Jueves 14 de junio
de 2001
Jueves 14 de junio
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Diario de México • Excélsior •
El Heraldo de México• El Economista
EN
EL CAMPO, PAPELITOS HABLAN.
Julio Gómez,
Diario de México, página 7, jueves 14 de junio.
Convencer
a los campesinos de que deben ingresar al Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, es el primer paso del esfuerzo que la
secretaria María Teresa Herrera Tello despliega por todo el país a fin de
exterminar el lastre que le cierra el paso al progreso a miles de ejidos y
comunidades.
DETECTAN
FRAUDE EN BANRURAL Y BRCS.
Román González, Julio Morales y José M. Nava, Excélsior, página 1, jueves
14 de junio.
La
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo detectó
irregularidades por más de 1.5 millones de pesos en el Banco Nacional de Crédito
Rural y en el Banco Regional en Centro-Sur.
¡Y
HÁGANLE COMO QUIERAN!...ANUNCIA EL GOBERNADOR DE BCS LA VENTA DE 350 HAS.
Raymundo
León, Excélsior, página 26, jueves 14 de junio.
El gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, dijo que “pese a
las críticas, es necesario promover proyectos de desarrollo productivos, los
cuales permitirán la generación de empleos”.
RINDE
PROTESTA EL SUSTITUTO DE UN ASAMBLEÍSTA DEL PRI.
Edgar González Santiago,
El Heraldo de México, página 8, jueves 14 de junio.
Rafael
Luna Alviso rindió protesta como diputado local, ante la Comisión de Gobierno
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El diputado priísta nació en
Ascensión, Nuevo León, y se ha desempeñado laboralmente en el ejercicio libre
de su profesión como abogado, así como en diversas posiciones de la Secretaría
de la Reforma Agraria.
SECRETARÍA
DE LA REFORMA AGRARIA
EN
EL CAMPO, PAPELITOS HABLAN.
Julio Gómez,
Diario de México, página 7, jueves 14 de junio.
Tantos
años de reforma agraria, parecen tener hasta el copete a los campesinos que ven
la suya y que se mantienen en niveles de tal pobreza que no auguran su pronta
integración a un desarrollo económico y social estable permanente.
Por
lo tanto, el gobierno de Fox llegó y se encontró que el 48% de la superficie
social, no estaba regularizada, es decir, alrededor de 15 mil ejidos y
comunidades no han recibido los títulos de propiedad que conforme al nuevo 27
Constitucional, que entró en vigor en 1992, debieran tener ya en sus manos.
En
México, de los cerca de 2 millones de hectáreas que integran el territorio,
103 millones están repartidos entre ejidatarios y comuneros, lo que quiere
decir que falta por recibir sus certificados del Procede, los posesionarios de
casi 48 millones de hectáreas.
La
tarea, para la Secretaría de la Reforma Agraria se vuelve titánica porque la
falta de esos papeles, además de que provocan conflictos agrarios, impiden
generar la confianza y credibilidad suficiente para que la inversión privada
fluya y el campo se convierta en fuente de proyectos productivos y de empleos
que frenen la hasta ahora incontenible migración de sus hombres –jóvenes y
viejos– a las ciudades y Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo.
Convencer
a los campesinos de que deben ingresar al Programa de Certificación de Derechos
Agrarios sobre sus parcelas y solares urbanos, es el primer paso del esfuerzo
que la secretaria María Teresa Herrera Tello despliega por todo el país a fin
de exterminar ese lastre que le cierra el paso al progreso a miles de ejidos y
comunidades.
Hay
que luchar, además, contra la inercia que el modificado artículo 27 despierta,
cuando en forma recurrente quienes no desean el desarrollo de la propiedad
social, lo exhiben como bandera privatizadora de las parcelas ejidales.
Lo
cierto es que desde 1992, apenas el 46% de los 30 mil ejidos existentes en el país,
han optado por la propiedad plena de sus tierras. Es decir, ni siquiera 150
comunidades ejidales han querido convertir en propiedad privada, su propiedad
social.
De
esta suerte, el agrarismo mexicano se mantiene en sus ideales y acelerar la
regularización jurídica de ejidos y comunidades, es lo urgente. No hay que
olvidar que papelitos hablan y que con sus títulos, los campesinos podrán
optar por definir el destino de sus tierras y optar el mejor capital –que es
la tierra–, en las formas de asociación productivas con capital mexicano o
extranjero, que la Ley Agraria contempla.
DETECTAN
FRAUDE EN BANRURAL Y BRCS.
Román González, Julio Morales y José M. Nava, Excélsior, página 1,
jueves 14 de junio.
La
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo detectó
irregularidades por más de 1.5 millones de pesos en el Banco Nacional de Crédito
Rural y en el Banco Regional en Centro Sur. Los primeros resultados de las
auditorías en ambas entidades crediticias establecen que se presentaron
facturas no expedidas por los proveedores o carentes de los requisitos de ley
para cubrir gastos realizados para el comedor de la dirección general y
comprobantes de pago de viáticos para el gerente regional centro-sur.
Adicionalmente,
la dependencia federal emprendió proceso administrativo de responsabilidades en
contra de varios servidores públicos involucrados en estas irregularidades,
resolviendo en algunos casos la destitución, la inhabilitación y la restitución
del daño patrimonial.
Por
su parte, la Dirección Jurídica de Banrural presentó ante la Procuraduría
General de la República una denuncia de hechos en contra de quien resulte
responsable, debido a la posibilidad de que las irregularidades arriba señaladas
puedan constituirse en la comisión de delitos.
Y
mientras el subsecretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Raúl
Arriaga, también revelaba que la Secodam y la PGR han emprendido acciones
administrativas y penales en contra de 80 empleados de la Semarnat por casos de
corrupción, ineficiencia y omisión, el contralor de la Nación, Francisco
Barrio, daba a conocer en Washington que la corrupción en las agencias
gubernamentales mexicanas se asemeja a "un negocio en franquicia" que
se repite en sus mismas manifestaciones en todas las entidades del país.
Barrio
Terrazas anunció que en agosto próximo se hará público el primer "índice
de corrupción" en los 31 estados y en el Distrito Federal, y en el que serán
exhibidos públicamente desde el estado más honesto, hasta el más corrupto
para presionar a los gobernadores a tomar acciones correctivas en sus entidades.
Arriaga,
luego de participar como orador principal en la sesión de la organización
American Chamber of Commerce of México, precisó que hasta el momento se han
levantado 10 averiguaciones previas contra igual número de personas, entre las
que se encuentran tres directores de área. "Hemos intentado mantener esto
en secreto para no obstaculizar los procesos, pero son hechos investigados tanto
por las autoridades penales como administrativas", comentó.
Entre
los casos de corrupción cometidos en la Semarnat, el subsecretario indicó que
se tienen documentados casos de extorsión por parte de funcionarios que exigían,
coincidentemente, 40 mil dólares para "agilizar", "aprobar"
u "otorgar" permisos o otro tipo de documentos.
Inclusive
abordó el caso de uno de estos "servidores públicos" que con ayuda
de un agente del Ministerio Público embargó las propiedades de un empresario
porque éste sólo le entregó 20 de los 40 mil pesos exigidos.
A
su vez, el titular de la Secodam, Francisco Barrio, dio a conocer que en 205
agencias federales mexicanas la dependencia a su cargo ha designado 1,647 "áreas
críticas" en las que prevalecen vastas formas de corrupción que serán
sujetas a un "tratamiento de choque", y ejecutará acciones
correctivas en 33 instituciones que manejan 80 por ciento del presupuesto
nacional.
En
su primera visita a la capital estadunidense, Barrio Terrazas también aclaró
que "no hay motivos" para iniciar una investigación por corrupción
en contra del ex secretario del Trabajo y ex contralor Arsenio Farell Cubillas,
pero aceptó que sí existe un expediente en contra del ex regente del Distrito
Federal, Oscar Espinosa Villarreal.
El
jefe de la Secodam afirmó que la corrupción le cuesta a México hasta 50,000
millones de dólares al año e indicó que esta es responsable en gran medida
del grado de atraso de que sufre el país. Sin el flagelo de la corrupción,
"México sería hoy un país diferente", señaló.
Dentro
de esa magnitud astronómica de los costos de la corrupción, Barrio dijo que el
gobierno ha atacado una porción que equivale apenas a 95 millones de dólares
en daños a cuentas federales detectados en 27 auditorías a agencias federales.
ENCUENTRAN
FACTURAS APOCRIFAS EN BANRURAL
En
cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría de la Secodam, se realizó
una revisión a la Dirección General de Banrural por parte del Organo de
Control Interno (OCI), a cargo de Luis Correa, de la cual se obtuvieron los
siguientes resultados:
La
revisión comprendió el ejercicio de los años 1998, 1999 y 2000 y ésta reveló
que los gastos de la dirección general en las compras del comedor registraban
una tendencia elevada durante los últimos tres años.
Este
incremento se detectó en el rubro de compras de vinos y licores para el área
del comedor de la citada dirección, mismas que no fueron acreditadas.
Asimismo,
se encontraron 68 facturas por un importe de un millón 407 mil 261 pesos, de
las cuales algunas no fueron reconocidas por el proveedor y otras no reúnen los
requisitos del Código Fiscal de la Federación, por lo que no se acreditó el
ejercicio del gasto en los años de referencia, lo que implicó para la
institución un quebranto por la citada cantidad.
A
lo largo de estos tres años, los gastos de comedor -en el rubro de vinos y
licores- fueron del orden de un millón 792 mil 802 pesos, de los cuales se pudo
confirmar durante la auditoría que un millón 407 mil 261 pesos fueron pagados
por compras que jamás se acreditaron.
Ante
estos hechos, la Dirección Jurídica del Banrural presentó el 1º de febrero
del año en curso, denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR),
frente a la posibilidad de que las irregularidades puedan constituirse en la
probable comisión de delitos.
Con
fecha 30 de mayo del 2001, el área de responsabilidades de la Secodam resolvió
la destitución en sus funciones de Florentino Coalia Pulido, quien se desempeñó
como coordinador administrativo de la Dirección General del Banco.
El
citado funcionario también fue inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público por el término de 10 años y deberá pagar la
cantidad de dos millones 814 mil 522 pesos, es decir, deberá resarcir dos veces
el daño económico ocasionado conforme a la ley.
Por
lo que se refiere a la auditoría aplicada en la Gerencia Regional Centro Sur
del Banrural, con sede en la ciudad de Puebla, se determinaron irregularidades
en los comprobantes de pagos de viáticos y se descubrieron facturas de hotel
que no fueron reconocidas como expedidas por los proveedores, mismas que
involucran directamente al entonces gerente general, Guillermo Funes Rodríguez,
a su secretario particular, José Luis Viveros Soto y Arnulfo Torres Valdés,
quien se desempeñaba como chofer.
Las
facturas no reconocidas por proveedores corresponden principalmente a hoteles en
la ciudad de México, por un monto de 195 mil pesos, por lo que con fecha 14 de
mayo del año en curso se resolvió la destitución en el cargo a Funes Rodríguez,
así como inhabilitación para desempeñar cargo público por el termino de dos
años.
'TAPAR
EL POZO DESPUES DE..."
En
una conferencia en el Centro Internacional Woodrow Wilson ante funcionarios de
la administración, académicos y hombres de negocios, Francisco Barrio dijo
-operando su propia "lap top" para ilustrar su presentación- que México
se debate "bajo el gigantesco peso de la corrupción" y que el
Gobierno del Presidente Fox acentuará las prácticas de prevención "por
encima de la búsqueda de culpables y de su castigo".
Según
Barrio Terrazas, esto no quiere decir que la actual administración permitirá
la impunidad de los funcionarios corruptos, sino que emprenderá una práctica
que no existía con anterioridad, es decir, la prevención de la corrupción.
"El
asunto se me ha planteado así: `Todo se ha reducido a sacar a niños del pozo,
pero sin tapar el pozo"', graficó el ex gobernador de Chihuahua.
Citó
el funcionario sondeos realizados por el gobierno que revelan que hasta 80 por
ciento de la población considera que la administración Fox "le va a
entrar en serio" al combate contra la corrupción, pero ese porcentaje cae
hasta 50 por ciento cuando se pregunta a los encuestados si consideran que el
gobierno tendrá éxito en esa empresa.
Presentó
un programa de cuatro puntos centrales que implementa el Gobierno foxista:
Prevención de las prácticas de corrupción; detección y control de las prácticas
de corrupción; castigos a la corrupción, e implicación de la sociedad en esa
lucha.
Dijo
que "tendremos que llegar" al punto en el que el castigo alcance no sólo
al funcionario que acepte "mordidas", sino también al ciudadano que
ofrezca la dádiva.
Según
el secretario de la Contraloría, su dependencia tiene ya desarrollado "un
diagnóstico y un plan operativo" para ser puesto en marcha en cada una de
las agencias gubernamentales federales. Interrogado sobre la actuación de la
Secodam sobre las otras dos ramas del gobierno, Barrio reconoció que dada la
situación política en el país, ese es "un asunto muy delicado" y
agregó que la acción se ha limitado a reuniones con los ministros de la
Suprema Corte de Justicia y la judicatura para informarles de los planes "y
hasta allí".
"GOBIERNO
ELECTRONICO"
Se
hará un "gran esfuerzo" en la creación de un gobierno virtual en
internet, dijo y añadió que este mismo año estará lista la plataforma tecnológica
para que se puedan llevar a cabo, a través de la red, trámites gubernamentales
y prestación de servicios.
En
el país, según el conferenciante, se producen anualmente cinco mil millones de
contactos entre ciudadanos y burócratas en ventanilla y con lo que él llamó
el "Gobierno-E" -por Gobierno Electrónico- se eliminará de entrada
mil millones de contactos directos, con lo cual también se invalidarán mil
millones de oportunidades de corrupción menor.
No
desestimó la magnitud de la "corrupción hormiga" y citando específicamente
a la Secretaría de Comunicaciones, dijo que él y el secretario del ramo
detectaron prácticas de corrupción a ese nivel que se aproxima a un
"negocio en franquicia".
SEMARNAT
Víctor
Lichtinger, titular de la dependencia, anunció que esta acción se realiza
porque existe un gran desorden, ya que ninguna playa es privada, aunque se
otorgue una concesión.
Destacó
que comenzaron en Nayarit, porque es una de las zonas en donde la situación es
más crítica, en especial en la zona que va desde Nuevo Vallarta hasta San
Blas.
El
funcionario explicó que en los primeros resultados del operativo se encontramos
que dos proyectos turísticos el de Casa Amores y Hotel Nuevo Vallarta se
comenzaron a construir sin ningún permiso.
¡Y
HÁGANLE COMO QUIERAN!...ANUNCIA EL GOBERNADOR DE BCS LA VENTA DE 350 HAS.
Raymundo León, Excélsior, página 26, jueves 14 de junio.
Tras
anunciar que en los próximos días enviará al Congreso del estado la
iniciativa para vender un predio de 350 hectáreas del gobierno del estado a un
grupo de inversionistas canadienses, el gobernador Leonel Cota Montaño dijo que
"pese a las críticas, es necesario promover proyectos de desarrollo
productivos, los cuales permitan la generación de empleos".
Durante
la presentación del megaproyecto de desarrollo turístico de El Mogote por
parte de la empresa canadiense The Trust for Enternaiment Developent, la cual
ofrece 3.5 millones de dólares por las 350 hectáreas en esa zona de la ciudad,
el mandatario ratificó el apoyo de su gobierno para cristalizar esta operación
y pidió a los diputados locales y a las diversas instancias de gobierno, su
apoyo para el desarrollo de esta ciudad.
Según
los inversionistas, la construcción de las obras se llevaría 20 años, lo cual
generaría cinco mil empleos en ese tiempo.
El
gobernador indicó que de concretarse la venta de dichas hectáreas de El
Mogote, el dinero recaudado se destinaría íntegramente al apoyo del deporte y
la cultura de esta entidad.
Por
otra parte, los promotores del megaproyecto se autodefinieron como
"defensores del desarrollo sustentable", por lo cual se comprometieron
a construir un pueblo turístico sin afectar el medio ambiente de El Mogote.
Este
proyecto contempla la construcción de cinco vecindarios residenciales, una
marina, un campo de golf, hoteles, centros comerciales, edificios cívicos,
restaurantes y un malecón; y la nueva vecindad contaría con cinco mil hogares,
cada uno con una alberca y cancha de tenis y dos mil cuartos de hoteles,
refirieron.
Asimismo,
en esta comunidad la electricidad utilizada sería producto de fuentes de energía,
como el sol y el viento, no se permitiría el uso de automóviles, la gente se
transportaría sólo con bicicletas, carritos para jugar golf o un servicio público
de camionetas, abundaron.
Después
de comprar el terreno, indicaron que se invertirían 10 millones de dólares en
los primeros dos años y uno o dos millones en los años siguientes.
RINDE
PROTESTA EL SUSTITUTO DE UN ASAMBLEÍSTA DEL PRI.
Edgar
González Santiago,
El Heraldo de México, página 8, jueves 14 de junio.
Rafael
Luna Alviso rindió protesta como diputado local, ante la Comisión de Gobierno
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en sustitución de Jaime
Miguel Moreno Garavilla, quien renunció al Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y pidió licencia a su cargo de legislador, el 30 de mayo pasado.
Luna
Alviso se desempeñaba como legislador suplente de Moreno Garavilla y, por ello,
la Comisión de Gobierno lo requirió para tomar la diputación con carácter de
titular. El diputado priísta nació en Ascensión, Nuevo León, el 21 de
diciembre de 1957, y es licenciado en Derecho por la UNAM.
Es
militante del PRI desde 1979, donde ha desempeñado los cargos de subsecretario
de Organización de 1980 a1981, y de Acción Agraria de 1981 a 1982. También ha
sido auxiliar subdirector de asuntos jurídicos del Instituto de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales del PRI.
Se
ha desempeñado laboralmente en el ejercicio libre de su profesión como
abogado, así como en diversas posiciones de la Secretaría de la Reforma
Agraria, y ha sido secretario general de Cruzada Democrática Nacional.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría
Agraria dgcs@pa.gob.mx