Jueves 1 de noviembre de 2001
Jueves 1 de noviembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • El Universal • Reforma •
La Crónica de Hoy
PROCURADURÍA
AGRARIA Y CNC SE ARROGAN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS INCONFORMES.
Angélica Enciso, Javier Salinas y Ramón Alvarado, La
Jornada, página 17, jueves 1 de noviembre. Más información relacionada con la
reunión de trabajo con ejidatarios de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán y las
declaraciones del C. Procurador Agrario, se publicó en El Heraldo de México,
Milenio Diario, Unomásuno, La Prensa, México Hoy y El Universal.
La mañana de ayer, mientras ejidatarios de San Salvador Atenco hacían su
primera movilización a la ciudad de México en protesta por la expropiación de
sus tierras para la construcción del nuevo aeropuerto, el procurador agrario,
Valdemar Martínez Garza, acudió a la zona para convencer a un grupo de
campesinos de que otorguen a esa dependencia la representación legal. Al mismo
tiempo la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC) anunciaba, en
ausencia de ejidatarios, que busca asesorar a los afectados.
EN
CÓNCLAVE, FUNCIONARIOS FEDERALES Y ESTATALES CIERRAN FILAS EN TORNO A LA NUEVA
TERMINAL AÉREA.
Patricia Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, página 17,
jueves 1 de noviembre.
Los gobiernos federal y del estado de México acordaron apoyos en educación,
salud, desarrollo económico, vivienda y empleo a los habitantes de la zona de
Texcoco que serán afectados por la expropiación de tierras para la construcción
del nuevo aeropuerto.
ATENCO:
REPRESENTARÁ BURGOA A AFECTADOS POR EXPROPIACIÓN.
Almendra Vázquez y Alejandra Almazán, El Universal, página
21, jueves 1 de noviembre.
La asamblea de ejidatarios afectados por la expropiación para construir la
nueva sede del aeropuerto capitalino acordó un punto central: "Un solo
abogado, Ignacio Burgoa Orihuela, representará legalmente a los más de mil 435
afectados para revocar el decreto expropiatorio".
ANALIZAN
AMPARO ECOLOGISTAS.
Jesús Guerrero, Reforma, página 6, jueves1 de noviembre.
El Tribunal Unitario puso a disposición del Tribunal Colegiado del 21 Circuito
de esta ciudad la revisión del amparo directo que interpuso la defensa de
Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, los ecologistas presos en el
penal de Iguala desde 1999, de quienes piden su libertad.
FRENAN
CAMPESINOS OBRA CARRETERA EN SLP; GANAN AMPARO.
Adriana Ochoa, El Universal, página 8-B, jueves 1 de noviembre.
Dos ejidatarios que reclaman un precio mayor para sus tierras ganaron amparos y
lograron suspender la construcción de la carretera a Lagos de Moreno, Jalisco,
en los tramos de su propiedad.
APOYAMOS
LA DECISIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO.
Carta Abierta, La Crónica de Hoy, página 23, jueves 1 de noviembre.
Porque
se trata de la opción más sólida desde el punto de vista técnico aeronáutico
al concentrar en una sólida terminal las operaciones del aeropuerto más
importante del país.
AEROPUERTO
ALTERNO AL DE LA CD. DE MÉXICO
PROCURADURÍA
AGRARIA Y CNC SE ARROGAN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS INCONFORMES.
Angélica Enciso, Javier Salinas y Ramón Alvarado, La
Jornada, página 17, jueves 1 de noviembre. Más información relacionada con la
reunión de trabajo con ejidatarios de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán y las
declaraciones del C. Procurador Agrario, se publicó en El Heraldo de México,
Milenio Diario, Unomásuno, La Prensa, México Hoy y El Universal.
La
mañana de ayer, mientras ejidatarios de San Salvador Atenco hacían su primera
movilización a la ciudad de México en protesta por la expropiación de sus
tierras para la construcción del nuevo aeropuerto, el procurador agrario,
Valdemar Martínez Garza, acudió a la zona para convencer a un grupo de
campesinos de que otorguen a esa dependencia la representación legal. Al mismo
tiempo la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC) anunciaba, en
ausencia de ejidatarios, que busca asesorar a los afectados.
Inesperadamente,
a diez días de que comenzó el conflicto por la expropiación de 5 mil 300 hectáreas
en los municipios de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, Martínez Garza se reunió
con unos cien ejidatarios –de los 5 mil 300 que tienen el conflicto–, los
cuales dijeron tener representatividad, sin acreditarla, de los 13 ejidos y a
quienes el funcionario insistió para que esa institución los represente
legalmente.
Garza
Martínez explicó que la propuesta es interponer ante el Poder Judicial de la
Federación el juicio de amparo "para que se mejore el precio que el
gobierno federal quiere pagar por la tierra". Para quien no quiera vender
sus parcelas se va a pedir la suspensión del decreto.
El
funcionario explicó en entrevista que se ha logrado acercamiento con campesinos
de nueve de los 13 ejidos afectados, propietarios de terrenos en Santa Isabel
Ixtapan, Tocuila, Huexotla, San Martín, Santiago Cuautlalpan, Nexquipayac, San
Bernardino, Chimalhuacán y San Felipe-Santa Cruz. Reconoció que formalmente sólo
150 campesinos solicitaron el apoyo de esta dependencia, pero confió en que al
paso de los días se logre un mayor consenso para apoyar jurídicamente a los
campesinos que hasta el momento se niegan a vender su tierra al gobierno.
Reconoció
que el pago que el gobierno federal pretende hacer, después del avalúo de la
Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales (Cabin), es injusto; "queremos
que sea el valor comercial". No sólo se defenderá el valor de las
tierras, sino también, agregó, la inconstitucionalidad del decreto
expropiatorio para mantener sus tierras.
En
el encuentro, los ejidatarios manifestaron su inconformidad al grupo de
funcionarios de la Procuraduría Agraria por la forma en que se dio la
expropiación. Se quejaron de la falta de información y sobre todo del precio
"de risa" que les quieren pagar por sus tierras, pero también
cuestionaron la credibilidad de esta dependencia.
Ahí,
Martínez Garza instruyó al director general jurídico y de representación de
la Procuraduría Agraria, Jorge Edmundo Beyer Esparza, para encargarse del
proceso jurídico de los ejidatarios, quien informó que ya tiene preparado un
"catálogo de concepto de violaciones" en las que se incurrió en los
19 decretos de expropiación de las tierras ejidales.
Destacó
que en los decretos de expropiación existen dos violaciones específicas; la
que se refiere al precio que ofrecen por los terrenos, ya que el artículo 94
indica que la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales calculará con base al
valor comercial; sin embargo, ''los siete pesos que se pretenden pagar no son ni
remotamente el valor comercial de las tierras". Otro aspecto de violación
de los decretos, explicó a los ejidatarios, es el de la utilidad pública,
porque "no se encuentra a nuestro juicio suficientemente comprobada".
José
Elías Martínez, comisariado ejidal de San Salvador Atenco, y Juan Manuel
Galicia, representante del Frente Unido de Comunidades contra el Aeropuerto,
calificaron la reunión con el procurador agrario de "amañada",
porque no es representativa. Aseguraron que pretende dividir a los ejidatarios y
quiere dar "el madruguete" al movimiento de oposición. Dijeron que
desconocían de la reunión, pues ni a ellos, al igual que a los comisariados
ejidales de Acuecomac y la Magdalena, entre otros, se les avisó de la reunión.
En
tanto, la CNC anunció una reunión con ejidatarios afectados, pero finalmente
se limitó a dar una conferencia con la prensa en la que sólo estuvieron el
secretario de Organización, Lino Celaya, y Guillermina Cacique, dirigente de la
CNC en el estado de México. A lo largo de sus respuestas, ambos dirigentes
resaltaron el hecho de que la mayor parte de los ejidatarios no tiene sus
documentos en regla, lo cual dificultará el establecimiento de los amparos.
Aseguraron
que había diez representantes de los 13 ejidos "reunidos en privado"
con el dirigente de la CNC, Heladio Ramírez López, con quienes se buscaría
tomar acuerdos y en principio estaba el planteamiento de la asesoría jurídica
con un equipo de 16 abogados.
Inician
averiguaciones previas por ocupación ilegal de bienes
La
Procuraduría General de Justicia del estado de México comenzó tres
averiguaciones previas por los delitos de ocupación ilegal de bienes destinados
al servicio público y ataques a las vías de comunicación contra quien resulte
responsable, por las movilizaciones de campesinos que se oponen a la construcción
del aeropuerto en San Salvador Atenco.
Asimismo,
el procurador de justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, informó que además
existen tres órdenes de aprehensión en contra de sujetos que vendieron lotes
de manera irregular a las personas que ahora se oponen al proyecto. En
entrevista, el funcionario estatal dijo que el gobierno del estado respeta el
derecho constitucional que tienen los ejidatarios de San Salvador Atenco a
manifestarse, pero sujetándose a los límites legales.
El
titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor
Lichtinger Waisman, externó que el asunto del nuevo aeropuerto está politizado
y las opiniones de los detractores sobre la decisión de que se construya en
Texcoco son meramente para eso, " para hacer política''.
Luego
de la entrega de títulos a pilotos aviadores en las oficinas de la SEP, el
secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, rechazó opinar
sobre el asunto y a empellones se quitó a decenas de reporteros que lo
rodearon.
EN
CÓNCLAVE, FUNCIONARIOS FEDERALES Y ESTATALES CIERRAN FILAS EN TORNO A LA NUEVA
TERMINAL AÉREA.
Patricia Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, página 17,
jueves 1 de noviembre.
Los
gobiernos federal y del estado de México acordaron apoyos en educación, salud,
desarrollo económico, vivienda y empleo a los habitantes de la zona de Texcoco
que serán afectados por la expropiación de tierras para la construcción del
nuevo aeropuerto.
La
mayor parte del gabinete de Vicente Fox llevó a cabo tres reuniones entre
martes y miércoles para apoyar la construcción de la nueva terminal
aeroportuaria en Texcoco y acordar las primeras acciones. Como parte de sus
conclusiones determinaron ''atender con gran sensibilidad y justicia los asuntos
vinculados con el arraigo de estas familias a la tierra'' y establecer diversos
apoyos inmediatos y de mediano y largo plazos.
Los
acuerdos fueron tomados por los secretarios de Gobernación, Santiago Creel; de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola; de Desarrollo Social,
Josefina Vázquez Mota; de Educación, Reyes Tamez Guerra; de Medio Ambiente, Víctor
Lichtinger; de Salud, Julio Frenk, y de la Reforma Agraria, María Teresa
Herrera Tello, así como el gobernador mexiquense, Arturo Montiel, y su
gabinete.
En
el encuentro se estableció una "ruta" de acciones a corto, mediano y
largo plazos, así como una especie de cronograma de acciones para atender las
demandas sociales, las cuales -aseguró el gobierno estatal- "ya se
empezaron a recoger". Las primeras medidas que los funcionarios convinieron
fueron: hacer un diagnóstico de los requerimientos en salud, educación y
cuestión económica, así como de necesidades de generación de empleo, a fin
de establecer una especie de política de apoyo integral para el desarrollo del
área.
La
Secretaría de Gobernación apuntó en este sentido "que no se trata de un
programa de compensación" sino de una política de atención social, en un
paquete de acciones colaterales a la construcción del aeropuerto.
Durante
la reunión se abordó además el tema de las expropiaciones. No sólo se trató
el asunto de las indemnizaciones de los terrenos ejidales, también la definición
de criterios diferentes para hacer avalúos en aquellos terrenos donde ya
existan construcciones.
Acordaron
''unir esfuerzos'' para fortalecer el proyecto del nuevo aeropuerto; por ello
además de la respuesta social que se dará, comenzaron a indicar los
requerimientos de infraestructura de la zona, en materia hidráulica y
vialidades, así como "servicios de protección para el entorno ecológico".
ATENCO:
REPRESENTARÁ BURGOA A AFECTADOS POR EXPROPIACIÓN.
Almendra Vázquez y Alejandra Almazán, El Universal,
página 21, jueves 1 de noviembre.
La
asamblea de ejidatarios afectados por la expropiación para construir la nueva
sede del aeropuerto capitalino acordó un punto central: "Un solo abogado,
Ignacio Burgoa Orihuela, representará legalmente a los más de mil 435
afectados para revocar el decreto expropiatorio".
Contra
las expectativas que se habían creado, la asamblea de ejidatarios, reunida en
un Auditorio Municipal en el que colgaban dos mantas de Emiliano Zapata, no se
manifestó por medidas de resistencia como bloqueos y marchas.
Por
una mayoría de 800 de los 833 ejidatarios con voto, en una reunión que duró
varias horas, se resolvió que la representación legal quedara en manos del
constitucionalista.
También
llegaron a otros acuerdos: no aceptarán ayuda del ayuntamiento. Es decir, los
10 abogados que había ofrecido el alcalde en desgracia, Margarito Yáñez, no
serán necesarios.
Además,
respecto de la expropiación del Parque de los Ahuehuetes acordaron que, por lo
pronto, ya no van a permitir que las autoridades estatales de ecología continúen
con sus trabajos de remodelación.
Fue
la primera asamblea ejidal desde el 22 de octubre pasado cuando los habitantes
conocieron el decreto del presidente Vicente Fox.
Antes
de la asamblea, los ejidatarios preveían tres escenarios: O se amparaban en
bloque.
O
lo harían individualmente.
O
algunos ya aceptaban el pago de la indemnización.
Era
obvio que existieran tales caminos: cada uno de los cuatro grupos ejidatarios
habían comentado en corto sus propios intereses.
Uno:
Atenco Unido.
No
traía otra idea en la cabeza durante la asamblea: ampararse todos en bloque. ¿Por
qué? Porque las diferencias con los otros tres grupos radicaba precisamente en
la fractura. Elías Martínez, comisariado ejidal de San Salvador, pertenece a
esta ala y para él es un triunfo de liderazgo.
Dos:
Los Dinosaurios.
Conformado
por viejos priístas, este grupo llegó a la asamblea con un planteamiento: que
el amparo fuera de manera individual, ayudados por la Procuraduría Agraria. La
mayoría de quienes integran a Los Dinos son ejidatarios titulares. Es decir: en
el escalafón de categorías, son los que mayor rango tienen.
En
San Salvador Atenco existen 480 titulares, de ellos unos 150 deseaban ampararse
de manera personal. Se dice que están en una postura más flexible por
supuestas negociaciones con el gobierno del Estado. Por eso, muchos preveían
que de aquí se desprendería otro grupo que terminarían por aceptar la
indemnización de 72 mil pesos por hectárea de temporal o 250 mil por una de
riego.
Tres:
Emiliano Zapata.
El
ala radical del movimiento, asistió a la asamblea rechazando la expropiación y
buscando la mejor propuesta sobre los amparos. ¿La razón? Muchos de sus
integrantes han hecho malos manejos con los ejidos, cosa que, si es que
finalmente llegan a perder sus tierras, saldrán a la luz.
Y
cuatro: El AHSSA (Asociación de Habitantes de San Salvador Atenco).
Dispuestos
a aceptar la indemnización. Han sido denunciados por los pobladores de hacer
negociaciones con el gobierno mexiquense. Esas acusaciones han terminado mal:
Delfino Martínez, por ejemplo, cuestionó el origen de toneladas de varilla y
cemento obsequiadas por Humberto Navarro, delegado regional de Gobernación del
Estado de México, y terminó golpeado por gente de AHSSA.
GUERRERO
ANALIZAN
AMPARO ECOLOGISTAS.
Jesús Guerrero, Reforma, página 6, jueves1 de
noviembre.
El
Tribunal Unitario puso a disposición del Tribunal Colegiado del 21 Circuito de
esta ciudad la revisión del amparo directo que interpuso la defensa de Rodolfo
Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, los ecologistas presos en el penal de
Iguala desde 1999, de quienes piden su libertad.
El
magistrado del Tribunal Unitario, Moisés Viñas Pineda, declaró que ya envió
al Tribunal Colegiado, también con sede en esta ciudad, el amparo en donde los
abogados defensores solicitan que sea revocada la sentencia condenatoria contra
Montiel y Cabrera, cuyo caso llevaba la abogada Digna Ochoa antes de ser
asesinada.
A
Montiel, que al igual que Cabrera ha sido galardonado con varios premios
ambientalistas internacionales, se le dictó una condena de seis años y ocho
meses de prisión por los delitos contra la salud y portación de armas para uso
exclusivo del Ejército y la Armada de México.
A
Cabrera se le condenó a diez años de prisión por el delito de portación de
armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México.
En
las dos ocasiones que la defensa de los ecologistas ha interpuesto el amparo
solicitando la revocación de la sentencia, ésta ha sido ratificada por el
tribunal.
En
el amparo directo que presentó la defensa se señala que la ratificación de la
sentencia en contra de los dos ecologistas que resolvió hace unos meses el
magistrado del Tribunal Unitario, Moisés Viñas, no se apegó a derecho.
Según
la defensa, no se hizo una revisión imparcial de las pruebas de una serie de
torturas que sufrieron Montiel y Cabrera por parte de miembros del Ejército
para que se declararan culpables de delitos del fuero federal.
SAN LUIS POTOSÍ
FRENAN
CAMPESINOS OBRA CARRETERA EN SLP; GANAN AMPARO.
Adriana Ochoa, El Universal, página 8-B, jueves 1 de noviembre.
Dos ejidatarios que reclaman un
precio mayor para sus tierras ganaron amparos y lograron suspender la construcción
de la carretera a Lagos de Moreno, Jalisco, en los tramos de su propiedad.
Miguel
Torres y Juan López, ejidatarios de "La Pila", solicitaron amparos
porque sin que exista decreto expropiatorio que faculte a la autoridad del
gobierno del estado para utilizar sus parcelas en el trazo de la carretera, se
les quiso despojar de sus tierras, al grado que les destruyeron sus cultivos y
derribaron sus cercas para dar paso a la obra.
El
secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, admitió que
las obras de la carretera están detenidas en los tramos de los amparados. El móvil
de la oposición de los campesinos a la construcción es el precio que el
gobierno ofreció pagar por sus terrenos.
El
funcionario no reveló el pago que se hizo a los campesinos por los predios,
pero dijo que los dos inconformes tasaron a 100 pesos el metro cuadrado y
advirtieron que el precio subirá 50 por ciento si la respuesta gubernamental
tardaba.
“Meta
que no se cumplirá”
En el
cuarto informe de labores del gobernador Fernando Silva Nieto, presentado el
pasado 26 de septiembre, se estimó que la obra tenía un avance general de 60
por ciento y que sería concluida en diciembre próximo.
De
acuerdo con el representante jurídico de ambos campesinos, Jesús Galarza
Almaguer, será difícil cumplir dicha meta, porque los plazos legales marcan
que dada la revisión de pruebas, los amparos podrían resolverse entre los
meses de febrero y mayo del 2002, por lo que antes de ese fallo no puede hacerse
nada en ambos predios.
OPINIÓN
APOYAMOS
LA DECISIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO.
Carta Abierta, La Crónica de Hoy, página 23, jueves 1 de noviembre.
“Es
un acto de responsabilidad del Gobierno tomar la decisión y no seguir
posponiendo la decisión que otras administraciones no tomaron por cálculos políticos
no aeronáuticos”
Senador
Javier Corral Jurado
Porque
se trata de la opción más sólida desde el punto de vista técnico aeronáutico
al concentrar en una sólida terminal las operaciones del aeropuerto más
importante del país.
Porque
se trata de la opción más viable desde el punto de vista económico, por su
menor costo de operación e inversión.
Porque
se trata de un proyecto con una visión de desarrollo metropolitano y es el único
cuya viabilidad es de 50 años.
Porque
es el único proyecto que contempla tres pistas paralelas de operación simultánea,
para el mejor aprovechamiento de la flota aeronáutica, así como, optimizar la
infraestructura del uso de recursos humanos y técnicos.
Porque
ES el único proyecto capaz de absorber la demanda de trafico aéreo que
garantice la seguridad y la inversión tanto de vuelos nacionales como
internacionales.
Porque
lo que ha puesto en riego la viabilidad y sustentabilidad de la Ciudad de México,
es la falta de inversión en obra pública por parte del gobierno del Distrito
Federal para la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica,
ecológica y de comunicaciones.
Porque
lo que el país y la Ciudad de México requieren son proyectos de inversión y
factores políticos que promuevan el empleo, la reactivación económica, la
inversión pública y la privada en un marco de desarrollo sustentable, por
encima de la confrontación, la diatriba, la descalificación sin fundamentos y
la inseguridad jurídica para la inversión.
Esto
no es un cheque en blanco, seremos garantes de que la decisión mínima será el
impacto ambiental, respetando los estudios del Programa Universitario del medio
Ambiente. Lo más importante es que no se ponga en riego el Programa Hidráulico
de la Ciudad de México.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx