En todo el país hay 139 000 ejidatarias, lo que representa 17.5% de las personas con derecho a una parcela o al uso común, sin embargo, en algunas entidades tienen una presencia mayor. En Baja California, Morelos, Nayarit y Puebla son más de 20%, mientras que en Campeche, Quintana Roo y Yucatán no representan más de 10%. Los estados con mayor número de ejidatarias en ejidos certificados en términos absolutos son: Puebla, México, Sinaloa, Durango, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Oaxaca, Morelos y Chihuahua. En estas 12 entidades se concentran las dos terceras partes. Por el contrario, en Aguascalientes y en las penínsulas de Yucatán y Baja California se encuentra el menor número (ver gráfica 2).

En cuanto a la edad, encontramos que 63% de las ejidatarias supera los 50 años. Además, el 29.6% tiene más de 65 años, mientras que para los hombres son de 47.7 y 18.5%, respectivamente. Con lo anterior, se puede concluir que una parte importante de las mujeres se encuentra en la fase final de su actividad productiva, por lo que no trabajan directamente su parcela. Al respecto, más de la mitad reportó como ocupación ser ama de casa y sólo 28.6% manifestó ser agricultor. En este caso, la formulación de la lista de sucesores adquiere gran importancia como instrumento que facilite una transmisión del derecho sin conflictos (ver gráfica 3).

Las mujeres día con día adquieren mayor importancia al interior de los núcleos agrarios. En 1970 existían 31 459 ejidatarias, lo que representaba 1.3% de los sujetos con derecho a la tierra. Para 1996, sólo en Procede se tienen certificadas 139 000, con lo que hay un incremento de 343% en las mujeres con tierra. De continuar esta tendencia se esperaría que al terminar el Programa de certificación sean un poco más de 500 000 (ver gráfica 4).

Superficie parcelada

Las mujeres tienen derecho sobre 3.2 millones de hectáreas, lo que representa 15.7% de la superficie certificada en el país. De éstas corresponden a superficie parcelada 31.4%, el uso común 56.9% y el resto a solares urbanos, parcelas con destino específico y parcelas de grupo (ver gráfica 5). La superficie parcelada que usufructúan las mujeres se concentra en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Sonora, Durango, Jalisco, Chihuahua, Tabasco, Puebla y Baja California, y la de uso común en los estados del norte del país y Quintana Roo.

Cuadro 2

Fuente: RAN, datos al 15 de agosto de 1996.

En promedio las ejidatarias tienen 7.9 hectáreas, menor en 1.1 hectáreas al de los predios de los ejidatarios. El promedio por parcela es de 4.2 hectáreas para las primeras y de 4.4 hectáreas para los segundos y en cada ejido existen aproximadamente 32 parcelas en manos de mujeres y 123 en las de los hombres.1 El comportamiento anterior varía por estado; en Campeche, Baja California, Yucatán, Colima, Sonora, Tamaulipas y Baja California Sur el promedio de superficie parcelada por mujer es mayor a las 15 hectáreas, mientras que en México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla no supera las cinco hectáreas. En estas últimas entidades se concentra el minifundio, por lo tanto, es fundamental que se lleven a cabo acciones que permitan superar las restricciones que conllevan la fragmentación y pulverización de la tierra.

Superficie de uso común

En los ejidos certificados, de 158 000 ejidatarias y posesionarias, 88 000 tienen derechos sobre tierras de uso común, es decir, 56% de las mujeres con derecho a la tierra, tienen en sus manos 1.8 millones de hectáreas, lo que representa 13.2% de este tipo de superficie. En promedio a cada una de ellas le corresponde 20.8 hectáreas, extensión menor al promedio nacional en 4.9 hectáreas. Al igual que en el caso anterior existen fuertes contrastes entre los estados: mientras que en Baja California Sur, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo la superficie promedio supera las 50 hectáreas, en Tlaxcala, México, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Guanajuato no es mayor a las cinco hectáreas (ver gráfica 7).

Las parcelas de grupo son las que se asignan a un grupo de ejidatarios en partes iguales. En los ejidos certificados existen 2 624 parcelas de este tipo y las mujeres participan en 13.4% de éstas. En estas unidades se agrupan 2 597 ejidatarias y posesionarias.

El número de parcelas de este tipo, en comparación con el total de parcelas con que cuenta la mujer, es poco significativo, pues representa sólo 0.13%. Sin embargo, su importancia radica en que por lo general están asociadas a pequeñas y medianas unidades de producción que cuentan con infraestructura productiva. En este caso sería importante revisar las condiciones en que operan para poder apoyarlas.

Solares urbanos

De las 639 mil personas tituladas por el Procede, 138 000 son mujeres, lo que representa 21.5% de los sujetos con solares. De éstas, son ejidatarias 31.3%, posesionarias 1.4% y avecindadas 67.2%. El número mayor de estas últimas se debe a que una parte considerable de los ejidatarios dispuso como titular del solar a su esposa, lo que demuestra que los campesinos protegen de manera natural el patrimonio familiar.

La superficie certificada a mujeres en este rubro asciende a 183 millones de m2, divididos en 148 000 solares. El solar promedio de las ejidatarias es de 2 043 m2, el de las posesionarias 1 607 m2 y el de las avecindadas 986 m2, en los tres casos los solares son menores al promedio nacional en 199, 98 y 72 m2, respectivamente (ver cuadro 3). En este caso también encontramos diferencias en el tamaño de solar promedio por entidad. En San Luis Potosí, Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua los solares de ejidatarias son mayores al promedio nacional, mientras que en Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Durango, Colima y Coahuila el promedio es mucho menor. En el caso de las avecindadas se tiene un comportamiento similar.

En el caso de los avecindados, una de las acciones que para el sector agrario adquiere gran importancia es la constitución de la Junta de Pobladores, pues es el órgano de participación de ejidatarios y avecindados en donde se hacen las propuestas sobre los asuntos relacionados con el poblado, sus servicios públicos y trabajos comunitarios de los asentamientos humanos.

Parcela de la mujer

A la fecha se tienen certificadas 3 545 parcelas de la mujer en 2 746 ejidos, lo que significa que sólo 24.4% de los núcleos agrarios cuenta con este tipo de parcela, e incluso en algunos estados (Morelos, Guerrero, Campeche, Nayarit, Baja California Sur, Baja California, Querétaro y Quintana Roo) es casi inexistente, menos de 10% de los ejidos certificados cuentan con ella. Además, las unidades agrícolas industriales de la mujer representan tan sólo 1.3% de las parcelas que poseen las mujeres a nivel nacional. Lo anterior nos indica que cualquier programa destinado a las mujeres debe orientarse principalmente a atender a aquellas que tienen derechos sobre la tierra parcelada y de uso común y no reducirla al ámbito de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer como tradicionalmente se venía haciendo.

La mayoría de las unidades agrícolas industriales de la mujer se localizan en Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Yucatán, San Luis Potosí, Puebla y México. En estos estados encontramos las dos terceras partes de este tipo de parcelas. Sería importante apoyar su buen funcionamiento ya que ha sido reconocida por el ejido (ver gráfica 8).

Las ejidatarias y posesionarias representan en conjunto 18.4% de los sujetos agrarios con derecho a superficie parcelada y poseen 16.5% de la superficie, su media es de 7.1 hectáreas, menor en 12% a la general y 13.7% al promedio de los hombres.

El índice de Gini³ para las ejidatarias es de 0.4688, mientras que para los ejidatarios es de 0.48145 , es decir, la distribución de la superficie parcelada no varía significativamente por géneros. Sin embargo, entre las mujeres es mayor el porcentaje de ejidatarias con menos de 10 hectáreas (79.4%) que el de los hombres (75.9%); así mismo, 2% de los ejidatarios con mayor superficie tienen 14% de ésta, mientras en el caso de las mujeres, 1% cuenta con 11% de la superficie (ver gráfica 9).

Considerando la desigualdad total, las mujeres ejidatarias contribuyen con 18.9%, y el grupo de hombres con 81.1%. Lo cual da una contribución de 1.054% por unidad porcentual de mujeres y 0.988% por unidad porcentual de hombres, de donde se desprende que la situación entre hombres y mujeres es muy semejante con una ligera desventaja para las últimas. Sin embargo los datos anteriores son obtenidos mediante promedios nacionales; a nivel estatal las diferencias entre un grupo y otro son más importantes.

Los índices de desigualdad para mujeres ejidatarias varía de 0.1747 a 0.7576 con una media de 0.3992 y una variación promedio de 0.1485, en tanto que los índices generales (agrupados hombres y mujeres) varían desde 0.1860 a 0.7028, con una media de 0.3966 y una desviación promedio de 0.1221 (ver gráfica 10).

Los estados con menor índice de desigualdad en las mujeres son México, Hidalgo, Aguascalientes, Sinaloa, Tlaxcala y Guanajuato, cinco de los cuales comparten la característica de tener mayoritariamente ejidatarias con poca superficie parcelada. Sólo en Sinaloa la distribución es relativamente equitativa; en este estado, 72% de las ejidatarias se encuentran cercanas a la media nacional (10.1 hectáreas).

Las entidades con distribución más desigual son Coahuila, Tabasco, Campeche y Baja California Sur, en donde existe una mayor polarización en la tenencia de la tierra. En estos estados 57.3% de las mujeres tienen menos de cinco hectáreas, mientras que 2.3% concentra más de 80 hectáreas en promedio. Sin embargo, en Coahuila y Baja California Sur existen extensas zonas de terrenos áridos y poco productivos; en este caso, el alto índice de desigualdad se podría atenuar si las diferencias de la calidad de la tierra favorecieran a los predios pequeños.

Si además de los índices Gini estatales se considera la desagregación⁴ estatal del índice nacional, se encuentra que al Estado de México corresponde la mayor contribución a la desigualdad nacional, con más de 12%, seguido por Puebla, Tlaxcala, Morelos y Veracruz, en donde se encuentra la mayor población de mujeres ejidatarias con derecho a parcela (7.8%, 8.9%, 4.2%, 6.5% del total de ejidatarias en todo el país, respectivamente). Por otro lado, los estados con menor contribución (Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Baja California y Baja California Sur) presentan una menor proporción de mujeres ejidatarias. Así mismo, varios de los estados con menor contribución presentan índices de Gini más altos y viceversa. Es decir, las contribuciones se encuentran ponderadas por el índice de desigualdad y la proporción de población; si consideramos la desigualdad por unidad porcentual de ejidatarias, contamos con un mejor criterio para identificar los estados menos beneficiados con la distribución. Con este método encontramos que los estados más afectados son: Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y México. En tanto que los estados más beneficiados son: Campeche, Baja California, Tamaulipas, Yucatán, Colima y Sonora.

Comparando la distribución a nivel estatal del grupo de ejidatarias con la correspondiente al total de ejidatarios (hombres y mujeres), en las mujeres, las contribuciones son más altas en los estados en que éstas son más numerosas y son más bajas en el caso contrario. Los casos de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos pertenecen a los primeros, mientras que Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Baja California Sur a los segundos. Por otra parte, cuando hacemos el cálculo con base en la contribución por unidad porcentual de mujeres, encontramos que se acentúa este mismo comportamiento. Esto demuestra una mayor polarización entre estados en el caso de las mujeres, a diferencia de lo que encontramos cuando consideramos al total de los ejidatarios.

La sucesión de los derechos agrarios

En los últimos 25 años se registró un notable incremento en el número de ejidatarias. Si bien es difícil la cuantificación de este crecimiento, ya que la información es de fuentes distintas y el Procede aún está en proceso, este aumento es indudable (cfr. gráfica 4).

Un primer acercamiento a las listas de sucesores inscritas en el RAN⁵ parece indicar que en un futuro la importancia de las ejidatarias se incrementará. En el país 38.5% son las esposas de los ejidatarios las elegidas como primeros sucesores de las tierras ejidales. Si a esta cifra le sumamos 8.8% —que corresponde a las hijas que aparecen como sucesoras—, se observa que cer-ca de la mitad de los primeros beneficiarios serán mujeres. Es decir, que puede preverse la continuación de la tendencia hacia una importancia creciente de la mujer en el agro.

Sin embargo, se debe ser cauto al analizar esta tendencia ya que la transmisión entre miembros de la misma generación implica una duración de la posesión por un lapso mucho menor que aquella que involucra a miembros de distintas generaciones. Dicho de otra manera, la mayor parte de las mujeres acceden a la tierra como viudas de los ejidatarios, lo que ocurre normalmente a una edad avanzada. En este sentido, la mayoría de las mujeres puede desempeñar más bien el papel de eslabón en la transmisión de la tierra entre padres e hijos.

A nivel estatal, las listas de sucesores muestran diferencias significativas en la transmisión de los derechos agrarios. Es mayor la tendencia a beneficiar preferentemente a los hijos varones, antes que a las esposas, en los estados del centro y sur del país, mientras que en los estados en los que se acentúa la tendencia inversa, es decir, en los que es mayor el porcentaje de ejidatarios que nombran como sucesora a la esposa con respecto a los que eligen a los hijos, se ubican, a excepción de Guerrero y Puebla, en el norte del país (ver gráfica 11).

A nivel estatal la proporción en la que se incluyen las mujeres muestra también diferencias considerables. En tanto en San Luis Potosí las hijas herederas son sólo 3.4%, en Aguascalientes se encuentra el otro extremo y las hijas sucesoras son 18.6%. La desviación estándar de la selección de las hijas como beneficiarias de los padres en las distintas entidades es de 3.46.

Si desagregamos las listas de sucesores por géneros se tienen diferencias entre las elecciones. Cuando los hombres son testadores las hijas son beneficiadas en promedio en 6% de los casos. Sinaloa es el estado en el que éstas son menos beneficiadas (1.9%), y Morelos es el que tiene el mayor porcentaje de hijas que heredan de sus padres (9.2%). Aquí, la desviación estándar se reduce a 1.7. Los hombres parecen ser más consistentes respecto a la menor inclusión de las hijas.

Por el contrario, cuando las ejidatarias nombran a sus sucesores aparecen mayores diferencias. Si bien las mujeres en todos los estados favorecen al testar a los hijos varones, son más generosas al beneficiar a las hijas. El promedio en esta misma dimensión nacional es 19% de las elecciones. A nivel estatal las variaciones son enormes. Mientras en Chihuahua y en Yucatán⁶ ninguna ejidataria nombró a una hija como sucesora, en el otro extremo, en Aguascalientes, vemos que son herederas de sus madres en 37%. La desviación estándar es de 9.6, es decir 5.6 veces mayor a la que encontramos entre los ejidatarios que escogen a la hija como heredera. Como tendencia general, en el país, cuando las mujeres acceden a la tierra, éstas tenderán a beneficiar a las hijas en una mayor proporción que los ejidatarios. En algunos estados (especialmente Aguascalientes, Tamaulipas, Morelos y Baja California) la brecha existente entre los porcentajes de hijos e hijas herederos se reduce sustancialmente cuando la testadora es la madre.

Es decir, las mujeres acceden a la tierra, mayoritariamente a través de la herencia de sus maridos, lo que se refleja en la avanzada edad que en promedio tienen las ejidatarias (cfr. gráfica 4), y aunque podemos suponer que esta posesión será por un breve tiempo, una vez que éstas tienen la tierra, muestran una mayor disposición a modificar los patrones de herencia tradicionales y benefician más a las hijas de lo que lo hacen los padres. Con esta afirmación no pretendemos que la tendencia a una mayor participación de la mujer como poseedora de la tierra, que se ha dado en las últimas dos décadas, sea atribuible a que las mujeres muestren una inclinación a desfavorecer menos a sus hijas; éste es o será un cambio antecedido por otro. El primero podríamos ubicarlo, cuando menos a nivel de hipótesis, en la modificación —con diferentes matices en los estados—, del patrón tradicional de herencia practicado fundamentalmente en el centro y sur del país, basado en la transmisión de la tierra de padre a hijo varón, cambio en el que deben de haber incidido múltiples factores, y que algunos ejidatarios —justamente del centro del país— explicaron en función de la necesidad de asegurar la vejez de la esposa, "porque si no, ahí lo arrumban a uno".

Esta preocupación por la transmisión del patrimonio familiar se expresa también con el hecho de que del total de listas analizadas, prácticamente en todos los casos, el beneficiado con la tierra es un miembro de la familia. Lo que es garantía de la conservación de las tierras en manos de las familias ejidatarias.

4. La mujer en los órganos de representación

La participación de la mujer como sujeto agrario se refleja también por ser parte integrante de los órganos de representación y administración del ejido, es decir del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia y en el mismo sentido, ocupando los puestos directivos del Consejo de Administración de las organizaciones económicas a las que pertenece; esto se observa en todos los estados, aunque en distintas proporciones. Lo anterior es importante considerarlo, porque significa que la mujer participa en la toma de decisiones que tienen que ver con el futuro del ejido y en algunos casos las representantes ejidatarias llegan a ser las que encabezan al conjunto del núcleo agrario.

Representación ejidal

De los aproximadamente treinta mil núcleos agrarios, en 3 093 (10.3%) tienen por lo menos una mujer que ocupa un cargo de representación, ya sea en el Comisariado Ejidal o en el Consejo de Vigilancia. En los estados este porcentaje varía desde 39.5% a 2.6%. El porcentaje de participación en los órganos ejidales es mayor en el Distrito Federal, Aguascalientes, Colima, Baja California y Tabasco, que son entidades con menor número de sujetos agrarios; en cambio, en los estados con mayor número de ejidatarios, el porcentaje promedio es de 8.6% por ejemplo Puebla, Guanajuato, Veracruz, México y Oaxaca (ver cuadro 5).⁷

De los 3 093 ejidos con presencia de la mujer en 93.1% se pueden encontrar una o dos mujeres en los órganos de representación; en 6.6% se tienen de tres a cuatro ejidatarias representantes, éste es el caso de Veracruz, Tabasco, Puebla y México; también hay ejidos donde las representantes llegan a ser más de cinco. Éstos se localizan en Puebla, Distrito Federal, Sonora y Guanajuato; es decir, existen núcleos donde sus representantes son en su mayoría mujeres y seguramente tienen el control productivo de sus parcelas. En estos casos será interesante saber cuál es su funcionamiento en la práctica (ver gráfica 13).

No menos importante es el puesto de secretaria, el cual cuando ejerce cabalmente su responsabilidad llega a ser el organizador del Comisariado Ejidal, es decir, es el responsable de que el equipo funcione. En este espacio las mujeres alcanzan 23% de los ejidos donde la mujer participa en la composición de los órganos de representación, los estados con mayores porcentajes son: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Yucatán, Nuevo León y Nayarit.

También es importante señalar la presencia de la mujer como presidenta de los órganos ejidales, 7.3% en los comisariados y 8.3% en los consejos de vigilancia, lejos de ser poco significativo, más bien refleja su mayor participación en la toma de decisiones y en la conducción del núcleo agrario. En algunos estados los porcentajes son mayores, por ejemplo Tlaxcala 22%, Quintana Roo 20% y Baja California Sur 15%, el resto de las entidades están más cerca del comportamiento en el país.

Participación en las organizaciones económicas

De las organizaciones económicas como las sociedades de producción rural y las sociedades de solidaridad social con personalidad jurídica, encontramos que por lo general agrupan a un grupo pequeño de personas y corresponden a niveles incipientes de organización, pero son muy importantes para el grupo de mujeres que empieza a participar de manera organizada en la producción.

En el país están registradas 6 258 sociedades de solidaridad social y 2 423 sociedades de producción rural, en muchas de las cuales una parte considerable de sus miembros son mujeres; además, en 42.7% de las sociedades de solidaridad social y en 13.9% de las sociedades de producción rural las mujeres ocupan uno o más lugares en la dirección de la sociedad, casi en la misma proporción, es decir, presidentas 29.3%, secretarias 34.1% y tesoreras 36.3%. Se observan porcentajes similares en prácticamente todas las entidades del país (ver gráfica 14).

Ambos tipos de sociedades con dirección femenina se concentran en los estados de: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, México, Veracruz y Michoacán, que juntos suman 51%, sobre todo en los dos primeros estados que agrupan a una cuarta parte del total. Es necesario evaluar el desarrollo de estas organizaciones, con el propósito de apoyarlas para su consolidación.

Considerando todo lo anterior podemos concluir que la participación de la mujer en las organizaciones económicas se encuentra ampliamente difundida en todo el país, además encontramos una correlación entre la mayor participación de las mujeres en los órganos de representación y el mayor número de ejidos y sujetos agrarios por estado. También hay una correlación con la edad de las mujeres, en los estados en donde hay un número más elevado de ejidatarias con menos de 50 años (Veracruz, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, México, Puebla) se observa una mayor participación.

El reconocimiento de la presencia creciente de la mujer en los órganos de representación de los ejidos y en las direcciones de las organizaciones económicas nos permite pensar que es la respuesta de la mujer a la difícil situación en la que vive y un avance en el camino de su participación en los procesos productivos y como una posible solución para superar las limitantes del minifundio. Consolidar este proceso debe ser una tarea importante para el sector agrario.

5. Programa de la mujer campesina

Antecedentes

La Secretaría de la Reforma Agraria instituyó, en diciembre de 1991, el Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de la Mujer Campesina, con el objetivo de promover el financiamiento y la asesoría para actividades productivas y de servicios que emprendan grupos de mujeres campesinas. Este programa se impulsó fundamentalmente con la finalidad de apoyar la integración de la mujer campesina al desarrollo nacional.

El 11 de julio de 1995 se publicó el nuevo Reglamento Interno de la Secretaría, en el cual se define a esta institución como normativa, estableciéndose que las acciones operativas las realiza a través de sus órganos desconcentrados y descentralizados. En congruencia con las modificaciones funcionales incorporadas en el nuevo reglamento, el programa fue transferido el 1º de septiembre de 1995 al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), con la denominación de "Programa de la Mujer Campesina".

El programa pretende promover la organización de la participación de la mujer en el desarrollo y mejoramiento de su comunidad, generar empleos permanentes que propicien el arraigo de la mujer campesina y de sus familias, desarrollar sus habilidades productivas, incrementar la oferta de bienes y servicios básicos en sus localidades, impulsar la mejoría de los ingresos, procurar el financiamiento del mayor número de proyectos mediante la recuperación de los créditos otorgados y, conjuntar recursos y acciones con otras dependencias e instituciones para el financiamiento y la consolidación de los proyectos.

Las acciones del programa se dirigen prioritariamente a la población femenina de menores recursos, privilegiando la atención a grupos, comunidades y zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y sociales. La aplicación de esta estrategia entraña estimular la inversión en el campo y respaldar firmemente la organización de las mujeres campesinas, promoviendo su incorporación a actividades productivas y a la generación de empleos que eleven el ingreso familiar.

Los apoyos del programa se dedican a desarrollar los proyectos que las mismas mujeres promueven, siempre y cuando sean viables y esté cubierta la mínima organización e infraestructura básica que la normatividad del programa prevé.

Cobertura

El Programa de la Mujer apoyó 1 399 proyectos durante el periodo 1991-1996, que benefician de manera directa a 29 000 mujeres, e indirectamente a 142 000 personas. La inversión asciende a 46.4 millones de pesos. Un análisis somero de estas cifras indica que se destinó en promedio por proyecto más de treinta y tres mil pesos, un crédito medio por mujer participante de $1 599 y que participaron en promedio 21 mujeres.

Se apoyan proyectos en todas las entidades de la República, aunque 79% de la inversión se concentra en 12 entidades: Chiapas, Yucatán, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Querétaro, México, Campeche, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla y Michoacán. La anterior distribución de los principales recursos del programa indica una considerable participación de entidades con regiones marginadas y presencia indígena (ver gráfica 15).

El Programa de la Mujer fincó su estrategia en el fortalecimiento de 5 tipos diversos: grupos de trabajo o grupos de producción, sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, sociedades de solidaridad social y unidades agrícola e industrial de la mujer. Las figuras asociativas con mayor porcentaje de proyectos son las unidades agrícola e industrial de la mujer con 52.9%, las sociedades de solidaridad social con 33.8%, los grupos de trabajo con 6.7% y las sociedades de producción rural con 3.9% del total de proyectos financiados (ver gráfica 17).

La creciente presencia de la mujer en el campo se refleja en las siguientes cifras: 251 000 mujeres con certificados por el Procede; usufructúan 3.2 millones de hectáreas; ocupan cargos en 10.3% de los órganos de representación de los núcleos agrarios, 42.7% en sociedades de solidaridad social y 13.9% en sociedades de producción rural y 29 000 mujeres participan en 1 399 proyectos de la mujer campesina. Lo anterior representa un cambio inédito en la sociedad rural mexicana, reconocer esta nueva realidad obligará a rediseñar las políticas de atención al agro, en el sentido de que se debe tomar en cuenta para su definición y operación las necesidades e inquietudes de las mujeres. Esta realidad plantea la urgencia de comprender la dinámica de estos cambios, sus causas y sus efectos, lo cual permitirá propiciar las condiciones para su plena incorporación al desarrollo rural.

Aunque su presencia en los estados es diversa, en términos generales la mujer accede a la tierra en condiciones similares a las del hombre (promedio de los predios con diferencias de una hectárea y 200 metros cuadrados en el solar y ligeramente menor desigualdad en la distribución de las tierras parceladas). No obstante, puede considerarse que ha recibido una menor atención, modificar esta situación le permitirá a la mujer enfrentar en mejores condiciones los procesos productivos y multiplicar los beneficios que ahora obtiene por su esfuerzo.

Dentro de las mujeres ejidatarias predominan las que tienen edades mayores a los 50 años y probablemente no trabajen la tierra directamente, sino que sean sus hijos quienes lo hagan. En este caso el sector agrario debe impulsar acciones de manera inmediata que permitan la sucesión de los derechos sin conflictos por la posesión de la parcela.

La presencia de la mujer en el campo mexicano no es homogénea, en unos estados es la titular de las parcelas, en otros es parte de los órganos ejidales y en otras entidades accede a la tierra sólo mediante la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer. Lo anterior obliga a generar políticas diferenciadas que atiendan estas particularidades.

La mujer con derecho a la tierra (ejidatarias y posesionarias) representa en conjunto 18.4% de los sujetos agrarios con parcela, poseen 16.5% de la superficie, en promedio sus parcelas son de 7.1 hectáreas y se encuentran desfavorecidas en la distribución de la tierra parcelada en 0.4688.

Alrededor de 80% de las mujeres con tierra tienen predios menores a las 10 hectáreas y sólo una mínima parte (2.8%) sus predios superan las 25 hectáreas, lo cual indica una significativa fragmentación de la tierra. Superar las limitaciones que implica la pulverización de la tierra representa un gran reto. La organización de las mujeres y la compactación de la tierra pueden ser los medios para superarlo.

En la sucesión de los derechos ejidales se observa que las mujeres son beneficiadas en la misma proporción que los hombres, lo cual favorecerá un incremento de la mujer con tierra. También se nota la preocupación de los ejidatarios por preservar el patrimonio familiar al designar como sucesores prácticamente sólo a miembros de la familia.

La creciente participación de las mujeres en los órganos de representación y sociedades como lo muestran las cifras: 10.3% en núcleos agrarios, 42.7% en sociedades de solidaridad social y 13.9% en sociedades de producción rural, demanda que el sector agrario coadyuve a la consolidación de este proceso.

La importancia del Programa de la Mujer Campesina radica en que sus esfuerzos se concentran en regiones marginadas y con presencia indígena, en donde por lo general las mujeres se encuentran más desfavorecidas y son poco atendidas por las instituciones y organizaciones campesinas.