinar al
desarrollo del campo, a inversiones de infraestructura productiva, se dedican
primordialmente al sostenimiento de las fuerzas armadas y a los grupos
paramilitares", agrega.
Desmi, vinculada desde sus orígenes a
la orientación innovadora de la diócesis católica de San Cristóbal (la
"opción preferencial por los pobres" impulsada por el obispo Samuel
Ruiz García), trabaja desde 1969 en los Altos, norte y sur del estado
-Ocosingo, Altamirano, Chilón, Sabanilla, Tila, San Andrés, Chenalhó, El
Bosque y otros municipios.
Bajo el concepto de economía
solidaria, que propone la construcción de alternativas propias de los
pueblos y comunidades ante la imposición del modelo capitalista neoliberal, a
lo largo de tres décadas este organismo independiente ha participado en
proyectos educativos, de salud, agua potable, organización de mujeres, producción
agrícola, comercialización de productos y artesanías, así como una
permanente reflexión colectiva en 240 comunidades chiapanecas.
El apartado "La guerra y la
paz" (de Si uno come, que coman todos. Economía solidaria, Alma
Cecilia Omaña Reyes y Jorge Santiago Santiago, Desmi AC, agosto de 2001, 215
pp.) señala: "una vez que se ha establecido una situación de
inestabilidad, de persecución y de miedo (sobre todo después de los
desmantelamientos de los municipios autónomos y la masacre de Acteal), se
proponen los programas de inversión social, que se convierten en un elemento más
de la misma guerra porque operan para desmantelar la voluntad política de las
comunidades y su capacidad organizativa.
"Son las fuerzas armadas las que
toman iniciativas sociales, suplantando a las instituciones civiles y, sobre
todo, a las comunidades, que por otro lado estaban dispuestas a trabajar
organizadamente en un proceso de autodeterminación y autonomía."
Las reservas del caso
Si bien Desmi expresa optimismo ante el
cambio de gobierno en Chiapas, no omite sus reservas, después de siete años de
militarización sostenida. "En este contexto de guerra es difícil
interpretar las acciones del Estado: los proyectos de inversión de ciertas
zonas, la apertura de carreteras y aeropuertos. Los intereses estratégicos del
Estado son fundamentales para interpretar los planes de desarrollo y la entrega
de recursos a las comunidades."
Agrega: "existe un uso
contrainsurgente de los recursos económicos. Se premia la deserción y se
insiste más en el hecho del abandono de la organización que en la acción de
desarrollo. Durante los últimos años la situación ha empeorado; la pobreza se
ha multiplicado; la guerra ha establecido un proceso de empobrecimiento".
Además de la situación estructural, se
suma el miedo. "El cerco militar ha creado condiciones de deterioro de la
vida de las comunidades, han crecido los vicios, la prostitución y las
enfermedades. La contaminación es severa en algunas zonas por el uso que se
hace de los ríos para los desechos de los campamentos militares, en zonas donde
la población civil tenía un orden y reglamento para su uso, como lavar la ropa
y bañarse.
"Los campamentos se adueñan de los
recursos estratégicos para la sobrevivencia: fuentes de agua, bosques,
manantiales, caminos y otras vías de comunicación", indica.
Con relación al trunco proceso de paz,
Desmi considera clave el principio de justicia, que con los acuerdos de San Andrés
(1996) establece la necesidad de "reconocer el valor de la palabra
dada". Invocando la obligatoriedad para el Estado mexicano del Convenio 169
de la OIT sobre derechos indígenas, y otros compromisos internacionales que son
"ley suprema de la Unión, en términos constitucionales", el
organismo civil considera que la paz requiere la participación de la sociedad
como sujeto de su propio desarrollo.
"Como parte de la lucha por la
justicia se ha llegado a la concepción de la autodeterminación y el derecho a
la autonomía. Un ejercicio de resistencia cultural, pero también una apropiación
del derecho a existir como pueblos, participando en la construcción de la
sociedad. Un grito contra la negación y contra el olvido, y una exigencia para
crear una propuesta dentro de una nación pluriétnica y pluricultural,
asumiendo la situación de marginación y dependencia como reto a vencer,
construyendo alternativas propias; no en el esquema de una continuidad con el
modelo de sociedad impuesto y colonial, sino en el que toma elementos de la
identidad cultural y de la participación de todos."
Lo que niega la guerra, determina el análisis
de DESMI, es el reconocimiento del derecho a luchar, a ejercer la
autodeterminación y establecer relaciones justas; que sea reconocido, en fin,
el "derecho a existir" de estos pueblos.
DISTRITO
FEDERAL
DISPUTA
POR EL AGUA EN EL VALLE DEL ANÁHUAC.
Carlos González, Suplemento Ojarasca, La Jornada, página 3, lunes 21 de enero.
Lleva siglos que los tres valles más
importantes del centro del país, el del Anáhuac, el de Toluca y el de
Cuernavaca-Cuautla, se desarrollan a despecho y por encima de los pueblos indígenas
originarios que los habitan.
En el largo periodo de dominación española,
las sociedades indígenas de la región fueron profundamente reorganizadas y el altépetl,
unidad espacial y de organización social de los pueblos indígenas del centro
del país, dio lugar a la república de indios, perfectamente regulada
por un conjunto de disposiciones legales (Leyes de Indias) e instituciones
coloniales.
El territorio fue, por decirlo de algún
modo, reordenado y, en una época en que el sustento de la población provenía
casi en exclusiva de la agricultura, los conquistadores despojaron de sus
mejores tierras a las comunidades indígenas de los valles. Tal proceso pudo
consolidarse gracias a la política de congregaciones, y al despoblamiento que
sufrieron los territorios americanos durante el siglo XVI a causa de las grandes
mortandades de indios.
Por la conjugación de dichos factores,
más la explosiva urbanización de los valles del centro del país, las
comunidades indígenas de las sierras boscosas que circundan estos valles son
las que mejor subsisten en su ser comunal, conservando partes de su organización
tradicional, sus fiestas y hasta su lengua original.
En algún momento de su largo caminar,
estas comunidades fueron empujadas por el conquistador azteca o español, a
vivir arriba de los 2 500 metros de altura, en condiciones realmente adversas y
con rendimientos agrícolas sumamente bajos, pero son, en su mayoría,
propietarias, bajo el régimen comunal o ejidal, de los grandes bosques de
encino, oyamel y ocote que dan vida a las ciudades. El 70 por ciento del agua
que consumen ciudades como la de México o Toluca, y grandes cantidades de oxígeno,
provienen de ellas.
Hoy que el proceso histórico coloca a
dichas comunidades como propietarias o poseedoras de recursos naturales estratégicos
y suelos con alto valor inmobiliario, el poder efectivo que representan los
capitales inmobiliarios y de la finanza mundial, no duda en asociarse con
quienes gobiernan las grandes ciudades y los municipios conurbados a ellas,
independientemente del partido al que pertenezcan.
El fin de dicha asociación es simple:
concertar el despojo legal o tramposo, encubierto o descarado, de los
territorios que pertenecen a las comunidades originarias.
En este conflictivo escenario, agudizado
por el proyecto neoliberal y sus divinas encarnaciones como el Plan Puebla-Panamá
(PPP), la disputa por el agua se torna fundamental. Las grandes ciudades (nos
referimos sobre todo a México y Toluca) y los proyectos
inmobiliario-industriales actuales, engarzados al PPP, requieren, día con día,
una mayor cantidad de agua. La Cuenca del Lerma ha disminuido sus niveles hídricos
y resulta muy cara la conducción de sus aguas hasta la ciudad de México. La
proyectada extracción hidráulica del Temascaltepec no sólo se convirtió en
un riesgo político, por la justa oposición de las comunidades y municipios
afectados, también representa elevados costos para la Federación y los
gobiernos estatales.
La solución elegida fue seguir
obteniendo el agua que producen los bosques de las comunidades serranas próximas
al Distrito Federal y a Toluca. Pero lo anterior implica acrecentar el despojo
de que han sido víctimas, agudizando la relación desigual entre las
poblaciones que resguardan los bosques, y las ciudades --cada vez con mayores
necesidades y requerimientos.
El despojo de las aguas comunitarias no
es nuevo. La Constitución de 1917 estableció el carácter nacional de gran
parte de las aguas que nacen o se localizan en territorio mexicano, lo que inició
el despojo de las aguas pertenecientes a las comunidades, aunque la reforma
agraria, en su etapa cardenista, contemplara la dotación y el reconocimiento de
aguas ejidales y comunales.
En 1922 Obregón emitió un Decreto
declarando todas las aguas superficiales de la Cuenca del Valle de México como
nacionales. Esto no sólo fue una interpretación abusiva del Artículo 27
Constitucional; llevó también al desconocimiento de los derechos agrarios y
territoriales de las comunidades y de los servicios ambientales que prestan a
las grandes ciudades con sus actividades que, contra todo lo dicho, han
preservado, mejor que nada o que nadie, el suelo agrícola y forestal.
Los derechos territoriales de las
comunidades despojadas también quedaron cancelados. Sus tierras las han ocupado
en forma ilegal obras hidráulicas de toda índole; la extracción inmoderada de
agua en territorios indígenas no ha previsto las consecuencias ecológicas ni
ha indemnizado a los propietarios por el impacto negativo o por el cuidado de
los bosques y del suelo agrícola que éstas realizan.
Actualmente, la lucha de diversas
comunidades serranas de los Valles de Toluca y el Anáhuac no se ha centrado en
exigir que las aguas consideradas nacionales se declaren comunales, sino en el
reconocimiento de sus derechos territoriales.
San Pedro Atlapulco, pueblo ñahñú del
municipio de Ocoyoacac, Estado de México, ha comprendido la importancia estratégica
de los recursos que posee --en tanto propietario de los bosques de oyamel
localizados en La Marquesa-- y emprende la lucha para obtener compensaciones por
el agua potable que diversos municipios se llevan de sus montes comunales.
Atlapulco tiene suscritos convenios con
los municipios de Lerma y Huixquilucan. Con Lerma se logró después de una
intensa lucha que abarcó la primera mitad del 2001 y que, de manera
inteligente, combinó acciones directas acordadas por la asamblea comunal (como
el corte de agua al municipio de Lerma) con negociaciones a todos los niveles y
la interposición de un juicio de amparo en contra de los títulos de concesión
que la Comisión Nacional del Agua otorgó, sobre manantiales localizados en la
propiedad de Atlapulco, a pobladores de Lerma.
Una cohesionada organización comunal, más
una larga trayectoria en defensa del territorio, llevó a que Atlapulco
obtuviera resultados y experiencias de significativo valor para todas las
comunidades indígenas del país. Atlapulco ya obtuvo la suscripción, con el
municipio de Lerma, del primer contrato por prestación de servicios
ambientales que se firma en este país entre una comunidad y una entidad pública.
El contrato reconoce los derechos
territoriales de Atlapulco, consignados en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (Artículos 13, 14 y 15), y establece el pago de una
compensación económica a favor de la comunidad por la ocupación de sus
territorios para la obtención y conducción de aguas, y por los cuidados que
los comuneros y comuneras realizan del bosque (los llamados servicios
ambientales), mismos que posibilitan la permanencia de los manantiales
utilizados por Lerma y otros municipios. Este es un antecedente que podrán usar
cientos de comunidades con problemas semejantes.
La comunidad de San Pedro Tlanixco, a
las faldas del Xinantécatl (o Nevado de Toluca), también desarrolla una
significativa lucha por recuperar las aguas que de sus bosques nacen y que, casi
en su totalidad, van a parar a los invernaderos de los pequeños y grandes
floricultores del municipio de Villa Guerrero, en tanto que Tlanixco se debate
en la pobreza y sus hijos deben emigrar al norte del país o --por paradójico
que pueda parecer-- a los invernaderos de Villa Guerrero, como jornaleros mal
pagados.
Este antiguo poblado de origen
matlatzinca, que a los gobiernos priístas se les ocurrió catalogar como
mazahua para efectos de participación en mítines y actos electoreros de toda
laya, pretende una distribución más justa del agua y el reconocimiento de sus
derechos territoriales con relación a las aguas que nacen en sus tierras
ejidales (de origen comunal).
Para ello han interpuesto un amparo que
cuestiona las concesiones otorgadas a floricultores de Villa Guerrero sobre las
aguas superficiales que nacen en tierras de Tlanixco y han realizado diversas
acciones directas con el fin de presionar a los poderes locales. Por el bien de
ellos, por el bien del movimiento indígena y por el bien de todos esperemos que
esta digna lucha logre sus objetivos.
ESTADO
DE MÉXICO
SOLICITAN
CAMPESINOS EL CAMBIO DE USO DE SUELO.
Atlante Carlos Muñoz, Diario de México,
página 12, lunes 21 de enero.
Ejidatarios del municipio de La Paz
exigen el cambio de uso de suelo del ejido Corte San Gregorio, a efecto de
construir una unidad habitacional, porque ya no son rentables las tierras de
cosecha, aseveró Aurelio Espinosa Ortiz, asesor del Comisariado Ejidal de Los
Reyes y su barrio Tecamachalco.
En un escrito dirigido al alcalde de
Valle de Chalco, Luis Enrique Martínez Ventura, los campesinos señalan que es
necesario su apoyo para urbanizar 59 parcelas, en virtud de que la mancha urbana
ha consumido las zonas de cultivo y actualmente más de 120 familias se
encuentran irregularmente en dicho lugar.
Ante tal situación, abundó el
representante de los labriegos, éstos piden crear una zona urbana, cambiando el
uso de suelo de agrícola e industrial por una habitacional, pues gente sin
arraigo en dicho ejido roba maíz, las habas y el frijol que se siembra y por
ende perjudican a los campesinos.
Espinosa Ortiz explicó que el ejido de
San Gregorio pasó a formar parte del Valle de Chalco cuando se erigió como
municipio; a partir de entonces los fraccionadores clandestinos han lucrado con
los espacios agrícolas, en donde se han construido viviendas incluso de
concreto, no obstante que se encuentran en zona irregular.
TRAMITAN
REGULARIZACIÓN DE 7 MIL PREDIOS EN NAUCALPAN.
Nota Informativa, Diario de México,
página 12, lunes 21 de enero.
Alrededor de siete mil predios asentados
de manera irregular en este municipio podrían tener este año certeza jurídica,
con el convenio de coordinación que están por firmar el ayuntamiento y la
Comisión para la Regularización del Suelo del Estado de México (CRESEM), en
donde se exentan los 3 mil 500 que se encuentran en terrenos federales de CNA,
Ferrocarriles, CFE y PEMEX, considerado como de alto riesgo.
Leopoldo Becerril Elizalde, vocal
ejecutivo de Asentamientos Humanos, exhortó a la autoridad estatal y federal a
actuar para otorgar los terrenos adecuados y la infraestructura social necesaria
–incluso fuera del municipio–, para la reubicación de las tres mil familias
que viven en zonas de alto riesgo, pues representa un problema urbano al
municipio, al no poder dotarlos de
servicios básicos.
El funcionario, explicó que en el
Programa Municipal de Reordenamiento Urbano y Desarrollo Sustentable, se
estipula la necesidad de apoyar a las más de siete mil familias que viven en
terrenos irregulares y que con el paso del tiempo se han consolidado al contar
con todos los servicios básicos.
Por ello, agregó, el Ayuntamiento
buscará los mecanismos necesarios para el ordenamiento y regularización de
esos predios ante las autoridades competentes, a fin de entregar las escrituras
que consoliden el patrimonio de estas familias.
LÍDERES
DEL PRI Y PSM TRAFICAN CON TERRENOS.
Arturo Tlatelpa, México Hoy, página
19, lunes 21 de enero.
Líderes del PRI y del Partido
Socialista de México iniciaron la venta ilegal de terrenos en el predio federal
de 40 hectáreas conocido como El Agostadero. De acuerdo con la versión del
presidente municipal, Luis Enrique Martínez Ventura y del director de gobierno,
José Luis Pérez Torres, no existe autorización para fraccionar para uso
habitación la franja señalada considerada como una reserva territorial para
construir la Universidad del Valle de Chalco y un hospital de primer nivel.
Por ello las autoridades colocaron
letreros en la zona del El Agostadero con la leyenda de que son “propiedad
federal” y que advierten a colonos no dejarse sorprender con líderes que
pretenden fraccionar tierras de propiedad de la Federación.
Sin embargo, el líder priísta,
Marcelino Guzmán León, en su intento por vender las tierras, ha usado el
nombre del delegado de la Comisión Reguladora del Suelo en el Estado de México
(CORETT), Francisco Bueno Salas.
En el mismo tenor, se encuentra el
dirigente estatal del Partido Socialista de México, Domitilo Guzmán Villegas,
quien también ha ofrecido lotes de 120 metros cuadrados a un costo aproximado
de 3 mil 500 pesos, a sus agremiados, bajo el argumento de que las 40 hectáreas
de propiedad federal, le pertenecen a familias del Valle de Chalco.
Ambos líderes argumentan que tienen
derecho a las tierras porque fueron expropiadas para crear un centro poblacional
el 18 de noviembre de 1980, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En tanto, la policía municipal realiza
recorridos para evitar que los terrenos sean invadidos por “paracaidistas”.
Otros líderes como Gregorio Hernández Méndez, José Concepción Luna López,
Vicencia Muñoz Cid y Leticia Cruz Zúñiga, entre otros promueven la venta de
El Agostadero.
SECTOR
AGROPECUARIO
PREPARA
BANRURAL EL SEGURO AGRÍCOLA.
Romina Román Pineda, El Universal, página 3D, lunes 21 de enero.
Banrural incorporará, una vez que se
transforme en el banco de las cajas rurales, nuevos instrumentos como seguro agrícola,
coberturas de precios y contratos a futuro.
De acuerdo con un documento interno, la
banca de desarrollo confirma que además de la inyección de capital para
fortalecer su posición financiera, empezará a operar esquemas más
simplificados y eficientes para que los recursos lleguen adecuadamente al campo.
En lo que respecta al nuevo perfil de la
entidad, adelanta que será necesario rediseñar los procesos de negocio; hacer
las estructuras "más planas"; mejorar los sistemas informáticos;
optimizar los análisis de crédito y dar un adecuado seguimiento a sus niveles
de riesgo.
Lo anterior, añade, permitirá que el
crédito al campo sea más seguro, lo que coadyuvará a bajar las tasas de interés,
ya que éstas contienen un alto componente de riesgo. Para transitar hacia el
esquema de las cajas de ahorro del campo, Banrural se apoyó en el modelo español.
El modelo español
Con base en información de Banrural y
del Grupo Caja Rural, en España hay 47 cajas dirigidas al campo con 19 mil 280
oficinas y una cartera de 47.3 millones de clientes.
Estos intermediarios reportan una
captación total por 262 mil millones de dólares y 208 mil millones de dólares
de cartera crediticia.
De los préstamos realizados por estos
intermediarios se recuperan en promedio 98.3 centavos por cada dólar.
En su carácter solidario y social,
estas instituciones han canalizado, en los últimos tres años, recursos de sus
reservas sociales por 729 millones de dólares a obras de desarrollo
comunitario.
Las cajas rurales participan con 1.45
por ciento de la captación del ahorro en el sistema financiero español; con
2.30 por ciento en los fondos de inversión; 3.52 por ciento en crédito
hipotecario; 4.41 por ciento en crédito al consumo, así como con 5.47 por
ciento de la cartera de valores.
Sólo el Grupo Caja Rural cuenta con 3
mil 390 oficinas en España y una cuota de 4 por ciento en créditos al sector
privado.
Esta institución representa 3.5 por
ciento del sector financiero por activos y cerca de 9 por ciento en red de
oficinas.
El modelo español de cajas rurales
cuenta con un fondo interno de solidaridad destinado a prevenir o resolver
situaciones de insolvencia.
Cómo surgen
Las cajas rurales españolas surgen a
través de asociaciones de productores locales quienes se transforman en los
propietarios de pequeñas unidades financieras, captando el ahorro de sus
habitantes y canalizándola a actividades productivas de la comunidad.
Como propietarios de las cajas rurales,
los productores se encuentran afiliados a instituciones de supervisión auxiliar
regionales como las federaciones y confederaciones.
Dentro de este esquema hay un
"banco central" que se encarga de proveer productos financieros y
tecnología y como el vínculo con las cajas rurales.
Actualmente las cajas rurales españolas
participan en programas de financiamiento para la construcción de presas, obras
sanitarias o de telecomunicaciones, entre otros y se les permite actuar como
entidades de crédito, es decir, tienen libertad para operar y otorgar servicios
similares a los del resto de las instituciones que integran el sistema
financiero español.
Las cajas proporcionan gestión de
fondos de inversión, de fondos de pensiones, operaciones de compraventa de títulos
de bolsa, cobranza de servicios públicos, transacciones de inmobiliarias, gestión
integral de oficinas e inmuebles en general y seguridad de transporte de fondos.
En términos de diversificación de
inversiones, las cajas están autorizadas para negocias títulos de deuda pública,
letras del tesoro, bonos y otros instrumentos financieros, ofreciendo precios de
mayoristas a operaciones menores.
Con el apoyo del banco central se
proporcionan servicios de banca electrónica, banca por internet y atención
telefónica, así como servicios informáticos que permiten el cruce de
operaciones.
En Venezuela también está presente la
figura de las cajas rurales. En esa nación las cajas son pequeños bancos y sus
propietarios son los miembros de la comunidad.
Honduras también tiene organizaciones
comunales, denominadas cajas rurales. Estas entidades movilizan recursos
financieros, entre familias y surgen como una alternativa de ahorro y crédito
para la población con pocas posibilidades de accesar a los sistemas de
financiamiento. Sin embargo, las experiencias más exitosas están en Alemania,
Francia, Canadá y España. Los sistemas de cajas rurales surgieron en el siglo
XIX en Alemania.
AYUDA
DIVERSA PARA LOS CAMPESINOS, PIDE EL CNA AL GOBIERNO FEDERAL PARA REACTIVAR EL
AGRO.
Mario Peralta, Excélsior, página 22-A, lunes 21 de enero.
Al tiempo de hacer un llamado a la
unidad de las organizaciones agrarias para impulsar el campo mexicano, Jesús
Vizcarra Calderón, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, pide al
Gobierno Federal a través del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, ayuda
económica, técnica y moral para que los campesinos hagan producir la tierra y
la dependencia alimentaria del exterior, sea cada día menor para los mexicanos.
Vizcarra Calderón se reunió con
Usabiaga Arroyo y ambos reconocieron que el mejor camino para que el agro
mexicano, no solamente produzca alimento suficiente para que los mexicanos lo
adquieran a precios accesibles, sino que se debe reordenar a los grupos
regionales que siembran y cosechan café, caña de azúcar, arroz, maíz, trigo
y hortalizas, entre otros alimentos que pueden ser competitivos en el entorno de
la globalización.
Explicó Jesús Vizcarra Calderón
durante la reunión de trabajo – llevada a cabo el jueves anterior en las
oficinas del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, evento al cual asistieron los dirigentes de los 16 subsectores de
la cadena agroalimentaria del país, que forman parte del CNA- se pudo hacer una
evaluación de la situación actual del sector agroalimentario e intercambiar
puntos de vista sobre los programas y acciones que son necesarios, para resolver
la problemática agroalimentaria.
OPINIÓN
¿GASTO
SUFICIENTE PARA 2002?
Miguel Hernández Labastida, Unomásuno,
página 5, lunes 21 de enero.
Tras la intensa lucha política en la Cámara
de Diputados y en el Senado donde después de haber aprobado las reformas a las
leyes de Derechos, Impuesto sobre la Renta y de Impuestos Especiales sobre
Productos y Servicios, en que hubo cambios en las votaciones de los legisladores
con vaivenes hacia donde más los presionaban, se aprobó finalmente el
Presupuesto de Egresos para el año 2002.
Una vez pasado el lobbing que primero
hicieron los empresarios, industriales, intelectuales y financieros, continuó
después el de los sindicatos, organizaciones sociales, el Poder Judicial, la
Comisión de Derechos Humanos, las empresas del Estado y hasta las Secretarías
de Estado para incidir en el reparto que les correspondería en el pastel del
gasto.
Como es natural y como sucedió en las
reformas fiscales en que hubo complacidos y enfurecidos, igual pasó en las
partidas presupuestales que tampoco satisficieron pues para unos hubo ajustes
favorables y para otros totalmente adversos.
Se puede apreciar claramente que del
diferencial obtenido de los 53 mil millones que se supone se obtendrán con las
reformas, modificaciones, ampliaciones y reasignaciones hechas sobre la
propuesta original del presupuesto, resultaron más beneficiados: los programas
de apoyo al fortalecimiento y las participaciones y aportaciones a las entidades
federativas y municipios con 36,634 millones de pesos adicionales; Educación Pública,
9,000 millones de más; IMSS, 6,000 millones; Comunicaciones y Transportes con
5,250 millones; Agricultura, 4,337 millones; Desarrollo Social, 3,409 millones;
Salud, 2,150 millones; Economía, 1,614 millones; Medio Ambiente, 1,454
millones; PGR, 895 millones; Seguridad Pública, 380 millones; Relaciones
Exteriores, 336 millones, y Reforma Agraria con 124 millones.
Quienes fueron afectados negativamente a
lo solicitado o presupuestado fueron: Pemex (consolidado), 6,503 millones; Costo
Financiero de la Deuda Pública, 5,000 millones; Poder Judicial, 4,938 millones;
Provisiones Salariales y Económicas, 4,800 millones; CFE, 2,051 millones;
Hacienda, 293 millones; Comisión Nacional de Derechos Humanos, 259 millones;
Trabajo y Previsión Social, 150 millones; Auditoría Superior de la Federación,
155 millones y Gobernación con cien millones.
Con lo anterior se puede observar que la
orientación que se le dio al Presupuesto, fue hacia el fortalecimiento de las
entidades federativas y municipales y hacia el mejoramiento de lo social, lo
cual refleja el peso específico que tuvieron los gobernadores y presidentes
municipales así como las organizaciones sociales y sindicales (maestros,
trabajadores al servicio del Estado y campesinos).
Arrepentidos los diputados priístas de
su actitud y desdén manifestado en la Cámara de Diputados en la discusión de
la reforma fiscal, ahora sí intervinieron junto con el resto de los
legisladores de los otros partidos en la elaboración del Presupuesto; o sea que
ya no quisieron dejar solos a los grupos parlamentarios del PAN y PRD, por lo
cual se aprobó con 418 votos a favor, una abstención y cero votos en contra,
quedando así:
Gasto Neto Total
A: Ramos Autónomos 26,512,150,439
(Legislativo, Judicial, IFE y CNDH)
B: Ramos Administrativos 332,366,003,737
(Presidencia, Secretarias de Estado,
PGR,
Tribunales Agrarios y Fiscal y Consejería
Jurídica)
C: Ramos Generales/ Deuda y Adefas
770,104,639,041
D: Paraestatales 334,351,506,783
(Se restaron subsidios, transferencia y
aportaciones
a seguridad social)
Gasto Neto Total 1,463,334,300,000
En este tenor, el marco macroeconómico
2002 en el que se tendrá que manejar Fox, es el siguiente:
Ingresos 1 billón 459.4 mil millones
Gasto Neto Total 1 billón 463.3 mil
millones
Déficit Fiscal 0.65% del PIB
Inflación 4.5% anual
PIB 1.7% de crecimiento
Tasa de Interés (Cetes a 28 días) 9.7%
Endeudamiento Interno 110 mil millones
de pesos
Petróleo 15.5 dólares por barril
Plataforma 1 millón 759 mil barriles
diarios.
Como se puede apreciar, aunque al
presidente Fox le pareció insuficiente este presupuesto y reconociendo que no
se llevó a cabo su propuesta de reforma fiscal, finalmente lo que los diputados
y senadores lograron fue obtener recursos por cerca de 68 mil millones de pesos
que aunque no fueron suficientes para llegar a los 130 mil millones de pesos que
esperaba el Presidente, sí le dan un margen y marco de referencia para que se
puedan atender los más apremiantes problemas sociales del país.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx