Sábado 8 - lunes 10 de septiembre de 2001
Sábado 8 - lunes 10 de septiembre de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • La Jornada • El Financiero • Revista
Vértigo
• Excélsior • Unomásuno • México Hoy
• El Sol de México • Ovaciones • Diario de México
SÁBADO
8 DE SEPTIEMBRE
LA
RUEDA DEL PODER.
Columna de Ángel Trinidad Ferreira, El Universal, página 8, sábado 8 de
septiembre.
María Teresa Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria, subraya que el
problema del campo mexicano es de tal magnitud que por eso el presidente Fox ha
decidido tomar el toro por los cuernos, y de las palabras a los hechos: Ha
destinado miles de millones de pesos dentro de Progresa, para que los hombres
del campo se puedan dedicar a producir más y se beneficien del producto, y ha
puesto especial énfasis en la certificación de la tenencia de la tierra y en
la capacitación de campesinos, para que sepan defender sus derechos.
DOMINGO
9 DE SEPTIEMBRE
LUNES
10 DE SEPTIEMBRE
SE
REQUIERE SEGURIDAD JURÍDICA: RAN.
Mauricio Padilla, Revista Vértigo, página 43, lunes 10 de septiembre.
“El ejido no está peleado con el desarrollo económico ni con la
modernidad. Sin embargo, para llegar a esa situación es primordial que sus
titulares cuenten con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra”:
Joaquín Contreras Cantú, director en Jefe del Registro Agrario Nacional.
NO
TENEMOS POR QUÉ USAR O NO USAR PANTALONES ANTE EU: FOX.
Martín Diego, La Jornada, página 3, lunes 10 de septiembre.
La relación entre Estados Unidos y México es como la que existe con los socios
comerciales, como amigos, como vecinos, ''nosotros no tenemos por qué usar
pantalones o no usar pantalones para nuestro trato con Estados Unidos... Tomar
posturas de exigencia no resuelve el asunto (migratorio)'', sostuvo el
presidente Vicente Fox Quesada.
LOS
CABOS: UN BOTÍN.
Gonzalo Martre, Excélsior, página 7, lunes 10 de septiembre.
Aunque la Constitución especifica claramente que nadie puede poseer en este país
una playa privada, esto es, en la cual se prohíba el acceso al público, es un
hecho ya plenamente comprobado que los hoteleros cierran, más y más playas; en
donde esta trasgresión predomina es la llamada Riviera Caribeña, o sea toda la
franja turística de Cancún hacia Chetumal, gracias a las facilidades que dio
para ello el Chueco, ex narcogobernador.
MILPA
ALTA: 450 AÑOS PELEANDO LA TIERRA.
David Cano, El Universal, página 1, lunes 10 de septiembre.
Desde hace más de 450 años los comuneros de Villa Milpa Alta están empeñados
en obtener seis mil 913 hectáreas, que están en posesión de los habitantes de
la comunidad de San Salvador Cuauhtenco.
ENTREGARÁ
AMLO MÁS DE 3 MIL TÍTULOS DE PROPIEDAD.
Alejandra Martínez, El Universal, página 3-B, lunes 10 de septiembre.
En la primera quincena de septiembre, el jefe del gobierno capitalino, Andrés
Manuel López Obrador entregará más de tres mil 200 escrituras a familias que
tenían problemas en la propiedad de la tierra.
EJIDATARIOS
RECHAZAN LA INSTALACIÓN DE AEROPUERTO.
Luis Carlos Silva, México Hoy, página 26, lunes 10 de septiembre.
Campesinos y agricultores de Zapotlán, Hidalgo se manifestaron en contra de que
esta zona se convierta en proyecto viable para el llamado Aeropuerto Alterno del
DF, porque esto afectaría a 7 mil 500 familias de la región.
COMUNIDADES
PURÉPECHAS DECRETAN SU AUTONOMÍA.
Sergio Cortés, El Financiero, página 77, lunes 10 de septiembre.
Los
indígenas de las comunidades purépechas en Michoacán, decretaron su autonomía
a fin de establecer un gobierno propio; además, desconocieron las reformas
constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas que el gobierno
federal promulgó el pasado 14 de agosto.
“ATORADO”,
EL CAMPO MEXICANO POR REZAGO EN EXPEDIENTES AGRARIOS.
Leticia Vázquez Rosales, Ovaciones, página 4, lunes 10 de septiembre.
Para la Coordinadora Nacional Plan de Ayala el rezago agrario sigue
siendo un problema incumplido en el territorio veracruzano, mientras que las
reformas salinistas al 27 constitucional ha provocado un aumento de los
expedientes agrarios y una lentitud resolutiva por parte de los tribunales
agrarios.
AMAGA
LA CNC AL GOBIERNO; EXIGE MÁS APOYO AL AGRO.
Nota informativa, El Heraldo de México, página 6, lunes 10 de septiembre.
Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, advirtió que si el Gobierno
Federal no apoya a la población rural, habrá una confrontación para exigirle
a las autoridades una política para el desarrollo rural, donde ellos sean los
actores y no simples peones.
El
DF, LA ENTIDAD MÁS LESIONADA EN MATERIA DE PROPIEDAD SOCIAL: CONVERGENCIA PARA
LA DEMOCRACIA.
Lorena Gaona, El Sol de México, página 3-C, lunes 10 de septiembre.
Luego de afirmar que en el periodo 2001-2006 la necesidad de vivienda en el país
se incrementará 4.5 millones de casas-habitación, Mario Ramírez Bretón,
coordinador nacional de Asuntos Agrarios en el Partido Convergencia para la
Democracia, advirtió que el Distrito Federal ha sido la entidad más lesionada
en materia de propiedad social.
CIUDAD
PERDIDA.
Miguel Ángel Velásquez, La Jornada, página 43, lunes 10 de septiembre.
Los indios de la ciudad de México, los originales, se han declarado en rebeldía
y decidieron hacer pleno ejercicio de su autonomía en sus tierras y
territorios. La declaratoria parte
de la decisión de las comunidades indias que desconocen la aplicación, en sus
territorios, de las reformas constitucionales en materia indígena que emitió
el Congreso de la Unión el 28 de abril pasado.
SÁBADO
8 DE SEPTIEMBRE
GOBIERNO
FEDERAL
LISTA,
PASARELA EN SAN LÁZARO.
Pedro Jiménez Rodríguez, Diario de México, página 5, sábado 8 de
septiembre. Información relacionada con este tema aparece también en El Sol de
México y en Unomásuno el domingo 9 de septiembre.
Los
secretarios de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y de Hacienda, Francisco
Gil Díaz, comparecerán el martes y jueves de la semana próxima,
respectivamente, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para el análisis del
Primer Informe Presidencial.
Asimismo,
la semana siguiente, miércoles y viernes para ser precisos, comparecerán ante
comisiones las secretarias de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera, y de la
Turismo, Leticia Navarro.
Al
informar lo anterior, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Armando Salinas
Torre, precisó que eso es lo único que han acordado hasta el momento en la
Junta de Coordinación Política, pues el resto de la agenda se acordará la
semana próxima.
Precisó
el legislador que el formato para la comparecencia de los funcionarios del
Gobierno federal será el mismo que se ha utilizado en años anteriores, debido
a que no hubo tiempo para que los coordinadores parlamentarios se pusieran de
acuerdo en uno nuevo.
En
esas condiciones, la comparecencia de los secretarios de Estado se iniciará con
una exposición inicial de los funcionarios, luego habrá dos rondas de
preguntas de los legisladores, con respuesta al canto y derecho de réplica para
los representantes populares.
Salinas
Torre aclaró que el PAN no tiene ninguna objeción en que acudan al Pleno todos
los secretarios, porque no tienen la intención de “protegerlos”, como lo
hicieron los priístas en ocasiones anteriores.
Sin
embargo, se busca acordar que solamente los secretarios de Gobernación y de
Hacienda, se presenten ante el pleno camaral y el resto lo haga en comisiones,
para tener un diálogo más abierto con los legisladores, sin tener que
sujetarse a un formato.
OPINIÓN
LA
RUEDA DEL PODER.
Columna de Ángel Trinidad Ferreira, El Universal, página 8, sábado 8 de
septiembre.
“La
gente está cansada de promesas. Tenemos que ser efectivos, a riesgo de que
haya, en un momento dado, pues más disgusto social".
María
Teresa Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria, hace una pausa y subraya
que el problema del campo mexicano es de tal magnitud que por eso el presidente
Fox ha decidido tomar el toro por los cuernos, y de las palabras a los hechos:
Ha destinado miles de millones de pesos dentro de Progresa, para que los hombres
del campo se puedan dedicar a producir más y se beneficien del producto, y ha
puesto especial énfasis en la certificación de la tenencia de la tierra y en
la capacitación de campesinos, para que sepan defender sus derechos.
La
funcionaria advierte que es el momento en que no sólo el gobierno acuda a
impulsar el desarrollo del campo, sino también debe hacerlo la iniciativa
privada.
Dijo:
"Todos debemos poner nuestro granito de arena para que realmente haya
solución. El destruir es muy fácil, el construir es muy difícil".
Comenta
la secretaria de la Reforma Agraria que efectivamente no son problemas de
ahorita, pero no podemos sólo estar diciendo que son problemas de muchos años,
"sino resolverlos".
Dice
que el presidente Fox, como hombre de campo, realmente percibía los conflictos
agrarios y la falta de certidumbre jurídica y, "cuando habla conmigo, me
hace ver la importancia que tiene para él, el Estado de derecho en el campo,
que es pieza fundamental para que tengamos paz social".
En
el rostro de María Teresa Herrera hay preocupación, pero no abatimiento por la
envergadura de los problemas que tiene que resolver en su área de acción. Se
le ve decidida, con firmeza, para dialogar sin tregua con los campesinos, y
buscar que se acaben conflictos que datan de 40 años o más, para que la gente
pueda dedicarse a producir.
"El
problema es muy grande", dice con la claridad de quien conoce el terreno
que pisa y que no es nuevo, porque desde que estudiaba la Normal básica en el
Colegio Salesiano, le daban misiones para ir a las áreas más necesitadas del
país y recorrió, por ejemplo, parte de Chiapas, hace siete años.
Pero
ahora, en nueve meses que lleva como titular de la Reforma Agraria, ha visitado
constantemente muchos ejidos del país, escuchando denuncias, quejas, demandas.
Y
ahí está el campo mexicano con su secuela de miseria, hambre, explotación,
injusticia social.
Ante
tantas protestas, manifestaciones, "plantones", estallidos de
violencia, ¿cree usted que ésta sea la última llamada para solucionar el
problema del campo? preguntamos a María Teresa Herrera.
No
lo veo así. Creo que estas manifestaciones son parte de la libertad, de la
democracia que se vive en nuestro país. El Presidente ha establecido apertura
hacia todos y bueno, esto es parte de la libertad de expresión. "No
podemos minimizar tampoco los problemas. Sabemos que los hay y son grandes. No
considero que sea a través de la violencia como se puedan solucionar. Es el
momento de unirnos todos, de unir esfuerzos, incluso de quienes tengan el
capital deben invertirlo o arriesgarlo. Y nosotros en el campo debemos dar
seguridad."
¿Considera
usted que el artículo 27 constitucional, que fue reformado en el 92, para
permitir, entre otras cosas, la asociación de inversionistas con ejidatarios,
debe ser modificado para que quede como antes?
A
mi juicio, el ejido sigue vigente. De hecho, es un porcentaje mínimo en todo el
país, que ha pasado a ser propiedad privada, un poco más de 1%. Realmente, al
reconocer la personalidad del ejido el artículo 27, nuestro reto es que llegue
realmente el capital al campo. Lo que queremos es que nuestra gente trabaje, que
nuestra gente produzca.
"En
lo particular, no considero que sea necesaria una modificación al artículo
27." Dentro de ese esfuerzo, María Teresa habló del Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede),
y señaló que se ha logrado una participación más activa de los gobiernos de
los estados y los municipios, todos unidos con un fin de paliar el problema del
campo.
Y
tuvo una expresión que dice mucho: "El campo ha estado descuidado mucho
tiempo. Creo que todos nos hemos beneficiado del campo, ¿pero qué tanto les
hemos devuelto?"
Habló
de un programa intersecretarial en Baja California Sur, que coordina la Secretaría
a su cargo con Sedesol, Sectur, Relaciones Exteriores, Semarnap, donde también
participan el gobierno estatal y las autoridades municipales.
Este
programa integral va a propiciar que se hagan algunas reformas a la ley agraria,
indicó María Teresa Herrera.
Comentó
que cada uno de los participantes presentó proyectos, que en el caso de los
fideicomisos, lo que se pretende es dar certeza jurídica también a quien va a
invertir, para que no sienta riesgos y se doble una derrama económica para
crear empleos y haya beneficio para ejidatarios e inversionistas y el país.
Manifestó
que es importante que la gente conozca sus derechos, para que se beneficie de la
plusvalía, ya que se va a incorporar mucho suelo social al desarrollo urbano.
Recordó
que Sedesol tiene un programa de planificación urbana en 111 ciudades del país,
por lo que se van a requerir anualmente 16 mil 500 hectáreas de terreno social.
El
Infonavit, independientemente de esto, acaba de dar a conocer un programa de
vivienda en el cual habrá necesidad de aportar suelo social.
Al
ser cuestionada después sobre la renta de terrenos, sobre todo en estados como
Sonora y Sinaloa, y otros más, en los que generalmente el ejidatario es víctima
de explotación y del abuso, reconoció que esto ocurre, que la mayor parte de
las veces desgraciadamente los ejidatarios rentan en condiciones desventajosas,
por la necesidad que tienen de dinero para alimentarse.
Puntualizó
que "por eso es tan importante la capacitación y conocimiento de sus
derechos; para que puedan beneficiarse económicamente, realmente de sus
tierras".
Una
de las cosas peores es que se ha descubierto que existe "un mercado de
tierras simulado", y en algunas ocasiones, contratos de arrendamiento y de
usufructo por 50 años, prorrogables por otros 50, por lo que muchos campesinos
sienten que ya perdieron sus tierras, lo que no es real.
Salió
a colación el problema de límites de tierras entre los estados, donde habitan,
sobre todo, campesinos indígenas en los estados de Oaxaca Tabasco, Chiapas,
Campeche y Quintana Roo. En Campeche, donde había cinco conflictos ya se
resolvieron tres; en el caso de Los Chimalapas, estamos estableciendo una mesa
de conciliación y la misma tarea se realiza en el caso de los huicholes, entre
Nayarit y Jalisco.
En
estos casos pretendemos que la Procuraduría Agraria haga esa labor
conciliatoria.
De
su recorrido por el país, María Teresa Herrera dice que le ha impresionado el
deseo que tiene la gente del campo de trabajar, y piden apoyo económico, sobre
todo las mujeres que han solicitado que se instrumenten para ellas proyectos
productivos.
Indicó
que la Reforma Agraria prepara programas para apoyar a las mujeres y a los jóvenes
de entre 18 y 24 años, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados, "a
quienes les vamos a dar apoyo técnico y recursos para que desarrollen recursos
productivos".
Evoca
su paso por Mitontic, una comunidad indígena en Chiapas, en donde al recibir el
documento de propiedad, los campesinos le manifestaron: "La Reforma Agraria
nos ha entregado el acta de nacimiento de nosotros, y ya no nos vamos a matar
entre hermanos".
DOMINGO
9 DE SEPTIEMBRE
SAN
LUIS POTOSÍ
GUARDIAS
BLANCAS ASESINAN A CAMPESINO, ACUSA EL PRD-SLP.
Nota informativa, La Jornada, página 12, domingo 9 de septiembre.
El
dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edgar Murguía
Manilla, advirtió sobre "el riesgo de una revuelta campesina" después
del presunto asesinato de un campesino que participó en invasiones de predios
semanas atrás, a manos de guardias blancas.
En
comunicado de prensa, el líder del PRD expuso que el crimen se cometió en el
municipio de Aquismón, en la Huasteca potosina, donde semanas atrás se
realizaron invasiones a 12 predios agrícolas y ganaderos por campesinos sin
tierras.
"El
asesinato contra un peticionario de tierras en Aquismón a manos de guardias
blancas es el inicio de una revuelta campesina que debe alertar a los
sectores sociales y que deja muy mal parado al aparato policiaco encargado de la
seguridad pública", subrayó.
En
entrevista, dijo que el campesino Pablo Torres, peticionario de tierras, fue
asesinado aparentemente por guardias blancas -personal de seguridad
fuertemente armado- del rancho Santa Anita, propiedad de Ramón Cervantes Verástegui.
"Ante
este tipo de muertes y la reiterada toma de tierras en la Huasteca
Potosina, el gobierno del estado sólo ha optado por convertir aquella zona en
un permanente estado de sitio, donde es muy escasa la ayuda social para las
comunidades, pero se ve el diario transitar de todo tipo de elementos
policiacos", manifestó.
Aseguró
que el establecimiento de cientos de policías de Protección Social y de otro
tipo de corporaciones, incluyendo al Ejército Mexicano, "sólo exacerba
los ánimos, y más cuando toda la vigilancia no sirve de nada ante la actuación
de los guardias blancas".
Agregó
que el gobierno de San Luis Potosí ha sido incapaz de ofrecer una estrategia
para atacar este problema, aun cuando en múltiples ocasiones se hicieron
advertencias de que era necesario tomar medidas de inmediato para evitar
tragedias.
Responsabilizó
al Consejo Estatal de Seguridad Pública y su secretario ejecutivo, Miguel Naya
Guerrero, quien, dijo, permite la libre actividad de los guardias blancas por
parte de los particulares, mostrando, cuando menos, una gran incapacidad.
Reconoció
que el tema de la tierra y sus peticionarios es muy sensible en la Huasteca
potosina, y que las demandas por parte de los campesinos para la dotación de
tierras de cultivo son completamente legítimas.
Hace
unas semanas, unos 400 campesinos sin tierra invadieron 12 predios agrícolas y
ganaderos en varios municipios ubicados en la zona de la Huasteca potosina, región
mayoritariamente habitada por indígenas de las etnias pame, nahua y tének.
El
28 de agosto pasado, elementos de seguridad del estado desalojaron a los
invasores de los predios en forma pacífica y sin que se presentaran hechos
violentos, de acuerdo con el reporte del gobierno del estado.
El
secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, reportó ese día que
se desalojó a los invasores en predios de los municipios de Ciudad Valles, Ébano,
Tamuín, San Vicente Tancuayalab, El Naranjo y Aquismón.
LUNES
10 DE SEPTIEMBRE
SECRETARÍA
DE LA REFORMA AGRARIA
CONFLICTOS
AGRARIOS, POR FALTA DE CERTEZA JURÍDICA.
Mauricio Padilla, Revista Vértigo, página 43, lunes 10 de septiembre.
María
Teresa Herrera Tello lee y anota. Está absorta en un documento que repasa
sentada en su amplia oficina de la colonia Cove –lugar apacible y de amplio
jardín que se alcanza a mirar desde el ventanal- donde despachan desde hace
varios años los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), pese
al enojo de líderes de organizaciones agrarias que lo encuentran infranqueable
y al que llaman “el bunker”. La funcionaria
de pronto es toda atención, y con “ a sus órdenes” accede a dar una
entrevista en la que advierte que lo urgente es avanzar en el ordenamiento y la
regularización de la tenencia de la tierra. Y es que reconoce que los
conflictos agrarios que hay en el país son motivados en gran medida por eso,
por la falta de certeza jurídica.
Enfática
asegura que la otra gran tarea de la dependencia es poner en marcha proyectos
productivos en el campo, que desemboquen en mejoras sustanciales en las
condiciones de los hombres y mujeres del campo.
_¿Qué
es lo más urgente que tiene que hacer la dependencia?
_
Avanzar en el ordenamiento y la regularización de la tierra. Los conflictos
agrarios que hay en el país son precisamente por falta de certeza jurídica y
en la medida en que nosotros avancemos los conflictos van a disminuir.
_
¿Qué les diría a aquellos líderes de organizaciones campesinas que ven
latente un conflicto social?
_
Eso es responsabilidad de todos. Necesitamos reforzar nuestro trabajo, nuestra
participación, pero con un énfasis de alto sentido de unidad. Es cierto que
hay núcleos agrarios que tienen conflictos, algunos dentro de la esfera de la
secretaría, pero otros dentro de los tribunales.
Herrera
Tello hace un inagotable repaso de lo que ha hecho la dependencia en nueve meses
de trabajo. Da cifras contundentes (hemos expedido 11 mil 200
títulos de terrenos nacionales, hemos entregado 192 mil documentos
agrarios en beneficio de 100 mil familias, hemos generado 270 mil documentos
agrarios...), pero los conflictos en el campo parecen inagotables.
_
¿Cuánto falta para dar total certeza jurídica a los poseedores de la tierra?.
_
Al inicio de la administración faltaban 48 millones de hectáreas (por
regularizar). En ocho meses hemos regularizado cerca de 2 millones de hectáreas.
Nosotros empezamos ya con un presupuesto definido. Sentimos que el programa se
puede hacer más dinámico fortaleciendo, por ejemplo, la participación de los
estados, de las diversas secretarías, como en el caso de la Semarnat, que
tienen áreas naturales protegidas; Sedesol, que maneja lo social y que ya se
incluye en los planes de desarrollo urbano; con el Instituto Nacional
Indigenista, en aquellas comunidades que tiene grupos indígenas.
Afirma
que en ningún estado se ha concluido el Procede, y comenta que pese al avance registrado, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Baja California Sur
son las entidades que presentan un grado de avance menor que la media nacional.
_¿Cómo
trabajar en medio de la carencia, en una secretaria que históricamente padece
presupuestos bajos?.
_
Iniciamos esta administración con un presupuesto ya definido, pero también
estamos reestructurando el sector para sustentar nuestro servicio y este año
tratamos de hacer más con menos. En la medida en que vayamos siendo efectivos
vamos a pedir más recursos.
_¿A
qué da más prioridad la Secretaría, al ordenamiento de la tenencia de la
tierra
o a la aplicación den proyectos
productivos?
_
A ambos. Mediante convenios intersecretariales que hemos hecho con Sagarpa,
identificando aquellas zonas donde ya concluyó el ordenamiento, hemos puesto
especial énfasis en la capacitación, la organización y sobre todo la
realización de proyectos productivos. En la medida que demos certeza jurídica
a la tierra vamos a tener la oportunidad de que llegue el desarrollo productivo
al campo, a que nosotros también capacitemos a nuestros ejidatarios, a nuestros
comuneros, para que sepan cómo desarrollar proyectos que ayuden a capitalizar
el campo.
_¿La
gente del campo qué debe esperar al finalizar este sexenio?
REGISTRO
AGRARIO NACIONAL
SE
REQUIERE SEGURIDAD JURÍDICA: RAN.
Mauricio Padilla, Revista Vértigo, página 43, lunes 10 de septiembre.
El
ejido no está peleado con el desarrollo económico ni con la modernidad. Sin
embargo, para llegar a esa situación es primordial que sus titulares cuenten
con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, y es precisamente de lo
que carecen 7 mil 500 núcleos agrarios integrados por 45.5 millones de hectáreas
en México.
Joaquín
Contreras Cantú, director en Jefe del Registro Agrario Nacional, comenta en
entrevista que la certeza jurídica, en cualquiera de las formas de tenencia de
la tierra en el campo, es el elemento en torno del cual gira el desarrollo
social de 25 millones de pobres que activamente viven en el sector rural del país.
NOTICIAS
DEL SECTOR
NO
TENEMOS POR QUÉ USAR O NO USAR PANTALONES ANTE EU: FOX.
Martín Diego, La Jornada, página 3, lunes 10 de septiembre.
Campesino
demanda ayuda del Presidente
Antes
de terminar con el recorrido que cada domingo hace la pareja presidencial de la
puerta del templo a la casa de la señora Mercedes Quesada, madre del
mandatario, un hombre de campo se acercó al Presidente.
A
gritos y con la voz quebrada el campesino llamó la atención de Fox. Le dijo
que lleva tres días en esta comunidad durmiendo en la calle. También aseguró
haber trabajado dos días en el rancho de los hermanos de Fox. ''Ahí me pagaron
140 pesos'', comentó mostrando un billete de cien pesos y dos de 20. Dijo
llamarse Benjamín Cervantes Leal.
''Ayúdenos,
señor Presidente, los indígenas del ejido Horcones, en Sinaloa, nos estamos
quedando sin tierras, se está cometiendo una injusticia'', le expresó.
A
punto de llanto, alcanzó a decir: ''Me quieren quitar mi tierra, licenciado.''
El
mandatario le respondió: ''Ya, ya, aquí tengo los documentos, ahorita los
vemos'', al tiempo de girar instrucciones a su secretario ejecutivo, Felipe
Zavala, para que atendiera el problema.
Más
tarde, en entrevista, Benjamín Cervantes señaló que en febrero de 1997 el
director de Asuntos Agrarios de Sinaloa, Cesáreo Urías López, expropió
terrenos del ejido Horcones a nombre de su sobrino Eliván Villa López, por lo
que, según él, varios campesinos quedaron despojados de sus tierras.
En
un documento también solicita se investigue a los comisariados ejidales Luis Sánchez
y Belisario Castro Hernández, quienes ''de acuerdo a la Procuraduría Agraria
fueron los visitadores (de la dependencia) que no han hecho nada.''
BAJA
CALIFORNIA
NO
CEDERÁN CAMPESINOS DE BC EN EL PLEITO CONTRA GASERA.
Erasmo peña, El Sol de México, página 8-B, lunes 10 de septiembre.
La
lucha de los campesinos de la comunidad Heriberto Jara en Baja California no
cejará ante los intentos de una empresa gasera de usar unas 70 hectáreas que
les fueron expropiadas y que no se usaron para los fines convenidos en los cinco
años reglamentarios.
Maximino
Rodríguez Esparza y Javier García, miembros de este ejido, informaron sobre
una demanda judicial interpuesta con la finalidad de hacer la defensa de lo que
ellos ubican como interés de la comunidad.
Ellos
expusieron que la demanda la colocaron las autoridades ejidales quienes el próximo
12 de los corrientes terminarán con su gestión, la responsabilidad de la
conducción de este juicio será a partir de esa fecha responsabilidad de
quienes resulten electos en los cargos del Comisariado y del Consejo de
Vigilancia.
Las
tierras en cuestión, son 70 hectáreas, que les fueron expropiadas para la
construcción de la autopista que pararía por las proximidades de la Sierra
Cucapah.
Estos
terrenos no se ocuparon para ese fin, añadieron, y en esta situación la Ley
Agraria establece, que en este caso, deben regresar al propietario original.
BAJA
CALIFORNIA SUR
LOS
CABOS: UN BOTÍN.
Gonzalo Martre, Excélsior, página 7, lunes 10 de septiembre.
Aunque
la Constitución especifica claramente que nadie puede poseer en este país una
playa privada, esto es, en la cual se prohíba el acceso al público, es un
hecho ya plenamente comprobado que los hoteleros cierran, más y más playas; en
donde esta trasgresión predomina es la llamada Riviera Caribeña, o sea toda la
franja turística de Cancún hacia Chetumal, gracias a las facilidades que dio
para ello el Chueco, ex narcogobernador. De ahí, por el Pacífico en Huatulco,
y mucho más al norte en Los Cabos donde ya se ensayan las playas privadas. Por
Los Cabos asienta sus reales la Inmobiliaria del Cabo, S.A., formada por Antonio
Cosío (heredero de las malas mañas de los Cosío dueños del Frontón México
del DF), el cacique local Luis Coppola, también heredero de las malas mañas de
ciertos italianos mafiosos, en contubernio con Cristina Rodríguez y Abelardo L.
Rodríguez Montijo, descendientes -como su nombre lo indica- de un Presidente de
México que fomentó más los casinos que la educación. Este cuarteto ha
invadido las propiedades de los herederos del general Ildefonso Green Ceceña
(1830-1932), ilustre liberal sudcaliforniano que luchó al lado de Benito Juárez
por la soberanía de la península de Baja California, famoso también por haber
roto públicamente su amistad y compadrazgo con Porfirio Díaz, en 1879, en una
carta que remata de la siguiente manera: "Hoy que en su torpe administración
ha vulnerado los santos principios que durante diez años juró sostener, que ha
puesto en ridículo a la Nación ante el mundo entero y que la llevaría a su
total exterminio si no se marcara el alto a sus desmanes, no puedo menos que
hacer por un noble sentimiento de amor patrio, lo que usted hizo por una
mezquina ambición personal. De nuestra conducta juzgará el mundo muy pronto y
se verá la diferencia que hay del uno al otro". En 1915, a los 85 años de
edad, se incorporó a la Revolución al lado del constitucionalismo y luchó
denodadamente para que los recursos naturales concesionados a potencias
extranjeras regresaran a los mexicanos, particularmente sudcalifornianos.
*ILDEFONSO
Green era un hombre cuidadoso, procuró dejar algunas posesiones a sus
herederos, perfectamente legalizadas, pero nunca previó que, pese a ello, sus
descendientes fueran despojados arbitraria e ilícitamente por una banda de
delincuentes de cuello blanco y corbata italiana, la cual se ha apoderado de un
terreno, con frente de playa, de 125 hectáreas, para manifestar que ahí se
construirá un desarrollo turístico de gran lujo, con playas privadas,
obviamente concesionado a inversionistas extranjeros. Los trastupijes, con la
complicidad de autoridades locales, pretenden invalidar el título de propiedad
expedido por el Presidente Juárez, certificado en 1989 por la dirección de
Asuntos Jurídicos y Amparos de la Secretaría de la Reforma Agraria, un
certificado de inafectabilidad de 1992 expedido por la Delegación Agraria en
Baja California Sur, un certificado de factibilidad de uso de suelo expedido por
la Dirección de Obras Públicas local y, por último, constancia del Registro Público
de la Propiedad, planos y predial al corriente.
DISTRITO
FEDERAL
MILPA
ALTA: 450 AÑOS PELEANDO LA TIERRA.
David Cano, El Universal, página 1, lunes 10 de septiembre.
Desde
hace más de 450 años los comuneros de Villa Milpa Alta están empeñados en
obtener seis mil 913 hectáreas, que están en posesión de los habitantes de la
comunidad de San Salvador Cuauhtenco.
A
pesar de que en 1952 se dictaminó una resolución presidencial en favor de los
comuneros de San Salvador y, casi 50 años después, el Tribunal Unitario
Agrario falló nuevamente en ese sentido, los comuneros de Villa Milpa Alta y
San Pablo Oztotepec buscarán interponer un juicio de amparo para detener dicha
resolución, dictada el pasado 18 de agosto del 2001.
Los
riesgos de un enfrentamiento social entre las comunidades en conflicto se
mantiene latente y los representantes de los bienes comunales y la autoridad
delegacional están a la espera de las medidas que tomen cualquiera de los
actores en este problema agrario.
En
estos aspectos coinciden Hedilberto Ramírez Losada, presidente de los bienes
comunales de San Salvador Cuauhtenco; Tomás Gallegos, representante de bienes
comunales de San Pablo Oztotepec; Ramiro Taboada García, representante de los
comuneros de Villa Milpa Alta y Héctor Villegas Sandoval, director general jurídico
y de Gobierno de la delegación Milpa Alta. Todos ellos son actores principales
en esta problemática agraria.
Ramírez
Losada explicó que la disputa surge antes de la llegada de los españoles a México.
Y
con un libro que se llama "La fundación de Malacachitepec Momozco",
que dijo es proveniente de la Universidad de Texas, y que además está
certificado como un antecedente en el Archivo General de la Nación, mostró en
una página que dice: "Los de San Salvador Cuauhtenco nunca se encontraron
bajo el dominio de Hueyitlahuilanque, ni antes ni después de su imperio".
Esto
quiere decir, dijo el representante de bienes comunales que los pobladores no
fueron conquistados por Hueyitlahuilanque, como ocurrió con los otros nueve
pueblos de Milpa Alta.
Parte
de la historia
E
incluso hizo un poco de historia y dijo que a mediados del siglo 15, entre los años
1400 a 1430, este personaje sometió a todos los pueblos de Malacachitepec
Momozco y les encomendó diversas tareas, como ser vigías en los diferentes
puntos de todo el polígono agrario de Milpa Alta y Cuauhtenco.
De
ahí surge la confusión, porque como fueron comisionados a ser vigías
"piensan que ya se los dieron".
Sin
embargo, Hedilberto Ramírez Losada añadió que San Salvador como estaba exento
del dominio del gobernador Hueyitlahuilanque, no perteneció a su señorío y
está fuera del polígono de influencia.
Sí
existen riesgos de enfrentamientos
Calificó
como preocupante esta situación, porque con el fallo emitido el pasado 18 de
agosto, los comuneros de San Salvador Cuauhtenco están satisfechos, pero
advierte que mucha gente joven, desconoce los antecedentes, y es manipulada por
los líderes argumentando que los pobladores de San Salvador "eran un
pueblo de forajidos que llegaron después de los españoles. Y eso es
mentira".
Al
respecto, el director general jurídico y de Gobierno Héctor Villegas Sandoval
explicó que desde 1952 no se han titulado los bienes comunales y que incluye
diversas hectáreas de bosque entre San Salvador y Villa Milpa Alta.
Incluso
las autoridades delegacionales aceptaron que desde hace varias décadas se han
buscado negociaciones entre ambas poblaciones para evitar un conflicto social.
Se buscó la intervención de la Procuraduría Agraria, pero los resultados han
sido nulos.
De
acuerdo con la resolución presidencial emitida el 23 de abril de 1952 y
publicada en el Diario Oficial el 17 de octubre del mismo año, reconoció al
poblado de Milpa Alta, una superficie de 17 mil 944 hectáreas, de las cuales 7
mil 948 hectáreas pertenecen a pequeñas propiedades de los nueve poblados y 9
mil 996 hectáreas son de terrenos de cerros, con porciones laborables como
terrenos comunales.
Sin
embargo con la resolución del Tribunal Unitario Agrario, dictada el 18 de
agosto del presente año, donde establece que no existe conflicto de límites
entre las comunidades de Villa Milpa Alta y San Salvador Cuauhtenco, por lo que
sugiere reconocer y titular a cada comunidad las hectáreas que se señalan en
sus títulos primordiales.
Además
ratifica las resoluciones presidenciales a ambos núcleos agrarios, así como su
contenido a las superficies reconocidas.
ENTREGARÁ
AMLO MÁS DE 3 MIL TÍTULOS DE PROPIEDAD.
Alejandra Martínez, El Universal, página 3-B, lunes 10 de septiembre.
En
la primera quincena de septiembre, el jefe del gobierno capitalino, Andrés
Manuel López Obrador entregará más de tres mil 200 escrituras a familias que
tenían problemas en la propiedad de la tierra.
Con
esa entrega se busca dar certeza jurídica a las familias que adquirieron sus
terrenos en lotificaciones clandestinas, así como incorporarlas al padrón
catastral.
Carlota
Botey Estape, directora de Regularización Territorial (DGRT) explicó que en
los últimos 13 años, el área a su cargo, aprobó más de mil 100 decretos
expropiatorios que han permito la entrega de 180 mil escrituras a igual número
de familias.
Sin
embargo, alrededor de 30 mil familias más todavía no cuentan con escrituras
que demuestren que son los propietarios de sus terrenos y viviendas. Con ellos
ya se inició un programa de regularización.
En
entrevista, Botey Estape recordó que hasta hace algunos años la regularización
de la tierra estaba condicionada a que los terrenos estuvieran en suelo
habitacional, pero ahora además es necesario que estén en una zona habitable,
es decir en zonas seguras, de lo contrario no se hace ningún trámite.
Otro
problema es lo complicado y largo del proceso de regularización. A inicio de
esta década, el trámite duraba cinco años en promedio, luego con Rosario
Robles se bajó a 320 y ahora con López Obrador se pretender hacerlo en 150 días.
Reconoció
que una de las zonas donde poco se ha podido avanzar son los barrios de
Xochimilco porque ahí existe indefinición por los canales. Aunque es agua
interna de la ciudad, no sabemos si las atribuciones para el manejo del agua son
de carácter federal o local.
Alfredo
Villega, directora de Escrituración de la DGRT recordó que en abril se
entregaron más de cuatro mil escrituras con lo que se regularizó la situación
de muchas familias.
Señaló
que la DGRT trabaja prácticamente en toda la ciudad, a excepción de Milpa Alta
donde el proceso agrario aún no termina y no se sabe quién es la instancia a
la que corresponde la regularización de la tierra.
EJIDATARIOS
RECHAZAN LA INSTALACIÓN DE AEROPUERTO.
Luis Carlos Silva, México Hoy, página 26, lunes 10 de septiembre.
Por
el temor a que sus patrimonios heredados por generaciones queden convertidos en
planchas de asfalto donde aterricen y despeguen aparatos de más de 250
toneladas de pesos, con ruidos estruendosos y el consecuente ecocidio, se
manifestaron campesinos y agricultores para protestar por el llamado Aeropuerto
Alterno del DF.
Tajantes
sentenciaron: “Nuestras tierras no tienen precio y antes que todo lucharemos
para que no se queden con lo único que tenemos para vivir”.
“El
gobierno del estado muy sutilmente ha manejado a su conveniencia la información
que tiene a su alcance, haciéndonos creer que generará empleos y que se verán
beneficiadas miles de personas cuando en realidad afectarán a poco más de 7
mil 500 familias, en caso de que se concretice dicha obra”, denunciaron padres
de familia, amas de casa y pequeños ejidatarios.
Entrevistados
por México Hoy, explicaron que en la zona donde se les anunció que podría
construirse el aeropuerto del Distrito Federal existen 51 pozos de agua que
suministran de agua a la ciudad de Pachuca, capital del estado y al Distrito
Federal.
Juan
Gómez, ejidatario de la zona aseguró que el gobierno estatal les ha enviado
información respecto a la viabilidad del lugar situado a 75 kilómetros del
Distrito Federal para que ahí se construya la obra más importante en cuanto a
comunicación y transporte.
En
este poblado ubicado a 17 kilómetros de Tizayuca viven poco más de 60 mil
personas, quienes en su gran mayoría son adultos mayores, los cuales han dejado
sus mejores años en la producción de cebada, frijol, maíz y forrajes para el
ganado que también se cría.
Durante
un recorrido por el lugar pudimos constatar que sus tierras no son
improductivas, por el contrario, en estas se produce una de las mejores cebadas
de la región, la cual es ofertada entre los mil 600 y mil 700 pesos por
tonelada.
Aquí,
50 de la propiedad es ejido y la otra mitad es privada, sin embargo, la mayoría
de los 440 ejidatarios aseguran que para poner en marcha un megaproyecto, por
viable que este sea no debe imponerse, como si se tratara de una medida
autoritaria.
Ofrecen
poco, pobladores
Otra
de las sentidas denuncias que México Hoy recogió en esta zona del estado de
Hidalgo es que las autoridades estatales pretenden apoderarse de estas tierras,
a cambio de precios bajos cuando la plusvalía se ha elevado considerablemente
en los últimos 20 años.
Felipe
Pineda García, uno de los afectados, denunció el cacicazgo de legisladores priístas
quienes han “hecho comparsa” con el gobernador Miguel Ángel Núñez Soto,
el cual desea hacer esta obra, o por lo menos, sentar las bases para que esto se
lleve a cabo.
Aunque
el valor catastral de estas tierras es de entre 8 y 20 pesos el metro, el
estimado comercial es 50 veces mayor debido a la excelente ubicación que tienen
a bordo de carretera, donde incluso se ha proyectado poner en marcha un corredor
comercial.
Luego
de participar en diversos foros a los que han sido invitados sólo como
espectadores y no como la parte activa, los afectados opinan que su situación
es difícil pues están en desventaja.
Más
viable Hidalgo, según ecologistas
MICHOACÁN
COMUNIDADES
PURÉPECHAS DECRETAN SU AUTONOMÍA.
Sergio Cortés, El Financiero, página 77, lunes 10 de septiembre.
Los
indígenas de las comunidades purépechas en Michoacán, decretaron su autonomía
a fin de establecer un gobierno propio; además, desconocieron las reformas
constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas que el gobierno
federal promulgó el pasado 14 de agosto.
Del
gobierno estatal no ha habido una respuesta oficial respecto de la autonomía
declarada por este sector que se ubica en la Meseta Purépecha, donde en marzo
de este año se llevó a cabo el Congreso Nacional Indígena y, después, estuvo
presente el subcomandante Marcos en su caravana al Congreso de la Unión.
Alfonso
Vargas y Rogelio Mercado, integrantes del Congreso nacional Indígena,
informaron lo anterior y agregaron que en esta semana entre los días 13 y 14,
comunidades indígenas de todo el país presentarán masivamente nuevos amparos
en contra de las reformas constitucionales.
En
Michoacán, las comunidades que alcanzaron a interponer amparos antes del I
Informe de Vicente Fox, como se había acordado, fueron Nurío, Caltzontzin,
Urapicho, Angahuan, Mapacuaro y Ocumicho; las demás, por falta de firmas de los
representantes de Bienes Comunales, no lo hicieron, sin embargo, el CNI reunió
las firmas necesarias durante la semana pasada.
Sobre
el decreto indígena para declarar pueblos
autónomos a los purépechas, los argumentos que destacan son el sentido
de defender sus derechos históricos que les fueron quitados desde la “invasión”;
y desde ese tiempo no han podido vivir en la armonía y respeto que hubo hace más
de 500 años.
“Ahora
hay pueblos empobrecidos, reducidos a una existencia de discriminación que
llega hasta el genocidio, argumentan los purépechas, una de las etnias que más
han luchado por lograr su autonomía.
Como
puntos clave del decreto se destacan:
Artículo
Tercero: Declaramos propiedad inalienable, inembargable e imprescriptible de
cada una de las comunidades y ejidos firmantes todas las tierras comprendidas en
dichos límites, declarando las tierras y territorios que abarca y defiende este
decreto como indígenas, dentro de los linderos y colindancias que señalan los
títulos primeros de cada comunidad.
Asimismo,
declaramos propiedad inalienable, inembargable e imprescriptible de las
comunidades y ejidos las aguas que les pertenezcan de acuerdo con sus títulos
primeros o las resoluciones administrativas que en su momento se extendieron o
sobre las que se conserven una posesión comunal de hecho.
VERACRUZ
“ATORADO”,
EL CAMPO MEXICANO POR REZAGO EN EXPEDIENTES AGRARIOS.
Leticia Vázquez Rosales, Ovaciones, página 4, lunes 10 de septiembre.
Para
la Coordinadora Nacional Plan de Ayala el rezago agrario sigue siendo un
problema incumplido en el territorio veracruzano, mientras que las reformas
salinistas al 27 constitucional han provocado un aumento de los expedientes
agrarios y una lentitud resolutiva por parte de los tribunales agrarios
La
diputada del PT, Claudia Serapio Francisco mencionó que no ha visto voluntad
política por parte de los gobiernos, tanto federal como estatal en turno por
sacar adelante el rezago agrario que, mucho daña a los hombres del campo.
Aseveró
que sólo se ha visto una actitud verbal del Ejecutivo, pues en “términos de
la realidad se da el latifundio simulado, por eso nosotros decimos que en el
campo veracruzano hay un gran dilema en el aspecto de la tenencia de la tierra,
porque hay varios expedientes que no se han resuelto”.
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
AMAGA
LA CNC AL GOBIERNO; EXIGE MÁS APOYO AL AGRO.
Nota informativa, El Heraldo de México, página 6, lunes 10 de septiembre.
Heladio
Ramírez López, presidente de la CNC, advirtió que si el Gobierno Federal no
apoya a la población rural, habrá una confrontación para exigirle a las
autoridades una política para el desarrollo rural, donde ellos sean los actores
y no simples peones.
Durante
su gira por el estado de Guanajuato, el líder cenecistas dijo que la falta de
entendimiento del Gobierno hacia el sector campesino radica en que pretende
desarticular su estructura, privatizar la propiedad ejidal y acabar con los
productores, mientras la sociedad rural se niega a renunciar a sus conquistas
sociales, para no sucumbir ante la marginación y la pobreza.
Por
ello, agregó, la CNC se mantendrá a la vanguardia a fin de defender la
sociedad rural, aunque ello lo confronte con los empresarios y hombres de
negocios a quienes Vicente Fox cobija y alienta bajo el argumento de que ellos sí
son competitivos, productivos y buenos para obtener ganancias.
El
DF, LA ENTIDAD MÁS LESIONADA EN MATERIA DE PROPIEDAD SOCIAL: CONVERGENCIA PARA
LA DEMOCRACIA.
Lorena Gaona, El Sol de México, página 3-C, lunes 10 de septiembre.
Luego
de afirmar que en el periodo 2001-2006 la necesidad de vivienda en el país se
incrementará 4.5 millones de casas-habitación, Mario Ramírez Bretón,
coordinador nacional de Asuntos Agrarios en el Partido Convergencia para la
Democracia, advirtió que el Distrito Federal ha sido la entidad más lesionada
en materia de propiedad social.
Durante
su participación en el seminario “Gestión Urbana en México, alcances y
limitaciones en el siglo XXI”, el funcionario destacó la importancia de
establecer un proyecto donde se arriesguen los prestigios políticos, recursos,
restricciones a la construcción, así como el pago de factura para impulsar una
auténtica mejoría en el medio ambiente.
“En
México se requiere vislumbrar la forma en que la sociedad reditué al campo un
subsidio para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores a fin de que
estos mantengan su entorno”, expuso.
Hasta
el momento sostuvo en el país (sic) se tienen registrados 83 ejidos y nueve
comunidades para beneficiar a 25 mil 912 núcleos agrarios con una superficie
original de 54 mil hectáreas, de las cuales, dijo, “sólo mil 938 están como
propiedad social y de 91 núcleos agrarios en el Distrito Federal, únicamente
tres cuentan con 28 mil hectáreas”.
Por
ello, advirtió que el Estado no ha podido hacer frente a la presión demográfica
de la ciudad al sostener que en promedio la mancha urbana afecta 100 hectáreas
al año.
En
este contexto subrayó que la producción agrícola interna en la capital es
mayor que en Tlaxcala, Aguascalientes y Baja California.
Por
su parte, Valdermar Martínez Garza, especialista en crecimiento urbano y
desarrollo rural (sic), señaló que en el periodo 2001-2006 la necesidad
de vivienda ascenderá a 4.5 millones de casas-habitación, en tanto que
aumentará 53 por ciento la demanda de viviendas populares, 32 por ciento a
interés social y 15 por ciento la de tipo residencial.
“Ante
esa necesidad, uno de los mayores retos del sector agrario durante los próximos
años será fomentar una mayor participación de inversionistas y constructores,
así como elevar la intervención de los tres niveles gubernamentales”, indicó.
Sin
embargo, destacó que en tanto continúen siendo aplicadas políticas
inadecuadas que no contribuyen a garantizar un mayor flujo de inversión en este
rubro seguirá la irregularidad en esta materia.
“Los
ejidos y las comunidades agrarias atraviesan por procesos muy severos que no
mejorarán con políticas inadecuadas”, subrayó.
OPINIÓN
CIUDAD
PERDIDA.
Miguel Ángel Velázquez, La Jornada, página 43, lunes 10 de septiembre.
LOS
INDIOS
de la ciudad de México, los originales, se han declarado en rebeldía y
decidieron hacer pleno ejercicio de su autonomía en sus tierras y territorios.
LA
DECLARATORIA
parte de la decisión de las comunidades indias que desconocen la aplicación,
en sus territorios, de las reformas constitucionales en materia indígena que
emitió el Congreso de la Unión el 28 de abril pasado.
LA
INJUSTICIA
de un acuerdo de quienes pretenden mantener las diferencias los ha llevado a un
rincón donde ese acuerdo, la ley indígena aprobada por el Senado, les obliga a
tomar una decisión urgente, seguramente desesperada, para poder sobrevivir.
POR
ELLO
las comunidades asentadas en Milpa Alta y el Ajusco, entre otras, se apegan a lo
que disponen los acuerdos de San Andrés y en el hecho excluyen de su vida
cotidiana las normas que trató de imponerles el Congreso.
LOS
INDIOS
de la ciudad de México consideran que "ha sido la destrucción de nuestros
sistemas de organización y de vida comunal la causa de nuestra ruina, el
desplazamiento de nuestra grandeza y su remplazo por condiciones de miseria y
vasallaje".
Y
OBSERVAN,
entre otras consideraciones, que "disminuidos como han sido nuestros
pueblos, los gobiernos sucesivos del país, desde la Conquista hasta nuestros días,
nos han privado de toda tierra en planos cultivables y nos han reducido a vivir
en las sierras, en las selvas y en los desiertos, sujetos a constante
agresiones, sometidos a mil formas de explotación, enajenados de nuestros
propios territorios; que estos gobiernos no nos han reconocido, como pueblos
primeros que somos, siquiera la propiedad de esas tierras, de esas selvas y de
esos desiertos que hoy guardan la riqueza natural y biológica más grande que
pueda haber, ni respetan la seguridad elemental que necesita nuestra vida".
EN
12
artículos, además de observaciones y recordatorios, los indios han realizado
una Declaratoria de Bienes Comunales en la que declaran, en su artículo
primero, la "autonomía de cada una de las comunidades firmantes para
establecer su gobierno propio, nuestra voluntad de ejercer esa autonomía de
acuerdo con las normas de la vida de cada una de nuestras comunidades y para que
el gobierno federal y los gobiernos estatales que correspondan reconozcan a
nuestras comunidades como entidades públicas que forman parte de la estructura
del Estado mexicano, dentro de los lineamientos que marcan la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por
nuestro país en materia indígena y de derechos políticos y civiles".
MAS
ADELANTE,
en otro artículo, declaran "propiedad comunal, inalienable, inembargable e
imprescriptible de cada una de las comunidades firmantes, dentro de los linderos
y colindancias que señalan los títulos primeros de cada comunidad
participante, todas las tierras comprendidas en dichos límites, declarándose
parte de las tierras y territorios que abarca y defiende esta declaratoria los
predios ejidales que por cualquier medio hayan adquirido nuestros pueblos, bajo
las formas y usos que las comunidades ejerzan. Asimismo declaramos propiedad
comunal inalienable, inembargable e imprescriptible de las comunidades firmantes
las aguas que les pertenezcan de acuerdo con sus títulos primeros o las
resoluciones administrativas que en su momento se expidieron, o sobre las que
conserven una posesión comunal de hecho".
Y
ADVIERTEN
que han declarado, asimismo, que todas las enajenaciones de tierras, aguas y
montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades,
hechas por jefes políticos, gobernadores de los estados, o cualquiera otra
autoridad local en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de
1856 y demás leyes y disposiciones, son nulas.
ASI
LO
han dispuesto los indios del Distrito Federal, mientras que en la ALDF se buscan
mecanismos para construir normas que pudieran llevar a algunas consideraciones
legales para la protección de las comunidades, sin escuchar las razones, la
verdad, de los indios del Anáhuac que se contienen en los acuerdos de San Andrés
y que están cansados de que sean otros quienes decidan su vida.
LO
CIERTO
es que las razones de los habitantes de las comunidades en la capital retan la
injusticia cometida en contra de ellos a partir de una ley creada por quienes
muy poco saben de su vida y pretenden mantenerlos en el vasallaje y la marginación.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx