Jueves 8 de noviembre de 2001


 Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • El Universal • Reforma • La Prensa 
• México Hoy • Milenio Diario • El Día • Excélsior 
• La Crónica de Hoy • Novedades


"NO VAMOS A SIMULAR UNA DEFENSA ANTE LOS AFECTADOS EN TEXCOCO''.
Entrevista, Angélica Enciso L., La Jornada, página 16, jueves 8 de noviembre.

El procurador agrario, Valdemar Martínez Garza, señaló que hay ''aspectos de fondo'' que pueden invalidar el decreto de expropiación de nueve ejidos de Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, entre ellos: el documento no argumenta legalmente la causa de utilidad pública y es incorrecto el valor de 7.20 pesos el metro cuadrado que se derivó del avalúo.ver nota completa....


CONDICIONAN AYUDA A EJIDATARIOS.
Teresa Montaño, El Universal, página 15, jueves 8 de noviembre.

La Procuraduría Agraria condicionó la representación legal a ejidatarios afectados con el decreto expropiatorio, al señalar que si acuden a abogados particulares no podrán contar con el apoyo de la instancia. Hasta el momento, seis de los 13 núcleos afectados optaron por ampararse con el auxilio de esta dependencia.
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SE RESIGNAN CAMPESINOS A EXPROPIACIÓN.
Érika Hernández,
Reforma, tomado de la página de Internet del diario, jueves 8 de noviembre.
Ante la nula esperanza de revocar el decreto de expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto, los campesinos de Santa Isabel Ixtapan y Nexquipayac, en San Salvador Atenco, se ampararán para mejorar el precio de sus parcelas.
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CENSURA EL ALCALDE DE TEXCOCO INDIFERENCIA GUBERNAMENTAL ANTE PROTESTAS DE EJIDATARIOS.
Rene Ramón Alvarado y Javier Salinas, corresponsales, Angélica Enciso y Alonso Urrutia, La Jornada, página 17, jueves 8 de noviembre.

Cientos de campesinos de los pueblos de Atenco, Acuexcomac, Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapa hicieron una marcha "por la cultura y la tradición de los pueblos", en tractores, carretas y caballos, por las tierras expropiadas. También montaron exposiciones de los productos que obtienen del campo.
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INGOBERNABILIDAD EN SAN SALVADOR ATENCO.
Rubén Pérez, La Prensa, página 23, jueves 8 de noviembre.
Mientras continúa la rebelión pacífica de ejidatarios y habitantes molestos por la decisión del gobierno de ubicar el nuevo aeropuerto en Texcoco, el presidente municipal de San Salvador Atenco, Margarito Yánez Ramos, solicitó a los inconformes garantías a su persona para regresar al palacio municipal e iniciar un diálogo que permita encontrar una salida al conflicto.
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ILEGAL LA DECISIÓN DE TEXCOCO.
Manuel Velázquez A., México Hoy, página 10, jueves 8 de noviembre.

Los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitarán un juicio político en contra del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber a quien culparon de haber cometido una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la determinación de construir el aeropuerto alterno de la ciudad de México en Texcoco.
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PROPONEN CREAR PISTA ALEDAÑA AL AEROPUERTO.
Almendra Martínez, El Universal, página 15, jueves 8 de noviembre.

Diputados locales del PRD e integrantes del la Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentaron el proyecto "Terminal 2" que consiste en la construcción de una nueva pista en las inmediaciones del actual aeropuerto del Distrito Federal.
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EL AEROPUERTO EN TEXCOCO PODRÍA RETRASARSE.
Alejandro Rivero Jiménez, Milenio Diario, página 33, jueves 8 de noviembre.

La construcción del aeropuerto podría retrasarse por lo menos un año si el Poder Judicial otorga amparos a los ejidatarios, reconoció el procurador agrario, Valdemar Martínez Garza.
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RESPETARÁ EDOMEX DECISIÓN DE EJIDATARIOS.
Nota informativa, El Día, página 6, jueves 8 de noviembre.

La secretaria de Ecología del Estado de México, Martha Hilda González calderón, dijo que esta administración será respetuosa de las acciones jurídicas que tomen ejidatarios del municipio San Salvador Atenco sobre la construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México, pues como ciudadanos pueden ejercer sus derechos.
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ATADOS DE MANOS, CAMPESINOS DEL DF.
Emilio Vásquez, México Hoy, tomado de la página de Internet del diario, jueves 8 de noviembre.

C
ampesinos del Distrito Federal exigieron al jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, derogue la ley local de reordenamiento ecológico, por considerar que coarta la libertad de producir en la zona rural de la Ciudad de México.ver nota completa....


EDICTO.
El Universal, página 6-B, jueves 8 de noviembre.

Se les hace saber que en los autos del juicio de amparo número 561/2001, promovido por el comisariado ejidal del poblado de “Santa María Ticoman”, delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, contra actos del Secretario de la Reforma Agraria y otras autoridades, del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se les ha tenido como terceros perjudicados y se ha señalado como acto reclamado destacando la resolución presidencial de fecha nueve de febrero de mil novecientos sesenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo del mismo año.
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CONVENIO AUTORIDADES-LÍDERES DE COLONOS IMPEDIRÁ QUE SE MULTIPLIQUEN ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN IZTAPALAPA.
Manuel Magaña, Excélsior, página 19, jueves 8 de noviembre.

Autoridades delegacionales y líderes de colonos de Iztapalapa firmaron ayer un acuerdo para evitar que la demarcación continúe creciendo anárquicamente. El convenio suscrito evitará que 22 “campamentos” de demandantes de vivienda multipliquen el número de asentamientos humanos irregulares en la demarcación más poblada del Distrito Federal, con un millón 900 mil habitantes.
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DESALOJADOS GOLPEAN AL ALCALDE DE LOS REYES LA PAZ.
María de los Ángeles Velasco, La Jornada, página 43, jueves 8 de noviembre.

Al menos 15 personas detenidas y cuatro golpeadas, entre ellas el edil Dino Ortiz Rodríguez y el director de Gobernación estatal, fue el saldo que dejaron varios conatos de violencia que se registraron en este municipio, luego de que habitantes del predio Tepapatlaco efectuaron una manifestación para exigir la restitución de sus terrenos irregulares, de los cuales fueron desalojados el pasado martes.
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TEMEN CHOQUE POR TIERRAS EN QUERÉTARO.
Juan J. Arreola, El Universal, página 12-B, jueves 8 de noviembre.

Poco más de centena y media de indígenas otomíes de la comunidad de Santiago Mezquititlán se dijeron dispuestos a defender "con todo" poco más de 800 metros cuadrados de tierras comunales que, a su decir, el ex delegado municipal en la localidad, Néstor Chaparro Sánchez, pretende apropiarse.
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PREVÉN MENOS ASIGNACIONES PARA EL CAMPO.
Jorge Arturo Hidalgo, Reforma, página 4-A, jueves 8 de noviembre.

Un Presupuesto de Egresos menor en términos reales al de este año, con menores recursos para el campo, sin variaciones a la alza para programas sociales y con ingresos menores por la caída en el precio del petróleo y la recesión económica mundial es lo que esperan los diputados que entregue la Secretaría de Hacienda este viernes.
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VOTA HOY SENADO NUEVA LEY RURAL.
Juan Arvizu, El Universal, página 18, jueves 8 de noviembre.

El pleno del Senado votará hoy la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y este ordenamiento dirigido a normar la planeación de la actividad agropecuaria del país estará listo para que lo promulgue el Ejecutivo federal.
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TEMPLO MAYOR.
F. Bartolomé, Reforma, página 20, jueves 8 de noviembre.

VISTO EL BRONCON que se armó por la expropiación de terrenos para construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, el gobierno federal y el mexiquense tuvieron que ponerse a trabajar.
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EN CORTO.
Columna de Guillermo Ortega, La Crónica de Hoy, página 13, jueves 8 de noviembre.

Entre patos. Analizando cómo fue tomada la decisión, es notorio que, políticamente, faltaron amarres con los diversos actores y, debido a la urgencia del Presidente para hacer el anuncio, cuando el secretario de Gobernación quiso hacerlos ya no hubo tiempo. Esto fue evidente durante la comparecencia del secretario Cerisola ante el Poder Legislativo, cuando los diputados lo tacharon de mentiroso, cínico y fullero, asegurando que hace tiempo se habían “cargado los dados” a favor de Texcoco.
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EJIDATARIOS MEXIQUENSES PROCESADOS.
José Francisco Aguirre, Novedades, página 18, jueves 8 de noviembre.

El crecimiento de la población trae aparejada la presión en contra de los agricultores que se ubican en las orillas de las áreas urbanas, por lo que resulta incosteable la siembra de esas tierras y, por lo tanto, acaba con la fuente de ingresos de esos campesinos, sobre todo si son ejidatarios y de escasos recursos económicos.
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CARTA ABIERTA.
Ayuntamiento de Texcoco, El Universal, página 4-B, jueves 8 de noviembre.

Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
P r e s e n t e

Respetuosamente le manifestamos nuestra posición ante la determinación de construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la región del Lago de Texcoco.
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AEROPUERTO ALTERNO AL DE LA CD. DE MÉXICO 

"NO VAMOS A SIMULAR UNA DEFENSA ANTE LOS AFECTADOS EN TEXCOCO''.
Entrevista, Angélica Enciso L., La Jornada, página 16, jueves 8 de noviembre.

La dependencia impugnará el proceso de expropiación en dos frentes: la inconstitucionalidad del decreto y el pobre avalúo, informa

El procurador agrario, Valdemar Martínez Garza, señaló que hay ''aspectos de fondo'' que pueden invalidar el decreto de expropiación de nueve ejidos de Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, entre ellos: el documento no argumenta legalmente la causa de utilidad pública y es incorrecto el valor de 7.20 pesos el metro cuadrado que se derivó del avalúo.

Anunció que la Procuraduría Agraria (PA) representará legalmente a nueve de los 13 ejidos afectados, y que la semana próxima se presentará la demanda de amparo. En entrevista, se refirió una y otra vez al avalúo de la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales (Cabin), la cual, dijo, ni siquiera tomó en cuenta el valor catastral de las tierras, el cual es 70 por ciento más alto de lo que fijó.

Aseguró que la PA defenderá los intereses de todos los ejidatarios y pidió a los campesinos afectados ''tener confianza en nuestra institución; no vamos a simular una defensa de sus intereses". Además aseguró que el organismo absorberá todos los gastos. Martínez Garza dijo que si el amparo se concede, podría ser en dos sentidos: contra el decreto en sí mismo o contra el avalúo incorrecto; en el último caso éste se deberá corregir.

Empieza el proceso legal

Desde el 22 de octubre, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dio a conocer el decreto de expropiación de 5 mil 300 hectáreas a unos 4 mil 300 propietarios de 13 ejidos de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, comenzaron las protestas por el precio del avalúo y por el mismo decreto de expropiación, por lo que los campesinos han decidido proceder legalmente. La PA representará a los ejidatarios de Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapan, de Atenco; San Miguel Tocuila, San Martín Nezahualcóyotl, San Bernardino, Santiago Cuautlalpan, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, de Texcoco, y el ejido de Chimalhuacán.

-¿Cuál será el trabajo de la procuraduría con los ejidatarios?

-El 31 de octubre asistí a una reunión en Texcoco y gente de nueve de los 13 ejidos escucharon la posición de la PA, la cual es quien naturalmente defiende los intereses de los campesinos. Les informamos que les daremos toda la información de la cual dispongamos para defender sus intereses. Cuando estuve con ellos no les fui a ofrecer que se sentaran a la mesa de negociaciones, sino les ofrecí la representación legal del organismo para combatir la inconstitucionalidad del decreto por vicios propios y además para inconformarnos a través del juicio de garantías por el indebido avalúo que se fijó a las tierras.

"Esta fue la oferta de la PA. Los convencí de que es la mejor opción para su defensa. Hay un equipo de abogados preparados, especialistas en materia agraria y además gente con conocimiento de la materia de amparo. Yo siempre he sido abogado litigante y tengo más de 20 años de ser profesor de amparo; incluso tengo un libro. La materia constitucional de garantías no me es desconocida. Creo que podemos hacer un gran papel en esta defensa y también les hice saber que el hecho de iniciar las acciones legales no excluye la posibilidad de una futura negociación para quien así lo solicite.''

-¿Qué irregularidades se encontraron en el decreto de expropiación?

-Hay 19 decretos expropiatorios que se van a combatir y cada uno tiene sus propias particularidades. Uno de los aspectos que se han escuchado insistentemente es la indebida valuación de las tierras. Yo creo que tanta gente no puede estar equivocada; me refiero a los miles de campesinos afectados que protestan enérgicamente por los avalúos. Estoy convencido de que el avalúo emitido por Cabin no coincide con el valor comercial de las tierras.

"La ley agraria establece que se debe tomar el valor comercial para determinar el precio de los inmuebles. Estoy completamente seguro de que Cabin no emitió un avalúo atendiendo esto. Algo que me impulsa a emitir esta opinión es que en la gaceta oficial del gobierno del estado de México del 26 de diciembre del 2000 aparecieron las tablas de valores para efectos de impuesto predial y resulta que estos valores catastrales son superiores en promedio en 70 por ciento a los que emitió Cabin. Vemos dos valores oficiales: el de Cabin y el de ese gobierno; no es posible que sean tan discordantes uno del otro. Además sabemos que el valor catastral no rige las operaciones comerciales. Todo esto me lleva a la convicción de que el avalúo de Cabin está equivocado.

"En este caso el Ejecutivo ya opinó. Ahora la procuraduría defenderá los intereses de todos los ejidatarios. Los campesinos afectados deben tener confianza en nuestra institución. Para empezar el avalúo debe ser combatido, pero también analizamos aspectos de fondo que pudieran afectar la existencia misma del decreto expropiatorio''.

-¿Como qué aspectos?

-No hemos concluido el estudio, porque requerimos tener en nuestro poder el expediente de cada uno de los 19 decretos expropiatorios. Ahí es donde vamos a encontrar las irregularidades. Del decreto que aparece publicado no podemos deducir las violaciones procesales que debe llevar el trámite de expropiación, pero ya con la autorización legal de los núcleos agrarios vamos a solicitar copia de todos los expedientes.

''No vamos a simular una defensa de los intereses de los ejidatarios. Será una lucha real. Yo creo que es imprescindible que intervenga el Poder Judicial de la Federación para analizar la constitucionalidad del decreto de expropiación, tanto en el aspecto de fondo como en el avalúo, que no fue emitido de acuerdo con el valor comercial de las tierras.''

-¿Es legítima la representación de los nueve núcleos agrarios que defenderá la procuraduría?

-Cada comisariado ejidal en lo particular ha decidido otorgar su autorización para que la PA los represente en el juicio de amparo. Si hablamos en relación con el número de ejidos ya tenemos mayoría, pero además hay alrededor de cien ejidatarios de San Salvador Atenco que en lo individual han acudido a la PA.

-¿En el decreto está suficientemente justificada la causa de utilidad pública para llevar a cabo la expropiación de las tierras?

-Si hablo exclusivamente del decreto que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación no me parece claro que esté justificada la causa de utilidad pública. Debe tener una justificación legal y material, lo cual no se ve claro. Puede haber argumentos, pero de nada sirven si no existen las pruebas. Una persona puede hacer una excelente demanda, con los mejores argumentos que te imagines, pero si no aporta las pruebas para acreditar su acción va a perder, por buenos argumentos que tenga. Independientemente de los argumentos que se presenten, éstos deben tener un sustento probatorio. La justificación legal y material de la causa de utilidad pública no se ve claramente en el decreto. Este será otro de los argumentos.

-¿Qué resultados se obtendrían en caso de otorgarse el amparo?

-Si el amparo se concede contra el decreto en sí mismo por considerarse inconstitucional quedaría sin efecto desde el punto de vista jurídico. Si se concede para el efecto de un avalúo conforme al valor comercial, será esto lo que habría de cumplimentarse. La PA combatirá las dos partes: la subsistencia misma del decreto y la indebida valuación de las tierras. No puedo pensar que tierras conurbadas al Distrito Federal tengan un valor de 7.20 pesos el metro -7 mil 200 pesos la hectárea-; este argumento no me convence. No sé qué argumentos tomó Cabin; todavía no conozco el avalúo y espero tenerlo pronto.

-¿Su visita a Texcoco el mismo día que los campesinos de San Salvador hicieron su movilización a Los Pinos fue tomada como una intención de divisionismo?

-La decisión fue mía. Yo asumo esa responsabilidad. No fue con el propósito de dividir sino de orientarlos. Leí en la prensa que a cada ejidatario se le piden 300 pesos para que se les ayude en la asistencia legal, pero yo les dije que no tenían por qué gastar un solo centavo. Lo único que necesita la PA es fotocopia de documentos y en el juicio se pueden presentar los documentos. La PA absorberá el costo de la defensa. La semana próxima se presentará la demanda de amparo.

CONDICIONAN AYUDA A EJIDATARIOS.
Teresa Montaño, El Universal, página 15, jueves 8 de noviembre.

La Procuraduría Agraria condicionó la representación legal a ejidatarios afectados con el decreto expropiatorio, al señalar que si acuden a abogados particulares no podrán contar con el apoyo de la instancia. Hasta el momento, seis de los 13 núcleos afectados optaron por ampararse con el auxilio de esta dependencia.

Amado Acosta García, representante regional de la Procuraduría Agraria señaló en entrevista que llevará la defensa jurídica de los ejidos de San Bernardino, Huexotla, Chimalhuacán, Tocuila, Nexquipayac, San Martín Nezahualcóyotl, para interponer los amparos contra el decreto federal de expropiación.

Funcionarios de la procuraduría y el secretario general de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena, sostuvieron una reunión privada con campesinos, para invitarlos a realizar mesas de trabajo, y que busquen la revaloración de sus tierras.

Bruno Ávila Beltrán, presidente del comisariado ejidal de Santa María Chimalhuacán señaló que el acuerdo de la asamblea con 398 ejidatarios afectados con la expropiación fue aceptar el apoyo legal de la Procuraduría Agraria.

Durante la reunión, Ricardo Cruz Rodríguez, director de Conciliación y Arbitraje, Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, advirtió a los campesinos que si recurren a abogados particulares, para realizar pruebas periciales, éstas no tendrán valor ante la instancia.

Por otra parte, el gobernador Arturo Montiel Rojas informó que las 171 familias que deberán ser reubicadas podrían recibir tierras en Acolman, San Martín de las Pirámides y Otumba.

SE RESIGNAN CAMPESINOS A EXPROPIACIÓN.
Érika Hernández,
Reforma, tomado de la página de Internet del diario, jueves 8 de noviembre.

Ante la nula esperanza de revocar el decreto de expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto, los campesinos de Santa Isabel Ixtapan y Nexquipayac, en San Salvador Atenco, se ampararán para mejorar el precio de sus parcelas.

En contraste, los núcleos ejidales de San Salvador Atenco, Acuexcomac y Francisco I. Madero recurrirán a ese recurso legal para revocar la expropiación de sus tierras, por lo que se mantienen en postura de no negociación y reafirman que el jurista Ignacio Burgoa Orihuela los representará en el proceso judicial.

Desde el martes, los comisariados ejidales de Ixtapan y Nexquipayac comenzaron con la recopilación de documentos a fin de que la Procuraduría Agraria y el Ayuntamiento los representen legalmente; sin embargo, otros ejidatarios, la minoría, han preferido contratar abogados particulares.

De las 3 mil 741 hectáreas expropiadas por la Federación, de acuerdo al decreto del 22 de octubre, mil 252 corresponde a Ixtapan y 888 a Nexquipayac, mientras que mil 78 a San Salvador Atenco, 290 a Francisco I. Madero y 230 a Francisco Acuexcomac.

"Claro que estamos en contra de que se instale en aeropuerto, pero cómo vamos a impedir que se haga efectivo el decreto, es imposible luchar con el Presidente de la República, así que la posición es que si nos van a expropiar que sea bien pagado y no nos den esa miseria que aparece en el documento", comentó Abdón Ledezma, campesino de Nexquipayac, quien será afectado con dos hectáreas.

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales dictaminó que por cada hectárea de uso temporal se pagarán 72 mil pesos, es decir 7.20 pesos por metro cuadrados; mientras que por la de riego 250 mil pesos, 25 pesos por metro cuadrado.

"Esa cantidad es una burla, siete pesos son una miseria porque, ¿cómo nos van a pagar por metro cuadrado lo que cuesta una coca cola o un litro de leche?, para nosotros es una impotencia lo que nos están haciendo.

"Fox venderá los locales para hoteles, restaurantes y demás negocios en dólares, y no en uno sino en miles, no podemos creer que mientras él compra toallas de 4 mil pesos quiera que nosotros vivamos el resto de nuestra vida con 70 mil pesos, por favor", señaló Catalina Amac, residente de Nexquipayac.

Regino Rojas, campesino de Santa Isabel Ixtapan, calificó la acción como "una aniquilación del Municipio", pues sólo les dejarán en parcelas de cultivo menos del 20 por ciento del actual.

"Con la llegada del aeropuerto se acabará la siembra y con ellos nuestro ganado, las dos cosas de las que vivimos. También las tradiciones terminarán porque muchas son referentes al campo, además hay que agregar que vendrá gente extraña.

"La autoridad está comprando nuestras vidas por una baba, cómo hacer entender que realmente somos gente que vive de la tierra y sin ella quién sabe a dónde iremos a sobrevivir, y ver cómo los sueños de nuestra vida, como darle un pedazo de tierra a nuestros hijos, mejorar la siembra, vivir en paz, se van desmoronando", cuestionó.

Los campesinos de estas dos comunidades consideran que defenderán sus tierras con su vida si la autoridad trata de quitárselas por la cantidad de siete pesos por metro.

También señalaron que debido a lo caro que les costará un abogado particular, aceptaron la oferta de la Procuraduría Agraria, órgano descentralizado de la Secretaria de la Reforma Agraria del Gobierno Federal, pues sus servicios serán gratuitos.

En asamblea realizada el martes por la noche, más de 300 ejidatarios de Acuexcomac decidieron unirse a San Salvador Atenco para que sea el catedrático de la UNAM, Burgoa Orihuela, quien luche para revocar el decreto de expropiación y liberar a sus tierras de la construcción del aeropuerto.

CENSURA EL ALCALDE DE TEXCOCO INDIFERENCIA GUBERNAMENTAL ANTE PROTESTAS DE EJIDATARIOS.
Rene Ramón Alvarado y Javier Salinas, corresponsales, Angélica Enciso y Alonso Urrutia, La Jornada, página 17, jueves 8 de noviembre.

Cientos de campesinos de los pueblos de Atenco, Acuexcomac, Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapa hicieron una marcha "por la cultura y la tradición de los pueblos", en tractores, carretas y caballos, por las tierras expropiadas. También montaron exposiciones de los productos que obtienen del campo.

Desde temprana hora, los inconformes partieron de la cabecera municipal y se internaron para recorrer las tierras de cultivo "que quizá para la próxima temporada de lluvia ya no podremos sembrar". A su paso visitaron cada uno de los pueblos, en los cuales organizaron mítines en las plazas públicas con discursos en náhuatl.

En Acuexcomac, Nexquipayac e Ixtapan, los campesinos montaron exposiciones de los productos que obtienen en el campo. "Ustedes son testigos de que nuestras tierras sí son productivas y aquí está la muestra de lo que se cosecha; es lo que comemos".

La movilización logró que se sumara gente que a 17 días de iniciada la resistencia no había mostrado interés. El contingente, que partió de la cabecera de Atenco y superó las 600 personas, llegó hasta Santa Isabel Ixtapa, ya en los límites con el municipio de Ecatepec.

En otro orden, sólo 800 campesinos del núcleo ejidal de San Salvador Atenco han entregado su documentación solicitada por el abogado Ignacio Burgoa para ampararse contra el decreto presidencial; el resto de los afectados, más de mil, no han logrado acreditar la propiedad, por no contar con los documentos necesarios o ignorar si se unirán a esta acción legal.

Eduardo Martínez, secretario del comisariado ejidal, informó que la documentación consiste en títulos de propiedad, credenciales de elector, actas de nacimiento y testamentos, entre otros.

En tanto, organizaciones ecologistas promoverán el juicio político a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, y de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger, a fin de que respondan por las ''irregularidades que cometieron al tomar la decisión autoritaria" de designar a Texcoco como la sede del nuevo aeropuerto.

En conferencia con la prensa, representantes del Partido Verde Ecologista de México, el Congreso Agrario Permanente, la Asociación de Ecologistas de México y el Consejo Internacional para la Preservación de las Aves reclamaron el proceder del gobierno en el proceso de aprobación de la nueva sede aeroportuaria.

Un vocero dijo que las organizaciones ecologistas instrumentarán acciones en dos frentes: el legal, por la vía de los amparos frente a las irregularidades en el proceso de expropiación, y en el Congreso de la Unión, en el que promoverán juicio político contra Cerisola y Lichtinger.

El dirigente de la Asociación Ecologista de México, Ramón Díaz Vázquez, dijo que el precio que pretenden pagarles a los campesinos va contra el más elemental sentido de justicia. El CAP en su turno anunció que promoverán una movilización nacional solidaria con los campesinos de Atenco.

A su vez, el alcalde texcocano, Horacio Duarte, pidió al secretario de Gobernación, Santiago Creel, interceder para lograr una reunión con el presidente Vicente Fox, y censuró que hasta ahora ningún representante del gobierno federal se haya acercado a los campesinos inconformes o a las autoridades municipales para conversar sobre el tema.

Según Duarte, el gobierno federal no ha mostrado sensibilidad ante el problema, en el cual "hay bastantes violaciones en varios sentidos; hay algunos vicios de ilegalidad y de constitucionalidad, pues se invadieron funciones del gobierno municipal".

Entrevistado por separado, el alcalde texcocano cuestionó la actitud del gobierno federal, al que acusó de nunca haber actuado con la verdad. No fue una decisión técnica, sino que estuvo cargada de un perfil político.

?¿Están dispuestos a cambiar servicios por tierras?

?No es un asunto de cambio ni de tierras, sino el concepto que tenemos a nivel municipal del impacto en el desarrollo urbano. No estamos en una postura de qué cedemos y qué acordamos, sino cómo el proyecto del aeropuerto deja de ser, como hasta ahora, concebido sólo como un asunto de pistas y terminal aérea.

INGOBERNABILIDAD EN SAN SALVADOR ATENCO.
Rubén Pérez, La Prensa, página 23, jueves 8 de noviembre.

Mientras continúa la rebelión pacífica de ejidatarios y habitantes molestos por la decisión del gobierno de ubicar el nuevo aeropuerto en Texcoco, el presidente municipal de San Salvador Atenco, Margarito Yánez Ramos, solicitó a los inconformes garantías a su persona para regresar al palacio municipal e iniciar un diálogo que permita encontrar una salida al conflicto.

Sin embargo, líderes del Frente Unido de Comunidades contra el Aeropuerto, agrupación social en cuyo seno se hallan integrantes del Grupo Atento Unido, representado por José Gil García, han aclarado que el alcalde abandonó el palacio de gobierno por ser un irresponsable y no porque el pueblo lo haya amenazado.

Margarito Yánez Ramos solicitó al comisariado ejidal de San Salvador Atenco, encabezado por José Elías Martínez y a los representantes de los vecinos inconformes con la decisión del gobierno federal, se garantice la integridad física de él, de su familia y de los miembros del ayuntamiento, para poder retomar las oficinas centrales, abandonadas desde el pasado 22 de octubre, tras el anuncio del decreto de expropiación.

Peor los habitantes insisten en rechazar la presencia del edil, al considerar que actuó en contubernio con los gobiernos federal y corresponder a intereses de grupos millonarios con la construcción de la terminal aérea.

El presidente municipal, en un intento desesperado por ocultar el estado de ingobernabilidad de San Salvador Atenco, declaró que continúa con su trabajo y que él es un aliado del pueblo. Sostuvo que las distintas dependencias de su administración “laboran” para atender a las colonias municipales.

Margarito Yánez Ramos y su ayuntamiento manifestaron, a través de un documento, que ellos nunca tuvieron información secreta del proyecto aeroportuario. Se informó que a insistencia de la administración municipal, funcionarios del gobierno del estado –sin precisar quiénes- realizaron en junio una proyección sobre la construcción del aeropuerto, en las comunidades de Ixtapan, Nexquipayac, Acuexcomac y Atenco.

Los funcionarios del gobierno del Estado de México, según el alcalde y su equipo de trabajo, congregaron a campesinos y comisariados ejidales, quienes observaron las proyecciones acerca de la terminal aérea. “Esa fue la única información oficial”, dice el documento del ayuntamiento presidido por Margarito Yánez Ramos, y agrega: la información fue demasiado técnica e imprecisa para la población.

Al continuar con su intención de deslindar a su gestión municipal de todo lo relacionado al aeropuerto, el edil responsabilizó al gobierno federal de haber actuado con total hermetismo. Sin embargo, en actitudes contradictorias, el alcalde también cita a gente del estado de Hidalgo como los principales responsables de la situación caótica de San Salvador Atenco.

En informes imprecisos, Yánez Ramos y su ayuntamiento revelan que grupos políticos de la entidad gobernada por Manuel Ángel Núñez Soto, y otros más de la región de Texcoco, lejos de orientar a la población han iniciado movimientos con fines exclusivamente de propaganda y presión política para obtener objetivos oscuros.

“Muchos de estos grupos siguen infiltrados en nuestra población y pretenden desencadenar una ola de violencia e inestabilidad política entre los mismos vecinos de nuestra localidad”, dice el presidente municipal.

Pero para los habitantes de San Salvador Atenco, el municipio es tan responsable como los gobiernos federal y estatal de lo que llamaron fatal decisión. Denunciaron que el presidente municipal abandonó sus tareas como servidor público y lo responsabilizaron del desastre del municipio, en el que, dijeron, es evidente la ausencia de servicios públicos, como el registro civil, el catastro, la tesorería y otros como el de la recolección de basura.

ILEGAL LA DECISIÓN DE TEXCOCO.
Manuel Velázquez A., México Hoy, página 10, jueves 8 de noviembre.

Los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) solicitarán un juicio político en contra del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber a quien culparon de haber cometido una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la determinación de construir el aeropuerto alterno de la ciudad de México en Texcoco.

En voz de la senadora del PVEM, Verónica Velasco Rodríguez, la fracción del ecologista en el Senado de la República argumentó que con esta determinación el funcionario federal no tomó en cuenta los graves daños que se provocarán en la zona y que atentan contra el bienestar de los mexicanos, por lo que viola la carta magna de la nación.

Velasco Rodríguez consideró que lo de la consulta y estudio realizado por parte del Gobierno Federal solamente fue una artimaña ya que desde un mes y medio antes la decisión por Texcoco estaba decidida. Explicó que mientras Lichtinger comparecía ante el Senado, también solicitaba a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de terrenos en la zona de influencia, donde el gobierno pretende construir el nuevo aeropuerto.

Todo ello se encuentra en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se especifica que ambos funcionarios pidieron la expropiación de los ejidos San Felipe y Santa Cruz de Abajo, en Texcoco y Nezquipayak, en el municipio de Atenco, sin haber consultado a los habitantes de esas comunidades.

Por su parte, el coordinador del Consejo Agrario Permanente, Álvaro López Ríos, informó que se pondrá en marcha un programa de movilización y solidaridad nacional para defender a los ejidatarios que están en riesgo de perder las tierras que por generaciones les han pertenecido, ante la amenaza de construir el nuevo aeropuerto. Consideró que las autoridades federales han cometido una “torpeza” porque atenta contra la economía de los ejidatarios y la forma de vida de los ejidos que pretenden expropiar.

PROPONEN CREAR PISTA ALEDAÑA AL AEROPUERTO.
Almendra Martínez, El Universal, página 15, jueves 8 de noviembre.

Diputados locales del PRD e integrantes del la Asamblea de Generaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentaron el proyecto "Terminal 2" que consiste en la construcción de una nueva pista en las inmediaciones del actual aeropuerto del Distrito Federal.

Se trata de utilizar 960 hectáreas de un tiradero de basura muy cercano a la actual terminal en el que se podría construir una o dos pistas que tendrían una vida útil de 15 a 25 años.

Carlos Hurtado, presidente de la Asamblea de Generaciones explicó que a diferencia del proyecto de Texcoco y Tizayuca, que tienen serios problemas por la distancia, las características de la zona, la expropiación de terrenos y los riesgos naturales, la zona aledaña al aeropuerto internacional tiene muchos puntos en su favor.

La inversión de ese proyecto sería de mil a mil 300 millones de dólares, en contraste con los tres mil millones que contempla el proyecto Texcoco.

Además, se encontraría a seis minutos de la actual terminal, cuenta con todas las vialidades, requeriría una menor inversión y generaría menos problemas ya que no habría necesidad de expropiar terrenos habitados.

Durante la presentación del proyecto, precisó que el terreno en que se podría construir la "Terminal 2" no tiene zonas habitadas o ejidales, y una de sus grandes ventajas sería la eliminación de un basurero fase 4 que abarca 20 por ciento de la superficie total del terreno. Únicamente, agregó, sería necesario hacer los trabajos de limpieza y procesamiento de la basura para ser reutilizada, el resto se reubicaría en Chimalhuacán.

Conexión

De acuerdo a los expertos que acudieron a la Asamblea Legislativa, su proyecto se conectaría con la terminal que actualmente funciona y disminuiría considerablemente el tráfico aéreo y terrestre que dieron origen a la decisión de buscar un proyecto alterno.

La propuesta de los ingenieros contempla también la creación de una cisterna de gran tamaño para captar y depurar el agua recolectada por las precipitaciones y que, a su ver, surtiría a la nueva terminal del vital líquido.

El proyecto se presentará en los próximos días a los gobiernos del Distrito Federal, el estado de México y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pesar de que ya se tomó la decisión de dónde se construirá el nuevo aeropuerto, pues consideran que es una buena alternativa, especialmente si se toma en cuenta la situación económica del país.

EL AEROPUERTO EN TEXCOCO PODRÍA RETRASARSE.
Alejandro Rivero Jiménez, Milenio Diario, página 33, jueves 8 de noviembre.

La construcción del aeropuerto podría retrasarse por lo menos un año si el Poder Judicial otorga amparos a los ejidatarios, reconoció el procurador agrario, Valdemar Martínez Garza.

Señaló que el precio de 7.20 pesos por metro es totalmente injusto, por lo que la vía idónea para los ejidatarios es promover un juicio de amparo en contra del decreto expropiatorio.

Explicó que la dependencia a su cargo es el abogado natural de los ejidatarios afectados y cumplirá con esa función. “Les podemos ayudar a través de la promoción de un juicio de amparo. El pasado 31 de octubre estuve en Texcoco y estuvieron 9 de los 13 ejidos afectados. Escuché sus demandas y manifestaron que no se oponen al progreso, pero sí definitivamente al precio asignado a sus tierras”.

Agregó que “si los ejidatarios mantuvieran todavía posesión de las tierras y el juez de distrito les concediera la suspensión de los actos reclamados, difícilmente podrían iniciarse las operaciones del aeropuerto”.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que en aproximadamente 15 días congresistas demócratas de Estados Unidos, encabezados por Richard Gephard, llegarán a nuestro país para que el presidente Fox les explique por qué la decisión de construir el aeropuerto en Texcoco.

El diputado local Diego Cobo manifestó que ellos consideraron que la construcción del aeropuerto en el estado de México viola los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, en torno a la ecología por el impedimento de la llegada de aves a dicho lugar.

Por su parte, Verónica Velasco dio a conocer que la fracción del PVEM en la Cámara de Diputados solicitará juicio político a Pedro Cerisola y Víctor Lichtinger, por incurrir en actos de perjuicio al medio ambiente y a las comunidades campesinas que viven en Texcoco.

RESPETARÁ EDOMEX DECISIÓN DE EJIDATARIOS.
Nota informativa, El Día, página 6, jueves 8 de noviembre.

La secretaria de Ecología del Estado de México, Martha Hilda González calderón, dijo que esta administración será respetuosa de las acciones jurídicas que tomen ejidatarios del municipio San Salvador Atenco sobre la construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México, pues como ciudadanos pueden ejercer sus derechos.

Aseguró que la administración estatal apoyará a los campesinos que serán afectados por la expropiación de sus tierras, y estará atenta a las demandas que hagan porque están en su derecho, ya que tienen el libre albedrío de apelar la decisión del gobierno federal.

Por su parte, el delegado estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanrnat), Gustavo Reséndiz Serrano, señaló que el proyecto de construcción del aeropuerto mereció la participación de todos y cada uno de los sectores profesionales para lograr ratificar un estudio eficaz, y dijo que las consultas técnicas que decidieron parte de los elementos para la construcción en terrenos de Texcoco consideraron una menor afectación no sólo para los habitantes, sino también para el medio ambiente.

DISTRITO FEDERAL 

ATADOS DE MANOS, CAMPESINOS DEL DF.
Emilio Vásquez, México Hoy, tomado de la página de Internet del diario, jueves 8 de noviembre.

Campesinos del Distrito Federal exigieron al jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, derogue la ley local de reordenamiento ecológico, por considerar que coarta la libertad de producir en la zona rural de la Ciudad de México

Asimismo, le solicitaron que, con el fin de reactivar el campo en esta capital y seguir produciendo oxígeno y alimentar los mantos acuíferos que distribuyen el 50 por ciento de agua a la Ciudad de México, se proponga una ley de desarrollo rural para el Distrito Federal.

Lo anterior, durante un encuentro de 80 líderes que componen la geografía rural del Distrito Federal con el jefe de gobierno capitalino y su gabinete, en la que Fidencio Luna, dirigente local de la Liga de comunidades agrarias de la Confederación Nacional Campesina (CNC) expuso que con la Ley de Desarrollo Rural habrá posibilidades para ejercer un presupuesto orientado especialmente al sur de esta capital.

Ello, porque en esa área se localiza la zona rural de la capital del país y con un presupuesto propio se podrá hacer efectivo el desarrollo sustentable y activar la producción agrícola, añadió en el encuentro en el que también estuvo el dirigente de la CNC, Heladio Ramírez López. Luna expresó la demanda de los productores de esta capital de una reestructuración de las acciones dirigidas al campo capitalino y propuso la creación de una Secretaría local de Desarrollo Rural.

Además, pidió se designe a una autoridad para que les regresen las 500 hectáreas que se destinaron al tiradero de Santa Catarina, las cuales, abundó, jamás se decretaron expropiadas pero hoy no están más en manos de sus auténticos dueños, que son los campesinos.

Solicitó, de igual modo, se regularice la situación de pueblos del oriente de la ciudad, como la delegación Tláhuac, donde existe un convenio entre los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal mediante el cual se establece que 2 mil hectáreas se destinaron para reservas ecológica del Valle de Chalco.

No obstante, abundó esas áreas no reciben apoyos económicos ni del Estado de México ni de esta capital, por lo que demandó al jefe del gobierno local promueva una reunión con las autoridades mexiquenses y representantes de la CNC para resolver ese conflicto.

EDICTO.
El Universal, página 6-B, jueves 8 de noviembre.

De conformidad a lo ordenado sobre el proveído de fecha veintiséis de septiembre de dos mil uno, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se les hace saber que en los autos del juicio de amparo número 561/2001, promovido por el comisariado ejidal del poblado de “Santa María Ticoman”, delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, contra actos del Secretario de la Reforma Agraria y otras autoridades, del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se les ha tenido como terceros perjudicados y se ha señalado como acto reclamado destacando la resolución presidencial de fecha nueve de febrero de mil novecientos sesenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo del mismo año, por lo que se procede a efectuar la respectiva notificación de la admisión del presente asunto de dichos terceros perjudicados, por medio de edictos, los cuales se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, así mismo, se hace de su conocimiento que deberán apersonarse al juicio de referencia dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente del día de la última publicación, apercibido que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista; y que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del día seis de noviembre del año en curso, para que tenga verificado la audiencia constitucional, misma que podrá ser diferida hasta en tanto se acredite en autos que han sido debidamente notificadas las partes de la admisión del presente asunto.

La Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal

Lic. Luz María Díaz Barriga de Silva.

CONVENIO AUTORIDADES-LÍDERES DE COLONOS IMPEDIRÁ QUE SE MULTIPLIQUEN ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN IZTAPALAPA.
Manuel Magaña, Excélsior, página 19, jueves 8 de noviembre.

Autoridades delegacionales y líderes de colonos de Iztapalapa firmaron ayer un acuerdo para evitar que la demarcación continúe creciendo anárquicamente. El convenio suscrito evitará que 22 “campamentos” de demandantes de vivienda multipliquen el número de asentamientos humanos irregulares en la demarcación más poblada del Distrito Federal, con un millón 900 mil habitantes.

La delegación informó que organizaciones como “Voz” y “Frente Popular Independiente” o el “Francisco Villa” participaron en los convenios y al estar ya asentados en terrenos que ocupan desde hace varios años, a través del documento suscrito, “lo que se busca ahora es que tengan vivienda digan a condición de que ya no aumenten las concentraciones y los asentamientos humanos irregulares en la demarcación”.

Desde hace más de cuatro décadas, Iztapalapa ha estado sometida a la acción de invasores de tierras, lo que motivó el crecimiento acelerado en la región demográfico en una zona donde hace medio siglo era agrícola y ganadera y existían chinampas y había potreros donde los rancheros de la demarcación practicaban la charrería.

Con relación a lo anterior, Juan Carlos Cordero, director de Desarrollo Urbano en Iztapalapa, manifestó que “uno de los avances que han tenido las 16 delegaciones políticas del DF es que ahora son ellas las encargadas de aplicar sus programas de planeación y desarrollo para generar proyectos locales y regionales que fomente el crecimiento de las demarcaciones, “tarea que antes era generada desde el gobierno central de la Ciudad de México”.

Aseguró Juan Carlos Beltrán Cordero que “esta delegación ya tiene sus avances, por ejemplo, con la determinación de instaurar los bandos, nosotros aprovechamos el Bando Dos para llevar adelante un desarrollo armónico y ordenado”, concluyó.

ESTADO DE MÉXICO 

DESALOJADOS GOLPEAN AL ALCALDE DE LOS REYES LA PAZ.
María de los Ángeles Velasco, La Jornada, página 43, jueves 8 de noviembre.

Al menos 15 personas detenidas y cuatro golpeadas, entre ellas el edil Dino Ortiz Rodríguez y el director de Gobernación estatal, fue el saldo que dejaron varios conatos de violencia que se registraron en este municipio, luego de que habitantes del predio Tepapatlaco efectuaron una manifestación para exigir la restitución de sus terrenos irregulares, de los cuales fueron desalojados el pasado martes. Los hechos ocurrieron cuando alrededor de 300 inconformes se apostaron frente a la presidencia municipal para exigir que se les restituyan las dos hectáreas que les fueron quitadas.

QUERÉTARO 

TEMEN CHOQUE POR TIERRAS EN QUERÉTARO.
Juan J. Arreola, El Universal, página 12-B, jueves 8 de noviembre.

Poco más de centena y media de indígenas otomíes de la comunidad de Santiago Mezquititlán se dijeron dispuestos a defender "con todo" poco más de 800 metros cuadrados de tierras comunales que, a su decir, el ex delegado municipal en la localidad, Néstor Chaparro Sánchez, pretende apropiarse. Los otomíes, aseguraron que a pesar de haber denunciado la situación ante las autoridades del estado, no han obtenido respuesta para resolver el conflicto que amenaza con desembocar en un enfrentamiento. Uno de los representantes de la comunidad, Epitacio Miguel Atanasio, aseguró que Chaparro Sánchez es apoyado por los mestizos de la zona y por un partido político a quienes están dispuestos a enfrentar para defender la tierra de propiedad comunal.

"Ernesto Chaparro, por considerarse una persona con poder económico, pretende pisotear los derechos e intereses del pueblo y por eso actúa de modo racista, ya que por ser mestizo considera a los otomíes incapaces de defender sus derechos".

Indicó que dicha persona ha decidido apropiarse de 829 metros cuadrados que la comunidad decidió ceder al gobierno estatal y municipal para la ampliación del plantel cinco del Colegio de Bachilleres, en donde estudian una centena de jóvenes indígenas.

Miguel Atanasio narró que el día en que la comunidad decidió cercar el terreno para iniciar las obras referidas, Ernesto Chaparro "impidió se hicieran los trabajos, valiéndose de su prepotencia y de su poder económico, por lo que ahora exigimos justicia a favor de un interés común en beneficio de las futuras generaciones".

Indicó que el alcalde de Amealco de Bonfil, el también indígena otomí Felipe Valdez Licea, tiene conocimiento del hecho y ha dado su respaldo a la comunidad, apoyándolos en la presentación de la denuncia penal contra el ex funcionario público.

El municipio de Amealco, que se ubica a 63 kilómetros al sur de la capital queretana y colindante con el estado de Guanajuato, es habitado mayoritariamente por indígenas otomíes distribuidos en al menos 33 comunidades.

Entre sus usos y costumbres se encuentra la de decidir mediante asamblea de los llamados "barrios" en que se dividen las comunidades, la donación de parte de su tierra para beneficio colectivo.

"En caso de que Ernesto Chaparro haga caso omiso de la petición de la comunidad, de salirse de las tierras que pertenecen a la escuela, el pueblo tomará medidas necesarias, ya que en la actualidad el indígena no permite ni permitirá que se pase por encima de sus derechos e intereses".

SECTOR AGROPECUARIO 

PREVÉN MENOS ASIGNACIONES PARA EL CAMPO.
Jorge Arturo Hidalgo, Reforma, página 4-A, jueves 8 de noviembre.

Un Presupuesto de Egresos menor en términos reales al de este año, con menores recursos para el campo, sin variaciones a la alza para programas sociales y con ingresos menores por la caída en el precio del petróleo y la recesión económica mundial es lo que esperan los diputados que entregue la Secretaría de Hacienda este viernes.

Para este año el presupuesto aprobado ascendió a un billón 361 mil 866 millones de pesos y las proyecciones de integrantes de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto ubican el proyecto para el próximo año entre un billón 430 y un billón 450 mil millones de pesos, apenas actualizado con la inflación.

Por lo austero del Presupuesto del 2002 y la falta de aplicación de recurso en algunos programas en este año, la Comisión de Presupuesto citará, una vez recibido el paquete económico, a todos los oficiales mayores de secretarías de estado, organismos descentralizados y autónomos para que expliquen y justifiquen el gasto asignado para el siguiente ciclo anual.

A partir de estas comparecencias se decidirá si se respeta su presupuesto o si se le hacen recortes para asignarlo a otras áreas prioritarias, principalmente vinculadas al desarrollo social.

En el campo, los legisladores esperan una drástica disminución respecto a los recursos aprobados para este año, con base en datos que les dio el titular de Aserca, Francisco Mayorga, quien adelantó que para este programa en lugar de los 30 mil millones de este año se bajará a 27 mil 200.

Para el programa de comercialización de productos del campo se prevé una disminución de 4 mil 700 a 2 mil 600 millones de pesos, casi la mitad, aunque legisladores priístas advirtieron que de llegar así la propuesta la modificarán a la alza.

Algunos programas tendrán una disminución real del 6 y el 8 por ciento se adelantó a legisladores.

En cuanto a los ingresos, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Pazos, externó que los ingresos para el próximo año se reducirán por la caída del precio del barril de petróleo y criticó el optimismo de la Secretaría de Hacienda que tomará como base un precio de barril de 17 dólares para calcular sus ingresos, cuando la mezcla mexicana ronda entre 13 y 15 dólares actualmente.

"Este año se pudieron mantener los ingreso gracias al programa de borrón y cuenta nueva, pero el que entra ya no habrá esos programas y tendremos que acudir a la baja de tasas marginales, baja del ISR para estimular el crecimiento, la simplificación y seguridad fiscal, esto quiere decir que no debemos ver la reforma fiscal sólo como el incremento al IVA", aseguró.

Por lo pronto ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora indicó que ellos demandaron un presupuesto de alrededor del 50 por ciento de los 13 mil 803 millones asignados para este año, por lo que su requerimiento será de 20 mil 300 millones.

En tanto, el Procurador Rafael Macedo de la Concha pidió un Presupuesto para su dependencia de 11 mil millones de pesos, el doble de los 5 mil 594 obtenidos para le presente ejercicio.

VOTA HOY SENADO NUEVA LEY RURAL.
Juan Arvizu, El Universal, página 18, jueves 8 de noviembre.

El pleno del Senado votará hoy la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y este ordenamiento dirigido a normar la planeación de la actividad agropecuaria del país estará listo para que lo promulgue el Ejecutivo federal.

La comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el priísta Lauro Díaz Castro, finalizó ayer el dictamen aprobatorio de esta legislación, sin modificar la minuta que recibió de la Cámara de Diputados, del que es el único ordenamiento que tiene en sus antecedentes un veto presidencial.

En diciembre pasado, el Congreso aprobó la Ley de Desarrollo Rural y la envió a Los Pinos para que Vicente Fox la promulgará, pero el texto se quedó en el escritorio, pues aplicó el llamado "veto de bolsillo".

Hace dos semanas, en San Lázaro culminó la revisión del proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable, que como la anterior propuesta contempla una prohibición al corporativismo en el agro.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que señala los elementos de la planeación de la actividad productiva en el sector, con lo cual se espera impulsar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y de diversos recursos naturales renovables.

OPINIÓN 

TEMPLO MAYOR.
F. Bartolomé, Reforma, página 20, jueves 8 de noviembre.

VISTO EL BRONCON que se armó por la expropiación de terrenos para construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, el gobierno federal y el mexiquense tuvieron que ponerse a trabajar.

ANTENOCHE hubo una minicumbre en Bucareli en la que se definió el operativo institucional para parar y solucionar las protestas de los pobladores de San Salvador Atenco.

ENCABEZADOS por Santiago Creel, a la mesa se sentaron los secretarios Pedro Cerisola, Josefina Vázquez Mota y Víctor Lichtinger; el gobernador Arturo Montiel y funcionarios de la Procuraduría Agraria, Educación, Salud, Agricultura y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

EL PRINCIPAL PUNTO tratado fue formar una comisión para enfrentar el problema como un todo, y no andar apagando fuegos aquí y allá.

SIN DUDA será interesante ver quiénes integran dicha comisión y, sobre todo, cómo le hacen para dejar atrás las turbulencias que enfrenta el nuevo aeropuerto.


EN CORTO.
Columna de Guillermo Ortega, La Crónica de Hoy, página 13, jueves 8 de noviembre.

Historia sin fin. Hace treinta años se determinó que, hacia finales de siglo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tendría que ser sustituido por uno nuevo o reforzado por uno alterno. Debido a que durante todo este tiempo se postergó la decisión para construirlo, el asunto se ha complicado políticamente. Lógicamente, lo deseable es que el nuevo aeropuerto se construya cerca del actual, de manera que tanto la operación de las aerolíneas, como los empleados que en él laboran, se muevan sólo unos pocos kilómetros. Con la decisión, el D.F., que ya no cuenta con reserva territorial, pierde varios depósitos de desperdicios más el terreno para uno nuevo donde tirar doce toneladas diarias de basura, amén de derechos de agua e impuestos que deja la actual terminal, mientras que el estado de México gana un importante foco de desarrollo y el de Hidalgo se queda como “novia de pueblo”. Hoy, cuando ya no hay más tiempo, la decisión ha desatado un revuelo político que seguirá dando mucho que decir.

Entre patos. Analizando cómo fue tomada la decisión, es notorio que, políticamente, faltaron amarres con los diversos actores y, debido a la urgencia del Presidente para hacer el anuncio, cuando el secretario de Gobernación quiso hacerlos ya no hubo tiempo. Esto fue evidente durante la comparecencia del secretario Cerisola ante el Poder Legislativo, cuando los diputados lo tacharon de mentiroso, cínico y fullero, asegurando que hace tiempo se habían “cargado los dados” a favor de Texcoco. El colmo fue que en su defensa, Cerisola dijo que “las aves tienen opinión propia” y están de acuerdo con la construcción del aeropuerto, por lo que ahora le dicen “el señor de los patos”.

Razones de peso. Lo cierto es que, más allá de los patos, la realidad es otra. Todo tipo de especialistas hicieron concienzudos estudios que establecieron que cumple con las especificaciones internacionales para el manejo de aves en zonas aeroportuarias y cubrirá las necesidades de la ciudad para los próximos cincuenta años, ampliando la capacidad actual de 320 mil a más de un millón de operaciones que prestarán servicio a noventa millones de pasajeros al año. Por si fuera poco el costo estimado del aeropuerto de Texcoco, incluyendo inversiones adicionales, será 8,340 millones de pesos menos y estará cincuenta kilómetros más cerca que Tizayuca. Contando con un solo gran aeropuerto, México podrá competir con ciudades como Miami como troncal para vuelos internacionales entre Norte y Sudamérica, con el beneficio turístico que esto representa.

El ejido. El asunto de la expropiación en realidad se ha polarizado, vea usted, más del 75% de los terrenos son infértiles, de temporal y muy pocos están sembrados, se asientan ahí doscientas casas de lámina –muchas de invasores- que, junto con pozos y canales de riego recibirían indemnizaciones separadas. El pago del terreno se hará valuándolo igual que otros similares de diversos estados y con el mismo tratamiento que han recibido los ciento veintiocho ejidos expropiados este año en beneficio público.

Finalmente, la movilización de organismos perredistas y los alegatos de López Obrador en contra del proyecto en Texcoco son a todas luces políticos, y han prendido gracias a las deficiencias que para comunicar tiene la administración Fox.

EJIDATARIOS MEXIQUENSES PROCESADOS.
José Francisco Aguirre, Novedades, página 18, jueves 8 de noviembre.

El crecimiento de la población trae aparejada la presión en contra de los agricultores que se ubican en las orillas de las áreas urbanas, por lo que resulta incosteable la siembra de esas tierras y, por lo tanto, acaba con la fuente de ingresos de esos campesinos, sobre todo si son ejidatarios y de escasos recursos económicos.

Es de todos conocido el hecho de que la cercanía de las parcelas ejidales con las ciudades es una de las causas que propicia el hurto de pequeñas cantidades de las cosechas, las que, en su conjunto, reducen considerablemente la cantidad que llega a cosechar cada campesino, y ni siquiera recuperar la inversión que realizan en cada siembra, por lo que prefieren dejar ociosa la tierra, pero al dejar de sembrarla se exponen a que sea invadida por personas que tiene una verdadera necesidad de vivienda o por grupos dirigidos por políticos que los organizan para que sirvan de ariete y presionen a las autoridades municipales o estatales en todas las formas posibles.

Ante ese panorama, desde hace más de treinta años las ciudades de todo el país crecieron a costa de las tierras ejidales, en virtud de que las parcelas fueron fraccionadas por los propios ejidatarios, por ignorancia y por necesidad convirtiéndolas en asentamientos humanos irregulares, sin servicios de ninguna especie y menos la seguridad jurídica que debe existir tanto en la tenencia como en la propiedad del suelo.

El gobierno federal creó el organismo público denominado Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), mismo que tiene como su principal función la de expropiar a los ejidos las superficies que hayan sido ocupadas en esa forma irregular, para que los lotes resultantes sean vendidos a sus respectivos ocupantes y la superficie no ocupada pueda destinarse para áreas verdes, mercados y demás servicios que sean necesarios.

Es indispensable que las autoridades no pierdan de vista que existen factores de presión que direccionan la conducta resultante de los ejidatarios cuando incurren en la práctica de lotificar sus respectivas parcelas, factores como la cercanía de las ciudades, la incosteabilidad de las actividades agropecuarias, la inseguridad en la tenencia de la tierra, la ignorancia de los propios campesinos, las necesidades de quienes “adquieren” los lotes en condiciones precarias, la participación disimulada de autoridades municipales o agrarias en esas prácticas, hasta llegar a la costumbre, porque se ha lotificado en forma reiterada y desde más de treinta años, sin que las autoridades penales o municipales actuaran en contra de los ejidatarios que lo realizaron y, si bien es cierto que la falta de aplicación de la ley no deroga a la misma ni excusa a nadie de su cumplimiento, los gobernantes no pueden ser tan insensibles que cierren los ojos a una realidad que ellos mismos soslayaron por el motivo que cada quien quiera esgrimir.

Puede argumentarse que los funcionarios encargados de administrar e impartir justicia no son políticos y que por lo tanto sólo aplican y vigilan la aplicación de la ley. Si pueden argumentarlo, aunque sea un secreto a voces que la aplicación de la ley debe obedecer a una realidad social para evitar que se rompa el contrato social.

Hace tiempo que en el Estado de México nombraron fiscal especial para delitos relacionados con inmuebles al Lic. Axel García, jurista que tiene prestigio desde hace años, sobre todo cuando desempeño la función de Notario Público, sin embargo, sus colaboradores le hace un flaco favor al olvidar la realidad social en la que vivimos y tratan de consignar a los ejidatarios que hayan incurrido en el fraccionamiento de sus parcelas y dicen que no importa cuanto tiempo haya transcurrido desde que lo hicieron, es decir, sin tomar en cuenta la posible prescripción de la acción penal, que siempre encontrarán la forma de actualizar los hechos. ¿Estará enterado el discal especial de la conducta de sus colaboradores? ¿Aprueba el fiscal especial esa conducta que afecta a cientos de ejidatarios? ¿Existe la sensibilidad social y política que debe poseer todo buen funcionario? ¿Serán intereses personales los que motivan esas investigaciones?

CARTA ABIERTA.
Ayuntamiento de Texcoco, El Universal, página 4-B, jueves 8 de noviembre.

Lic. Vicente Fox Quesada

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

P r e s e n t e

Respetuosamente le manifestamos nuestra posición ante la determinación de construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la región del Lago de Texcoco.

El Ejecutivo Federal, a su digno cargo, afirma que la decisión fue tomada con base en opiniones de expertos. Sin embargo, prevalece aún la duda de que todos los planteamientos expresados por especialistas hayan sido tomados en cuenta, pues a juicio de este gobierno municipal fueron excluidas importantes consideraciones.

Por un lado, el informe del Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) alerta sobre un incremento desmedido en la taza de crecimiento poblacional, que pasaría del 1.8 por ciento al 7 por ciento anual, como mínimo.

Así, la eminente saturación de vialidades y servicios básicos como agua potable, drenaje, disposición de basura, entre otros, no se haría esperar y llegaría a niveles sólo manejables a través de la coordinación de los tres ámbitos de gobierno.

Atentamente

Presidente Municipal Constitucional de Texcoco

Lic. Horacio Duarte Olivares

   fechas atras... Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx