Lunes
29 de octubre de 2001 Lunes
29 de octubre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Excélsior • Reforma • Unomásuno
• La Jornada • El Universal
LA
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EN TEXCOCO COSTARÁ $534 MILLONES.
Mario Peralta, Excélsior, página 4, lunes 29 de octubre.
La secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, dijo que el
monto global de indemnizaciones por expropiaciones para construir el aeropuerto
en Texcoco asciende a 534 millones de pesos, que serán liquidados a los
afectados mediante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
ADVIERTE
PÁRROCO RIESGOS EN SAN SALVADOR ATENCO.
Erika Hernández, Reforma, página 19-A, lunes 29 de octubre.
Para el párroco Jorge Cuapio, la respuesta de los gobiernos federal y estatal a
la oposición de los campesinos respecto a la instalación del nuevo aeropuerto
en el ex lago de Texcoco, debe ser más humana que técnica, pues ante el enojo
de los ejidatarios "puede pasar cualquier cosa".
PROPONEN
CONFORMAR OTRA TERMINAL AÉREA.
Alejandra Bordón, Reforma, página 7-B, lunes 29 de octubre.
Una segunda terminal aérea conectada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México con un costo de mil millones de dólares, fue presentada a
funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, luego de que no fue tomada en
cuenta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó uno de sus
diseñadores, el arquitecto Carlos Hurtado.
EL
GOBIERNO NO DEBE PERMITIR CHANTAJES O PRESIONES POLÍTICAS: GONZÁLEZ LAPORTE.
Amalia Frías Santillán, Unomásuno, página 10, lunes 29 de octubre.
El gobierno federal no debe permitir que chantajes o presiones políticas
impidan la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco o la reestructuración
de la industria aeronáutica nacional que enfrenta una severa crisis operativa,
exigió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Claudio X. González
Laporte.
PELEAN
POR UN TERRENO EMPRESAS E INVASORES.
Francisco Velázquez, Reforma, página 11-B, lunes 29 de octubre.
El predio ubicado en Avenida Rojo Gómez 1230 y 1236, en la colonia Guadalupe
del Moral, provocó una contienda por su legítima propiedad entre el "Núcleo
Agrario Iztapalapa" y las empresas Polyenvases de México y Polycel de México.
EXIGEN
EN LA PILA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.
María Esther Ibarra, La Jornada, página 49, lunes 29 de octubre.
Sin ser la única, la zona de La Pila es ejemplo de los contrastes radicales
entre pobreza y riqueza, entre los invasores llamados de cuello blanco y
los precaristas, cuyas edificaciones se distinguen simplemente con mirar la
fachada. De un lado, muros y columnas de concreto macizo, como los ubicados por
el rumbo del corporativo Santa Fe, y del otro, un puñado de casas de cartón,
salvo excepciones de quienes tuvieron para levantar pequeños cuartos cuadrados,
chaparros y chatos de tabique hueco y sin pintura.
DEFRAUDAN
CON VENTA DE TERRENOS UBICADOS EN RESERVA ECOLÓGICA.
Adriana Ochoa, El Universal, página 13, lunes 29 de octubre.
Sin que el Registro Público de la Propiedad detectara las irregularidades, un
hombre vendió dos veces terrenos de una reserva ecológica. Y las dos
operaciones sobre los mismos predios fueron registradas.
AGRADA
APROBACIÓN DE LEY.
Yolanda Ceballos, Reforma, página 14-N, lunes 29 de octubre.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobada por unanimidad por la Cámara de
Diputados permitirá darle mayor formalidad a las políticas de apoyo al campo
en una perspectiva de mediano plazo, pero deberá complementarse con un mayor
presupuesto, coincidieron organizaciones de productores.
LA
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS EN TEXCOCO COSTARÁ $534 MILLONES.
Mario Peralta, Excélsior, página 4, lunes 29 de octubre.
La
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, dijo que el monto
global de indemnizaciones por expropiaciones para construir el aeropuerto en
Texcoco asciende a 534 millones de pesos, que serán liquidados a los afectados
mediante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Puntualizó
que corresponderá a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales de la Secodam
determinar el valor de los bienes expropiados y a la SCT y la Semarnat el pago
de las tierras afectadas.
Las
liquidaciones de las expropiaciones, indicó Herrera Tello, se deben hacer
conforme a la ley, y externó que a cada dueño de tierra se le pagarán 72 mil
pesos por cada hectárea de temporal y 260 mil por cada una de riego.
Asimismo
precisó que desde hace poco más de seis meses la dependencia a su cargo realizó
los trabajos técnicos de manera paralela en las dos opciones existentes,
Texcoco y Tizayuca.
Antes
había reiterado que al concluir esos trabajos técnicos la SRA ha quedado
deslindada de toda responsabilidad en lo que concierne al asunto de la
construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.
Aseguró
que básicamente esos trabajos consistieron en los levantamientos topográficos,
la determinación de la clase y aprovechamiento de las tierras, la asignación
de los derechos individuales y de uso común e incluso se solicitó a la Cabin,
de la Secodam, los avalúos correspondientes y se elaboraron los proyectos de
decretos expropiatorios en ambas opciones.
La
intervención de la dependencia a su cargo en este asunto concluyó el 22 de
octubre, cuando se publicaron en el Diario Oficial los decretos expropiatorios
con la ejecución, notificación e inscripción de los mismos.
Por
ello es menester aclarar que no corresponde a la SRA determinar el valor de los
bienes, pues por disposición legal es competencia de la Cabin.
Es
pertinente aclarar, señaló la funcionaria federal, que “los ejidos no fueron
expropiados en su totalidad, es una parte del ejido la que se ha expropiado; no
todo contenían construcciones y tampoco todos estaban produciendo ni trabajando
la tierra; había unas 200 casas y en su mayor parte eran asentamientos
irregulares”.
ADVIERTE
PÁRROCO RIESGOS EN SAN SALVADOR ATENCO.
Erika Hernández, Reforma, página 19-A, lunes 29 de octubre.
Para
el párroco Jorge Cuapio, la respuesta de los gobiernos federal y estatal a la
oposición de los campesinos respecto a la instalación del nuevo aeropuerto en
el ex lago de Texcoco, debe ser más humana que técnica, pues ante el enojo de
los ejidatarios "puede pasar cualquier cosa".
El
titular de la Iglesia del Divino Salvador, ubicada en la Cabecera Municipal,
considera que hasta el momento la autoridad ha provocado una confusión al no
informar de manera precisa los alcances reales que tendrá la construcción de
un aeródromo en parcelas del municipio.
"Hace
falta información, todos plantean escenarios muy distintos. Dicen que por la
iglesia pasará una carretera, pero no lo sabemos, así que el único que tiene
respuestas y soluciones a la inconformidad de la gente es la autoridad",
dijo el prelado en entrevista.
En
ninguna de sus homilías efectuadas esta semana, el párroco ha mencionado los
problemas que enfrenta el municipio, pues considera que la Iglesia debe
mantenerse al margen.
"Dios
no sabe de aviones, aunque está en los cielos, así que queremos ser muy
respetuosos de lo que está pasado y no ser irresponsables, porque una palabra
de la Iglesia puede ser mal entendida y provocar en la gente reacciones
equivocadas, por ello se les ha invitado a orar y estar unidos como todos los días",
señaló.
Sin
embargo, ayer domingo el sacerdote Jaime, invitado a celebrar la misa dominical
de las 7:00 horas, y quien no quiso dar su apellido, habló durante su sermón
del aeropuerto.
"La
comunidad está sufriendo una tensión muy grande por eso del aeropuerto, y
debemos hacer una oración para que no se cometan injusticias y para que no nos
divida y eche a pelear a unos contra otros, por intereses encontrados",
dijo.
Buscan
alternativas
Integrantes del Comisariado Ejidal de San Salvador Atenco y de la Agrupación
Atenco Unido informaron ayer que se han dado a la tarea de buscar alternativas
para evitar que el nuevo aeropuerto metropolitano sea instalado en Texcoco, y
que preparan la defensa legal en ese sentido.
De
acuerdo con Notimex, el miembro del comisariado ejidal, Ignacio del Valle, dijo
que campesinos, ejidatarios y vecinos de esta localidad impedirán la construcción
de la terminal aérea alterna en sus tierras ejidales, toda vez que no sólo se
quedarían sin viviendas y parcelas para sembrar, sino también se terminaría
con su modo de vida.
Expuso
que el recurso de amparo es uno de los procedimientos legales que aprovecharán.
Sin embargo, dijo que al igual que las autoridades dejaron de considerar las
leyes, los campesinos tampoco obedecerán los reglamentos y los procedimientos
legales, pues no venderán ni cederán sus terrenos.
Por
su parte, Juan Manuel Galicia, integrante de la Agrupación Atenco Unido, señaló
que en asamblea los campesinos trabajan en la elaboración de propuestas y
alternativas que propondrán al gobierno federal, y todas están encaminadas a
la no venta de sus terrenos.
Aclaró
que no están dispuestos a dialogar con los gobiernos local y estatal, toda vez
que éstos carecen de la facultad para darles una solución y llegar a acuerdos.
PROPONEN
CONFORMAR OTRA TERMINAL AÉREA.
Alejandra Bordón, Reforma, página 7-B, lunes 29 de octubre.
Una
segunda terminal aérea conectada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
con un costo de mil millones de dólares, fue presentada a funcionarios del
Gobierno del Distrito Federal, luego de que no fue tomada en cuenta por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó uno de sus diseñadores,
el arquitecto Carlos Hurtado.
Dicho
proyecto, denominado "Aeropuerto Terminal 2", fue realizado también
por el arquitecto Fernando Gutiérrez y el piloto aviador Alfredo Lezama y sería
una obra conectada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
El
proyecto fue recientemente mostrado a asesores del Secretario de Gobierno del
DF, José Agustín Ortiz Pinchetti, al Secretario de Desarrollo Social,
Alejandro Encinas y al coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del DF,
Armando Quintero.
A
pesar de que el lunes 22 de octubre la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes anunció su decisión de realizar el nuevo aeropuerto en el antiguo
vaso de Texcoco, Encinas afirmó que ni ésta, ni el resto de las alternativas
propuestas, deben de ser descartadas.
Lo
anterior, explicó, en virtud de la inconformidad que generó en varios sectores
la determinación de la dependencia federal y las medidas de impugnación que
iniciará el Gobierno capitalino para impedir que el megaproyecto aéreo se
consume en el vaso del ex Lago de Texcoco.
A
decir de Hurtado, el proyecto "Terminal 2 del Aeropuerto" cuenta con
el apoyo de la Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional Autónoma de México, a la que pertenecen más de 20 mil
ingenieros.
El
proyecto ha sido promovido entre las autoridades capitalinas, luego de que
hicieron una demostración del mismo a las instancias federales de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin
que haya habido una respuesta hasta el momento.
Y no
sólo eso, según afirmó Hurtado en entrevista, al reunirse con los
funcionarios de ASA hace varios meses, éstos expresaron su preferencia por el
proyecto de Texcoco por su proyección útil de 50 años, en contraste el de una
segunda terminal que tendría capacidad para 25 años.
Las
Características
Hurtado
explicó que con esta alternativa se duplicarían las 270 mil operaciones
(aterrizajes) al año del actual aeropuerto y no sería necesario cerrarlo, como
anunció la SCT que ocurrirá.
Cancelar
el AICM, agregó el Arquitecto, representaría desperdiciar la inversión de 2
mil 500 millones de dólares que representa y tener que pagar 2 mil millones de
dólares más como indemnización.
El
plan que promueven él y sus colegas es la construcción de la "Terminal
2" del AICM con una o dos pistas, utilizando un terreno de 950 hectáreas
de zona federal ubicado en los límites con el Distrito Federal pero ya en
territorio del Estado de México.
El
predio localizado en la zona noroeste del actual aeropuerto no tiene
asentamientos humanos y en una parte, es sede del relleno sanitario de Bordo
Poniente en cuarta fase, mismo que de acuerdo con el arquitecto, se puede
reubicar o tratar con técnicas alemanas y japonesas para incinerar la basura,
convertirla en grava y comercializarla.
EL
GOBIERNO NO DEBE PERMITIR CHANTAJES O PRESIONES POLÍTICAS: GONZÁLEZ LAPORTE.
Amalia Frías Santillán, Unomásuno, página 10, lunes 29 de octubre.
El gobierno federal no debe
permitir que chantajes o presiones políticas impidan la construcción del nuevo
aeropuerto en Texcoco o la reestructuración de la industria aeronáutica
nacional que enfrenta una severa crisis operativa, exigió el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Claudio X. González Laporte.
Dijo que el gobierno federal
debe de asumir una postura de seriedad y madurez en las decisiones que tome para
poder llevar a cabo las reformas estructurales, o de lo contrario se retrasará
la reactivación económica, al igual que la creación de más empleos que en
forma urgente deben de incentivarse para atender la presión social.
Agregó el dirigente de la cúpula
empresarial del país que si el gobierno atiende consideraciones políticas de
tercer orden, sólo paralizará programas que beneficien a la población en su
conjunto, que puede implicar que se ahuyenten las inversiones nacionales y
extranjeras.
El CCE señaló que el proyecto
del nuevo aeropuerto capitalino representará un importante avance en la
construcción de infraestructura física moderna para la que México tenga
mejores condiciones para competir internacionalmente.
De esa manera, el sector
privado precisa que para avanzar en un crecimiento incluyente del país, la
administración del presidente Vicente Fox debe de tomar decisiones bien
fundamentadas, ágiles y que no sean cambiantes por hacer caso a los chantajes o
presiones de los grupos políticos.
Confiaron los empresarios del
país que paulatinamente vayan cediendo las presiones políticas por parte de
los grupos que se sienten afectados en sus intereses por haber designado a
Texcoco como la sede para la reubicación de la nueva terminal aérea que
sustituirá a la actual que presenta ya serias deficiencias operativas.
CRECE LA GENERACIÓN DE
PERDIDAS ECONOMICAS EN LA AVIACIÓN
Por su parte, el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en un Punto de Vista precisa
que la falta de reacción de las principales líneas aéreas nacionales
–Mexicana y Aeroméxico, fundamentalmente– revelan la necesidad de
establecer una urgente reestructuración de la industria aeronáutica del país.
Los analistas del CCE, también destacan que el gobierno federal debe de enviar
una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para eliminar todas las trabas a
la inversión nacional y extranjera para que comience a refinanciarse el sector
aéreo, porque ante la insolvencia del gobierno para ofrecerle más apoyos económico,
las constantes pérdidas por la deficiente operación las coloca en el riesgo de
que en poco tiempo queden descapitalizadas.
Recomienda el CEESP que el
gobierno en lugar de incrementar cada vez más los apoyos financieros que tanto
le han costado a los contribuyentes porque en más de dos ocasiones han sido
rescatados para evitar la quiebra de las dos principales líneas aéreas, lo
retire.
DISTRITO
FEDERAL
PELEAN
POR UN TERRENO EMPRESAS E INVASORES.
Francisco Velázquez, Reforma, página 11-B, lunes 29 de octubre.
El
predio ubicado en Avenida Rojo Gómez 1230 y 1236, en la colonia Guadalupe del
Moral, provocó una contienda por su legítima propiedad entre el "Núcleo
Agrario Iztapalapa" y las empresas Polyenvases de México y Polycel de México.
Los
hechos se agravaron en agosto pasado cuando aproximadamente 300 integrantes de
esa agrupación invadieron el inmueble, localizado en la zona industrial de la
delegación Iztapalapa, de manera violenta y bajo el argumento de que se trata
de tierras comunales.
Como
consecuencia de la invasión, Polycel de México interpuso una demanda por
delito de despojo en contra de quien resulte responsable y contra los ocupantes
del predio, entre los que se menciona al Diputado del PRI, Humberto Serrano Pérez.
La
averiguación previa con número 20/3874/01-08, fue presentada el 20 de agosto
pasado en la Agencia Investigadora del Ministerio Público 19 y en ella
atestiguan Edmundo Díaz Barriga, apoderado legal de la compañía, así como
Carlos Martín Hernández y Gonzalo Martínez Martínez, policías auxiliares
del DF y vigilantes del predio.
"Se
empezaron a saltar varias personas, de diversas edades, pero todos eran adultos,
al tiempo que aventaban palos y polines y el de la voz se acercó a estas
personas, y les dijo que por qué se metían al predio, y éstos le dijeron que
se calmara ya que no le iban a hacer nada y le dijeron que traían un documento
que les permitía la entrada al inmueble y la posesión", cita un extracto
de la declaración de Carlos Martín Hernández.
La
empresa que ocupaba el predio que también tiene acceso por la calle de Mina
101, tiene escrituras, de las cuales REFORMA tiene copia, y que avalan la
propiedad de 26 mil metros cuadrados, así como el contrato de compra venta del
inmueble en el año de 1978.
Sobre
este caso, la directora Jurídica y de Gobierno en Iztapalapa, Diana Bernal,
aclaró que este predio ostenta uso de suelo industrial y es uno de los
"pocos predios en la ciudad que pueden tener este tipo de uso de
suelo".
La
también ex delegada en Iztacalco comentó que existen documentos que avalan la
propiedad legítima del inmueble, la cual pertenece al grupo Polyenvases de México
y Polycel de México, por lo que lamentó estos sucesos.
En
un visita al predio, se observaron por lo menos un centenar de pequeñas casas
de madera e instalaciones provisionales de energía eléctrica así como
personas de todas las edades; sin embargo, el acceso era custodiado por un par
de jóvenes quienes mantenían cerrada la puerta que da a la calle de Mina 101.
EXIGEN
EN LA PILA LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS.
María Esther Ibarra, La Jornada, página 49, lunes 29 de octubre.
Sin
ser la única, la zona de La Pila es ejemplo de los contrastes radicales entre
pobreza y riqueza, entre los invasores llamados de cuello blanco y los
precaristas, cuyas edificaciones se distinguen simplemente con mirar la fachada.
De un lado, muros y columnas de concreto macizo, como los ubicados por el rumbo
del corporativo Santa Fe, y del otro, un puñado de casas de cartón, salvo
excepciones de quienes tuvieron para levantar pequeños cuartos cuadrados,
chaparros y chatos de tabique hueco y sin pintura.
Enclavada
en la delegación Cuajimalpa, La Pila alberga a más de mil familias que se
asentaron de manera irregular en terrenos considerados de reserva ecológica, y
a pesar de que viven ahí desde hace 25 y 40 años, no tienen los títulos de
propiedad. Algunas de las viviendas son construcciones avanzadas y cuentan con
servicios urbanos básicos,
Durante
un recorrido por el lugar y ante el diputado local del PRD Alejandro Sánchez
Camacho y autoridades responsables del gobierno capitalino, los habitantes
solicitaron la regularización de los terrenos donde se asientan sus viviendas,
ubicados en la zona que comprende Circuito Escolar, Manzana 4, Zona de Cola de
Pato, Monte de las Cruces, Colonia Lajas, Reposadera, Isla y Prolongación de
Ocampo, entre otras.
"No
vamos a promover el cambio de uso de suelo de aquellos asentamientos que puedan
convertirse en tumbas humanas", aclaró en entrevista el diputado
perredista y vocero del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), respecto a la petición de unas 50 familias cuyas
viviendas se ubican en zonas de alto riesgo.
A
ellas las exhortó a acogerse al programa que actualmente lleva a cabo el
gobierno capitalino, referente a la entrega de 3 mil pesos para ayuda de renta,
en tanto a corto plazo se les puede dotar de una vivienda de interés social o
bien ser reubicadas.
Empero,
informó que en los próximos meses los legisladores de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal trabajarán, junto con las autoridades capitalinas y los
colonos, en un proceso de consulta para analizar cuáles son los terrenos
susceptibles de que se les otorgue el cambio de uso de suelo, pero enfatizó que
será para aquellas familias cuyas viviendas no estén ubicadas en zonas de alto
riesgo.
"Vamos
a analizar detalladamente cada uno de los proyectos de modificación de uso de
suelo, y donde se consideren lugares de alto riesgo para la construcción de
vivienda no se autorizarán, para evitar pérdidas humanas", recalcó,
"ni prometer lo que es imposible", acotó al aclarar que también se
buscará evitar el crecimiento de la mancha urbana.
El
legislador indicó que ese problema lo comparten las delegaciones Milpa Alta,
Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, aunque advirtió que se
respetará la propuesta del gobierno capitalino de no permitir construcciones en
zonas que no son seguras o que están declaradas como de reserva ecológica o
terrenos de conservación.
Sánchez
Camacho abundó que en la revisión que cada tres años compete hacer a la ALDF
y al gobierno capitalino sobre el uso de suelo, los legisladores serán
cuidadosos de que en esas demarcaciones, donde hay población semirural, se
respeten de manera puntal las áreas protegidas por representar pulmones para la
ciudad de México y suministradoras del vital liquido a través de sus mantos
acuíferos.
En
el caso concreto de la delegación Cuajimalpa, existen 4 mil 199 familias que
han construido sus viviendas en más de 542 mil hectáreas de terreno de
conservación. Son 68 asentamientos irregulares, de los cuales se registran ocho
como regularizados; 49 por regularizar y 11 más por ordenar.
SAN
LUIS POTOSÍ
DEFRAUDAN
CON VENTA DE TERRENOS UBICADOS EN RESERVA ECOLÓGICA.
Adriana Ochoa, El Universal, página 13, lunes 29 de octubre.
Sin que el Registro Público de
la Propiedad detectara las irregularidades, un hombre vendió dos veces terrenos
de una reserva ecológica. Y las dos operaciones sobre los mismos predios fueron
registradas.
Los predios están ubicados en
el Paseo de la Presa de San José, área natural protegida como reserva ecológica
por decreto de 1996. Dos inmobiliarias se disputan la propiedad por la vía
judicial para desarrollar fraccionamientos.
Francisco Pérez Morales,
presunto beneficiario de un juicio de sucesión, vendió los mismos terrenos
tanto a la inmobiliaria San José de Buenavista, SA de CV como a Urbanizadora
Interlomas, SA de CV.
En la anotación al margen de
la inscripción 77921 del tomo 1120 de Escrituras Públicas, promovida por el
apoderado de San José de Buenavista, Juan Francisco Izaguirre Anaya, el 19 de
junio de 2000, reconoce que seis predios adquiridos por la empresa que
representa, están dentro de las 344-02-300 hectáreas decretadas reserva
natural Paseo de la Presa, el 5 de junio de 1996 por el entonces gobernador
Horacio Sánchez Unzueta.
Advierte que "atento a las
anotaciones marginales de los títulos de propiedad (...) nos percatamos que el
dueño original de los inmuebles los está vendiendo nuevamente, pero amparado
con otra inscripción pública errónea".
Explicó que la solución
"consiste en que esta oficina (el Registro Público de la Propiedad) una
vez que ubique que son los mismos bienes inmuebles, deberán relacionar las dos
inscripciones y con ello impedirán que Francisco Pérez Morales cometa
fraude".
Algunos avisos a los que hace
referencia Izaguirre Anaya aparecen en el legajo 1642 del tomo 25 de Avisos y
consignan la intención de Urbanizadora Interlomas del Centro, SA de CV de
adquirir entre otros un lote de 60-28-93.5 hectáreas a Francisco Pérez
Morales.
La última anotación al margen
de la inscripción 77921 del tomo 1120 de Escrituras Públicas data del 29 de
noviembre de 2000 y en ella se señala que dicha propiedad está en litigio. La
anotación aparece de acuerdo al oficio 1533/00 y en cumplimiento al auto del 6
de noviembre de 2000 del expediente 788/00 del Juzgado Primero de lo Familiar y
es relativo a juicio ordinario de petición de herencia que promueve Javier Gómez
Valle contra Francisco Pérez Morales y otros, pues también le disputan la
presunta herencia de los terrenos.
Antecedentes
En 1991, Francisco Pérez
Morales promovió un juicio de sucesión intestamentaria ante el juez primero de
lo familiar, José Merced Ponce Blanco, sobre los bienes de su hermana
Alejandrina Pérez Morales, que abarcaban 862-130 hectáreas en las
inmediaciones del rancho San José de Buenavista y "adelante de la Presa
San José", vaso que abastece a la capital potosina.
El 9 de septiembre de 1991, el
juez reconoció a Francisco Pérez Morales como único y universal heredero además
de albacea definitivo de los bienes de Alejandrina Pérez Morales.
El 8 de febrero de 1994, la
sociedad Inmobiliaria San José‚ le compró seis predios rústicos a Francisco
Pérez Morales en el área del rancho San José de Buenavista. La operación
quedó inscrita ante el Registro Público de la Propiedad bajo la inscripción
46672, foja 24 del tomo 691 de escrituras públicas. Años después,
Inmobiliaria Interlomas hizo la misma adquisición.
LEY
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
AGRADA
APROBACIÓN DE LEY.
Yolanda Ceballos, Reforma, página 14-N, lunes 29 de octubre.
La
Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobada por unanimidad por la Cámara de
Diputados permitirá darle mayor formalidad a las políticas de apoyo al campo
en una perspectiva de mediano plazo, pero deberá complementarse con un mayor
presupuesto, coincidieron organizaciones de productores.
"Por
sí sola esta nueva ley no generará los cambios que todos deseamos para
beneficio del sector rural, sino más bien, nos permitirá unificar esfuerzos y
generar un ambiente de mayor certidumbre para quienes conformamos las cadenas
agroalimentarias en el país", dijo Jesús Vizcarra Calderón, presidente
del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Para
Jorge Luis López Martínez, coordinador de la Comisión de Desarrollo Rural del
CNA, la nueva ley abre el abanico del perfil de productores del país de
distintos niveles y diferentes estrategias de apoyo, además de que acotó
algunos espacios de definición que se veían vagos en la ley anterior.
Alvaro
López Ríos, coordinador del Congreso Agrario Permanente elogió el esfuerzo
realizado por la Cámara de Diputados para llegar a consensos, aunque consideró
que se hizo demasiado caso a los "caprichos" del Ejecutivo en cuanto a
eliminar los compromisos de financiamiento vía presupuesto.
"Hubiéramos
querido que se atara un porcentaje de gasto programable para que el campo
tuviera certeza de aumento presupuestal gradual, y que se obligara a los estados
y municipios a destinar una parte de sus finanzas al desarrollo rural, en vez de
dedicarlo a comprar camionetas o construir jardines", comentó.
Alberto
Gómez Flores, secretario general de la Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas, insistió en que queda pendiente la revisión
del artículo 27 constitucional, el elevar a rango constitucional el derecho a
la alimentación y la creación de una ley de suelos.
"De
alguna manera contar con una ley es un avance pero no lo es todo, porque con
esto no van a cambiar las actitudes del Gobierno hacia el campo ni se van a
modificar las políticas excluyentes que se vienen aplicando. En pocas palabras,
la ley será letra muerta si no hay una actitud distinta del Gobierno",
advirtió.
Al
respecto, Heladio Ramírez López, presidente de la Confederación Nacional
Campesina manifestó que la Ley de Desarrollo podrá dar rumbo a las actividades
productivas del campo, siempre y cuando cuente con un presupuesto adecuado y
respalde a las dependencias e instituciones que ejercen la política
agropecuaria.
En
su parecer, la aprobación de la Ley representa una esperanza para revertir la
crisis del campo mexicano reflejada en alto grado de marginación, agudización
de la pobreza extrema, desplome en el precio de granos y oleaginosas, y la
necesidad de importar anualmente cerca de 15 millones de toneladas de diversos
productos.
Buenos
deseos
Dirigentes
de organizaciones productoras coincidieron en señalar que la nueva Ley es un
avance, pero no es toda la solución:
"Por
sí sola esta ley no generará los cambios en beneficio del sector rural, pero
permitirá unificar esfuerzos y generar certidumbre para quienes conformamos las
cadenas agroalimentarias"
Jesús
Vizcarra Calderón, Presidente del CNA.
"La
ley dará rumbo a las actividades productivas del campo, si cuenta con un
presupuesto adecuado y respalda a las dependencias e instituciones que ejercen
la política agropecuaria".
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx