Jueves
6 de diciembre de 2001 Jueves
6 de diciembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • Milenio Diario • La Prensa
• El Universal • Excélsior • Unomásuno
• Diario de México • El Día
INEVITABLE,
APLICACIÓN DE IVA A ALIMENTOS: EMPRESARIOS.
Alonso Urrutia, La Jornada, página 13, jueves 6 de diciembre.
Dirigentes empresariales se reunieron anoche con el secretario de Gobernación,
Santiago Creel, para abordar temas referentes a la reforma fiscal y seguridad pública.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González, pidió
no descartar de antemano la nueva propuesta hacendaria presentada por la fracción
del PAN en la Cámara de Diputados, para evitar caer en un "proceso de argentinización".
RIESGOS
EN EL SECTOR AGRARIO POR “INANICIÓN” DE RECURSOS.
Mauricio Pérez, Milenio Diario, página 6, jueves 6 de diciembre.
Diputados federales y líderes campesinos pugnaron ayer
por que la problemática agraria de México reciba atención prioritaria del
gobierno federal en materia de presupuesto, ya que los escasos recursos
asignados a ese sector amenazan con desaparecer hasta dependencias como la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
PELIGRO
DE EXTINCIÓN.
Alejandro Rivero Jiménez, Milenio Diario, página 6, jueves 6 de diciembre.
De continuar el alarmante abandono de la tierra comunal, y la renta de terrenos,
tiende a desaparecer el ejido, afirmó Juan Leyva Mendívil, integrante del
Congreso Agrario Permanente (CAP).
EMPIEZAN
EJIDATARIOS A INTERESARSE EN NEGOCIAR.
Alfredo Ibáñez, La Prensa, página 20, jueves 6 de diciembre.
Ejidatarios de diversos núcleos agrarios que están incluidos en el decreto
expropiatorio emitido por la Federación han mostrado su interés por establecer
contacto con las autoridades responsables para mejorar el precio de sus tierras,
por lo que no se descarta llegar a un acuerdo, subrayó el responsable del jurídico
de la Procuraduría Agraria (PA), Jorge Beyer.
NO
CONSULTAR A MUNICIPIOS VIOLÓ EL ARTÍCULO 115: BURGOA.
Norma Jiménez, Alejandro Rivero, Norma Rodríguez y Heriberto Santos, Milenio
Diario, página 20, jueves 6 de diciembre.
El jurista Ignacio Burgoa Orihuela
subrayó que las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los municipios de Texcoco y Acolman,
así como por el Gobierno del Distrito Federal son totalmente legítimas, por lo
que la construcción del nuevo aeropuerto podría demorarse más de un año.
REFUTAN
EJIDATARIOS AL GOBIERNO MEXIQUENSE.
Almendra Vázquez, Rebeca Jiménez y Juan Lázaro, El
Universal, página 16-A, jueves 6 de diciembre.
Presidentes de los 13 núcleos ejidales afectados con la expropiación de sus
tierras reiteraron su postura de ¡no al aeropuerto!, ante una comisión de
diputados federales que asistió a una reunión en la comunidad de Cuatlalpan, a
la que llegaron de manera sorpresiva unos 50 pobladores de Atenco con machetes y
palos.
EJIDATARIOS
AFECTADOS POR EL AEROPUERTO DE TEXCOCO INCREPAN A LEGISLADORES POR SU FALTA DE
APOYO.
René Ramón Alvarado, La Jornada, página 14, jueves 6 de diciembre. También aparece en
Milenio Diario y Reforma.
Cinco diputados federales de PRI, PRD y PT, integrantes de la comisión especial
del Congreso de la Unión para atender la problemática del nuevo aeropuerto,
tomaron los machetes para demostrar a los campesinos de San Salvador Atenco,
Chimalhuacán y Texcoco su oposición a la construcción de la terminal aérea.
SUGIEREN
ACOGERSE AL TEMA ECOLÓGICO.
Guillermina Guillén, El Universal, página 16, jueves 6 de diciembre.
Los inconformes por la decisión gubernamental de construir el aeropuerto
alterno de la ciudad de México en Texcoco tendrán la posibilidad de interponer
nuevos recursos legales que echen abajo el controvertido proyecto, pero ahora
con base en el factor ecológico, afirmó Gustavo Alanís, presidente del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
ESPERARÁ
MONTIEL ROJAS LA DECISIÓN DE LOS JUECES EN TORNO A CONTROVERSIA DE EJIDATARIOS
SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO.
Nota informativa, Excélsior, página 4, jueves 6 de
diciembre.
“Vamos a esperar a que los jueces determinen en lo referente a las
controversias presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por
parte de los ejidatarios en torno al nuevo aeropuerto, señaló el gobernador
del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, quien agregó que también son seis
las peticiones provisionales que fueron desechadas por el Poder Judicial”.
LICITACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL AEROPUERTO: SCT.
Diego Badillo, Unomásuno, página 4, jueves 6 de diciembre.
Ingenieros mexicanos exigieron al secretario de Comunicaciones y Transportes,
Pedro Cerisola y Weber, participar de manera directa en la edificación del
nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. En respuesta, el
secretario de Comunicaciones Pedro Cerisola y Weber señaló que es loable que
algunas constructoras mexicanas se organicen, pero ello no exime a la
dependencia de realizar una licitación internacional de la obra.
NULA
INFORMACIÓN DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO: CORTÉS MELGOZA.
Atlante Carlos Muñoz, Diario de México, página 12-A, jueves 6 de diciembre.
Autoridades de la localidad, señalaron que existe el riesgo de que el gobierno
estatal reubique a familias asentadas en terrenos donde se decretó la
expropiación para la nueva central aérea en zonas de este municipio, lo que
generaría un crecimiento irregular y no habría suficiente infraestructura para
la dotación de servicios públicos.
CONCILIACIÓN,
LE PROPONEN CAMPESINOS A VICENTE FOX.
Nota Informativa, El Día, página 1, jueves 6 de diciembre.
El sector campesino propuso al gobierno federal arribar a un gran acuerdo de
conciliación agraria y desarrollo productivo como un instrumento político y
jurídico para atender y solucionar de fondo la problemática social agraria.
CAMPESINOS,
INDIGNADOS POR VACÍO DE AUTORIDAD Y FALTA DE JUSTICIA.
Edilberto Murguía, El Día, página 3, jueves 6 de diciembre.
Max Agustín Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina
Cardenista (CCC) y miembro del nuevo Partido Campesino y Popular (PCP), destacó
que entre los campesinos existe un ambiente de profunda indignación por el
vacío de autoridad para poner fin a los conflictos con un criterio social y
político, no sólo jurídico, en el campo.
INVADEN
2 RANCHOS EN CHIAPAS.
Gonzalo Egremy, El Universal, página 13-B, jueves 6 de diciembre.
Grupos de campesinos que afirman no pertenecer a ninguna organización
invadieron dos ranchos, en este fronterizo municipio, argumentando que carecen
de un predio para fincar sus viviendas y para sobrevivir, "ante la severa
crisis que nos golpea más a los labriegos, que nunca hemos tenido un pedazo de
tierra para cultivar siquiera yerbas para comer".
¡LA
PAPA CALIENTE DE TEXCOCO!
Ángel Trejo, Diario de México, página 8, jueves 6 de diciembre.
El Gobierno federal encabezado por el presidente Vicente Fox Quesada, debiera
reconsiderar su apoyo al proyecto de construir un nuevo aeropuerto en la región
de Texcoco, porque en el conflicto social y legal derivado del decreto
expropiatorio que dictó para hacer posible éste hay mucho más que un regateo
de mercado por más de cinco mil hectáreas.
SECTOR
AGRARIO
INEVITABLE,
APLICACIÓN DE IVA A ALIMENTOS: EMPRESARIOS.
Alonso Urrutia, La Jornada, página 13, jueves 6 de diciembre.
Dirigentes
empresariales se reunieron anoche con el secretario de Gobernación, Santiago
Creel, para abordar temas referentes a la reforma fiscal y seguridad pública.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X. González, pidió
no descartar de antemano la nueva propuesta hacendaria presentada por la fracción
del PAN en la Cámara de Diputados, para evitar caer en un "proceso de argentinización".
Creel
Miranda también sostuvo una reunión con el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola, y la secretaria de la Reforma Agraria, María
Teresa Herrera. En un encuentro privado, del cual no trascendieron mayores
detalles, sólo se conoció que abordaron la secuela legal que ha tenido la
designación de Texcoco como sede del aeropuerto internacional.
En
el encuentro con los empresarios, Claudio X. González aseguró que la
incorporación del impuesto al valor agregado en el costo de los alimentos es
inevitable, pero advirtió que éste no puede ser de 15 por ciento, pues eso
alentaría el mercado negro de mercancías. Por ello reiteró que debería
ser un gravamen que oscile en 4 por ciento.
Esta
propuesta pretende que el impacto en los sectores populares sea el menor
posible, e incluso que con ello algunas empresas pudieran no aplicar el gravamen
en el costo final al consumidor.
González
dijo que la propuesta panista resarce en parte una cantidad a los que menos
tienen, al mismo tiempo que garantiza que quienes perciben mayores recursos
puedan pagar el IVA y con ello fortalecer las finanzas.
-¿Ha
faltado operación política en Gobernación, o voluntad política en el
Congreso?
-Lamentamos
que no se haya logrado todavía la reforma fiscal, pero tenemos que reconocer
que hay un Congreso donde no hay una mayoría, pero ya llegó el momento de
actuar con toda responsabilidad y no en forma de parches, no como una miscelánea
grandotota, porque eso le quita competitividad al país.
En
su oportunidad, el director general del grupo BBV-Bancomer, Ricardo Guajardo
Touché, dijo que la preocupación máxima del sector empresarial es que se
reanude el crecimiento de la economía, que remontemos los efectos negativos del
ciclo internacional que es bastante adverso.
RIESGOS
EN EL SECTOR AGRARIO POR “INANICIÓN” DE RECURSOS.
Mauricio Pérez,
Milenio Diario, página 6, jueves 6 de diciembre.
Diputados federales y líderes
campesinos pugnaron ayer por que la
problemática agraria de México reciba atención prioritaria del gobierno
federal en materia de presupuesto, ya que los escasos recursos asignados a ese
sector amenazan con desaparecer hasta dependencias como la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA).
En el panel El Presupuesto y la
Ley Agraria que el Campo Necesita, organizado por la Comisión de Reforma
Agraria de la Cámara de Diputados, el líder de la priista CNC, Heladio Ramírez,
pidió a los legisladores fortalecer a la SRA para que ésta asuma cabalmente
sus responsabilidades especializadas.
Estableció que en la
Confederación Nacional Campesina (CNC), de la SRA, “no defendemos la
burocratización ni menos su desaparición. Corresponde a esta dependencia
defenderse y luchar, en el marco de sus atribuciones, contra el constreñimiento
presupuestal que, decidido desde las altas esferas del Poder Ejecutivo, pretende
extinguirla por inanición y falta de recursos”.
Ramírez López demandó al
menos mil millones de pesos para el Programa de Organización y Fomento de la
SRA, para que el gobierno cumpla con los acuerdos agrarios suscritos con las
organizaciones campesinas.
Planteó también la necesidad
de mil 500 millones de pesos para el PROCEDE, con el fin de que pueda
diversificar y ampliar su programa de certificación de pequeñas propiedades,
colonias, excedencias y terrenos nacionales. De igual manera pidió 630 millones
para los tribunales agrarios con la idea de desahogar el congestionamiento que
prevalece en esas instancias.
El líder de la bancada del PRI
en la Cámara de Diputados, Rafael Rodríguez Barrera, expresó su desacuerdo
con políticas de desaliento a la producción básica de alimentos, que al
seguir un criterio puramente economicista se piensa que porque un producto básico
cuesta menos en el extranjero, debe comprarse en vez de alentar la producción
en el interior del país.
“Es un daño tremendo el que
causa y un riesgo brutal, porque no hay dependencia más terrible que la
alimentaria”, advirtió.
Max Correa, líder de la
Central Campesina Cardenista (CCC) —integrante ésta del Congreso Agrario
Permanente—, propuso arribar a un acuerdo de conciliación agraria y
desarrollo productivo, al tiempo de desactivar conflictos agrarios.
Demandó un presupuesto de seis
mil millones de pesos para un fondo especial de justicia agraria, que haga
cumplir las obligaciones jurídicas derivadas de los tribunales agrarios y de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Correa Hernández planteó que
se requieren tres mil millones de pesos adicionales para desactivar conflictos
agrarios mediante la compra de tierras, la indemnización directa a campesinos
y/o particulares, y la regularización de posesiones en propiedad social,
privada y federales o de las entidades federativas, que forman parte de los
acuerdos agrarios.
Solicitó también mil millones
de pesos para que la SRA financie directamente hasta con un millón de pesos 850
proyectos productivos de organización y fomento de los acuerdos agrarios
pendientes y otros proyectos.
El diputado panista Jesús
Mario Garza afirmó que hay que redoblar esfuerzos, “sin sacrificios
excesivos, dirigidos al campo y sus pobladores. Debemos solidarizarnos con los
distintos ajustes que cada uno de los sectores de la economía mexicana está
sufriendo y con ello hacer más con los recursos actuales”.
PELIGRO
DE EXTINCIÓN.
Alejandro Rivero Jiménez, Milenio Diario, página 6, jueves 6 de diciembre.
De continuar el alarmante
abandono de la tierra comunal, y la renta de terrenos, tiende a desaparecer el
ejido, afirmó Juan Leyva Mendívil, integrante del Congreso Agrario Permanente
(CAP).
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
EMPIEZAN
EJIDATARIOS A INTERESARSE EN NEGOCIAR.
Alfredo Ibáñez, La Prensa, página 20, jueves 6 de diciembre.
Ejidatarios
de diversos núcleos agrarios que están incluidos en el decreto expropiatorio
emitido por la Federación han mostrado su interés por establecer contacto con
las autoridades responsables para mejorar el precio de sus tierras, por lo que
no se descarta llegar a un acuerdo, subrayó el responsable del jurídico de la
Procuraduría Agraria (PA), Jorge Beyer.
Entrevistado
luego de que asistió ante el juzgado sexto de distrito para continuar las
promociones a favor de los ejidatarios que representan, dijo que la política de
la PA es propiciar la conciliación como una vía para resolver los conflictos
agrarios que se suscitan.
NO
CONSULTAR A MUNICIPIOS VIOLÓ EL ARTÍCULO 115: BURGOA.
Norma Jiménez, Alejandro Rivero, Norma Rodríguez y Heriberto Santos, Milenio
Diario, página 20, jueves 6 de diciembre.
El jurista Ignacio Burgoa
Orihuela subrayó que las controversias
constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
por los municipios de Texcoco y Acolman, así como por el Gobierno del Distrito
Federal son totalmente legítimas, por lo que la construcción del nuevo
aeropuerto podría demorarse más de un año.
Detalló que las controversias
constitucionales están previstas en el artículo 105 de la Constitución y están
legitimadas para promoverlas o plantearlas los municipios, los estados y la
federación. Por dicho motivo sostuvo que en el caso de las controversias contra
la construcción del nuevo aeropuerto hay legitimación por parte de los
municipios.
“Yo no conozco los escritos
correspondientes, pero me imagino que alegan como violación por parte del
decreto expropiatorio el artículo 115, porque según el decreto se construirá
un nuevo aeropuerto, casi casi una ciudad, con hoteles, restaurantes y tiendas
ocupando el territorio de los municipios sin haber recabado la autorización de
los ayuntamientos respectivos.”
Explicó que la situación
legal provocará una demora de por lo menos un año para la construcción en
Texcoco del nuevo aeropuerto, ya que las controversias constitucionales se suman
a los amparos promovidos por los ejidatarios de los diversos municipios.
La corte admite las
controversias
La Suprema Corte de Justicia de
la Nación ya admitió las controversias constitucionales promovidas hace dos días
en contra del presidente Vicente Fox y del gobernador del Estado de México,
Arturo Montiel, en torno al decreto expropiatorio a través del cual se sientan
las bases para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México. Sin embargo, el procedimiento para resolverlo es largo. Según la
Ley Reglamentaria del 105 Constitucional, los distintos plazos para entregar
pruebas y alegatos se extienden hasta seis meses. Pero también influye el
trabajo de la Corte y, de acuerdo con la experiencia, en promedio los ministros
tardan de 10 a 15 meses para emitir su fallo.
Comprometen a diputados
Habitantes de San Salvador
Atenco irrumpieron de forma sorpresiva en una reunión que diputados federales
sostenían con presidentes de los comisariados ejidales expropiados por la
creación del nuevo aeropuerto, y exigieron a los legisladores que apoyen su
causa.
Los vecinos de Atenco obligaron
a los legisladores Rubén García, José Jaimes García y Beatriz Cervantes del
PRI, Félix Castellanos del PT y Rogaciano Morales del PRD a pronunciarse en
favor de su movimiento y les propusieron que fueran sus representantes al
interior de la Cámara de Diputados, para que ahí expongan sus demandas.
El gobernador del estado de México,
Arturo Montiel, calificó como reacciones normales los juicios de controversia
constitucional interpuestas por los alcaldes de Texcoco y Acolman contra el
decreto expropiatorio del 22 de octubre, y negó que sean un obstáculo para la
construcción del nuevo aeropuerto en la zona oriente mexiquense.
La CNDH investigará
La Comisión Nacional de
Derechos Humanos investigará si los procedimientos utilizados en la expropiación
de terrenos en San Salvador Atenco y Texcoco –para la construcción del
aeropuerto alterno de la ciudad de México– representan una violación a los
derechos ecológicos y sociales de los campesinos afectados.
REFUTAN
EJIDATARIOS AL GOBIERNO MEXIQUENSE.
Almendra Vázquez, Rebeca Jiménez y Juan Lázaro, El
Universal, página 16-A, jueves 6 de diciembre.
Presidentes
de los 13 núcleos ejidales afectados con la expropiación de sus tierras
reiteraron su postura de ¡no al aeropuerto!, ante una comisión de diputados
federales que asistió a una reunión en la comunidad de Cuatlalpan, a la que
llegaron de manera sorpresiva unos 50 pobladores de Atenco con machetes y palos.
Los
diputados priístas Rubén García, José Jaimes García y Beatriz Cervantes, así
como Rogaciano Morales (PRD) y Félix Castellanos (PT), de la Comisión Agraria
en el Congreso de la Unión, se reunieron en la primaria federal Cuauhtémoc con
representantes de los ejidos afectados con el decreto del 22 de octubre, para
escucharlos y llevar su opinión ante la tribuna legislativa.
Al
encuentro acudieron los comisarios ejidales de San Miguel Tocuila, La Magdalena
Panoaya, Acuexcomac, San Salvador Atenco, Cuautlalpan, San Bernardino, San
Felipe, Santa Cruz, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac, Boyeros Chimalhuacán,
Huexotla y Francisco I. Madero.
Los
comisarios manifestaron su rechazo a la venta de las tierras para la construcción
del aeropuerto, con lo que desmintieron al secretario general de Gobierno del
estado de México, Manuel Cadena Morales, quien aseguró que 12 de los 13 ejidos
afectados aceptaron negociar un mejor precio por sus terrenos.
De
manera sorpresiva, unos 50 pobladores de Atenco, que portaban machetes y palos,
irrumpieron en la reunión con los legisladores. A empujones ingresaron al lugar
y reclamaron que los diputados se presentaran a más de un mes de haberse
publicado el decreto expropiatorio en el Diario Oficial.
Ignacio
del Valle, ejidatario de Atenco, consideró ridícula la presencia de los
diputados, y dijo que "su plan es tratar de convencer a la gente para que
cambie su postura y negocie el precio por las tierras. No asumen su apoyo al
pueblo y tratan de justificar su ausencia en el conflicto".
El
comisariado ejidal de La Magdalena Panoaya se retiró de la mesa de diálogo,
mientras que en sus intervenciones el resto de los representantes de los
campesinos insistieron en que no están dispuestos a negociar sus tierras.
Hasta
el cierre de la edición, continuaba la reunión entre campesinos y
legisladores, quienes se comprometieron a presentarse en San Salvador Atenco el
viernes por la mañana, para realizar un recorrido por los ejidos afectados con
la expropiación, así como a recibir a los comisionados ejidales la semana próxima,
en la Cámara de Diputados.
Pedirán
ejidatarios apoyo de AI
En
San Salvador Atenco, el ejidatario Jesús Adán Espinoza Rojas dijo que en los
próximos días solicitarán apoyo de Amnistía Internacional (AI), para evitar
la violación a sus derechos humanos, y aseguró que al menos 15 personas han
recibido amenazas u hostigamientos de corporaciones policiacas, por participar
en el rechazo al nuevo aeropuerto.
Indicó
que también pedirán asesoría a Amnistía para promover amparos contra las
demandas que pudieran iniciarse en su contra, debido a participar en las
movilizaciones contra la terminal aérea.
Suspensiones
no afectan expropiación: Montiel
En
Naucalpan, el gobernador Arturo Montiel Rojas descartó que las tres
suspensiones provisionales, otorgadas por el Poder Judicial a ejidatarios, estén
echando abajo el decreto expropiatorio de 5 mil hectáreas ejidales y aseguró
que "también van seis solicitudes de amparo que se han desechado".
EJIDATARIOS
AFECTADOS POR EL AEROPUERTO DE TEXCOCO INCREPAN A LEGISLADORES POR SU
FALTA DE APOYO.
René Ramón Alvarado, La Jornada, página 14, jueves 6 de diciembre. También aparece en
Milenio Diario y Reforma.
Cinco
diputados federales de PRI, PRD y PT, integrantes de la comisión especial del
Congreso de la Unión para atender la problemática del nuevo aeropuerto,
tomaron los machetes para demostrar a los campesinos de San Salvador Atenco,
Chimalhuacán y Texcoco su oposición a la construcción de la terminal aérea.
Los
labriegos y representantes legales de 11 de los 13 núcleos ejidales afectados
encararon a los legisladores, con quienes sostuvieron una reunión, y de manera
unánime fijaron su postura de "no a la venta de tierras y al
aeropuerto".
Los
legisladores Rubén García Farías y José Jaimes García, del PRI; Rogaciano
Morales Reyes, del PRD, y Félix Castellanos Hernández, del PT, integrantes de
la subcomisión especial para la atención de la problemática agraria derivada
del proceso de expropiación, además de la diputada federal priísta por el 12
distrito de Texcoco, Beatriz Cervantes Mandujano, fueron objeto de la ira de los
ejidatarios.
"Barberos
de Fox", "diputados huevones", "vendepatrias", fueron
algunos de los calificativos con que los campesinos increparon a los
legisladores, a quienes reprocharon en todo momento no haber dado la cara ni
atendido la problemática del despojo de sus tierras. "Son como el arcoiris,
que sale después de la tempestad, Con los decretos genocidas nos quieren
matar".
En
el poblado de Santiago Cuautlalpan, la tarde de este miércoles la comisión
legislativa, sin la presencia de los diputados de PAN y PVEM, se reunió
"de manera privada" con los comisariados de 11 núcleos ejidales, con
el fin de recoger su sentir respecto a la expropiación de sus tierras, donde se
construirá el nuevo aeropuerto, para que el pleno del Congreso de la Unión
fije su posición ante el tema.
De
manera súbita un grupo de al menos cien campesinos, encabezados por Jesús Adán
Espinosa e Ignacio del Valle, se presentaron para protestar contra el decreto
presidencial. Dieron portazo y, junto con los comisariados ejidales,
encararon a los diputados.
En
la reunión, cada comisariado de los 11 núcleos agrarios presentes fijó su
postura de "no a la venta de tierras y no a la construcción del aeropuerto
en Texcoco". El ejido de la Magdalena Panoaya se retiró en protesta por la
"incapacidad de respuesta de los legisladores", que no acudieron a los
núcleos ejidales de Boyeros y Santa Isabel Ixtapa.
José
Elías Robles y Lorenzo de la Rosa, presidentes ejidales de San Salvador Atenco
y Nexquipayac, señalaron que con su postura demuestran al gobierno mexiquense,
en especial al secretario general de Gobierno, Manuel Cadena Morales, y al
gobierno federal, que ningún ejido está a favor de la venta de sus tierras,
como han venido difundiendo algunos medios, y que no existen tales mesas de
negociación. "Ya basta de mentiras del gobierno, no hay negociación,
nuestras tierras no se venden, que les quede claro."
Adolfo
Velázquez Dehesa, presidente del comisariado de Tocuila, reclamó a los
legisladores la actitud demostrada en el Congreso: "sólo se presentan a
dormir. De qué sirve que los conozcamos en campaña, dijo, si cuando requerimos
de su ayuda no están con nosotros, no es posible que sólo una problemática así
los haga bajarse de su pedestal y acercarse al campo, ustedes siempre han sido cómplices
del saqueo de México".
Comprometen
a los diputados
Cada
uno de los ejidatarios arremetió contra los diputados y cuestionó su presencia
después de publicado el decreto expropiatorio, y no antes, para atender la
problemática; además los obligaron a comprometerse por escrito y firmar los
documentos a apoyo de los ejidatarios. "Díganles a Vicente Fox, Cerisola y
Arturo Montiel que se vengan a parar en nuestras tierras y no gobiernen sólo
para una cúpula empresarial como lo están haciendo."
Los
legisladores explicaron que su presencia era para escucharlos y fijar una
postura en el pleno del Congreso. Asimismo señalaron que llamaron a comparecer
ante esta comisión especial a los titulares de la SCT, Semarnat y Reforma
Agraria, para que expliquen los argumentos de su decisión y por qué se ha
ocultado en todo momento información al Congreso de la Unión.
Cada
uno de los diputados fue obligado por los ejidatarios a portar un machete y
pronunciarse de manera pública contra el aeropuerto. En coro, al final de la
reunión, los cinco diputados gritaban con el arma en mano: "no al
aeropuerto", "tierra sí, aviones no".
Presentan
queja ante la CNDH
El
comisariado ejidal de Acuexcomac, Lorenzo de la Rosa, leyó frente a la asamblea
una copia de la queja que presentó ante la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, representada en la reunión por Arturo González, visitador adjunto,
quien recibió la documentación correspondiente por los presuntos actos
violatorios de garantías cometidos "por el presidente de la República,
Vicente Fox, y las secretarías de Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes
y de la Reforma Agraria".
Al
respecto, el funcionario informó que la dependencia investigará si hubo
violaciones a derechos humanos, además de que determinará si las autoridades
señaladas incurrieron en otras irregularidades, "porque -dicen los
campesinos- están rompiendo con los núcleos familiares y de sus
tradiciones".
Arturo
González informó que el organismo inició, el pasado 29 de octubre, la queja
2001/2914 contra la SCT, SRA y la Semarnat por estos hechos y ya se les solicitó
la información correspondiente, a fin de determinar si hay una presunta
responsabilidad de esas dependencias del gobierno federal.
Los
diputados acordaron recibir en el Congreso de la Unión, el próximo martes 11,
a los campesinos inconformes de los 13 núcleos agrarios. Asimismo se
comprometieron a visitar y recorrer cada uno de los ejidos afectados a partir
del próximo viernes.
Los
reclamos, "normales": Montiel Rojas
Por
la mañana en Naucalpan, el gobernador Arturo Montiel Rojas sostuvo que
corresponderá a los juzgados definir la procedencia o no de la expropiación de
tierras mexiquenses para la construcción del nuevo aeropuerto, y consideró que
la presentación de controversias constitucionales o solicitudes de amparo
contra el proyecto son reacciones "normales," pero que la intención
de erigir la terminal "no se puede frenar".
Dijo
que la presentación de recursos legales contra la expropiación de tierras
ejidales de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán "simplemente son
reacciones normales". Pero insistió en destacar las virtudes del proyecto
aeroportuario, que será "el más importante de Latinoamérica y va a ser
un aeropuerto globalizador".
SUGIEREN
ACOGERSE AL TEMA ECOLÓGICO.
Guillermina Guillén, El Universal, página 16, jueves 6 de diciembre.
Los inconformes por la decisión
gubernamental de construir el aeropuerto alterno de la ciudad de México en
Texcoco tendrán la posibilidad de interponer nuevos recursos legales que echen
abajo el controvertido proyecto, pero ahora con base en el factor ecológico,
afirmó Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En entrevista, el abogado afirmó
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá un papel
fundamental para la solución de este problema porque está en sus manos la
decisión definitiva sobre la viabilidad ecológica o no del proyecto, misma que
se tomará con base en una "Manifestación de Impacto Ambiental" que
los promoventes del aeropuerto, están obligados a presentar.
Ese instrumento plantea la
factibilidad del terreno y los ecosistemas para soportar una construcción de la
envergadura del aeropuerto.
Al respecto, Alanís planteó
que ahí existen muchas inconsistencias que saldrán a la luz en la medida que
avance el proceso.
ESPERARÁ
MONTIEL ROJAS LA DECISIÓN DE LOS JUECES EN TORNO A CONTROVERSIA DE
EJIDATARIOS SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO.
Nota informativa, Excélsior, página 4, jueves 6 de
diciembre.
“Vamos
a esperar a que los jueces determinen en lo referente a las controversias
presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de los
ejidatarios en torno al nuevo aeropuerto, señaló el gobernador del Estado de México,
Arturo Montiel Rojas, quien agregó que también son seis las peticiones
provisionales que fueron desechadas por el Poder Judicial”.
El
mandatario mexiquense habló en el marco de la inauguración de la Feria
de Financiamiento del Transporte Público y la Tercera Expo-Congreso, en
el Parque Naucalli, en la que estuvieron presentes el alcalde de Naucalpan,
Eduardo Fernández Contreras; el secretario de Comunicaciones y Transportes,
Guillermo Cano Garduño, y el líder de los transportistas, Guadalupe Uribe,
entre otros. Montiel Rojas destacó: “Seguiremos en nuestra labor de
coordinación muy estrecha con el gobierno del Presidente Vicente Fox, para dar
toda la información que requieren los ejidatarios y poder resolver este
asunto”.
Expresó
que se le ha pedido al Gobierno de la Republica, que considere el precio que
apareció en el decreto expropiatorio, con el objeto de poder beneficiar más a
las personas que viven ahí y que van a ser afectadas.
Precisó:
“Hay que pensar que una obra de esta magnitud en una zona como la parte
noreste del Estado de México sería de gran beneficio, porque va a generar muchísimas
fuentes de trabajo, desde el momento en que arranquen los primeros trabajos,
hasta el funcionamiento de la nueva terminal aérea”, y dijo que “son las
secretarías de Comunicaciones y Transportes y del medio Ambiente y Recursos
Naturales las que tienen que ver con este asunto”.
Montiel
Rojas subrayó que estas reacciones son muy normales que se den en estos casos,
ya que es un proyecto extraordinario.
Manifestó
que esta terminal aérea se convertiría en la más importante de México, sino
de América Latina.
De
construirse aquí esta terminal aérea, sería una de las tres más importantes
del mundo, ya que moverá aproximadamente 900 mil operaciones al año, y poco más
de 60 millones de pasajeros, esto tomando en cuenta las actuales que realiza el
aeropuerto Benito Juárez.
LICITACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL AEROPUERTO: SCT.
Diego Badillo, Unomásuno, página 4, jueves 6 de diciembre.
Ingenieros mexicanos exigieron
al secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber,
participar de manera directa en la edificación del nuevo aeropuerto
internacional de la ciudad de México. En respuesta, el secretario de
Comunicaciones Pedro Cerisola y Weber señaló que es loable que algunas
constructoras mexicanas se organicen, pero ello no exime a la dependencia de
realizar una licitación internacional de la obra.
Durante los trabajos del XXI
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, el presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles en Nuevo León, Víctor Manuel Velasco Cantú, planteó al secretario
que en México existe el suficiente conocimiento y capacidad para realizar el
aeropuerto, y su preocupación por no poder competir en igualdad de
circunstancias con las grandes constructoras internacionales que tienen mejor
acceso a financiamientos.
Cerisola y Weber le contestó:
no se preocupen, el nuevo aeropuerto no será un proyecto con llave en mano.
Reconocemos el esfuerzo de las empresas para agruparse, pero ello no libra a la
SCT de la obligación para realizar una licitación internacional.
Además, con esto de la
internacionalización, el capital ya no tiene patria y pueden acceder al
financiamiento si tienen un proyecto viable.
El secretario de Comunicaciones
ofreció una ponencia sobre el sector ante los participantes del XXI Congreso
Nacional de Ingeniería Civil. Al término del evento no aceptó preguntas de
los reporteros y fue conducido rápidamente hacia el estacionamiento, donde
abordó su vehículo y se fue. Su escolta jaloneó a un reportero para apartarlo
del automóvil.
NULA
INFORMACIÓN DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO: CORTÉS MELGOZA.
Atlante Carlos Muñoz, Diario de México, página 12-A, jueves 6 de
diciembre.
Autoridades
de la localidad, señalaron que existe el riesgo de que el gobierno estatal
reubique a familias asentadas en terrenos donde se decretó la expropiación
para la nueva central aérea en zonas de este municipio, lo que generaría un
crecimiento irregular y no habría suficiente infraestructura para la dotación
de servicios públicos.
Asimismo,
responsabilizaron directamente a los gobiernos federal y sobre todo al estatal
por la falta de información a los municipios sobre el proyecto del aeropuerto
en la región de Texcoco, por lo que ahora se han presentado dos controversias
constitucionales por parte de ayuntamientos, señaló el alcalde Rigoberto Cortés
Melgoza.
En
conferencia de prensa, el munícipe aseguró no estar en contra de la instalación
de la nueva central aérea en el nororiente de la entidad, pero si se contempla
el crecimiento social para la zona, es necesario que se destinen más recursos
económicos para atender las demandas ciudadanas, pues hay una grave escasez de
agua; el 40 por ciento de los 61 mil habitantes carecen de drenaje, faltan
vialidades y el 80 por ciento de las tierras son de carácter ejidal.
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
CONCILIACIÓN,
LE PROPONEN CAMPESINOS A VICENTE FOX.
Nota Informativa, El Día, página 1, jueves 6 de diciembre.
CAMPESINOS,
INDIGNADOS POR VACÍO DE AUTORIDAD Y FALTA DE JUSTICIA.
Edilberto Murguía, El Día, página 3, jueves 6 de diciembre.
El
sector campesino propuso al gobierno federal arribar a un gran Acuerdo de
Conciliación Agraria y Desarrollo Productivo como un instrumento político y
jurídico para atender y solucionar de fondo la problemática social agraria.
Max
Agustín Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina
Cardenista (CCC) y miembro del nuevo Partido Campesino y Popular (PCP), destacó
que entre los campesinos existe un ambiente de profunda indignación por el vacío
de autoridad para poner fin a los conflictos con un criterio social y político,
no sólo jurídico, en el campo.
Según
el dirigente agrario, existen sentencias de los tribunales agrarios y de la
Suprema Corte de Justicia (SCJN) que, de no ejecutarse, generarán conflictos
entre los mismos núcleos agrarios, además de que hay otras resoluciones
presidenciales pendientes también de ejecutar y con acuerdo administrativo de
inejecutabilidad, los cuales son a todas luces ilegales.
Max
Correa enfatizó que en 1992 la globalización y el neoliberalismo provocaron
modificaciones en el artículo 27 constitucional sólo para adecuarse a las
leyes del mercado, y a la fecha el Estado mexicano no ha saldado con los
campesinos el costo de esa transformación.
“El
tortuoso trámite que los expedientes agrarios tuvieron que recorrer hasta 1992,
en ocasiones tardando más de 40 años, provocó el llamado rezago agrario, que
fue dejando los asuntos más complicados al final, en aras de proteger intereses
de los terratenientes”.
Aunque
en agosto de 1997 la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) decidió resolver
administrativamente dicho rezago y eliminar así su responsabilidad política,
enviando 11 mil 367 expedientes agrarios en estado de resolución a los
tribunales agrarios, sólo causó un conglomerado de “campesinos damnificados
del rezago agrario, el cual todavía no encuentra solución a sus demandas”.
En
este sentido, el líder campesino propuso que el gobierno federal asigne un
presupuesto suficiente para crear un Fondo Especial de Justicia Agraria,
destinado a dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas que se derivan de los
tribunales agrarios y de la SCJN, por una cantidad de 6 mil
millones de pesos, además de que se adicionen otros 3 mil millones de
pesos para desactivar conflictos agrarios mediante la compra de tierras, la
indemnización directa a campesinos y la regularización de posesiones
irregulares en propiedad social.
Por
su parte, Heladio Ramírez López, secretario general de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), alertó de nueva cuanta sobre las intenciones del
gobierno federal de desaparecer la SRA y cuestionó la efectividad de las
reformas al artículo 27 constitucional.
Dijo
que a la luz del proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo a la Cámara
de Diputados, “vemos con preocupación cómo la inicial amenaza de desaparecer
la Secretaría de la Reforma Agraria se concreta en la mezquindad
presupuestal”.
Y
advirtió: “La CNC no acepta esta crónica de una muerte anunciada para el
agrarismo mexicano, ni tampoco nos resignamos a las inercias ideológicas o a
las pretensiones antiagraristas de los asesores y funcionarios del poder
Ejecutivo”.
CHIAPAS
INVADEN
2 RANCHOS EN CHIAPAS.
Gonzalo Egremy, El Universal, página 13-B, jueves 6 de diciembre.
Grupos de campesinos que
afirman no pertenecer a ninguna organización invadieron dos ranchos, en este
fronterizo municipio, argumentando que carecen de un predio para fincar sus
viviendas y para sobrevivir, "ante la severa crisis que nos golpea más a
los labriegos, que nunca hemos tenido un pedazo de tierra para cultivar siquiera
yerbas para comer".
Gudelio Balcázar, un anciano
de 72 años, quien fue el único de medio centenar de invasores que decidió
conversar con el corresponsal, manifestó que se apropiaron del Rancho Alegre y
San Isidro, "porque estas tierras sabemos que son nacionales y no las
trabajan para nada, los supuestos dueños que no son más que unos
terratenientes que siembran plátano al sur de este municipio".
Agregó que apenas se
posesionaron de ambos predios, y entre todos procedieron a levantar algunas
chozas con troncos de árbol cortados ahí mismo y con palmas, así como con
cartón. Sin embargo, el resto del grupo de invasores declinó proporcionar algún
informe, y sólo se concretaron a indicar "aquí nadie es líder y nadie
pertenece a ninguna organización, posteriormente daremos una conferencia a la
prensa".
Desde un camino que conduce al
canal de riego, se observa el levantamiento de algunas chozas y la presencia de
niños en su mayoría, que juegan o permanecen tirados en el suelo sólo
observados por algunos ancianos, presuntos familiares del grupo de campesinos
invasores.
Por la tarde, la agencia del
Ministerio Público en Ciudad Hidalgo inició la averiguación previa
06/343/2001, por el delito de despojo y daños en contra de quienes resulten
responsables, en agravio de la presunta propietaria de ambos predios Yolanda Díaz
Morales.
La representante social,
Yolanda Juárez Velázquez, constató y dio fe en el lugar de los hechos de la
invasión de los dos ranchos, exhortando a los campesinos a deponer su actitud
de apropiarse ilegalmente de ambos predios de una extensión de 25 hectáreas,
que en ocasiones son cultivadas de banano por la empresa Navaric.
OPINIÓN
¡LA
PAPA CALIENTE DE TEXCOCO!
Ángel Trejo, Diario de México, página 8, jueves 6 de diciembre.
El Gobierno federal encabezado
por el presidente Vicente Fox Quesada, debiera reconsiderar su apoyo al proyecto
de construir un nuevo aeropuerto en la región de Texcoco, porque en el
conflicto social y legal derivado del decreto expropiatorio que dictó para
hacer posible éste hay mucho más que un regateo de mercado por más de cinco
mil hectáreas.
El asunto no sólo ha dado
lugar a protestas civiles por su presunta improcedencia ecológica, económica,
social y política, misma que inicialmente se resolvería mediante una
controversia constitucional, sino que en el fondo está propiciando el choque de
viejos valores culturales con los intereses mercantiles empeñados en imponer
dicho proyecto.
De sí la controversia
constitucional involucrada habla de que los campesinos de Texcoco impugnan el
decreto expropiatorio porque lo consideran un acto de autoridad del Poder
Ejecutivo que violenta sus garantías -tres de una docena de amparos
interpuestos se han resuelto a su favor- y que sobrepasa las atribuciones jurídicas
del Presidente de la República.
Este hecho, y la procedencia
faccional del proyecto (el nebuloso grupo político-económico-priísta de
Atlacomulco), debieran bastar al presidente Fox para deslindarse del problema y
reconocer que Texcoco es una bandera política ajena que los propios gobiernos
federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) prorrogaron por casi
tres décadas.
Estos hechos, sin embargo, se
quedan cortos frente al cúmulo de valores de orden moral, filosófico y
tradicional que el proyecto de inversión está amenazando colapsar en esa región
y que han dado ocasión al uso de símbolos de resistencia armada (la imagen de
Zapata y los machetes) por cuenta de los campesinos de San Salvador Atenco.
De entrada el apoyo virtual que
el gobierno de Fox está ofreciendo al plan de negocios privados del Grupo
Atlacomulco resulta contradictorio, porque a cambio del incomprensible respaldo
partidista a éste, aquél está enviando mensaje de imposicionismo presidencial
al mejor estilo del viejo autoritarismo priísta.
Con esta actitud la
administración federal vigente pone en contradicción dos banderas históricas
del Partido Acción Nacional (PAN): la lucha democrática contra el
autoritarismo presidencial priísta y el histórico discurso legalista con que
sus fundadores velaron armas por más de medio siglo contra el antiguo régimen.
Además, el apoyo a este
proyecto de inversión, al margen de su supuesta incongruencia técnica y su
correspondencia con las necesidades de infraestructura moderna, plantea un
choque radical con una población tradicional a la que el régimen anterior
excluyó de los beneficios potenciales de la globalización económica
internacional en su versión México.
Esta es la razón de que las imágenes
del conflicto estén vertiendo en la representación del México rural y el
urbano y de que tal confrontación amenace con derivar en la violencia, toda vez
que los habitantes del primero se han visto sistemáticamente despojados de sus
tierras sin verse recompensados por los beneficios ofrecidos por el segundo.
Para fortuna del gobierno este
problema de incompatibilidad entre dos realidades y dos herencias del desarrollo
desigual del país, el país cuenta con instrumentos jurídicos fundamentales
para resolver el conflicto de Texcoco por una vía legal, pacífica y ajustada a
las más recientes prácticas políticas: el diálogo y la tolerancia.
La presencia del más afamado
jurista mexicano especializado en el juicio de amparo del lado de los campesinos
de Texcoco que defienden sus tierras, Ignacio Burgoa Orihuela, debiera ser la señal
más clara para el gobierno panista de que está equivocando su alineamiento político
y jurídico en el conflicto generado por el nuevo aeropuerto.
¿Por qué?
Porque no obstante su
reconocida filiación ideológica conservadora, incluso reaccionaria, Burgoa
Orihuela no ha perdido congruencia ni respeto al dictado de las leyes ni a la
necesidad de resolver este asunto -al igual que cualquier otro de la misma índole
y dimensión- con base a una interpretación y aplicación justa de aquéllas.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx