CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO DE 2005

OCHO COLUMNAS

Paran saqueo al IFE

Deben regresar bienes los partidos que pierdan registro

Árbitro del PRI: No habrá dados cargados

Elba asumirá cuando salga Madrazo, afirma

Pensiones, el mayor reto para las finanzas

Ni una reforma fiscal podría solucionar el problema: Gil Díaz

En el IMSS, ganan más jubilados que activos

Tienen percepciones, beneficios y prestaciones exorbitantes

Indignan dichos de Fox sobre los feminicidios

Comisión senatorial le exige informe real de los casos

Cardenistas, “con todo” contra AMLO

Anuncia el coordinador de campaña de Cuauhtémoc

Según el GDF, el hampa va en picada en la capital

Lo “afirmo categórico”, la delincuencia baja: AMLO; reporta menor robo de autos, delitos y homicidios dolosos

Echará abajo la Cámara gravamen a prestaciones

“Error”, haberla autorizado: Alonso Raya

Iglesia ilumina al electorado mexiquense

Es nuestro deber alumbrar a los fieles, afirma obispo

Retan PRI y PRD a la Suprema Corte

Rechazan hacer modificaciones al Presupuesto

Sector agrario

Amenaza guillotina a delegado de la PA. (Unomásuno, Lilia Mata, p. web)

Por presuntos actos de corrupción y represalia contra campesinos, debido a que se negaron a vender sus tierras a constructores de vivienda e interés social, podría ser despedido el delegado de la Procuraduría Agraria en Morelos, Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez, informó el procurador agrario federal, Isaías Rivera Rodríguez, en su visita a esta entidad PATRA la firma del acuerdo para el precierre del Procede.

Las primeras quejas contra su delegado en Morelos, se las presentó a principios de mayo la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), por lo que se tomaron inmediatamente cartas en el asunto aseguró Rivera Rodríguez durante una visita que realizó ayer, y en la que entregó a la comunidad indígena de Xoxocotla 2 mil certificados agrarios en el marco del procedo de precierre del Procede.

“Que quede bien claro, en la Procuraduría Agraria no compartimos actos de corrupción ni los permitiremos, por lo que el delegado ya es investigado y se procederá en consecuencia, procurando siempre el afán de justicia para quienes menos tienen”, aseveró Rivera Rodríguez.

Insistió que una vez que concluyan las investigaciones recientemente iniciadas, los resultados serán del dominio público y se procederá en términos de ley; además, indicó que se escucharán las reclamaciones de los cientos de campesinos que piden sea destituido Rodríguez Gutiérrez.

Investiga la Procuraduría Agraria al delegado de la dependencia en Morelos. (La Unión de Morelos, Daniel Alcaraz, p. web)

El procurador agrario Isaías Rivera Rodríguez, de visita en Morelos para la entrega de mil certificados parcelarios a igual número de campesinos, indicó que "estamos enterados de las denuncias en contra de nuestro delegado estatal, Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez, y se realizan las investigaciones a fin de tomar la decisión más justa".

El funcionario admitió que algunos sectores campesinos han venido quejándose de la complicidad de funcionarios de la delegación, incluyendo al delegado y sub delegado, en la venta de tierras.

Manifestó que "para poder contar con elementos, cada queja de esta naturaleza la pedimos por escrito y de ser posible, acompañada de elementos de prueba y, ciertamente, no sólo han sido grupos campesinos, también los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) de Morelos acudieron a nuestras oficinas a presentar su queja".

No obstante, Rivera Rodríguez consideró que "quince días son pocos para poder conjuntar las pruebas de responsabilidad o de inocencia, sin embargo, prometo tomar una determinación apegada a derecho y no proteger a nadie'.

El funcionario federal se refirió posteriormente a los grandes conflictos nacionales por la tierra y recordó que a la llegada de este gobierno "eran 14 focos rojos", cuando a la fecha se han resuelto de manera definitiva 10, dos están avanzados y quedan otros dos que tendrán que superarse antes de que concluya el sexenio.

El Procurador Agrario destacó que este año, "tienen que superarse las diferencias en Montes Azules, Chiapas y una parte del Yaqui en Sonora", pero queda pendiente lo de la meseta tarasca en Michoacán y uno más en Oaxaca. En Morelos, consideró, "son sucesos menores" en los que se trabaja de manera coordinada con el gobierno local.

Recibe apoyo federal titular de la Procuraduría Agraria. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p. web).

CUERNAVACA, MOR. En su visita a Morelos, Isaías Rivera Rodríguez, procurador agrario nacional, señaló que mientras no se demuestren las anomalías del funcionario de la Procuraduría Agraria en el estado, Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez, “permanecerá en el cargo”, pese a las quejas de las organizaciones campesinas y de que diputados del PAN hayan denunciado el actuar truculento de Rodríguez Gutiérrez. En entrevista a las afueras de Casa Morelos antes de partir a una gira a la comunidad de Xoxocotla y cuestionado sobre la salida de Rodríguez Gutiérrez de la Procuraduría Agraria en Morelos, después de que campesinos y ejidatarios, apoyados por diputados del PAN, denunciaran que el funcionario realiza venta ilegal de tierras, Rodríguez Gutiérrez respondió que tendrán que demostrar sus acusaciones con pruebas fehacientes, “para hacer la investigación correspondiente, y en caso de que haya alguna responsabilidad u omisión del funcionario tomaremos las acciones necesarias”. Además, negó que exista una fecha para determinar la salida o no del funcionario federal establecido en Morelos. En otros temas, Rivera Rodríguez reconoció que de los 14 focos rojos detectados en el país, 10 ya fueron resueltos, dos tienen un avance considerable de solución, y los otros dos están programados para solucionarlos en lo que va de la administración del presidente Vicente Fox. El funcionario federal fue optimista al asegurar que si se hiciera un balance de los conflictos agrarios en el ámbito nacional, “saldría positivo, porque no hay conflictos de trascendencia”. Sobre los cinco focos amarillos reconocidos por las autoridades federales agrarias en Morelos, el procurador nacional agrario aclaró que se ha tenido una coordinación muy cercana con el gobierno estatal, por lo que llevado a cabo las acciones para atender la problemática agraria en general que existe en la entidad. Durante la gira a la comunidad indígena de Xoxocotla, el procurador agrario detalló que en Morelos se han certificado y titulado 208 ejidos, lo que representa un 90.82 por ciento de la superficie. Se han medido 321 mil 964 hectáreas, es decir el 90 por ciento del territorio y se han regularizado 318 mil 406 hectáreas, es decir el 89.40 por ciento. En cuanto a la superficie certificada se han establecido 241 mil 36 hectáreas, es decir, el 67.75 por ciento. Se han emitido 92 mil 341 certificados y 8 mil 670 títulos, lo que representa un total de 101 mil 11 certificados, beneficiando a 53 mil 23 familias morelenses. Precisó que hasta el momento quedan pendientes por regularizar 15 núcleos agrarios, los cuales no han querido o no han podido realizar la operación por problemas internos para incorporarse. Sin embargo, ésta es la última llamada para que en un corto plazo “acepten su incorporación y resuelvan las problemáticas internas”. Con estas acciones, apuntó Rivera Rodríguez, “hemos dado un paso más en la seguridad jurídica y paz social en el campo”.

Notifica la PA precierre del Procede en Morelos. (La Jornada, p.47. / Información también publicada en Milenio Diario 9, Excélsior, p.9).

En cumplimiento del compromiso del presiente Vicente Fox con los hombres y las mujeres del campo, el procurador agrario del país, Isaías Rivera Rodríguez, entregó al gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, la notificación oficial del precierre operativo del Procede en la entidad, que en poco más de 12 años de actividad institucional legitimó los derechos de propiedad de 206 ejidos y comunidades en beneficio de 53 mil 23 familias campesinas morelenses.

Indígenas nayaritas protestan por “apatía” de la SRA para resolver conflictos agrarios (La Jornada, Jesús Narváez, p. web)

Autoridades desdeñaron encuentro, aseguran; ocupan oficinas estatales

Tepic, Nay., 31 de mayo. Integrantes de la Unión Campesina y Agropecuaria Emiliano Zapata, en su mayoría mujeres, tomaron la sede estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en protesta por la "desatención y apatía" de la dependencia para solucionar conflictos por tierras en la entidad.

Sonia García Sandoval, quien encabezó a los manifestantes, señaló que agricultores de los municipios de Compostela, Ruiz, Ahuacatlán y Tecuala, entre otras demarcaciones, "acudimos a Tepic para participar en una mesa de trabajo para solucionar los conflictos agrarios que azotan a nuestras localidades y que tienen años de rezago, pero ninguna autoridad llegó a dicha reunión, por lo que decidimos realizar esta protesta".

Advirtió sobre los riegos de violencia por la posesión de tierras, y exigió al presidente Vicente Fox Quesada que "cumpla con su palabra de ordenar la situación legal en el campo".

Además, la lideresa campesina recordó que las mesas de trabajo fueron convocadas el mes pasado por instrucciones del titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, en respuesta a anteriores reclamos; sin embargo, "hoy nos salieron con la noticia de que no se hallaba presente ni el delegado de la dependencia, Ezequiel Chirino Valero, ni el delegado del Registro Agrario (que se halla en el mismo edificio), José Luis Domínguez, ni ninguna representación del gobierno del estado".

Sostuvo que "nadie acudió, porque todos se fueron con el gobernador Antonio Echevarría a una gira por el municipio de Santiago Ixcuintla; porque allá pueden dedicarse a tomar cerveza sin que nadie los moleste".

García Sandoval y los demás campesinos inconformes se refirieron a conflictos como el de La Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, cuyos ejidatarios se disputan tierras con el fideicomiso Bahía de Banderas, encargado de la venta de zonas turísticas en el sur del estado. Igualmente citaron otras disputas por límites que prevalecen en comunidades como Cumbres de Huicicila, Las Varas y Mazatán, ubicados también en Compostela.

Añadieron que las autoridades tampoco han resuelto el rechazo al Programa de Certificación de Derechos en El Venado, municipio de Ruiz; los impedimentos para cumplir una resolución presidencial de entrega de tierras en Copales, Ahuacatlán; problemas de posesión agraria en Santa María Tequepexpan, municipio de Santa María del Oro, y una resolución emitida para Paso Hondo, municipio de Tecuala, donde los certificados de los posesionarios no aparecen en el padrón legal.

Falta voluntad para resolver problema de yaquis: Gálvez. (La Jornada, Cristóbal García, p. web)

Hermosillo, Son., 31 de mayo. La titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xóchiltl Gálvez Ruiz, aceptó que ha faltado voluntad política al gobierno mexicano para resolver el conflicto de tierras en la tribu yaqui, al contrario de la disposición manifestada por las autoridades tradicionales indígenas para encontrar una salida conjunta al problema. Consideró que los yaquis perdieron la batalla jurídica sobre la impugnación al decreto presidencial de 1997 "porque sus abogados abandonaron el proceso judicial", que según la etnia los despojó de más de 45 mil hectáreas de su territorio. Acompañada por el gobernador Eduardo Bours Castelo, la comisionada de asuntos indígenas de la Presidencia de la República consideró, a pregunta expresa, que el hecho de que hayan acudido por ayuda al Foro Permanente de la Organización de Naciones Unidas "no les va a resolver el problema. Lástima que los yaquis se desatendieron de la lucha jurídica, porque sus abogados nunca atendieron el desahogo de pruebas y el juez declaró sobreseída la demanda", arguyó. Lamentó que el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, "se haya desesperado" al declarar que el conflicto por La Cuchilla, como se conoce al predio en disputa, estaba "jurídicamente resuelto. Se desesperó Florencio", remató.

Viaja comisión a DF por caso Chimalapas. (Cuarto Poder, Roberto del Solar, p. web)

"No queremos que este conflicto termine con un saldo de muchos muertos para que podamos actuar en la solución a los problemas que se han generado y en los que los principales responsables al parecer son los mismos funcionarios de la Reforma Agraria", señaló el regidor Roberto Tovilla Silias, antes de partir a una reunión a la Ciudad de México.

Una comisión viajó a la Ciudad de México el lunes por la tarde para reunirse con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), para exponer los conflictos que se han generado en la comunidad San Isidro "La Gringa" de Cintalapa, según dio a conocer el entrevistado.

La comisión se integró con ganaderos, campesinos, comerciantes e industriales del municipio, con la intención de solicitar a los funcionarios federales que expliquen todo lo relacionado con esta situación en la que nadie quiere meter las manos, dijo el regidor.

El también presidente de la citada comisión, mencionó que van en busca de una respuesta totalmente convincente de parte de las autoridades federales, porque "ya basta de que se esté enfrentando a los campesinos oaxaqueños con los chiapanecos, por la simple irresponsabilidad de unos cuantos", y las instancias competentes no avancen.

Opositores a La Parota piden a Zeferino en una carta que no enfrente a campesinos. (El Sur (Guerrero), Redacción, p. web)

Le dicen que “reflexione su posición” sobre las comunidades que rechazan la presa. También la dirigen a Florencio Salazar, Armando Chavarría y Nelson Valle

Comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota enviaron una carta al gobernador Zeferino Torreblanca en la que le piden que “reflexione su posición” sobre los ejidatarios que rechazan la presa y “no coadyuve para que los campesinos se enfrenten”.

En una carta dirigida al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame; al secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera y al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Nelson Valle López, los comuneros dicen a los destinatarios que, por sus declaraciones, “ninguno responde a la postura de los campesinos”.

La carta esta sellada y firmada por los comisarios de Garrapatas, Sergio Valente Albin, y de Arroyo Verde, Gregorio García Vázquez, comunidades que desaparecerían de construirse la presa.

El documento también lo firman el comisario suplente de Cacahuatepec, cabecera de Bienes Comunales, Artemio Valeriano Marcos y por el portavoz de los opositores, Marco Antonio Suástegui Muñoz.

En una extensa carta, los campesinos dicen a los funcionarios a quienes la dirigen que les hubiera gustado reconocer su esfuerzo a favor de los pueblos, pero que lamentablemente el documento era de reclamo, “por la intención de desaparecer a nuestros pueblos, con el pretexto de crear desarrollo para nuestro estado y en especial para generar empleos en la zona”.

Recuerdan que desde el 28 de julio de 2003 fijaron su rechazo a la presa y que prueba de ello son los plantones que mantienen desde entonces.

Agregan que se han dado cuenta que solo son utilizados por los gobiernos en procesos electorales, pero que luego no les importa que los pisoteen como lo quiere hacer la CFE, “la que en complicidad con las autoridades ha perseguido y encarcelado a los campesinos, por defender sus tierras”.

Al gobernador Torreblanca Galindo le dicen que no creen “en las promesas de los aliados de la CFE, pues cómo pueden ser garantes de una institución que no ha respetado a los campesinos, que ha encarcelado y tratado de golpear a quienes se han opuesto a sus intereses. No creemos en el desarrollo que prometen la CFE y el gobierno del estado.

“¿Dónde están las promesas que se hicieron a los habitantes de Apaxtla de Castrejón, cuando se construyó la presa El Cajón?”.

Más adelante dicen que en el caso de la UAG –de la cual se sienten orgullosos porque forma profesionistas–, les avergüenza que el rector Nelson Valle “se preste a realizar el trabajo sucio que requiere la Comisión. En nuestra alma mater nunca fueron capaces de instrumentar una política de desarrollo social hacía las comunidades, pero ahora se prestan como un instrumento para avasallar las decisiones de las comunidades”.

Insisten en su preocupación por las declaraciones del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría, de que “irá persuadiendo a los opositores”; le preguntan a Torreblanca si lo que quiere es comprar la conciencia de los campesinos y le piden que no trate de enfrentarlos.

Aseguran que el dirigente disidente de la CNC, Evencio Romero, no representa los intereses de los campesinos y que sólo es “un mercenario” que utiliza la CFE, al igual que a la autoridad comunal, Crecencio Jerónimo Aparicio.

Finalmente, al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, le piden que no envilezca a los comuneros y le recuerdan que históricamente las tierras les pertenecen, “porque las hemos trabajado”.

Reparte dinero socio de hipódromo, acusan opositores. (Diario A.M. (Guanajuato), Alejandra Alderete, p. web).

José de la Luz Navarro de la Torre, está dando dinero a los ejidatarios para que lo apoyen en la construcción de un hipódromo en la comunidad Santa Ana del Conde.

Así lo denunció Librado Escalante Alatorre, quien se dijo representante de varios inconformes que viven en parcelas aledañas a la presa de San Antonio, donde hace poco más de un mes comenzaron las obras para la construcción de 5 pistas para carreras de caballos.

“El señor Navarro está comprando voluntades”, dijo en entrevista telefónica a a.m., Escalante Alatorre, quien además de ser ejidatario, se dedica a dar asesoría en las oficinas de la Confederación Nacional Campesina en León.

Actualmente las obras del hipódromo fueron detenidas por incumplimiento de permisos para la construcción ante el Municipio y por supuesto daño ambiental que generaron, tanto por la presunta tala de varios mezquites, nopaleras y huizaches, como por el derrumbe de hasta 30 metros de bordo de la presa de San Antonio.

Para el proyecto, Navarro de la Torre cedió un predio de 32 hectáreas; y su socio Leodegario González Andrade, quien se ostenta como representante legal ante las autoridades municipales, hizo la inversión.

Escalante Alatorre dijo que no acudió a la primera asamblea que convocó el comisario ejidal, Bernardo Alatorre López, porque le avisaron 4 días antes y él tenía que salir de viaje.

“Las convocatorias se hacen por lo menos 15 días antes, y yo lo que veo es que están haciendo las cosas al vapor, y así no se hacen las cosas.

“El próximo sábado va a haber otra asamblea, y yo pregunto si ya citaron a la gente de la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Agraria e incluso al Municipio, porque si no, ya me imagino qué van a responder, los ejidatarios lo van a aceptar”.

“Yo digo que si se tuviera la intención de hacer bien las cosas, se buscaría tener a las autoridades ahí para que regularan las acciones, porque son obras que involucran al medio ambiente”, señaló.

Agregó que directamente él no resulta afectado, pero que hay varias personas que viven en las parcelas cercanas a la presa, que se alarmaron cuando se derrumbó el bordo de la presa.

Y es que a ese lugar llega agua por tres escurrideros: del Tajo de Santa Ana, de Los Sauces, y de uno más que viene de Silao.

“La principal preocupación era que si llovía iban a inundarse los vecinos, además, de que se están acabando con los vasos captadores de Santa Ana del Conde, ya nos pasó con la presa de San Gregorio, que la secaron para hacer un fraccionamiento”, concluyó.

Legalizando la piratería (parte II). (Radio Mundo Real fm, Silvia Ribeiro p. web)

Martes, 31 de Mayo de 2005

El objetivo real de las leyes para regular el acceso a los recursos genéticos y para patentar el conocimiento tradicional indígena -aprobadas por el Senado los pasados 27 y 28 de abril- es servir principalmente a las empresas trasnacionales farmacéuticas y biotecnológicas, estableciendo canales legales para la biopiratería, que de esta forma ya no se llamaría "piratería" sino transacción comercial. Es útil para "ordenar" el saqueo, dándole a las empresas, por una parte, garantías contra sus competidores y, por otra, intentando vaciar de contenido la oposición que pueda haber desde la sociedad.

Esto último se basa en la suposición de que estas leyes, al "reconocer" a los indígenas, les hacen un favor, ya que les dan el "derecho" de firmar contratos de "bioprospección", y de registrar sus conocimientos y patentarlos -o firmar su acuerdo para que otros los patenten-. Además, hasta pueden recibir algún pago por ellos, bajo el concepto de "reparto de beneficios". Para el gobierno, algunas ONG y ciertos sectores indígenas que se imaginan que puede haber negocio, esto está bien, porque en lógica las trasnacionales de todos modos se robaban los recursos, y ahora al menos pagarán algo. Digamos que es como si en una violación la víctima diera su consentimiento y aceptara un pago por éste. Al igual que con la biopiratería, la misma acción cambiaría de nombre, y el agresor pasa a gozar de impunidad.

El saqueo biológico y la utilización del conocimiento indígena existía desde hace muchos siglos, es verdad. Pero -salvo extinción física del recurso o de las culturas indígenas- no había forma de impedir que otros siguieran accediendo a él. A partir de 1994, el cabildeo de las industrias farmacéuticas trasnacionales y sus gobiernos logró que la Organización Mundial de Comercio impusiera leyes de propiedad intelectual sobre seres vivos en todo el mundo. Esto significó que una empresa ya no tiene ni que pisar un territorio para monopolizar un recurso biológico. Basta con patentarlo. Esto es biopiratería en cualquier caso, aunque exista un contrato legal, o se pague por lo que no estaba a la venta: es privatizar recursos colectivos y públicos por medio de sistemas que impiden a todos los demás acceder a ellos. De eso exactamente se tratan las patentes.

La iniciativa de Ley de Acceso y Aprovechamiento de Recursos Genéticos, aprobada por el Senado a finales de abril, da por supuesto, afirma y condona que se pueden patentar seres vivos provenientes de la biodiversidad. Para justificarlo, se alega que es un mecanismo para calcular el porcentaje del "reparto de beneficios".

Para ello, es imprescindible definir quién firma el "consentimiento" para colectar, usar y patentar dichos recursos. Pero como los recursos son colectivos, están en muchas regiones o países, y los conocimientos sobre ellos son igualmente colectivos e intergeneracionales, hubo que "inventar" un sujeto que firmara los contratos.

Al definir que éstos son los "legítimos poseedores o propietarios de los predios donde se encuentren los recursos", de un plumazo se individualiza recursos que siempre fueron colectivos. Como ya ha sucedido en varios casos de biopiratería, lamentablemente se puede encontrar a quien o quienes estén dispuestos a vender los recursos o conocimientos colectivos como si fueran individuales, de un grupo o una comunidad. Sumado a los miles de conflictos agrarios que se presentan cada año en México, esto será, sin duda, una nueva fuente de disputas.

Se exacerba la fragmentación que hacen las autoridades de los pueblos indios, en esta y muchas otras leyes: no los reconocen como los propios pueblos demandan, con sus territorios, derechos colectivos integrales, territorios, identidad, cultura, sino que los transforma en el sujeto que convenga a la ley que esté en juego en ese momento. A veces son "gestores" de recursos genéticos, a veces "productores de semillas", o "médicos tradicionales", cuidadores de cuencas, o de fuentes de agua, o de bosques, o lo que sirva de contraparte adecuada al contrato o autorización que se quiere que firmen, pero nunca todo al mismo tiempo. Reconocerlos como pueblos integrales, con derechos colectivos, no sirve al capital, y por eso no entra en leyes de patentes ni registro de conocimientos, que requieren "inventores" precisos.

El verdadero "reparto de beneficios" es el que desde hace miles de años realizan los pueblos indios, campesinos, pescadores artesanales, por medio de sus propias formas de organización y gestión integral de territorios, creando y cuidando las bases de los alimentos y medicinas que se consumen actualmente en todo el mundo, campo o ciudad. El reconocimiento a esto es que ese proceso de cuidado de la biodiversidad pueda continuar, en la formas que los propios pueblos lo hacen, lo conocen, lo definen y lo reclaman: reconociendo sus derechos colectivos integrales como pueblos.

Las leyes y todas las otras formas de enajenación y mercantilización de los territorios -como la contaminación transgénica, la privatización de tierras y aguas, las políticas que expulsan a campesinos y pueblos indios de sus territorios- son lo contrario: un robo de los beneficios que estas culturas dan a toda la humanidad y una amenaza más a su propia existencia.

Sector agropecuario

En 2008 los agricultores mexicanos ganarán más que los de EU: Usabiaga. (La Jornada, Matilde Pérez U, p. web).

La producción del campo creció 3% anual desde 2001, dice

En el cuatrienio reciente la producción agrícola -granos, oleaginosas, hortalizas y frutas- se incrementó hasta llegar a 34 millones de toneladas, y la expectativa para este año es que dicho volumen aumente en un millón más de toneladas, aseveró el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo

Para 2008, año en que quedarán liberados todos los productos agropecuarios, se espera que los ingresos de los agricultores mexicanos sean similares e incluso superiores a los de Estados Unidos y Canadá, indicó.

La elevación de la producción en granos, hortalizas y frutas en 3 por ciento anual se debe al ejercicio de una política de financiamiento, capacitación y asistencia técnica; fomento productivo, inversión y capitalización; investigación y transferencia de tecnología; sanidad e inocuidad, y organización, comercialización y promoción, asentó el titular de Sagarpa en conferencia de prensa.

Sin embargo, datos de la propia institución establecen que en la década reciente el gasto del sector público para el desarrollo agropecuario se redujo en casi 55 por ciento y el crédito se achicó en 81 por ciento, mientras se siguen importando 40 por ciento de los granos básicos.

"No veo una reducción del gasto, por el contrario hay una mayor aportación del gasto público al sector", indicó el titular de Sagarpa. En esta administración se ha incrementado año con año el gasto; en 2000 el presupuesto fue de 20 mil millones de pesos y el de este año asciende a 44 mil millones de pesos, y explicó que la reducción del gasto público se debe a que "se toma como referencia 1985, cuando mucho del dinero se canalizaba al consumo mediante Conasupo y otras empresas".

Respecto a las importaciones explicó que ello es porque las cadenas de los pecuarios requieren de más forrajes y granos, y los consumos de carne de res, pollo, huevo y leche se han disparado. "Ahora cada mexicano dispone de una mayor cantidad de maíz blanco, frutas, hortalizas, azúcar, frijol y cártamo, en comparación al año 2000".

El consumo de maíz blanco en 2000 fue de 185.8 kilogramos anuales y en 2004 fue de 208.9; en frutas de 131 a 138 kilos; hortalizas de 71.6 a 75.6; azúcar de 42 a 45.9, y frijol, 9.6 a 11.4. Mientras, disminuyeron el de arroz, al pasar de 9.7 a 9; en trigo, de 57.1 a 52.8, y en soya de 40.6 a 34.8 kilogramos por persona anual.

La mejoría, abundó Usabiaga Arroyo, también se refleja en el ingreso de las familias rurales, ya que el productor antes se quedaba con 30 centavos por cada peso que consumía y actualmente se queda con cinco centavos más, y si se suman las remesas, los trabajos que desempeñan algunos familiares en las ciudades, entre otros, los ingresos aumentaron en 22 por ciento. Aunque se recordó al titular de Sagarpa, de acuerdo con los datos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIEAP), los ingresos de la población rural son 50 por ciento inferiores a los de la población de las zonas urbanas, y la pérdida de 23 por ciento de los salarios mínimos se amortiguó por la caída de los precios de los alimentos.

El titular de Sagarpa, acompañado por el director del SIEAP, Juan Manuel Galarza, agregó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Banco Mundial están realizando un estudio en el que se reflejarán las causas más importantes que han incidido en "el aumento de 4 por ciento en el ingreso familiar, y en un mes estará listo".

Insistió en que si bien México sigue importando alimentos, el país no ha perdido su soberanía alimentaria.

Urgen a la Federación a canalizar apoyos para comercializar maíz. (El Universal, Javier Cabrera, p. web)

Culiacán, Sin. El sector agrícola urgió a las autoridades federales a emitir las reglas de operación sobre el manejo de los estímulos fiscales a la comercialización de la cosecha de maíz y a los apoyos pactados por productividad en campo. La apuesta de los agricultores es obtener una liquidación global de mil 795 pesos por tonelada del grano.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado, Enrique Habberman Gastélum, informó que pese a que se tiene el acuerdo de cubrir un precio piso de mil 300 pesos por tonelada de maíz por parte de los industriales, el gobierno federal se comprometió a canalizar fondos para pagar 350 pesos más por tonelada por la comercialización y otros 145 por productividad.

Indicó que como a la fecha se lleva un avance en las trillas de las áreas en cultivo de este grano de casi 30 por ciento , la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aún no publica las reglas de operación en relación a las formas de pago de los estímulos y apoyos pactados.

Por su parte, Joaquín Montaño Yamuní, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que a raíz de la excesiva cosecha que se tendrá de maíz estiman que superará los cuatro millones de toneladas en algunas zonas productoras del norte del estado, presentan problemas en las trillas, transportación y desplazamiento vía ferroviaria, por los altos volúmenes que se tienen.

Resaltó que el año pasado se tuvo un exceso de lluvias, esto retrasó las siembras de maíz en la mayor parte de las zonas de siembra, por lo que ahora, se tienen trillas masivas y ello ha generado un fuerte volumen del desgrano que tiene que ser movilizado del campo a las bodegas y posteriormente de los centros de acopio a las tolvas y furgones para ser desplazado a otros puntos del país.

El senador manifestó que varios dirigentes del sector social, sobre todo de las zonas de Guasave, Ahome y del Fuerte le han notificado que los equipos de trilla y los camiones de carga, son insuficientes para el manejo del producto, por lo que se busca diseñar nuevas estrategias para no colapsar la cosecha récord que esperan levantar de más de cuatro millones de toneladas.

El legislador Joaquín Montaño Yamuní dio a conocer que se comunicó con el secretario de Promoción Agropecuaria del estado, Jorge Kondo López, para trabajar en forma unida con maquileros, bodegueros, productores e industriales para poder hacer uso de los centros de acopio en la forma en que más convenga a todos, "pues es muy alto el volumen que se tiene del grano", reiteró.

Prensa Estatal

CHIAPAS

Cancelan junta que destrabaría la pugna del predio ‘3 Pinos’. (Cuarto Poder, Gonzalo Pérez, p. web)

Ante la falta de quórum fue cancelada la primera reunión de ampliacionistas del ejido Verapaz, cuyo objetivo era dar continuidad a los trabajos de entrega de las 150 hectáreas de terreno del predio Tres Pinos, el cual fue tomado desde el pasado primero de mayo por algunos beneficiarios, apoyados por miembros de la organización OCEZ-CNPA-UMOI.

Al lugar se concentraron únicamente 10 beneficiarios y militantes de dicha agrupación. Por el Tribunal Unitario Agrario acudió Abelardo Monzón Hernández y el delegado de Gobierno, José Luis Rodríguez Carrillo.

Dicha reunión fue pospuesta para el próximo 10 de junio para avanzar en ese litigio de orden agrario, el cual ha desatado una serie de controversias entre los ampliacionistas de Verapaz y habitantes de Tres Pinos, cuyo asentamiento ya tiene casas y escuela.

Masacre en Agua Fría, una apuesta al olvido: ONG’s. (IMC Chiapas, Claudia Castro, p.web)

La Procuraduría General de Justicia del Oaxaca detuvo a 16 personas involucradas de las que 13 fueron consignadas, aunque finalmente quedaron libres por falta de pruebas

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De repente el cementerio de Xochiltepec en Oaxaca ocupó el 50% de su espacio, el entierro de 26 indígenas asesinados en una emboscada en Oaxaca resonaba en todos los estados. Fue el 31 de mayo del 2002, la matanza en Agua Fría.

Los asesinatos dejaron 89 huérfanos y 16 mujeres. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a 16 personas involucradas de las que 13 fueron consignadas pero finalmente puestas en libertad por falta de pruebas.

La causa de las muertes a decir de las propias autoridades se derivó por la resolución del Tribunal Agrario a favor de Xochiltepec. Estaban en juego al menos 10 mil hectáreas de tierra y los campesinos afectados no aceptaban la decisión.

Sin embargo organizaciones no gubernamentales hablaban aparte de conflictos agrarios de tala clandestina y narcotráfico.

A tres años de la muerte de estos indígenas "La investigación sigue abierta, los 13 detenidos salieron libres por falta de pruebas y las viudas y los huérfanos se encuentran desamparados y abandonados a su suerte. El fideicomiso que les prometieron no llegó, había demasiados condicionamientos", aseveró Nora Martínez, Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco en Oaxaca.

El gobierno apuesta al olvido, a que pase el tiempo y no existan soluciones para este caso. "Las cuestiones pendientes y graves deberían tener prioridad para este gobierno", aseveró a EL UNIVERSAL online.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC., lo de Agua Fría no era un secreto. Se advertía a las autoridades mediante un oficio suscrito el 16 de marzo sobre una posible invasión armada de parte de los pobladores de Teojomulco a los ayuntamientos de Texmelucan, Amoltepec y Xochiltepec.

La respuesta llegó tarde y sólo se ofrecieron despensas y apoyos psicológico sa los niños huérfanos y a las viudas.

El tema de Agua Fría, Aguas Blancas, Acteal tienen una costante: la impunidad a decir de Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos. "En tanto no se realice una investigación profesional y a fondo que determine las responsabilidades".

A las viudas se les dan algunas dádivas y prerrogativas, pero nada de esto corresponde a la gravedad y a la importancia de lo que sucedió, agregó.

La impartición de justicia, aseveró, no está determinado a un periodo de tiempo, es decir que si este caso ocurrió en el gobierno de José Murat y no obtuvo respuesta es indispensable que este nuevo gobernador (Ulises Ruiz) le dé continuidad al mismo, la responsabilidad continúa en tanto no haya resultados creíbles.

"Es una deuda de parte del estado y hasta del gobierno federal", concluyó.

GUANAJUATO

Incumple gobierno del estado pago millonario a 37 ejidatarios. (El Correo, Francisco Picón, p. web).

Hace un año y medio les compró sus tierras en Silao para la construcción del puerto interior y el dinero no llega; buscarán un amparo federal contra el trato

Campesinos de siete comunidades rurales de Silao acusan que el gobierno del estado no les ha terminado de pagar las tierras que ellos le vendieron para construir el Puerto Interior para Guanajuato.

Dicen que desde hace año y medio el gobierno les debió liquidar 37 millones 830 mil pesos por las tierras de 37 ejidatarios de siete comunidades de Silao.

Mientras esta obra se desarrolla (una de las más ambiciosas e importantes para el gobierno federal y estatal) 37 ejidatarios de siete comunidades rurales de Silao ven sus tierras ociosas en espera de que Gobierno del Estado cumpla su palabra y les pague lo que les corresponde. Los quejosos cuentan que el 12 de agosto de 2003 el ex secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco, y un representante del gobernador del estado identificado como, Isidro Peña, firmaron un convenio de venta con los 37 campesinos. Los funcionarios públicos les informaron a que necesitaban ampliar el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) o realizar otro proyecto alterno, por lo que iban a necesitar parte de sus propiedades.

Para ello tendrían que firmar un convenio en el que les iban a pagar 590 mil pesos por hectárea.

En total, Gobierno del Estado se interesó por 97 hectáreas, pertenecientes a 37 ejidatarios de las comunidades de El Refugio, Mezquital de Sotelo, Nápoles, Salitrillo, Emiliano Zapata, Colonias, y San Miguel del Arenal. En el momento de la firma del convenio (12 de agosto de 2003) gobierno del estado tuvo que haber pagado a los ejidatarios 57 millones 230 mil pesos por las 97 hectáreas; pero solamente entregó 200 mil pesos por cada una, es decir, los ejidatarios recibieron 19 millones 400 mil pesos. El dinero faltante, 37 millones 830 mil, quedaron en pagarlo a finales de febrero de 2004, fecha en la que se contemplaba la expropiación de dichas tierras, pero no fue así. Luego las autoridades estatales dijeron a los ejidatarios que esperaran hasta diciembre de 2004, pero el dinero no llegó. Después de un reclamo de los ejidatarios, una nueva promesa surgió, y ésta aseguraba que a finales de febrero de 2005 la deuda quedaría liquidada, pero tampoco fue cierto.

Durante un año nueve meses los 37 ejidatarios perdieron los derechos sobre sus tierras, ya que al celebrar el convenio entregaron sus títulos agrarios a Gobierno del Estado. Lo anterior los llevó a no poder sembrar, a perder los apoyos del programa federal Procampo, apoyos de abono e incluso de fumigaciones. Las pérdidas para los ejidatarios han sido incuantificables.

En esta negociación no intervienen las autoridades de Silao, ellas están al margen de las acciones que realizan el Gobierno del Estado y los ejidatarios, declararon los directores de Obras Públicas, Tomás Sánchez Ibarra; Fomento Económico, Jorge Arturo Acevedo Alarid y Desarrollo Urbano, Víctor Manuel Ramos Araujo. Al municipio, dijeron, sólo le corresponde dar los permisos de uso de suelo y de construcción.

Reacción campesina

Los ejidatarios afectados decidieron unirse y han pensado en solicitar a un juez federal un amparo contra el convenio por la venta de sus terrenos. Al respecto, Martín Murillo Sánchez, quien es comisariado de la comunidad de Mezquite de Sotelo dijo que el objetivo es, primero, cuestionar a las autoridades estatales correspondientes sobre el por qué no se les han pagado sus tierras. Si el amparo es otorgado por un juez federal, el convenio sobre la venta de las tierras se vendría abajo y los ejidatarios podrían seguir sembrando en sus parcelas hasta llegar a un acuerdo con Gobierno del Estado y concretar la venta de los terrenos en conflicto.

"O nos venden o nos venden, de todos modos vamos a expropiar", esa fue la amenaza que, dice el ejidatario José Isidro Murillo Balandrán, fue lanzada por un funcionario del Gobierno del Estado para que aceptara vender sus tierras de la comunidad Mezquite de Sotelo.

José Isidro Murillo era dueño de tres hectáreas de tierra en la comunidad antes citada. Las dos cosechas anuales de maíz y garbanzo eran parte del sustento para dar de comer a su a su esposa y a sus 12 hijos en la comunidad Mezquite de Sotelo, de Silao.

Del año 2002 al 2005, el gobierno del estado ha invertido 347.7 millones de pesos en la adquisición de tierras donde se construye el Puerto Interior; en la primera etapa compró 525 hectáreas y en la segunda 450 para un total de 975 hectáreas.

GUERRERO

Se reúne López Rosas con campesinos que simpatizan con el proyecto La Parota. (El Sur, Magdalena Cisneros, p. web).

Le dicen que están dispuestos a apoyar la hidroeléctrica, pero que primero se entreguen proyectos productivos, se construyan obras y los incluyan en los trabajos de la presa. El motivo de la reunión, “atender los reclamos que tienen las comunidades”, explica el alcalde

Durante una reunión con el alcalde Alberto López Rosas y representantes de la CFE, un grupo de campesinos que simpatizan con La Parota dijeron que estan dispuestos a apoyar la hidroeléctrica, pero que primero se cumpla con la entrega de proyectos productivos, se construyan obras y los incluyan en los trabajos de la presa.

Por su parte, el alcalde explicó que la reunión no significa que el Ayuntamiento dará garantías a la CFE para poder entrar a las comunidades, “sino para poder atender los reclamos que tienen las comunidades”.

En la sala de Cabildo Juan R. Escudero, el alcalde recibió a 25 campesinos, al jefe de Gestión Social y a la responsable de Participación Comunitaria de La Parota, José Luis Ortega Córdova y Araceli Trejo, respectivamente, acompañado de los directores de Salud, Henry Durán Dangond y de Desarrollo Rural, Miguel Ángel Zapata López.

El asesor legal del grupo de campesinos, José Leonor Palma Nava, dijo que ellos están dispuestos a que se haga el proyecto de La Parota, pero que primero se firme en un documento con el compromiso de que se harán las obras.

Palma Nava, identificado como simpatizante priísta, pidió al alcalde que “nos eche la mano para que en compañía de la CFE se convoque al pueblo a una reunión donde el pueblo diga cuál es la obra prioritaria que necesita, para que más o menos vayamos avanzando”.

En su participación, el director de Desarrollo Rural, Miguel Ángel Zapata López, informó a los ejidatarios que “ya hay 12 predictámenes de proyectos que se pueden hacer en las comunidades a corto plazo”, como tiendas de abarrotes, cultivos de plátano macho y talleres de costura.

Por su parte, la responsable de Participación Comunitaria de La Parota, Araceli Trejo, solicitó que sean los campesinos quienes “nos abran esos espacios allí, al área del proyecto; si no, no vamos a poder avanzar.

“Después ustedes nos van a estar exigiendo a nosotros y nosotros no vamos a poder dar un resultado, porque no tenemos acceso a esas localidades”, agregó.

En respuesta, Domingo Bailón Dorantes aseguró que han demostrado “que sí podemos pasar a la gente de la CFE” y ejemplificó que el domingo lograron que empleados de la paraestatal mostraran un video a algunos habitantes de las comunidades.

Después, el representante comunero comentó que ha escuchado rumores de que la CFE está apoyando a aspirantes en la elección de comisarios municipales, por lo que demandó que “nos dejen arreglar nuestras cuentas internas; la CFE quiere apagar las llamaradas de fuego con litros de gasolina. Si doy dinero a unos, despierto la codicia de los demás y eso es cuento de nunca acabar”.

Aunque no hubo más información en ese sentido, López Rosas comentó que “soy el más interesado en que haya tranquilidad en el área rural y estoy interesado en que las elecciones a comisarios reflejen el auténtico sentir de la gente”.

Después, instruyó al secretario general del Ayuntamiento, Francisco Javier Larequi Radilla, que convoque a las reuniones propuestas por los campesinos y estar presente en ellas.

En entrevista con reporteros al final de la reunión, el alcalde reiteró que no tiene el propósito de imponer nada, “al contrario, queremos saber auténticamente el sentir de la gente sin que se mezclen intereses ajenos o foráneos; para que nosotros podamos normar de mejor manera nuestra opinión y decisión.

Un reportero le preguntó si la convocatoria del Ayuntamiento a esta reunión significa que darán garantías a la CFE para poder entrar a las comunidades, López Rosas respondió que “no es propiamente para abrirles el camino, sino para poder atender los reclamos que tienen las comunidades.

“De ninguna manera se pretende ser punta de lanza, ni imponer un proyecto, si los comuneros en su mayoría se oponen”.

Explicó que la reunión fue a petición de los comuneros, quienes también le solicitaron que el Ayuntamiento sea el gestor para que se lleven beneficios sociales a sus comunidades; sin embargo, López Rosas aclaró que también ha recibido a quienes se oponen al proyecto y atendido sus planteamientos.

MORELOS

Ixtaloca, ni en renta ni en venta. (Diario de Morelos, p.web).

Autoridades ejidales aclararon rumores desatados.

Tlaquiltenango, Mor.- 2Noi se vende no se renta la Hacienda Ixtoluca” aseguraron autoridades ejidales de la comunidad de las Bóvedas, tras desmentir que existen presuntas negociaciones con inversionistas extranjeros.

Para Gabina Flores, esta serie de rumores sólo buscan desestabilizar al ejido, sembrando descontento y desconfianza, por fortuna y por acuerdo de asamblea, las autoridades ejidales levantaron un acta en la que se precisa que “Ixtoluca ni se renta ni se vende” ya que el objetivo es consolidar el proyecto de Ecoturismo como una alternativa para la generación de fuentes de empleo a favor de esta misma comunidad.

SONORA

Firman acuerdo para desarrollo de los `pueblos indígenas en Huatabampo. (El Imparcial, Luis Alberto Medina, p. web).

31/5/2005

Xochitl Gálvez, directora nacional de la Comisión de Atención a los Pueblos Indígenas se presenta en estos momentos en la comunidad indígena “El Júpare” de Huatabampo, para firmar el acuerdo de coordinación y entrega de apoyos para el desarrollo de los pueblos indígenas.

Alrededor de 400 indígenas de toda la región le presentarán más de 100 quejas y peticiones que van desde vivienda hasta resolución de conflictos agrarios.

Participan en este evento, celebrado al aire libre en “El Júpare”, representantes de las etnias de Sonora que aglutinan a más de 60 comunidades indígenas.

TABASCO

Sale de Tabasco al DF marcha de 200 campesinos. (La Jornada René Alberto López, p. web).

Protesta contra Pemex

Villahermosa, Tab., 31 de mayo. Más de 200 pobladores del municipio de Centla comenzaron una marcha hacia la ciudad de México, donde se manifestarán frente a las oficinas de Pemex Exploración y Producción para exigir el pago de una indemnización por los daños a sus cultivos y viviendas a causa de la actividad petrolera.

Asimismo exigirán a Petróleos Mexicanos (Pemex) que retire las demandas interpuestas en la Procuraduría General de la República contra productores de esa zona agrícola y pesquera.

Según los labriegos, más de mil familias de esa región han resentido perjuicios en sus sembradíos y en sus casas por los trabajos de exploración de la paraestatal, debido a "la explosión de dinamita y el constante paso de vehículos pesados", que provocan cuarteaduras en las paredes, declaró Natividad González, uno de los afectados.

Los inconformes afirmaron que de no recibir respuesta satisfactoria a sus demandas mantendrán un plantón permanente a las puertas de la denominada Pirámide de Pemex, pues alegan que los representantes de la empresa "siempre salen con puras promesas y no cumplen".

El grupo de manifestantes es encabezado por el dirigente del Partido del Trabajo en la entidad, Antelmo Iglesia, aunque también el presidente del perredismo tabasqueño, Juan Manuel Fócil Pérez, declaró que apoyará a los campesinos con víveres y además se sumarán a la marcha diputados del sol azteca y otros afectados.

Por otra parte, habitantes de Cumupa, del municipio tabasqueño de Cunduacán, reiteraron su advertencia de volver a cerrar la carretera Reforma-Dos Bocas ante la postura "autoritaria" del gobierno estatal de insistir en instalar una caseta para cobrar el peaje en esa vía que conduce a Chiapas y pasa por las poblaciones de Cunduacán, Comalcalco y Paraíso. Demandaron que el gobierno local cumpla con la minuta firmada con los pobladores, en la que se compromete a eximir del pago a los habitantes de esa región.

Cartones