Viernes 16 de agosto
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
El
Universal • La Jornada • Reforma
Milenio Diario • El Sol de México
Ovaciones
• Revista
Época
OPINIÓN
SECTOR
AGRARIO
EJIDATARIOS
ARMADOS INTENTARON QUITAR A HUICHOLES DE JALISCO 2 MIL 700 HECTÁREAS ...
LA
DE AGUA FRÍA, UNA MASACRE ANUNCIADA: CNDH ...
EL
CAMPO MEXICANO, UN POLVORÍN ...
AEROPUERTO
DE TEXCOCO
SEGÚN
EMPRESARIOS MEXIQUENSES, TOLUCA ESTÁ CONSIDERADA PARA CONSTRUIR EL NUEVO
AEROPUERTO ...
EN
HIDALGO RECHAZAN LA INSTALACIÓN DE TERMINAL AÉREA ...
SECTOR
AGROPECUARIO
DESTINAN
AHORROS A BLINDAJE AGRÍCOLA ...
PARA
ALGUNOS ESPECIALISTAS, EL BLINDAJE AL
CAMPO ES INSUFICIENTE ...
PIDEN
EMPRESARIOS DESTITUIR A CERISOLA, JAVIER USABIAGA Y FRANCISCO GIL DÍAZ ...
ESTADOS
CHIAPAS
NIEGA
PRIISTA NEPOTISMO EN PROCAMPO ...
DISTRITO
FEDERAL
HAY
EN LA CIUDAD 804 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELOS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA:CORENA ...
GUERRERO
EN
PUNTA DIAMANTE, CUNDE EL EJEMPLO DE ATENCO ...
AUTORIDADES,
CÓMPLICES DE MAFIAS DE TALAMONTES ...
EJIDOS
Y MACHETES
Editorial, Revista Época, página 3, viernes 16 de agosto
La
anulación de las expropiaciones ejidales vinculadas con el proyecto Gran
Texcoco, no fue suficiente para cancelar la discusión pública y los
sobresaltos derivados de la oposición campesina encabezada por los pobladores
de San Salvador Atenco.
Todo
lo contrario. El tema está vigente, enrareciendo el ambiente político dentro y
fuera del gabinete presidencial, con extensiones de todo tipo tanto en el país
como en el extranjero, particularmente en el mundo financiero.
Aguerridos
autóctonos, los atenquenses hicieron del machete un ícono que dio la vuelta al
mundo a través de la televisión y las fotografías transmitidas por las
agencias internacionales. Símbolo de lucha y defensa, a la vez herramienta de
trabajo, fue adoptado con tanta rapidez como efectividad por comunidades
campesinas del país.
El
caso más llamativo, por todo cuanto implica desde su origen y desarrollo hasta
la situación actual es el de Punta Diamante y Tres Vidas, desarrollos
residenciales de alta inversión y plusvalía en Acapulco, asentados en tierras
ejidales cuyo traslado de dominio de propiedad social a privada no fue del todo
transparente, al menos en una superficie de 79.5 hectáreas.
La
confirmación de actos ilegales presuntamente cometidos por el entonces
gobernador de Guerrero, Francisco Ruíz Massieu, y un grupo de inversionistas
regiomontanos encabezados por Alberto Santos, provino del Tribunal Agrario
mediante fallos encaminados a la restitución de tierras a los ejidatarios o a
una jugosa indemnización económica.
Como
no se ha dado una cosa ni la otra, émulos de sus compañeros de clase y condición,
los campesinos guerrerenses se instalaron en la zona residencial de Tres Vidas,
machete en mano. En tanto la autoridad agraria les reconoce su derecho a la
recuperación de su propiedad, los inversionistas elevan su queja de ser víctimas
de invasión territorial y de violentar el Estado de derecho.
A
todo esto, retomo el asunto de Gran Texcoco. Algo me dice que revertir la
expropiación del 22 de octubre de 2001, abre posibilidades para la construcción
del aeropuerto metropolitano. Los campesinos se rebelaron ante las humillaciones
y desatención política padecida por ellos desde las esferas gubernamentales.
La
ridícula suma fijada para la indemnización, fue uno de tantos agravantes.
Ahora es bueno recordar las reformas constitucionales impulsadas por Salinas de
Gortari, a cuya vera los ejidatarios son dueños de la tierra antes amparada en
el régimen de propiedad social.
Quiero
decirlo de manera más sencilla. Están en libertad de vender las parcelas para
el aeropuerto o cualquier otro proyecto, a valor de mercado.
Qué
diferencia.
Guillermo Mora Tavares
REVALORACIÓN
DEL CAMPO
José Luis Calva, El Universal, página 28, viernes 16
de agosto
El
mecanismo de tijera que se cierne sobre el sector agropecuario mexicano,
conformado por la Farm Sucurity and Rural Investment Act of 2002 que
incrementa significativamente los subsidios a los granjeros estadounidenses; y
por la liberalización de todas nuestras importaciones agroalimentarias (con
excepción del maíz, el frijol y la leche en polvo), que se realizará el próximo
año en el marco del TLCAN, ha despertado justificadas inquietudes entre los
productores rurales mexicanos. Desde luego, el "blindaje
agroalimentario" anunciado por los secretarios de Agricultura y Economía
no ha logrado desactivar dichas inquietudes. Como ha señalado el Consejo
Nacional Agropecuario: "Se requiere de un plan más amplio e integral que
enfrente las desventajas estructurales que el campo mexicano ha acumulado por décadas".
Ciertamente, la crítica situación que padecen millones de productores rurales debería motivar una concienzuda revaloración del campo mexicano. La sociedad mexicana debe cobrar plena conciencia de que ningún proyecto de crecimiento económico sostenido con equidad es viable si no se sustenta en un campo bonancible. En otras palabras: en vez de considerar al sector agropecuario como una carga o como un problema, la sociedad y los poderes públicos debe considerar al campo como parte de la solución de los grandes problemas nacionales.
EJIDATARIOS
ARMADOS INTENTARON QUITAR A HUICHOLES DE JALISCO 2 MIL 700 HECTÁREAS
Matilde Pérez, La Jornada, página 33, viernes 16 de
agosto
Un
grupo armado de ejidatarios de San José del Refugio, encabezados por un
presunto agente del Ministerio Público de Valparaíso, Zacatecas, pretendieron
ocupar por la fuerza 2 mil 700 hectáreas que el Tribunal Unitario Agrario (TUA)
entregó en 1994 a los huicholes. La situación se mantiene tensa, ya que, según
versión de las autoridades indígenas de San Andrés Cohamiata, Jalisco, el
secretario de Gobierno zacatecano, Arturo Nahle, es quien está provocando las
agresiones.
Florencio
López Carrillo y Juan Carrillo, comisariado y secretario de bienes comunales,
respectivamente, informaron que el pasado 7 de agosto se introdujeron a sus
tierras 27 ejidatarios. Recordaron que desde la década de los 50 tuvieron
conflictos de límites con sus vecinos del ejido El Refugio, del municipio
Valparaíso. "Esos problemas provocaron una cantidad muy grande de
fricciones e injusticias, situación que la Secretaría de la Reforma Agraria
nunca atinó a solucionar."
En
septiembre de 1993 la comunidad interpuso una demanda en el TUA por conflicto de
sobreposición de planos en la ampliación del ejido, por la que se abrió el
expediente Z232/93, y en agosto de 1994 el tribunal dictaminó en favor de los
indígenas. Los ejidatarios continuaron el procedimiento jurídico de protesta,
sin embargo, la solicitud de amparo que interpusieron se sobreseyó porque no
agotaron la instancia de revisión ante el Tribunal Superior Agrario.
Inconformes
por el resultado, los ejidatarios continuaron buscando una solución que los
favoreciera, y por ello recurrieron al juez segundo de distrito en Zacatecas y
abrieron el expediente 428/95; el juzgado decidió enviar al perito Víctor
Manuel Chávez Nájar para verificar la ejecución, quien concluyó que la línea
trazada en cumplimiento de la ejecución de la sentencia del TUA era la misma
hecha en campo. Por ello, el asunto quedó concluido desde el punto de vista
legal, pues -afirman las autoridades huicholas- no existe ningún otro recurso
legal al que nuestros vecinos de El Refugio puedan acudir.
"La
razón y el derecho nos asiste, no obstante, los ejidatarios se han negado en
los hechos a respetar el fallo, y constantemente rompen los cercos para
introducir ganado, sin importarles el daño que provocan a nuestras siembras.
Esa actitud ha sido alentada por Arturo Nahle al dar falsas expectativas a sus
paisanos".
La tarde de ayer, los representantes de los huicholes llegaron a la ciudad de México para tratar de reunirse con las autoridades agrarias y exponerles la situación; informaron que el pasado 9 de julio los ejidatarios acordaron –en presencia de representantes de los gobiernos de Jalisco y Zacatecas– no seguir dañando el cerco ni meter su ganado a las parcelas de los huicholes.
LA
DE AGUA FRÍA, UNA MASACRE ANUNCIADA: CNDH
Nota
informativa, Revista Época, La Jornada, página 17, viernes 16 de agosto
Los
conflictos limítrofes entre comunidades, y la impunidad prevaleciente ante la
falta del esclarecimiento de crímenes entre labriegos, denunciados con
anterioridad, fueron las causas de la masacre de 26 campesinos perpetrada el 31
de mayo en Agua Fría, Oaxaca, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
En
un informe de 84 cuartillas, aseveró que dicha matanza estuvo enmarcada por
resoluciones y juicios de amparo resueltos recientemente, que acrecentaron la
tensión en la zona.
El
ombdusman nacional, José Luis Soberanes, explicó que en el escenario
donde ocurrieron los hechos se conjuntaron factores crónicos propicios para
ocasionar situaciones más graves que los ocurridos en Agua Fría. Entre dichos
elementos figuran el atraso social, la insuficiente seguridad pública e
impunidad, las pugnas intercomunitarias, la explotación forestal y los litigios
agrarios.
Por
otra parte, alertó al gobierno que, en caso de no avanzarse en el respeto a los
derechos humanos de los indígenas, se irán configurando y consolidando
situaciones con una elevada explosividad social.
En el informe, dirigido al presidente de la República, Vicente Fox; a los secretarios de Gobernación, Medio Ambiente, Reforma Agraria (SRA) y Seguridad Pública; al procurador general de la República y al gobernador de Oaxaca, Soberanes aseguró que la autoridad estatal responsable de la seguridad pública "conocía la existencia de los conflictos de manera previa a la matanza de Agua Fría, pues era público que se produciría un acto de violencia contra los habitantes de la comunidad de Santiago Xochiltepec, pero la actuación de las autoridades encargadas de brindar seguridad fue insuficiente".
EL
CAMPO MEXICANO, UN POLVORÍN
Redacción, Revista Época, página 13, viernes 16 de
agosto
La
advertencia está hecha: en el campo mexicano hay un "grave riesgo" de
que estallen brotes de violencia.
Para
analizar esa situación, el 24 de agosto en Tlaxcala, por primera vez se
realizará una Conferencia Nacional de Gobernadores que pondrá énfasis en el
asunto agrario, la crisis que atraviesa y el desempleo en el país, tras lo
cual, los mandatarios convocarán al presidente Vicente Fox a un diálogo, toda
vez que "se está combinando gravemente el narcotráfico con la guerrilla y
con la pobreza del campo, y eso es una bomba explosiva de dimensiones
desconocidas", de acuerdo con la versión del gobernador de Zacatecas,
Ricardo Monreal Avila.
El
tema de los "focos rojos" volverá a ponerse en el primer plano
nacional, aunque de antemano este es otro punto en discordia dentro del
gabinete. Las visiones son encontradas, pues mientras que los funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Social sostienen que no hay por qué alarmarse, la
encargada de la Oficina Presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Xóchitl Gálvez, advierte –al igual que lo hizo el 6 de agosto, en reunión
con senadores y diputados de las comisiones unidas de Reforma Agraria-- que en
el país hay 382 conflictos de los cuales 18 afectan en forma severa a zonas indígenas,
que podrían derivar en hechos violentos, y cuya atención requerirá, en 2003
de un presupuesto, de por lo menos mil millones de pesos.
Su
punto de vista lo comparte Monreal, quien asegura que el agro nacional atraviesa
por su más severa crisis al grado que "se encuentra en quiebra", por
lo que "el país corre el riego de ver surgir otros Atenco".
El
planteamiento opuesto lo sostiene el subsecretario de Planeación de la secretaría
de Desarrollo Social, Miguel Székely, quien desecha que la crisis de las
regiones indígenas esté a punto de derivar en brotes de violencia.
En
torno a los "focos rojos", Xóchitl Gálvez considera que éstos ya
están encendidos en 11 entidades: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Veracruz, Chihuahua, Sonora, Puebla, Durango, Jalisco y Nayarit. Su solución, añade,
debe basarse más en el diálogo, que en fallos judiciales.
Refiere
que la oficina a su cargo ha recibido dos centenares de demandas de comunidades
indígenas, la mayoría relacionadas con problemas de tenencia de la tierra y
comenta que el gobierno federal no puede intervenir en la resolución de los
tribunales agrarios, pero que desde el punto de vista social ha tratado de
privilegiar la conciliación a través de un equipo interinstitucional de seis
Secretarías y otras dependencias, para encontrar alternativas diferentes a los
fallos judiciales.
Gálvez
apuntó que una de las opciones para resolver los conflictos, es que los
tribunales agrarios den validez a los acuerdos de concertación.
Zonas con riesgo de violencia |
|
Oaxaca | Santa
María San Miguel Chimalapa San Juan Lalana y sus anexos San Francisco del Mar Sola de Vega San Vicente Coatlán Santo Domingo Teojomulco Santiago Xochiltepec |
Chiapas |
Venustiano
Carranza Ocosingo Nicolás Ruiz |
Guerrero | Tlacoachistlahuaca |
Hidalgo | Tephé Tepathé |
Chihuahua | Ejido Pino Gordo |
Jalisco |
San
Andrés Cohamiata |
Baja California | Rancho Cañón Buenavista (en Ensenada) |
Zacatecas | Tepehuanos |
Durango | Ejido Bernalejo |
Michoacán | Región Purépecha |
Sonora |
Cajeme |
SEGÚN
EMPRESARIOS MEXIQUENSES, TOLUCA ESTÁ CONSIDERADA PARA CONSTRUIR EL NUEVO
AEROPUERTO
Juan Manuel Venegas, La Jornada, página 13, viernes
16 de agosto
El
presidente Vicente Fox Quesada recibió en Los Pinos a un grupo de empresarios
de la Asociación de Industriales del Estado de México (AIEM). Les dio una
amplia explicación de los motivos por los que canceló el proyecto
aeroportuario de Texcoco; los mexiquenses se manifestaron satisfechos, primero,
porque salieron con la idea de que Toluca será considerada como opción para
construir ahí la terminal aérea para el Distrito Federal y, segundo, porque el
mandatario los convenció –según dijeron– de que este es un gobierno
empresarial.
Fueron más de 50 empresarios, acompañados por el gobernador Arturo Montiel Rojas, los que asistieron ayer a la residencia oficial.
EN
HIDALGO RECHAZAN LA INSTALACIÓN DE TERMINAL AÉREA
Carlos Camacho, Agenda, La Jornada, página 13,
viernes 16 de agosto
Ejidatarios y pequeños propietarios de este municipio rechazaron la construcción de un aeropuerto en sus terrenos y entre gritos y consignas de repudio despidieron a Horacio Ríos Cano, representante del gobierno de Hidalgo en el Distrito Federal, al diputado federal Omar Fayad Meneses y al alcalde Saúl Pérez Pérez, quienes intentaron convencer a los inconformes de las bondades del proyecto del corredor Pachuca-Tizayuca, en el que se invertirían 15 mil millones de dólares para un complejo habitacional, industrial y de desarrollo, para dar servicio a un millón 250 mil personas.
DESTINAN
AHORROS A BLINDAJE AGRÍCOLA
Yolanda Cevallos, Reforma, página 1, viernes 16 de agosto
La
disminución en las tasas de interés, el ajuste en el tipo de cambio peso-dólar
y el incremento en los precios internacionales de los granos, a niveles que no
se veían desde 1996, permitirán al Gobierno federal ahorrar el 50 por ciento
del presupuesto para comercialización y reorientarlo al blindaje agropecuario.
Francisco
Mayorga Castañeda, director en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria (Aserca), señaló que este ahorro en el programa de comercialización
podría significar alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.
Estados Unidos estableció un monto adicional de 18 mil millones de dólares anuales para apoyar a sus productores durante la próxima década.
PARA
ALGUNOS ESPECIALISTAS, EL BLINDAJE AL
CAMPO ES INSUFICIENTE
Rocío Tapia, Milenio Diario, página 11, viernes 16
de agosto
De
no cambiar la propuesta del gobierno federal sobre el blindaje al campo mexicano
por un plan más integral y de largo alcance, en los estados marginados del país
se seguirán produciendo grandes tensiones que podrían terminar en conflictos
sociales tan graves como los de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, advierten
especialistas universitarios.
A
la fecha sostienen que sólo se ha copiado el discurso del programa Alianza para
el Campo y no hay cambios sustanciales en la política agraria, lo que podría
provocar una crisis de grandes magnitudes en ese sector.
De acuerdo con el investigador de Estudios Latinoamericanos y Ciencia Política, Gregorio Vidal, el problema principal es que no existe una política integral de largo alcance para el desarrollo del campo, ésta debería incluir la promoción, investigación científica, mejores redes de comunicación, distribución y comercialización de la producción, en el marco de un buen sistema de financiamiento.
PIDEN
EMPRESARIOS DESTITUIR A CERISOLA, JAVIER USABIAGA Y FRANCISCO GIL DÍAZ
Alejandro Durán, El Sol de México, página 7,
viernes 16 de agosto
Tras
los deficientes resultados que ha arrojado el “gabinetazo” federal, la
Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios
(Alampyme) instó al presidente Vicente Fox a que sustituya de sus cargos a los
secretarios Pedro Cerisola, Javier Usabiaga y Francisco Gil, de Comunicaciones y
Transportes, de Agricultura y de Hacienda, respectivamente, porque han sido
incompetentes durante este año y medio de gobierno.
Por lo anterior Pedro Salcedo, presidente del organismo, dijo que el titular de Hacienda, Francisco Gil, está incurriendo en arbitrariedades en cuanto a la recaudación de impuestos; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, porque la cancelación del aeropuerto en Texcoco denota que el estudio del proyecto fue muy pobre, y por parte del responsable de Agricultura, Javier Usabiaga, porque la política a favor del campo ha sido deficiente, lo cual ha impulsado la pobreza en el país.
ESTADOS
CHIAPAS
NIEGA
PRIISTA NEPOTISMO EN PROCAMPO
Daniel Pensamiento, Reforma, página 27, viernes 16 de
agosto
El
legislador local del PRI, Felipe de Jesús Velasco Aguilar, admitió ayer estar
incluido, junto con otros familiares, en los apoyos que otorga Procampo, como
cualquier otro productor, desde que inició el programa, en la década de los 90
en Chiapas.
Señaló
que las acusaciones del PRD municipal de Jitotol carecerían de fundamento legal
y sería una forma de hacer política "barata", que busca desacreditar
a los contrarios por las siglas de partido.
Ratificó
que cobra el apoyo por 26 hectáreas que inscribió al programa de Procampo
desde hace más de 12 años.
Enfatizó
que no tendría miedo como legislador admitir públicamente que a través de una
organización ganadera inscribió al Procampo 26 hectáreas de pastizales y
siembra de maíz, además explotar un permiso por un aserradero en la cabecera
municipal de Jitotol.
Invitó al Partido de la Revolución Democrática a trabajar de manera propositiva para sacar adelante a las comunidades indígenas inmersas en la pobreza extrema en el municipio de Jitotol.
HAY
EN LA CIUDAD 804 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELOS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA:CORENA
Gabriela Romero Sánchez, La Jornada, página 38, viernes
16 de agosto
Luis
Meneses Murillo, encargado de despacho de la Comisión de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural (Corena), precisó que en el DF existen 804 asentamientos
irregulares, en los que viven entre 12 mil y 15 mil familias, de los cuales 580
se concentran en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa y Milpa Alta.
Al
participar en la mesa de diálogo que organizó el presidente de la Comisión
del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa del DF, el diputado pevemista
Arnold Ricalde Jager, el funcionario explicó que estas invasiones en zonas de
conservación ecológica son del tipo hormiga,
por desdoblamiento o promovidas por líderes
de partidos que llevan gente a esos lugares.
Meneses Murillo comentó que en las zonas invadidas se ha encontrado que, a pesar de lo irregular de su situación, se les proporcionan servicios, desde electricidad hasta líneas telefónicas.
EN
PUNTA DIAMANTE, CUNDE EL EJEMPLO DE ATENCO
Leopoldo Nieto Aranda, Revista Época, página 11, viernes
16 de agosto
La
ley del machete se instauró en el exclusivo fraccionamiento residencial Punta
Diamante.
Campesinos
de los ejidos Plan de los Amates y El Podrido desenvainaron sus herramientas de
trabajo para reclamar sus derechos sobre 79.5 hectáreas -35 correspondientes al
primero y 44.5 al segundo- vendidas en 1992 por el gobierno guerrerense al
consorcio "Tres Vidas", formado por empresarios de Monterrey.
En
julio, más de 150 campesinos, en su mayoría mujeres, se apoderaron de terrenos
que hoy forman parte de la Casa Club del complejo turístico "Tres
Vidas", después de que un fallo del Tribunal Unitario Agrario consideró
procedente la devolución de sus tierras.
Ante
la negativa de los empresarios de entregar la propiedad, al puro estilo
atenquense, los campesinos guerrerenses aseguraron estar dispuestos a recuperar
sus tierras, si fuera necesario con la vida.
Ante
la nula respuesta de las autoridades locales de restituirles sus tierras, los
ejidatarios decidieron tomarlas por mano propia, y el 1 de agosto, invadieron su
propiedad para formar una colonia, a la que ya bautizaron como "13 de
Diciembre".
Nadie
es culpable: Juárez
El
gobernador René Juárez Cisneros afirmó que le apuesta al diálogo: "Esta
–dijo– es una disputa heredada de una administración anterior; nadie es
culpable: ni mi gobierno, ni los empresarios, ni mucho menos los
campesinos".
En
un papel de mediador, el mandatario descartó que vaya usar la fuerza pública
para desalojar a los campesinos. "Ya dialogamos con las dos partes, tanto
con los ejidatarios como con los empresarios y confío en que llegaremos a un
arreglo", subrayó. Sin embargo, el director de Protección y Vialidad de
Guerrero, Luis León, aseguró que "se aplicará la ley" contra los
infractores de la ley.
El
gobernador priísta añadió que en ningún momento la intención haya sido
afectar a los ejidatarios; "Se ha actuado con estricto apego a la ley y con
toda transparencia". Y aclaró que de no haber acuerdo entre empresarios y
ejidatarios, el gobierno local tendrá que desembolsar 100 millones de dólares,
a precio comercial. "Imagínense en qué situación nos ubicaríamos, ya
que la administración presupuestal que tenemos es de 300 millones de pesos al año
para obra pública".
El
caso de El Podrido
Otro
es el caso de El Podrido: los ejidatarios afirman que jamás recibieron
indemnización por las 44.5 hectáreas que les fueron expropiadas en 1992. A su
vez, la empresa "Tres Vidas" asegura que en su momento pagó al
gobierno estatal la suma pactada –cuyo monto aún se mantiene en secreto.
Pese
a que el litigio permanece abierto en los tribunales, los ejidatarios decidieron
tomar posesión de sus tierras la tercera semana de julio.
En
este caso, los labriegos están dispuestos al diálogo e incluso a vender sus
tierras, por las que exigen "una indemnización justa", equivalente a
100 dólares por metro cuadrado, "por tratarse de un lugar turístico".
La
decisión final se encuentra en manos del Tribunal Superior Agrario (TSA). Por
unanimidad, los magistrados del TSA decidieron -el martes 6 de agosto- devolver
el expediente al Tribunal Unitario Agrario de Acapulco para que se realice un
estudio topográfico del lugar, que pueda detallar la situación en que se
encuentran las 44.5 hectáreas en disputa y otorgar así su fallo.
Ante
ello, el asesor jurídico de los ejidatarios, Humberto Sevilla García, anunció
que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República
(PGR) en contra del presidente del TSA, Ricardo García Villalobos y otros
magistrados, por postergar su fallo en el proceso agrario.
Un
día después, los labriegos comenzaron la construcción de sus viviendas en las
hectáreas en disputa.
En
respuesta, García Villalobos aseguró que el TSA no aceptará presiones de ningún
tipo y señaló que la resolución demoró porque se trata de "un asunto
complejo, que requiere de un estudio y claridad jurídica".
En
disputa, el 36% del megaproyecto
La
extensión de tierra en disputa corresponde al 36 por ciento del predio ocupado
por el megaproyecto turístico, cuyo desarrollo fue puesto en riesgo y con ello,
los capitales invertidos.
Punta
Diamante tiene una ubicación privilegiada entre la bahía de Puerto Marqués y
la playa Revolcadero. Se localiza a diez minutos del Aeropuerto Internacional de
Acapulco, a 15 minutos del puerto y a tres horas y media de la ciudad de México.
La
paz y tranquilidad del eslogan: "Tenemos el terreno que usted siempre ha soñado"
se violentó con el pleito y el triunfo jurídico de los lugareños.
Solidaridad
La
lucha de los dos ejidos comenzó a extenderse en el puerto.
La
solidaridad se hizo patente, cuando vecinos de otros ejidos –no involucrados
en el conflicto– manifestaron su apoyo a "la prolongada batalla" por
las tierras. Ese es el caso de los ejidatarios de La Sabana, El Cayaco, Lomas de
Chapultepec, La Estación, Icacos, Piedra Imán y Ometepec, quienes acordaron la
creación del Frente de Defensa de los Campesinos de Acapulco.
Incluso ya llegaron aquí representantes de San Salvador Atenco, entre ellos abogados y dirigentes ejidales.
AUTORIDADES,
CÓMPLICES DE MAFIAS DE TALAMONTES
Juan José Guadarrama, Ovaciones, página 4, viernes
16 de agosto
Talamontes
de los estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero continúan cortando árboles
inmoderadamente en municipios de la región de La Montaña y en complicidad de
las autoridades de los estados mencionados, denunció, en conferencia de prensa,
el dirigente estatal de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano
Zapata” (LARSEZ), Raymundo Velásquez Flores.
Durante
la conferencia, los campesinos indígenas anunciaron la realización de un
Congreso interno con el objetivo de analizar la problemática de los núcleos
ejidales, la pobreza que enfrentan las comunidades, la elaboración de una ley
de amnistía, y el plan de acción para defender sus tierras y exigir mejores
condiciones de vida para los indígenas guerrerenses.
Cuestionado sobre los conflictos agrarios, el profesor dijo que estos existen en los municipios de Ometepec, Malinaltepec, Atlixtac, Tlapa, Heliodoro Castillo y Marquelia, entre otros, por lo que urgió al Tribunal Unitario Agrario de circuito número 11 en Chilpancingo, Guerrero, a resolver los conflictos agrarios y evitar manifestaciones violentas en un futuro.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx